Los tiempos de Estado y tiempos fiscales imponen cargas a los radiodifusores, tanto de radio como de televisión abierta, en el sentido de que éstos están obligados a reservar cierto número de minutos diarios para transmitir mensajes o información que debiera ser de interés público. Quizá como no sabemos lo que es vivir en una democracia, las audiencias de la radio y televisión tenemos que soportar la publicidad oficial, muchas veces sin darnos cuenta que el gobierno, que está obligado a velar por el Estado de Derecho, es el primero en infringirlo.
Todos los días escuchamos que el Ejecutivo Federal anuncia que detuvieron a tal o cual persona que es “presunta responsable” de crímenes. La persecución de delitos es obligación del Ejecutivo, ¿cuál es el mérito de hacer lo que es su obligación? Si la Constitución señala que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, ¿por qué se señala con nombre y apellidos a aquellos que aún falta determinar su culpabilidad? Podrán excusarse en que dicen que es un “presunto responsable”, pero eso quebranta su derecho a la propia imagen. Además, en este país de impunidad y corrupción, muchas veces consignan una averiguación previa mal integrada o sin pruebas suficientes, y después de varios años –recuérdese que el mandato constitucional de justicia pronta y expedita es una utopía en México- liberan al “presunto responsable”. En lugar de que la Procuraduría General de la República diga si detuvieron a Juan Pérez como presunto responsable de delitos del crimen organizado, mejor que nos informe de cuántos de los que detienen como “presuntos” son condenados. ¿Será que dar esa información revelaría la ineficiencia e ineficacia de los órganos de procuración de justicia?
Las comunicaciones gubernamentales que utilizan tiempos de Estado y fiscales en la radio y televisión abierta deben tener un contenido informativo, educativo o de orientación social. El contenido informativo es para que los habitantes de este país sepamos sobre nuestros derechos y obligaciones. Sin embargo, en vez de ello, tenemos que padecer con información que no dice nada. Ejemplo. Si el Presidente Calderón anuncia que se han confiscado 100 toneladas de estupefacientes, ¿debemos de estar contentos de que se incautó mucho o debiéramos de preocuparnos de lo poco que se ha logrado? ¿Cuál es el parámetro para la ciudadanía? ¿O será que la apuesta sea que con un sistema educativo tan deficiente y sin que parezca que la Secretaría de Educación Pública lo pretenda cambiar, los ciudadanos nos dejamos apantallar por las cifras aisladas y sin comparativos?
Escuchar la publicidad de la Cámara de Diputados o el Senado que nos informa que aprueban leyes para beneficio de México, -y asumiendo que las leyes que aprueban carecen de intereses corporativos y son en aras del interés general-, ¿en qué incrementa a la ciudadanía su conocimiento para ejercer sus derechos o exigirles una rendición de cuentas efectiva? Si sólo nos dicen que están haciendo lo que están obligados a hacer, ¿para qué los tiempos de Estado?
Los tiempos de Estado y fiscales para la radio y televisión abierta deben perseguir un fin de interés público, de lo contrario no tienen razón de existir porque se convierten en propaganda o en espacios para ofender la inteligencia de los mexicanos. La ciudadanía precisamos de información simple y con acciones concretas de cómo cuidar nuestra salud, no basta con decirnos que somos un país de obesos. Queremos saber sobre los programas de asistencia (p. ej., dónde y cómo obtener becas para estudios o lo necesario para acceder a microcréditos), sobre cuáles son los pasos para presentar una denuncia penal, cuáles son los derechos de las víctimas, sobre la importancia de continuar aprendiendo y cumplir con la educación para toda la vida que señala la UNESCO. ¿Cambiarán algún día las comunicaciones oficiales?
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