miércoles, 15 de octubre de 2014

“Mover a México”



¿En qué piensa cuando escucha “a qué no puedes comer solo una”? En papás Sabritas. ¿Qué evoca ver un patito diciendo “Recuérdame”? A gansitos Marinela. Ninguna ciencia oculta debemos dominar para saber que un eslogan se utiliza para que las personas identifiquen un producto o servicio. También es tradicional que haya un eslogan de campaña de los candidatos o partidos políticos. ¿En qué piensa usted al escuchar “Mover a México”? Mover a México no es sólo un eslogan relacionado con el programa Progresa (antes Oportunidades) de la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de Rosario Robles, sino que es la identidad misma de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Pero. ¿Qué hay de malo con eso? Veamos.

Si el presidente Peña Nieto desea tener su lema del sexenio, a nivel comunicación social es aceptable. Todos lo recordaremos por la frase Mover a México aunque cada vez más nos demos cuenta que estamos moviéndonos al abismo por los Tlatlayas, Ayotzinapas, San Bernardos Chalchihuapan, los Ranchos San Fernando, la ausencia del Estado de Derecho y de oportunidades para revertir la pobreza en la que vive la inmensa mayoría de los mexicanos.

Mover a México es una frase vinculada a programas como la Red Mover a México del Instituto Nacional del Emprendedor de la Secretaría de Economía o la de ¡Vas! A Mover México de Prospera para jóvenes de 15-22 años, y -a pesar de que sus páginas de internet siguen siendo inaccesibles a personas con discapacidad-, forman parte de la estrategia de crear en el imaginario colectivo una identidad de gestión y de rumbo. Mover a México descrito en la página de internet de Presidencia de la República –inaccesible también-, confirma el buscar que ese lema trascienda en la reconstrucción del ancién régime, pero hasta ahí.

El problema surge cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está regalando televisores con el logo Mover a México, porque no sólo es un eslogan y logo sino implica la promoción personal del presidente Peña Nieto e indirectamente también del Partido Revolucionario Institucional. Me dirán muchos: “Políticos de todos los partidos hacen lo mismo”. Pero, ¿debiéramos seguir así o en este caso habría maneras de apoyar la transición a la televisión digital sin quebrantar el espíritu del 134 constitucional? Recuérdese que de hoy a septiembre de 2015 en pleno proceso electoral se regalarán 13´700,000 televisores (G. Sosa, El Universal) con el logo y lema Mover a México en tricolor. ¿Quebrantaría ello la equidad publicitaria para las elecciones del 2015? ¿Podría ser causal de nulidad de éstas? ¿Cuál es la opinión del Instituto Nacional Electoral? ¿Estarán preocupados los dirigentes Carlos Navarrete del PRD, Ricardo Anaya del PAN y Andrés Manuel López Obrador de Morena? En sentido estricto los televisores debieran decir “Pueblo de México” porque todos estamos subsidiando esas entregas y no sólo los vinculados a Mover a México.

Transitar a un régimen democrático exige cambio de leyes y de mentalidad. La Constitución en su artículo 134 exige que la propaganda de entes públicos tenga fines informativos, educativos o de orientación social, estando prohibida la promoción de servidores públicos. A la fecha no hay ley que desarrolle ese precepto, pero veamos el caso de España. La publicidad gubernamental debe promover el conocimiento de valores y principios constitucionales, informar sobre derechos y obligaciones de los ciudadanos, de procesos electorales, aspectos de seguridad, prevención de riesgos y programas sociales, estando prohibidas las campañas para destacar logros de gestión u objetivos alcanzados.

La campaña Chécate, Mídete, Muévete, ¿sería aceptable en España? Sí porque contribuye a prevenir enfermedades. Los anuncios del gobierno de Eruviel Ávila de que han entregado 700,000 becas en 3 años o los de Guillermo Padrés de que con Capufe están invirtiendo miles de millones de pesos, ¿pasarían la prueba española? No, porque sólo destacan logros u objetivos alcanzados. La campaña del INE para que los ciudadanos obtengan su credencial para votar o la de la Secretaría de Salud que anuncia el periodo de vacunación, sí estarían a la altura del estándar ibérico. Anuncios estilo de la presidencia de Felipe Calderón diciendo que habían detenido al Pozolero como presunto responsable de delitos graves, ¿aceptable? No, primero porque en espacios de comunicación social pública se está quebrantando la presunción de inocencia y porque si al final del proceso penal sí fuera condenado, se trataría de un objetivo alcanzado de una obligación del Estado y no más. Publicidad y comunicación social de entes públicos sigue siendo un pendiente por legislar por el Senado y la Cámara de Diputados, ¿cuándo lo harán?

*claraluzalvarez@gmail.com @claraluzalvarez

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Este artículo fue publicado en Reforma el 15 de Octubre de 2014.

miércoles, 1 de octubre de 2014

¿Necesitamos ser publicistas?

“Dado que los niños son especialmente vulnerables a la influencia de los anuncios publicitarios, debemos protegerlos mediante la adopción de medidas de salud pública firmes y eficaces”, Organización Panamericana de la Salud.

Si bien la publicidad puede ser un medio legítimo para dar a conocer productos o servicios, su influencia en la población en especial a través de la televisión exige una revisión del marco jurídico. La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión abre la puerta para que legalmente hoy se comercialicen espacios dentro de la programación (product placement) sin límite alguno, así que no se sorprenda que ahora con más y más frecuencia vea y escuche “publicidad” dentro de los programas de TV y radio como puede ser cuando el conductor tiene su taza con la marca Nescafé y dice lo sabroso que está, o cuando en la telenovela casualmente una escena refiere a los planes de telefonía celular de Unefón, o cuando dentro de la radio hablan de las maravillas de un shampoo. Esto en la Unión Europea está prohibidio por regla general y sólo como excepción se permite cuando se informe debidamente al espectador y cuando esa comercialización de espacios en los programas no influyan en la independencia editorial de medio.

La publicidad debe ser veraz, comprobable y sin que pueda inducir a error o confusión de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor. El problema surge porque la creatividad de los publicistas es increíble y para determinar si una publicidad o información de un producto es o no confusa o engañosa, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y otras autoridades relacionadas, establecen un estándar de “publicista”. Por ejemplo, un producto que dice “sabor CHOCOLATE” dirían los publicistas, no engaña porque jamás se le dijo al consumidor que tuviera chocolate, pero ¿qué piensa un consumidor promedio? Que tiene chocolate. Si el Sidral Mundet tiene en su logo “con Jugo de Manzana” y sólo tiene 1% de jugo de manzana de concentrado, ¿están engañando al consumidor? Con visión de publicista diríamos que no, porque aunque sea en letras diminutas en la parte trasera de la botella se indica que sólo tiene ese ínfimo porcentaje de jugo de manzana “de concentrado”. Pero, ¿el consumidor debiera ser publicista para detectar esos detalles?

La Constitución establece que se prohíbe la transmisión de publicidad presentada como información. Pongamos un caso hipotético. Si una conductora de tan alto prestigio como Lolita Ayala en el horario de su noticiario, en un escenario distinto presenta información sobre la migraña en un segmento Información que Cura y acto seguido vienen productos que curan la migraña de Genomma Lab, ¿se infringe el espíritu de la Constitución? Un televidente promedio, ¿toma la información de Lolita Ayala de manera independiente o como parte de la publicidad de Genomma Lab?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para determinar si 2 marcas son “similares en grado de confusión” debe estarse a un estándar de “consumidor promedio” y no de una persona con pericia técnica. Además la publicidad es un tipo de discurso que si bien puede ser parte de la libertad de expresión es uno de tipo comercial y jamás podrá tener la misma protección que la expresión de ideas políticas como lo señaló la Primera Sala de la Corte. En publicidad, ¿adoptaría la Corte el estándar de publicista o de consumidor promedio?

“La publicidad tiene una influencia penetrante en niños y adolescentes… Esta exposición puede contribuir significativamente a obesidad infantil y de adolescentes, nutrición deficiente y consumo de cigarro y alcohol” (American Academy of Pediatrics). El Senado el 29 de septiembre pasado aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Incluyó algo para limitar la publicidad? Nada, ni siquiera propone la alfabetización mediática. En cambio en Suecia y Noruega se prohibe la publicidad dirigida a niños menores de 12 años, en Grecia está prohibido que en TV se exhiban anuncios de juguetes antes de las 22 horas, y en Reino Unido el regulador realiza la alfabetización mediática.

La publicidad busca colocar las marcas en niñ@s lo cual no es novedad. Pero sorprende que ni se resuelven las afectaciones de la publicidad tradicional, ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones ni la Secretaría de Gobernación están analizando las restricciones necesarias para evitar que con la TV digital la publicidad a través de páginas de internet vinculadas a programas se conviertan en el territorio anárquico donde la publicidad carecerá de límites para proteger a la infancia.

*claraluzalvarez@gmail.com @claraluzalvarez

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Este artículo se publicó en Reforma el 1 de Octubre de 2014.

¿Miedo al pueblo? [Medios comunitarios e indígenas]

¿Cuál es el riesgo de que las personas se organicen y tengan sus propios medios ciudadanos? ¿Por qué la resistencia a que comunidades y pueblos indígenas puedan convertir en realidad el artículo 2 de la Constitución para tener medios de comunicación? La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que entra en vigor el 13 de agosto evidencia tanta discriminación injustificada contra la existencia de medios a cargo de la sociedad y de pueblos indígenas que la única respuesta posible es que un pueblo informado y que ejerce su libertad de expresión puede ser peligroso para el poder político y los grupos de poder económico que buscan a toda costa preservar su statu quo. ¿Qué dice la ley?

1. Los que quieran ser concesionarios de telecomunicaciones, de radio o televisión abierta para fines comerciales o privados pueden aspirar a concesiones hasta por 20 años. Si la ciudadanía quiere tener una concesión de uso social sólo puede recibirla hasta por 15 años. ¿Por qué la diferencia que quebranta el principio de igualdad, el derecho a la no discriminación, los derechos de los pueblos indígenas y otros derechos humanos?

2. Un pueblo indígena o un grupo de ciudadanos que quieran tener una radio comunitaria en FM, únicamente pueden aspirar a que les den una frecuencia en la parte alta de FM. La calidad de las señales en la parte alta de FM es menor por la propagación de las ondas, en consecuencia una estación de FM en la parte alta o tiene menor cobertura y calidad o se tiene que invertir más dinero. Pero si una persona quiere ser concesionario de radio FM para fines comerciales o incluso si quiere una concesión de uso social, pero que no sea para un pueblo indígena o para una radio comunitaria, como podría ser una institución de educación superior como la Universidad de las Américas, Puebla, puede recibir el derecho de usar una frecuencia en cualquier parte de la banda de FM. La misma discriminación se plasmó por la mayoría del Senado y la Cámara de Diputados para radio AM. Si pretende obtener una radio comunitaria o eres un pueblo indígena, sólo pueden otorgarse concesiones en la banda ampliada de AM que tiene más retos tecnológicos para transmitir una señal de calidad y con mayor cobertura. ¿Por qué la discriminación? ¿Por qué la saña contra las radios comunitarias y las indígenas?

3. Si un grupo de personas quiere tener una concesión de uso social para un medio comunitario, se les exige que tengan una asociación civil, que deban tener participación ciudadana y que se rijan bajo los principios de “convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad”. Nada tienen de malo esos principios, pero ¿por qué el Congreso de la Unión sólo impuso esta obligación a los medios comunitarios y no a las radios y televisoras comerciales? También se establece que el IFT debe emitir lineamientos de parámetros técnicos para la operación de medios comunitarios, ¿por qué para los medios comerciales no incluyeron lo mismo en la LFTR?

4. Para los pueblos y comunidades indígenas la discriminación no tuvo límites en la LFTR. Por ejemplo, se dice que si quieren tener una concesión para uso social debe ser para la “promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos promoviendo tradiciones…”. ¿Y la autonomía de los pueblos indígenas? ¿Qué pasa si un pueblo indígena quiere una frecuencia para una estación de radio para hablar de política? No podrá recibir la concesión porque el Congreso de la Unión decidió que su único derecho es contar con medios de comunicación para preservación de su lengua y cultura. ¿Qué remedio hay? El amparo ante el Poder Judicial Federal para que se ponga fin a la discriminación de medios indígenas.

5. Los concesionarios comerciales y privados pueden ceder sus concesiones, pero si son concesiones de uso social jamás lo podrán hacer. ¿Por qué la discriminación?

Despedida. Esta será mi última colaboración y agradezco tanto al diario como a sus lectores la oportunidad de escribir en este espacio en donde siempre tuve la hospitalidad editorial y el respeto puntual a mis puntos de vista. Muchas gracias.

*claraluzalvarez@gmail.com @claraluzalvarez

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Este artículo se publicó en El Financiero el 11 de Agosto de 2014.

viernes, 26 de septiembre de 2014

Televisa-Cablecom, ¿inconstitucional?

Ni en sus mejores sueños Televisa habría pensado que los senadores y diputados del Congreso de la Unión que aprobaron la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) le pondrían en charola la posibilidad de adquirir cuantas empresas de telecomunicaciones quisiera sin pasar por la revisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones a través del tristemente célebre 9º transitorio. Tan es así que en su reporte anual presentado este año a la Securities Exchange Commission señaló reiteradamente que las leyes podrían limitar su capacidad de expandirse a través de adquisiciones o joint ventures. Sólo habían pasado unos minutos de la entrada en vigor de la ley cuando Televisa notificó a la Bolsa Mexicana de Valores que se había consumado la adquisición del 100% de Cablecom mediante la conversión de distintos tipos de deuda de los cuales había informado un año antes. No por nada el 9º transitorio se le conoció como la cláusula Cablecom. Televisa adquirió Cablecom conforme a la ley, pero ¿será inconstitucional esa concentración? Veamos.

Marco jurídico. El artículo 28 constitucional establece las bases para la prohibición de monopolios, prácticas monopólicas y de ciertas concentraciones que eviten la libre concurrencia y competencia. Por razones de orden público e interés social, las concentraciones que superen ciertos montos (como el caso de Televisa-Cablecom) deben revisarse previamente a su realización para que la Comisión Federal de Competencia Económica o el IFT, según el caso, analicen el impacto en la competencia y resuelvan, si autorizan, niegan o condicionan la concentración. La única excepción es cuando es notoria la no afectación que se da en supuestos predeterminados como que no sean competidores y no se trate de un mercado relacionado. Televisa y Cablecom son competidores, por lo cual jamás podrían beneficiarse de la excepción. A Televisa en las 2 concentraciones que sí notificó a la extinta Cofeco sobre TVI y Cablemás, Cofeco siempre impuso condiciones por las preocupaciones de la posible afectación a la competencia.

9º transitorio. Éste fue una adición del Senado para atar las manos al IFT e impedir que pueda rechazar o al menos condicionar las adquisiciones entre competidores, como es el caso de Televisa-Cablecom y como bien podrá ser la adquisición de Nextel por la propia Televisa o por Iusacell que es propiedad en un 50% de Televisa. Las comisiones unidas que dictaminaron en el Senado a cargo de los senadores Javier Lozano, Angélica Ortiz y Alejandra Barrales (esta última votó en contra de la ley), para no verse tan burdos incluyeron exigir que la concentración tuviera reducciones medidas con índices de Dominancia y de Herfindahl. Independientemente de que ello vulnera la autonomía del IFT y la deferencia administrativa de la que debe gozar, esa medición está por “sectores” lo cual no es asunto menor.

Sector. ¿Es lo mismo sector que mercado? No y baste un ejemplo. El sector de bebibas está formado por agua, leche, bebidas carbonatadas, jugos, cervezas, tequila, etcétera; Coca Cola tiene poder sustancial en el mercado de bebidas carbonatadas, pero no así en el sector de bebidas. ¿Qué habría pasado si se hubiera referido por mercado? Entonces Televisa antes de adquirir Cablecom habría tenido que pasar por la revisión del IFT con la posibilidad de que le impusiera condiciones. Así que el Senado tenía que decir algo para no verse tan obvio en favorecer intereses particulares sobre el general, así que en su dictamen trató de justificar este régimen de excepción contrario a la Constitución, diciendo que es consistente con la experiencia de la Unión Europea. Esto es falso. Primero porque en la UE se analizan previamente los impactos de una concentración para poder autorizarla, segundo porque se refieren a “mercados relevantes” y no a “sectores”, y tercero porque debe verificar si la concentración eliminará a un oferente de servicios para los consumidores, como es el caso Televisa-Cablecom.

¿Y ahora qué? El IFT recibirá el aviso de la concentración, pero no podrá rechazarla, ni condicionarla. Si acaso podrá iniciar un procedimiento ordinario para determinar si Televisa es dominante en el mercado de televisión de paga y, en su caso, establecerle medidas especiales. Finalmente, sin acción de inconstitucionalidad contra la LFTR por el Congreso, aún el IFT puede interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte para defender su autonomía constitucional y sus facultades quebrantadas también con el 9º transitorio, ¿tendrá el valor de hacerlo?

*claraluzalvarez@gmail.com @claraluzalvarez

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Este artículo fue publicado en Reforma el 20 de Agosto de 2014

¿Impunidad a la mexicana? [Conflicto de intereses]

“(…) hay un reconocimiento creciente que los conflictos entre intereses privados y las funciones públicas de los servidores públicos, si se maneja de manera inadecuada, pueden resultar en corrupción” OCDE

La Ética está tan ausente en México que los funcionarios públicos parecen no comprender lo que debe ser la integridad y la imparcialidad. Tenemos a Ramírez Stabros que no vio problema con ser Coordinador de Vinculación de la oficina del Presidente Enrique Peña Nieto y al mismo tiempo ser consejero independiente de Iberdrola, empresa líder del sector energético de España y que podrá ser una de las beneficiarias de las recientes reformas.

Los escándalos de conflictos de intereses sobran: Francisco Gil Díaz que de Secretario de Hacienda y Crédito Público pasó a ser consejero del corporativo HSBC, Fernando Sánchez Ugarte creador del IETU que sale de la SCHP para entrar a TMM e impugnar la constitucionalidad de su impuesto, Juan Camilio Muriño y contratos de familia con Pemex, Alejandra Sota exvocera del Presidente Felipe Calderón y los contratos a amistades, Purificación Carpinteyro y la llamada que trascendió durante el proceso de reforma en telecomunicaciones, Javier Lozano actor clave para la aprobación de la ley de telecomunicaciones con grandes favores a las televisoras comerciales y su esposa trabajando en la Fundación Televisa, el actual Secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell con negocios familiares desde hace varias décadas en el sector energético y su rol en la reforma de éste, los legisladores de la telebancada o casos como el de Diego Fernández de Cevallos, etcétera.

¿Son hechos ilegales los arriba mencionados? Algunos sí, algunos no y en otros casos depende de las circunstancias. El tráfico de influencias es un ilícito. El tener un cónyuge como empleado de un agente regulado no necesariamente. El dar desde el cargo público información confidencial a un particular sí es un ilícito. El tener acciones en una empresa no por sí mismo crea un conflicto de intereses insuperable. En algunos supuestos la persona tendrá que renunciar a sus intereses privados o al cargo público, pero no puede tener ambos; en otros bastará con excusarse de participar en los asuntos en que su imparcialidad pueda verse comprometida; y habrá algunos más en los que la simple declaración de intereses sea suficiente para que la ciudadanía exija una rendición de cuentas real.

Aunque la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos tiene elementos para atender los conflictos de interés y prohibe al servidor público desempeñar un cargo hasta 1 año en ciertas circusntancias, el esquema anticorrupción mexicano es obsoleto. Desde que el encargado de las quejas contra servidores públicos es el Secretario de la Función Pública que es nombrado por el Presidente de la República y éste también nombra a aquellos –directa o indirectamente-, algo anda mal. En el ancién régime era una estructura adecuada para garantizar la fidelidad del clan y que éste supiera que al caer de la gracia del tlatoani, inmediatamente la artillería estaría en su contra. Pero ¿es aplicable al México de hoy? No.

En el México de la corrupción y de la impunidad la sociedad quizá se conforma con combatir los ilícitos, dejando el combate a los conflictos de interés como algo aspiracional. Esa visión no debe seguir. Si los conflictos de interés no se resuelven de manera adecuada, “tienen el potencial de menoscabar el funcionamiento apropiado de gobiernos democráticos” (OCDE). ¿Por qué los conflictos de interés deben aflorar sólo tras una investigación periodística como la del equipo de Carmen Aristegui en el caso Ramírez Stabros?

Debemos exigir que los servidores públicos publiquen una delcaración de interés que es el documento público con un listado de las personas con las cuales él/ella, su pareja e hijos menores de edad, tienen intereses, actividades o relaciones personales, familiares o de negocio, lo cual comprende incluso la participación en asociaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y sin fines de lucro. La declaración de interés es complementaria a la declaración patrimonial que en México no es pública según lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La declaración de interés debe ir de la mano de una cultura de promoción de valores éticos, de reglas para la identificación y atención de los posibles conflictos de interés. Estancada la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, el compromiso hoy del Presidente de la República, los Secretarios de Estado, el Jefe de Gobierno del DF y los legisladores puede ser la publicación de sus declaraciones de interés, ¿se atreverán a hacerlo?

*claraluzalvarez@gmail.com @claraluzalvarez

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Este artículo fue publicado en Reforma el 20 de Septiembre de 2014

Licitación TV, ¿éxito o fiasco?

Hoy vence el plazo para que los interesados en participar en la primera licitación de TV abierta de toda la historia de México convocada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones soliciten su opinión de competencia económica y que es el primer paso en un proceso complejo. Los interesados saben que tendrán que empezar de cero en un mercado hiperconcentrado en el cual Televisa y TV Azteca dominan con 99% de los ingresos por publicidad, 95% de la concesiones comerciales y el 96% de la audiencia (IFT). Con diferentes intereses de por medio los analistas opinan sobre el actuar del IFT. ¿Cómo van las cosas?

Deficiencia de origen. La Constitución en la reforma de 2013 limitó la posibilidad de que pudieran existir televisoras locales y regionales al obligar a que la licitación fuera por cadenas nacionales. Las implicaciones están por verse, porque contrario a la experiencia internacional y a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ser cadena nacional automáticamente se favorece a los grupos con gran poder económico que deberán hacer inversiones multimillonarias. ¿Y la pluralidad? Eso no importó al Congreso de la Unión.

¿Inversión en riesgo? Las barreras a la entrada a la TV abierta son elevadas porque debe desplegarse infraestructura, pagarse una contraprestación de al menos 830 millones de pesos, generar contenidos audiovisuales, colocar en el ánimo popular la marca y atraer audiencias lo cual quizá sea el mayor reto. El porcentaje de audiencia incide directamente con la posibilidad de vender publicidad y el precio de ésta. De acuerdo a estimaciones del propio IFT la nueva televisora con la cadena nacional podría llegar a tener hasta un 8.5% del mercado. Pero si la nueva televisora será de TV abierta digital, ¿qué pasa si la transición a la TV digital se retrasa y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no logra regalar suficientes televisores para el apagón analógico? Incidirá negativamente en la nueva cadena. Además, hoy se supone que Televisa está obligado a compartir su infraestructura por ser preponderante, pero ¿hasta cuándo será preponderante? ¿Se atreverán los participantes a asumir que la preponderancia y compartición de Televisa se mantendrá? Con todas estás variables fuera de control de los empresarios, ¿habrá valientes que quieran participar? Sí, pero quizá su apuesta no sea por las ganancias económicas, sino por la incidencia política que puedan tener.

¿Opacidad justificada? El IFT a través de su Presidente Gabriel Contreras anunció que no se darán los nombres, ni el número de interesados en participar en la licitación. En una licitación pública eso podría parecer una herejía, pero en el caso concreto quizá sea justificado no sólo para evitar la colusión o el acuerdo entre participantes, sino más importante es para no dar lugar a que los medios y en especial Televisa y TV Azteca inicien el linchamiento y el juicio mediático de todos los pecados cometidos y por cometerse de los interesados en las cadenas de TV abierta. 

Y el ganador es… Por más que el IFT diga que el criterio económico no es el preponderante, basta ver las bases porque al final sí lo será. La ecuación para los puntos que se darán a cada licitante atribuye 40% a la contraprestación económica y 60% a la cobertura. ¿Qué se requiere para dar más cobertura? Más dinero. ¿Hubo consideraciones de dar más ponderación a los que pretendan llevar TV a zonas alejadas o de baja población? No. Incluso las bases se estructuraron como un derecho para “poder” prestar el servicio, ¿no debiera haber sido una obligación? ¿Dónde se protegió el derecho constitucional de acceso a la radiodifusión? ¿O tendremos que seguir contratando TV de paga porque las televisoras “pueden” mas no “deben” prestar el servicio en toda la zona de cobertura?

¿Mejores contenidos? Si su esperanza es que la nueva cadena ofrezca contenidos de mejor calidad o aporte pluralidad, olvídese de ello. Las bases de licitación dicen que los participantes deberán hacer una “descripción de la estructura de la programación”, pero si deciden poner talk shows estilo Laura Bozzo las 24 horas del día y logran el mayor puntaje conforme a la ecuación Contraprestación+Cobertura, el IFT no los podrá descalificar. Y aunque la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dice que las audiencias tenemos derechos a contenidos plurales, con diferentes géneros, etc., como el Senado y la Cámara de Diputados no previeron sanción para los concesionarios cuando violen los derechos de las audiencias, pues no pasará nada y podríamos llegar al absurdo de tener 1 ó 2 cadenas nacionales de talk shows y que se viole la ley sin que los concesionarios merezcan sanción alguna.

*claraluzalvarez@gmail.com / @claraluzalvarez

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Este artículo fue publicado en Reforma el 3 de Septiembre de 2014