El Organismo Promotor de Medios Audiovisuales desde su gestación ha estado marcado por la incongruencia y la ausencia de claridad en lo que realmente se busca con él. El 18 de diciembre de 2008 la Secretaría de Educación Pública presentó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria un proyecto de decreto presidencial que debía guardar la mayor secrecía a pesar de que la entidad a crearse, el OPMA, buscaría “una adecuada interacción entre los habitantes y la autoridad”. La Cofemer no tuvo problema en la justificación retórica para reservar el proyecto, ignorando lo dispuesto por el artículo 69-K de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
¿Se imagina una entidad destinada a la interacción con la población que no da la cara? Pues el OPMA es el caso. El OPMA aparece nombrado en el sitio web de la Secretaría de Gobernación, pero carece de vínculo o datos de contacto. Se sabe que el Director General es un exfuncionario del Cisen, el licenciado Alejandro Ordoño Pérez, pero no más. Uno de los fines del OPMA es “constituirse en una plataforma para la libre expresión”, pero no se sabe para quién será esa plataforma, porque queda claro que no es para la ciudadanía. Inicialmente estaría dentro del sector de la SEP, pero finalmente quedó bajo el amparo de la Segob. ¿Por qué ese cambio?
¿Cuál es la verdadera finalidad del OPMA? Si leemos su decreto de creación, podríamos pensar que nos regresamos al México de hace unas 3 ó 4 décadas. El OPMA es un ente de gobierno que puede desde operar estaciones de radio y televisión abierta hasta producir contenido y competir con el Archivo General de la Nación al ser el guardián de los acervos audiovisuales del Ejecutivo Federal. El OPMA puede fácilmente convertirse en un instrumento de propaganda política y de productor de contenidos afines al gobierno en turno. ¿No se han dado cuenta que la alternancia del poder llegó para quedarse? ¿Aplicará el refrán de “nadie sabe para quien trabaja” en el próximo sexenio?
Hoy día existen medios de servicio público que, a pesar de la escasez de recursos, han logrado permanecer y tener ofertas programáticas de calidad como el canal Once, el canal 22, las estaciones del IMER y Radioeducación. La creación del OPMA es tan injustificada, que parece como una sombra oscura que puede avanzar y englutirse a estos medios. En lugar de proveer recursos al OPMA, mejor que los canalicen a los medios de servicio público existentes para su digitalización y para fomentar la producción de contenido independiente.
Eso de que el OPMA sea “plataforma para la libertad de expresión” es digno de un régimen autoritario, en la que el Estado se disfraza de plaza pública para poder tener el control de lo que ahí pasa. La libertad de expresión exige que el gobierno garantice su ejercicio y no que se convierta en el guardián de la plaza pública. Más aún, si vemos que la Junta de Gobierno del OPMA está formada sólo con servidores públicos designados por el Presidente Felipe Calderón y sin representación alguna de la sociedad civil. ¡Vaya, ni las formas cuidaron! Si el OPMA tiene finalidades políticas, como parece ser, y está oculto ¿qué estarán fraguando cometer a través del OPMA?
En otros temas. Cofetel que debiera ser ejemplo de transparencia, opta por el oscurantismo en la designación de su Presidente y al ser selectiva cuando decide qué actas del Pleno de Cofetel son públicas y cuáles guarda en el cajón de los secretos. El sitio web de Cofetel muestra el acta de la designación de Mony de Swaan como Presidente del 7 de julio pasado, pero carece de las actas de sesiones del Pleno desde el 27 de abril, ¿por qué? ¿Se estarán aprobando cuestiones del OPMA u otras que pueden ser incómodas o cuestionadas? Para la designación de Presidente de Cofetel, acordó el Pleno que sería mediante voto libre y secreto. ¿Por qué? ¿Era tal presión que prefirieron sacrificar a la transparencia? La secrecía acordada para la votación, ¿puede viciar jurídicamente de nulidad la designación del Presidente Mony de Swaan?
No hay comentarios:
Publicar un comentario