viernes, 23 de enero de 2015

Rectificar es de sabios

Clara Luz Álvarez*

La reforma constitucional de telecomunicaciones parecía el ícono de la unión de diferentes ideologías para un fin común: combatir los grupos de poder en los medios electrónicos. Fundamentalistas de uno y otro extremo aplaudían la reforma que incluía como fecha final de la transición a la TV digital el 31 de diciembre de 2015 (apagón analógico). La reflexión sobre las consecuencias de ello estuvo ausente, porque esa fecha inicialmente fue propuesta por el presidente Calderón en 2010 considerando 5 años para lograr la transición, pero por litigios fue suspendida y reanudada en 2012. En la reforma de 2013 ese plazo se redujo a 2 años; sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lanzó su programa hasta mayo de 2014.

Verdades a medias, despilfarro de recursos, negligencia ambiental, equidad en elecciones en riesgo, opacidad e inconsistencia, entre otros, son distintivos de la transición a la televisión digital en México. Veamos por qué.

1. ¿Verdad o mentira? “Un beneficio adicional que favorece la política de inclusión digital es que las televisiones digitales pueden usarse como dispositivos de acceso a internet, tendrán la conectividad para que el usuario pueda conectarse a internet”, Secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza (20.05.2014). De lo declarado, ¿el televisor debía poder conectarse a internet o se debía entender que se tiene que comprar un dispositivo adicional para ello? Lo normal es asumir que las TVs que estamos regalando los mexicanos (no el Presidente Peña Nieto como se anuncia) son inteligentes (smart TVs) que cuentan con funcionalidades para acceder a internet. Pues no, resulta que lo que quiso decir el Secretario es que las teles pueden llegar a servir para internet si compran un dispositivo especial y contratan un servicio de internet. ¿Nos engañaron?

2. Despilfarro de recursos. La extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones estimó que para llevar al 98% de los mexicanos acceso a servicios de banda ancha e internet se requerirían 8,375 mdp en tanto que para subsidiar decodificadores se estimaba costaría al menos 13,188 mdp. La SCT decidió que en lugar de regalar decodificadores mejor serían televisores cuyo costo será de al menos 31,000 mdp. Para justificar el incremento se dijo que las TVs tendrían capacidad de acceder a internet, pero el Coordinador Nacional del Programa TDT, Javier Lizárraga confirmó que como el mercado de TVs inteligentes no ha madurado, no hay definición del estándar para que las TVs accedan a internet (La Crónica). Entonces, ¿sabían en la SCT desde un inicio lo futurista que sería regalar estas TVs que no acceden a internet y que probablemente nunca lo harán?

3. Regalar TVs digitales implica que los televisores analógicos se conviertan en su mayoría en basura electrónica. La inexistencia de un análisis previo tipo manifestación de impacto ambiental para esa decisión es probable, pero al menos debería existir un plan de manejo de residuos electrónicos específico por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero no existe al día de hoy.

4. ¿Quién ha gozado de los 31,000 millones de pesos en especie para regalos con su logo? Las TVs que se están regalando tienen el logo de campaña y del presidente Peña Nieto “Mover a México”, con unos círculos con los colores del PRI, perdón de la bandera de México. La justificación fue que era para que no los fueran a vender, pero ¿por qué no incluyó el escudo nacional como lo refiere la Ley General de Desarrollo Social? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala como infracción la utilización de programas sociales para inducir el voto, ¿revisará el reparto de televisores el Instituto Nacional Electoral?

Evaluemos escenarios: (1) todo sigue igual: se despilfarran recursos y se afecta la equidad de la contienda electoral (escenario más probable); (2) se regalan decodificadores en lugar de TVs (escenario posible pero para los intereses reales del gobierno no es lo mismo regalar una TV que un decodificador); (3) se posterga el reparto de TVs hasta después de elecciones: se retrasa la fecha del apagón, el impacto en los que ganen las nuevas cadenas de TV no debe ser significativo porque tienen que instalar infraestructura antes de ir al aire y además el interés general debe estar sobre el particular, la instalación de la red de la banda de 700MHz no se ve afectada, se incumple el plazo constitucional pero eso es común en México como ejemplo está la ley de derecho de réplica que ya está retrasada por más de 1 año (escenario posible); y (4) mismo escenario que el anterior, pero se modifica la Constitución (escenario deseable pero improbable). Rectificar es de sabios, ¿lo harán?

*claraluzalvarez@gmail.com @claraluzalvarez

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Este artículo fue publicado en Reforma el 21 de Enero de 2015

jueves, 11 de diciembre de 2014

El mundo al revés

Clara Luz Álvarez*

Después de los mensajes de Eugenio Derbez y Carlos Loret de Mola durante el Teletón (¿o fueron mensajes de Televisa?)de que debemos donar, del alto a la impunidad y que se la cobremos al presidente Peña Nieto y a su esposa Angélica Rivera, el presidente le echó una flor a Televisa: “[para] el Presidente de la República es motivo de orgullo tener una empresa mexicana productora del mayor número de contenidos de habla hispana”. Por increíble que parezca eso dijo del aún preponderante de la radiodifusión y confirma que “De soldado, el consorcio televisivo se convirtió en general y comandante en jefe del gobierno” (Lorenzo Meyer, Reforma).¿Qué pasaría si EPN hubiera dicho algo como “Me siento orgulloso de América Móvil que es líder en telecomunicaciones en América Latina y de Grupo Carso que ha dado a un mexicano el lugar de la persona más rica del mundo”?

Derbez y Loret evocan también a los mensajes enviados por algunos senadores, diputados y columnistas contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Su más reciente acto en la arena pública es sobre la consulta de la eliminación de la larga distancia. Dicen ellos que el IFT está tratando de ignorar la ley para afectar a los usuarios de telefonía al no eliminar los cobros de larga distancia el 1 de enero de 2015. Sin embargo, al leer el proyecto literalmente se confirma que los mexicanos ya no pagaremos más larga distancia desde el primer día de 2015. ¿Por qué esos avezados legisladores y columnistas destacan ciertos temas al mismo tiempo y con los mismos mensajes clave?

Respuestas: (1) se reúnen a comer, platican del mismo tema y escriben de lo mismo, ¡no vaya a pensar que traen línea!; (2) buscan realmente defender el interés de los usuarios, pero ¿por qué no buscaron el interés general al expedir la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y ahora sí?; (3) no le entienden al tema y comentan sobre telecomunicaciones porque suena de caché; o (4) distraen la atención y enfocan los tiros hacia al IFT que tiene en curso la licitación de 2 cadenas de TV abierta, para debilitarlo y favorecer el statu quo.

Resulta que mientras las baterías se enfocan por estas personalidades hacia el IFT, del otro lado de la ciudad de México en el Instituto Nacional Electoral se discuten aspectos trascendentales para la democracia y contrarios a los intereses económicos de las televisoras comerciales. Históricamente la lucha de los radiodifusores comerciales en el Instituto Federal Electoral (hoy INE) se han centrado en (1) evitar la obligación de bloquear los spots de propaganda electoral en ciertas localidades, bajo argumentos de imposibilidad técnica, y (2) prevenir que los medios comunitarios y de uso social accedan a publicidad por considerar que son “competencia desleal”.

Trascendió que el Comité de Radio y Televisión del INE recientemente aprobó la exención a las empresas de televisión restringida vía satélite para que en las campañas electorales de 2015, dejen de transmitir la propaganda política de manera diferenciada según la zona geográfica. Si esto queda tal cual, entonces las empresas de TV de paga vía satelite (p. ej. Sky de Televisa) deben transmitir el Canal de las Estrellas, el 5, 7 y 9, con la señal que difunden en la ciudad de México, por lo que los spots electorales de los candidatos locales y estatales que coincidan con elecciones federales se ven reducidos o anulados. Y ahí se puede generar un enorme mercado negro de entrevistas a esos candidatos a través de convenios de asesoría de imagen, de difusión de mensajes y otros, todos los cuales son sencillamente publicidad política disfrazada de noticias.

¿Cómo hacer compatibles las disposiciones constitucionales de la prohibición de presentar propaganda como noticias, la retransmisión obligatoria de señales de TV abierta y la necesaria equidad publicitaria en la contienda electoral? ¿Qué coordinación debe tener el INE y el IFT? ¿Dónde está el corazón del INE? ¿Cerca de los intereses de Televisa y TV Azteca o del interés público? ¿Cuál es la postura al respecto de los senadores Javier Lozano y Gerardo Flores y de los diputados Federico González Luna y Javier Orozco?

Discapacidad. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad pasó sin pena ni gloria en telecomunicaciones en México. El Teletón ha sido lo que más llama la atención por las críticas a la manera en la que busca recaudar fondos. Llamó la atención que incluyeran intérprete en Lengua de Señas Mexicana aun cuando no se enfoquen en atender población sorda, pero más todavía porque Televisa no tiene en sus noticiarios intérpretes en LSM, pero sí en el Teletón, ¿incongruencia o sólo privilegian el interés económico?


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Este artículo fue publicado en Reforma el 10 de Diciembre de 2014

miércoles, 26 de noviembre de 2014

Evasiones e indefensiones



Clara Luz Álvarez*

Si en México hubiera capacidad de reconocer errores y asumir responsabilidades, evolucionaríamos. ¡Imagínese que el presidente Enrique Peña Nieto renunciara para ser congruente con su discurso de combate a la corrupción y la señora Angélica Rivera pidiera disculpas por tratar de ofender la inteligencia de los mexicanos y se inscribiera en un curso de Ética!

El Congreso de la Unión reconocería su error de haber incluido en la Constitución la ocurrencia del expresidente Felipe Calderón de que el apagón analógico fuera el 31 de diciembre de 2015 con el costo al dinero público de entre 26 y 33 mil millones de pesos por regalar televisores y en pleno proceso electoral. También el Congreso aceptaría que incluir en la Carta Magna que se licitaran concesiones de TV abierta con cobertura nacional, privó de alternativas locales y regionales, así como incumplió con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a que el criterio económico no debe ser el que defina a los ganadores.

Los senadores que condenaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones por cumplir con el mandato de ley de expedir las Reglas de Portabilidad y establecer, como en cualquier implementación un periodo de ajuste de sistemas y procesos, les pedirían disculpas a los comisionados que hasta los amenazaron con que podría ser causa de remoción. Además, ¿fue casualidad que los legisladores se pronunciaran justo 2 días después de que Televisa lanzó su marca izzi y con la que pretende atraer clientes de América Móvil? O sólo apoyan a izzi que mandó al IFT a su Vicepresidente Adolfo Lagos para hacer el show, perdón, para presentar un escrito contra Telmex que normalmente cualquier pasante entregaría.

Y mientras México resurge o se hunde más, el IFT sometió a consulta pública un anteproyecto de Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y “Justicia” (comillas de la autora). El proyecto se consultó con autoridades y empresas, pero nunca con las organizaciones de derechos humanos. ¿Por qué?

El punto más álgido para la sociedad en el proceso de reforma de ley fue precisamente el capítulo de Colaboración con la “justicia” que prevé la geolocalización y la conservación de datos de nuestras comunicaciones, lo cual debe equipararse a la intervención de comunicaciones, porque fácilmente reflejan nuestras costumbres, estado de salud, preferencias sexuales, afiliación política o sindical, etc.

La propuesta presidencial definía como instancias de seguridad al CISEN, Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, y las facultaba para pedir la geolocalización de equipos móviles y los datos de nuestras comunicaciones para producción de “inteligencia”. Esta es “el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información, para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional” (Ley de Seguridad Nacional), por lo que cualquier cosa puede avalar la geolocalización y ni siquiera tienen que estar persiguiendo un delito, ni tener evidencia de riesgos a la seguridad nacional. El proyecto del IFT dice que son instancias de seguridad: la PF, CISEN “y las demás instancias”. ¿Regresamos a la discusión inicial?

En geolocalización la SCJN avaló una versión light en comparación a lo que quedó en la nueva ley. Uno de sus argumentos fue que la geolocalización era sólo en tiempo real. Ahora debieran ver el monstruo en el proyecto: la geolocalización durará el tiempo que especifique la autoridad. ¿Y los derechos ciudadanos? Negados.

Si ni el Congreso, ni el IFT pueden identificar un catálogo de leyes, autoridades y supuestos en los que geolocalizarán nuestros equipos móviles, ¿por qué esperan que los ciudadanos lo podamos hacer? ¿O es deliberado dejar en indefensión a la sociedad? No se sorprenda si en una ley cualquiera de repente el SAT tiene facultades para pedir sus datos de comunicaciones o geolocalizar su celular, para cualquier razón sin que sea por delito grave.

En países democráticos para una rendición de cuentas y para combatir abusos de autoridad, se debe informar a las personas cuando fueron objeto de geolocalización o cuando fueron proporcionados sus datos de a quién llaman, quién les llama, duración, fecha y hora de sus comunicaciones. ¿Existe algo similar en el proyecto IFT? No y además permite que se borren nuestros datos personales “una vez cumplido el fin” y esto lo decide la propia autoridad. El IFT puede evitar cometer errores si al emitir los Lineamientos finales pone los derechos humanos como su objetivo, mas aún cuando México está en una crisis de credibilidad y respeto a derechos humanos. ¿Se pronunciará al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos?

*claraluzalvarez@gmail.com @claraluzalvarez

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Este artículo fue publicado en Reforma el 26 de Noviembre de 2014

miércoles, 12 de noviembre de 2014

¿Contagiará AT&T a México?


El siglo pasado la transferencia de tecnología de extranjeros a mexicanos era todo un tema. Hoy eso ha dejado de ser una inquietud de política pública, pero ¿la llegada de ATT podría beneficiarnos con la transferencia de mejores práticas corporativas? Veamos.

Historia. La invención del teléfono por Alexander Graham Bell, cuya madre y esposa fueron sordas, debe mucho a la discapacidad que se convirtió en detonador para su invención, y es la base sobre la cual se construyó el Sistema Bell (hoy la nueva AT&T). El poder del Sistema Bell fue de tal magnitud en el siglo XX que se dieron 3 procesos por el Departamento de Justicia de EUA para limitarlo, el último fue la desinversión del Sistema Bell y la creación de 7 empresas regionales (las Baby Bell). Esta desinversión es polémica, para algunos fue indispensable para la competencia, para otros fue un desastre. Después de 3 décadas el resultado es: de las 7 Baby Bell, 4 volvieron al emporio AT&T, la AT&T original pasó fuertes crisis financieras, tuvo que ser adquirida por una de las Baby Bell (SBC Communications) y después retomó el nombre de AT&T. En cuanto a la desinversión se ha dicho: “La operación fue exitosa, pero el paciente murió” (M. Cooper).

Relaciones Interconectadas. La Mexicana, subsidiaria del Sistema Bell, fue pionera en telefonía a principios del siglo XX en México y dio origen a Telmex que luego pasó a ser el monopolio estatal. Al privatizarse Telmex el consorcio ganador incluía Southwestern Bell International Holdings (ahora AT&T). La interconexión no sólo va de ahí, recuérdese que Carlos Slim dio financiamiento y tuvo participación accionaria en Televisa. AT&T está en espera de que las autoridades aprueben su adquisición de DirectTV quien es dueña junto con Televisa de Sky México, y para ello tuvo que vender hace unos meses su participación en América Móvil. Televisa y TV Azteca, hasta que no resuelvan los reguladores, siguen siendo padres de Iusacell, quien ya está a la espera de ir con su nueva familia AT&T. ¿Todo en familia?

Cifras. AT&T tiene presencia en 225 países, tiene más de 118.7 millones de clientes móviles y 16.4 millones de conexiones a banda ancha en el mundo. América Móvil, controladora de Telcel, Telmex y otras subsidiarias en las Américas, tiene presencia en 18 países, tiene más de 338 millones de accesos en diferentes plataformas tecnológicas y cuenta con 267 millones de clientes. Televisa a su vez produce más de 93 mil horas de programación original por año y sus contenidos están presentes en más de 100 países. Telefónica (Movistar) tiene presencia en 24 países.

¿Por qué México? Con todo su poder sobre la clase política, Televisa y Grupo Salinas prefieren emprender la retirada del mercado de telefonía móvil como concesionarios. Por el contrario AT&T, a pesar de la grave situación de inseguridad, ausencia de Estado de Derecho y omisión del Estado mexicano de garantizar los mínimos derechos humanos como son la vida y la integridad física, decide entrar con todo al mercado mexicano. La razón expuesta públicamente es que la reforma de telecomunicaciones ha sentado las bases para que México sea atractivo, pero también recuérdese que cuando AT&T pidió a los reguladores de EUA le permitieran adquirir T-Mobile US, estos se lo negaron. Si el mercado de EUA se complica y en México hay todo el potencial. Iusacell/Unefon les ofrece todo el espectro radioeléctrico que licitación tras licitación fueron acaparando aunque no utilizando. ¿Ahora sí se usará eficientemente?

¿Qué hace diferente a AT&T? El control de América Móvil está bajo la familia Slim; 4 de sus 14 miembros del Consejo de Administración son de la familia y ninguna mujer tiene un asiento en este. De los 16 miembros del Consejo de Administración de Televisa ninguna mujer ha merecido estar en él y reconoce Televisa que sólo 5 mujeres tienen cargos ejecutivos. ¿Pensarán que las mujeres nada tenemos que aportar? ¿Tendrá alguna opinión el Instituto Nacional de las Mujeres? Telefónica tiene sólo a una mujer dentro de los 18 miembros del Consejo de Administración. Todo lo contrario, AT&T tiene 4 mujeres como miembros del Consejo de Administración. Además tiene un programa específico para fomentar la diversidad en los negocios y su meta es que el 21.5% de sus adquisiciones vengan de negocios de minorías, de mujeres y de veteranos con discapacidad. Adicionalmente apoyan la contratación de personas con discapacidad. Los directivos tienen la obligación de promover la diversidad porque están convencidos que ser incluyentes permite prestar un mejor servicio, ¿se contagiarán los concesionarios mexicanos de estas nuevas políticas o seguirán haciendo business as usual?

*claraluzalvarez@gmail.com @claraluzalvarez

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Este artículo fue publicado en Reforma el 12 de Noviembre de 2014

miércoles, 29 de octubre de 2014

Si México fuera la UNAM…

Si México fuera la UNAM…



La UNAM tiene más de 300,000 estudiantes, casi 40,000 académicos y otros miles con cargos administrativos. La UNAM es más grande en población que 2,388 municipios y delegaciones del total de 2,440 que hay en la República Mexicana. A los mexicanos se nos reconoció el derecho de acceder a las telecomunicaciones dentro del capítulo de Derechos Humanos de la Constitución. Pero, ¿qué pasaría si todo México estuviera a cargo de las autoridades de la UNAM? No habría servicio de celular de manera generalizada, porque a los concesionarios de telecomunicaciones se les impide el despliegue de infraestructura.

Si se toma como ejemplo Ciudad Universitaria donde existen zonas que son verdaderos hoyos negros, sin cobertura de celular lo que facilita la comisión de delitos donde las víctimas quedan desprovistas de la comunicación móvil por una sola razón: negligencia de las autoridades universitarias. Casos documentados han sido puestos del conocimiento de la Oficina del Abogado General a cargo del licenciado Luis Raúl González Pérez, hoy candidato a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ni con toda la amabilidad de su equipo, se ha logrado que las empresas de telefonía móvil después de años de trámites, instalen radiobases lo cual genera afectación a los derechos humanos en CU. Nos encantaría a los usuarios poder reclamarle a nuestros proveedores de celular, pero en este caso, no es su culpa. Por acción u omisión de las autoridades de la UNAM se permite que CU sea tierra de nadie. Pero si en la UNAM que está a cerca del Instituto Federal de Telecomunicaciones pasa eso, ¿qué podemos esperar del resto del país?

La Constitución señala que son facultades de los municipios “en los términos de las leyes federales y estatales relativas”, expedir los planes de desarrollo urbano municipal, autorizar los usos de suelo y otorgar licencias para construcción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en un amparo entre Culiacán y Nextel, estableció que aun cuando sea el municipio el facultado en planes de desarrollo urbano, debe tomar en cuenta las necesidades de los operadores de telefonía (AR 681/2011, 2ª Sala).

No siempre los concesionarios son víctimas, está el caso de una empresa que a pesar de carecer de la autorización de uso de suelo, instaló su radiobase y la echó a andar. La delegación al ver eso, clausuró la radiobase y ordenó su desmantelamiento. Inmediatamente el concesionario bajo el argumento de prestar un servicio público, buscó el amparo. El tribunal negó la razón al concesionario por “saltarse las trancas”. ¿Sería este asunto uno de los que motivó el connato de iniciativa a presentarse en la Asamblea Legislativa del DF que criminalizaba la instalación de antenas?

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en nada contribuyó a resolver la problemática del despliegue de red por una redacción confusa: “Se considera de interés y utilidad públicos la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura destinada al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, las cuales estarán sujetas exclusivamente a los poderes federales, en sus respectivos ámbitos de atribuciones, debiendo respetarse las disposiciones estatales, municipales y del Distrito Federal que resulten aplicables en materia de desarrollo urbano. (…) En ningún caso se podrá restringir la instalación de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión para la prestación de los servicios públicos que regula esta Ley”. Por fin, ¿puede o no una autoridad municipal restringir la instalación de infraestructura cuando violente un plan de desarrollo municipal, el uso de suelo u omitan obtener la licencia de construcción?

En cambio en Chile para atender las preocupaciones ciudadanas y dar certidumbre a las empresas de telecomunicaciones, se expidió la Ley de Antenas exigiendo que existan estudios previos a la instalación de torres/antenas, que se comparta infraestructura y se reduzca el impacto visual, al tiempo de obligar a informar a los vecinos antes de su construcción. Además en una página de internet cualquiera puede ver qué antenas están en servicio y el nivel de saturación de la infraestructura. En México el IFT debiera elaborar para referencia de municipios, un marco de condiciones a exigir a los operadores, y así reducir el obstáculo al despliegue de red por ignorancia, negligencia y/o corrupción.

Cajón de sastre. La mala noticia es que el Canal del Congreso perdió a quien logró transformarlo positivamente, Leticia Salas Torres; la buena es que como parte del IFT contribuirá con todo su talento en la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales. Enhorabuena.

Este artículo fue publicado en Reforma el 29 de Octubre de 2014

*claraluzalvarez@gmail.com @claraluzalvarez

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miércoles, 15 de octubre de 2014

“Mover a México”



¿En qué piensa cuando escucha “a qué no puedes comer solo una”? En papás Sabritas. ¿Qué evoca ver un patito diciendo “Recuérdame”? A gansitos Marinela. Ninguna ciencia oculta debemos dominar para saber que un eslogan se utiliza para que las personas identifiquen un producto o servicio. También es tradicional que haya un eslogan de campaña de los candidatos o partidos políticos. ¿En qué piensa usted al escuchar “Mover a México”? Mover a México no es sólo un eslogan relacionado con el programa Progresa (antes Oportunidades) de la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de Rosario Robles, sino que es la identidad misma de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Pero. ¿Qué hay de malo con eso? Veamos.

Si el presidente Peña Nieto desea tener su lema del sexenio, a nivel comunicación social es aceptable. Todos lo recordaremos por la frase Mover a México aunque cada vez más nos demos cuenta que estamos moviéndonos al abismo por los Tlatlayas, Ayotzinapas, San Bernardos Chalchihuapan, los Ranchos San Fernando, la ausencia del Estado de Derecho y de oportunidades para revertir la pobreza en la que vive la inmensa mayoría de los mexicanos.

Mover a México es una frase vinculada a programas como la Red Mover a México del Instituto Nacional del Emprendedor de la Secretaría de Economía o la de ¡Vas! A Mover México de Prospera para jóvenes de 15-22 años, y -a pesar de que sus páginas de internet siguen siendo inaccesibles a personas con discapacidad-, forman parte de la estrategia de crear en el imaginario colectivo una identidad de gestión y de rumbo. Mover a México descrito en la página de internet de Presidencia de la República –inaccesible también-, confirma el buscar que ese lema trascienda en la reconstrucción del ancién régime, pero hasta ahí.

El problema surge cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está regalando televisores con el logo Mover a México, porque no sólo es un eslogan y logo sino implica la promoción personal del presidente Peña Nieto e indirectamente también del Partido Revolucionario Institucional. Me dirán muchos: “Políticos de todos los partidos hacen lo mismo”. Pero, ¿debiéramos seguir así o en este caso habría maneras de apoyar la transición a la televisión digital sin quebrantar el espíritu del 134 constitucional? Recuérdese que de hoy a septiembre de 2015 en pleno proceso electoral se regalarán 13´700,000 televisores (G. Sosa, El Universal) con el logo y lema Mover a México en tricolor. ¿Quebrantaría ello la equidad publicitaria para las elecciones del 2015? ¿Podría ser causal de nulidad de éstas? ¿Cuál es la opinión del Instituto Nacional Electoral? ¿Estarán preocupados los dirigentes Carlos Navarrete del PRD, Ricardo Anaya del PAN y Andrés Manuel López Obrador de Morena? En sentido estricto los televisores debieran decir “Pueblo de México” porque todos estamos subsidiando esas entregas y no sólo los vinculados a Mover a México.

Transitar a un régimen democrático exige cambio de leyes y de mentalidad. La Constitución en su artículo 134 exige que la propaganda de entes públicos tenga fines informativos, educativos o de orientación social, estando prohibida la promoción de servidores públicos. A la fecha no hay ley que desarrolle ese precepto, pero veamos el caso de España. La publicidad gubernamental debe promover el conocimiento de valores y principios constitucionales, informar sobre derechos y obligaciones de los ciudadanos, de procesos electorales, aspectos de seguridad, prevención de riesgos y programas sociales, estando prohibidas las campañas para destacar logros de gestión u objetivos alcanzados.

La campaña Chécate, Mídete, Muévete, ¿sería aceptable en España? Sí porque contribuye a prevenir enfermedades. Los anuncios del gobierno de Eruviel Ávila de que han entregado 700,000 becas en 3 años o los de Guillermo Padrés de que con Capufe están invirtiendo miles de millones de pesos, ¿pasarían la prueba española? No, porque sólo destacan logros u objetivos alcanzados. La campaña del INE para que los ciudadanos obtengan su credencial para votar o la de la Secretaría de Salud que anuncia el periodo de vacunación, sí estarían a la altura del estándar ibérico. Anuncios estilo de la presidencia de Felipe Calderón diciendo que habían detenido al Pozolero como presunto responsable de delitos graves, ¿aceptable? No, primero porque en espacios de comunicación social pública se está quebrantando la presunción de inocencia y porque si al final del proceso penal sí fuera condenado, se trataría de un objetivo alcanzado de una obligación del Estado y no más. Publicidad y comunicación social de entes públicos sigue siendo un pendiente por legislar por el Senado y la Cámara de Diputados, ¿cuándo lo harán?

*claraluzalvarez@gmail.com @claraluzalvarez

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Este artículo fue publicado en Reforma el 15 de Octubre de 2014.