“… el refrendo de las concesiones [de radio o televisión abierta], salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento de licitación, lo que resulta inconstitucional pues implica un privilegio para los concesionarios, que no tendrán que licitar para renovar el beneficio del título de concesión, relevándoseles de competir en igualdad de circunstancias con los demás interesados, sin que exista razón objetiva y razonable que lo justifique, lo que se traduce en contravención a la garantía de igualdad prevista en el artículo 1o. de la Carta Magna y, asimismo, a los principios fundamentales consagrados en los numerales 25, 26, 27, 28 y 134 de la misma” (Suprema Corte de Justicia de la Nación).
Los autores de la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión que presentaron los senadores Mejía, Beltrones y otros, seguramente olvidaron leer en la sentencia de la Corte el párrafo anterior. Como también omitieron referir a que la Corte señaló que: “… si el artículo 16 impugnado, no somete a los concesionarios al procedimiento de licitación para obtener el refrendo de los títulos respectivos, ni precisa criterios y reglas que normen el actuar de la autoridad al respecto, no se genera certidumbre a los concesionarios ni se acotan las atribuciones de la autoridad, violándose así las garantías de legalidad y seguridad jurídica”.
¿Ausencia de procedimiento? La iniciativa dice que la Corte no se pronunció sobre cuál debiera ser el procedimiento para refrendar concesiones. Sin embargo, la Corte sí lo dijo y la Ley lo establece: licitación pública. La inactividad y la parálisis en el refrendo de concesiones no se debe a lo resuelto por la Corte, ni a la ausencia de disposiciones legales, sino a la falta de voluntad política y/o a la ineficiencia. ¿Por qué no se han realizado las licitaciones? En vez de buscar el remedio legislativo como manera de darle la vuelta a la sentencia de la Corte, el Ejecutivo Federal podría resolver la actual problemática licitando. Un recurso natural limitado como lo son las frecuencias para transmitir radio y televisión, se vuelve más escaso por la falta de licitaciones.
Mecanismo no automático, así lo refiere la iniciativa, porque sujetaría al concesionario a: (1) que estén en cumplimiento de sus obligaciones, (2) lo solicite en un plazo determinado, (3) acepte las nuevas condiciones que establezca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y (4) pague –probablemente- una contraprestación. Si bien no sería un refrendo “automático”, sí genera incertidumbre en los concesionarios y está dando un amplio margen de discrecionalidad a la Cofetel y a la SCT. ¿Qué nuevas condiciones deberá aceptar el concesionario? El límite puede ser la imaginación de los servidores públicos en turno. Esto contraría lo que también dijo la Corte: “el no sometimiento de los concesionarios al procedimiento de licitación a fin de obtener el refrendo de sus títulos, se traduce en el otorgamiento a la autoridad de un amplio margen de discrecionalidad para decidir al respecto, ya que la ley no prevé criterios o reglas que deba aplicar para decidir al respecto, lo que permite la actuación arbitraria de aquélla y deja en estado de indefensión a los interesados en el refrendo de sus concesiones, en contravención a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el artículo 16 constitucional”. La referencia a que la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 está así, no es consuelo, ni justificación. El México de 1995 no es el mismo que el de hoy. En los últimos 13 años México debiera haber avanzado en dar mayor certeza a los particulares. Esto de ninguna manera lo refleja la iniciativa.
Comparativo con otras leyes. La iniciativa justifica la ausencia de licitación comparando con otras materias como telecomunicaciones, minería, aguas nacionales, pesca, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, caminos y puentes. Sin embargo, los medios de comunicación -a diferencia de esos sectores- “son un instrumento para hacer efectivos los derechos fundamentales de los gobernados… por lo que el Estado … debe garantizar la igualdad de oportunidades para su acceso y propiciar un pluralismo que asegure a la sociedad el respeto del derecho a la información y la libre manifestación de la ideas” (Corte).
Quedan otros aspectos que analizar sobre el plazo y la contraprestación que se analizarán en la próxima colaboración. La iniciativa presenta una argumentación inteligente, pero que omite referir a lo que no conviene a su finalidad que es la prórroga de concesiones de radio y televisión con discrecionalidad plena de la SCT. ¿Estaremos regresando al pasado o se estará preparando el camino para ello?
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