Libre competencia y su realidad en México

Si hubiera impunidad, muchos europeos cometerían actos contrarios a las leyes aun cuando consideran que la honestidad debe ser la primera virtud que se inculque en los niños, según el filósofo francés Gilles Lipovetsky (El Crepúsculo del Deber). En México, a pesar de contar con leyes y autoridades para evitar y combatir concentraciones y prácticas monopólicas, su inefectividad incentiva el incumplimiento.

Baste el ejemplo más palpable de telecomunicaciones en que después de casi 9 años de litigios a partir de que la Comisión Federal de Competencia (“Cofeco”) determinó que Telmex era dominante en 5 mercados de telecomunicaciones, éste recibió nuevamente un amparo en contra de dicha resolución. Esta es una historia más que ilustra cómo el hacer cumplir los preceptos constitucionales y legales en México, puede ser toda una epopeya.

Conforme a la tendencia de liberalización de mercados, en 1993 entra en vigor la Ley Federal de Competencia Económica cuyo objeto es proteger el proceso de competencia y libre concurrencia. En 1995 se emite la Ley Federal de Telecomunicaciones con un esquema de libre competencia. No pasó desapercibido al legislador que existían diversos servicios de telecomunicaciones prestados por monopolios privados como el caso de Telmex. Para que pudiera existir un mercado de telecomunicaciones en competencia, era entonces necesario que se le pudieran imponer condiciones especiales a cualquier persona dominante para prevenir que hiciera uso de su posición monopólica.

Sin embargo, el marco normativo desde sus orígenes estableció un proceso ineficiente y fragmentado. En efecto, primero es la Cofeco quien determina si una persona es dominante y después la Comisión Federal de Telecomunicaciones es quien establece las obligaciones específicas para que no abuse de su situación en el mercado. A estos procedimientos, agrégueseles que el juicio de amparo se ha convertido en un instrumento de los gobernados para dilatar el cumplimiento de la ley. Esta “impunidad temporal”, es decir, el retraso en el cumplimiento de las normas, redunda en cuantiosos ingresos monopólicos para los dominantes.

Las telecomunicaciones son mucho más que un sector de la economía. A las telecomunicaciones se les considera del tipo de “tecnología de propósitos generales” que son aquellas -como la electricidad-, que al utilizarse en todas las actividades sociales y económicas, repercuten en la vida y desarrollo nacional. De ahí que, aunado al recurrente señalamiento del gobernador de Banco de México de que las tarifas de telecomunicaciones deben reducirse para incrementar la competitividad, no sorprenda que The Economist indique que dentro de los retos más grandes para la administración de Felipe Calderón sea precisamente el combatir los monopolios públicos y privados que están retrasando el desarrollo del país, citando expresamente a Telmex.

Por su parte, se anunció que Luis Téllez será el próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes y se le ha cuestionado si protegerá -mediante acción u omisión-, a los grupos dominantes de telecomunicaciones. Considero que si bien la personalidad e intereses del titular de dicha Secretaría son importantes, el marco jurídico de competencia en telecomunicaciones tiene severas deficiencias que impedirán cumplir con el mandato constitucional de la prohibición de monopolios.
Se podría pensar que la solución estaría en que el Congreso de la Unión modificara las leyes a fin de establecer un proceso efectivo. En este caso se tendría que ignorar la historia de México o ser ingenuo(a), porque las reformas legales no se traducen necesariamente en cambios positivos y además se pasaría por alto que los grupos dominantes -como beneficiaros directos de estas leyes inefectivas-, ejercen influencia considerable en muchos legisladores. El futuro se vislumbra sin cambios: el público usuario de las telecomunicaciones, que somos todos, seguirá pagando la impunidad.