Por muchas razones fue un penoso escenario para la sociedad ver en la Cámara de Diputados la aprobación sin discusión de la propuesta de reforma constitucional en telecomunicaciones.
El presidente Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma el 12 de marzo pasado. Se dijo que era menester que se aprobara de inmediato para evitar que los poderes fácticos la obstaculizaran. La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Julio César Moreno, solo hizo una síntesis de la iniciativa, que se aprobó sin discusión. Los únicos diputados que presentaron reservas fueron Mejía Berdeja y Cantú Garza.
Después de ocho horas ininterrumpidas de sesión del pleno de Diputados desahogando todos los temas posibles en la espera de que en el cónclave los diputados líderes de cada partido recibieran línea de sus agrupaciones y de los intereses de las televisoras, se presentó un dictamen de la propia Comisión que hacía diversos cambios al dictamen original. Sin darles tiempo al resto de los diputados de leer el nuevo dictamen, se les requirió que lo votaran.
Los diputados que tenían reservas ni siquiera fueron escuchados. ¿Valían la pena las reservas de los diputados que no habían recibido línea? Quizá algunas sí y otras no, pero descartar a priori el oírlas y desecharlas en bloque es lamentable.
El nuevo dictamen se presentó sin una argumentación lógica del por qué de los cambios y en algunos casos ni siquiera se explicitaron las modificaciones, hay aspectos que merecen reflexión veamos.
Ifetel. Se pretende crear un Instituto Federal de las Telecomunicaciones (Ifetel) que sea un órgano constitucional autónomo. No se requería una reforma a la Constitución para fortalecer al regulador de las telecomunicaciones, sino fortalecer a la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Además, la iniciativa de Peña Nieto traía una contradicción, el Ifetel para otorgar y revocar concesiones requería de opinión no vinculante del Ejecutivo. Entonces, ¿es autónomo o no? Esta incongruencia fue llevaba al extremo porque las modificaciones finales además incluyeron que el “autónomo” Ifetel también requiera de opinión de la autoridad hacendaria para las contraprestaciones. Un ente no puede ser y no ser al mismo tiempo.
Must offer. La obligación de que las televisoras abiertas den sus señales gratis a los concesionarios de televisión de paga encontró una excepción en la iniciativa Peña Nieto: la gratuidad no se aplicaba a aquellos que fueran declarados dominantes, léase Telmex y Telcel. En la modificación de los diputados de línea se estableció que si los dominantes se beneficiaban “directa o indirectamente de la regla de gratuidad”, entonces se les revocaría la concesión, la cual es la sanción máxima cuando se trata de un concesionario y solo los casos extremos deben preverse como causal de revocación. ¿Es una causal grave una disputa entre particulares? No. Es mucho más grave que no se respete el derecho de las audiencias, que no se dé calidad en el servicio, que se haga publicidad engañosa. ¿Por qué no incluyeron estos supuestos como causa de revocación? Porque como sociedad jamás estuvimos en el ánimo de los diputados de línea.
Inversión extranjera. La modificación final de los diputados de línea que firmaron solo dice que incluye un detalle a la inversión extranjera en radio y televisión abierta: exigir reciprocidad del país de origen. Se escucha razonable, salvo porque su argumentación sólo tiende a justificar la restricción en radiodifusión. Sin que esté de acuerdo con ese principio de reciprocidad en radiodifusión, ni en telecomunicaciones, pregunto ¿por qué se justificaría la reciprocidad en radiodifusión y no en telecomunicaciones? ¿Para abrir la competencia en el mercado de Telmex/Telcel pero no en el de Televisa?
Omisiones. En cuanto a las concesiones de uso social (incluyendo las radios comunitarias, indígenas y cooperativas) las reformas debieran incluir que se hará un procedimiento ágil y que se buscará su viabilidad financiera, pero se dijo que eso “será para la ley secundaria”. Siguiendo esa línea de argumentación, también lo del must carry y must offer, lo de inversión extranjera, lo de dominancia debió estar en la ley secundaria. Varios diputados presentaron reservas en este tema. La eliminación de la regulación de contenidos en la reforma en el artículo 6, fracción IV, hecha por la diputada Roxana Luna no prosperó. También de la diputada Luna Porquillo, se rechazó que la ley secundaria prevea lo necesario para la accesibilidad a las telecomunicaciones por personas con discapacidad. Además, fue negada la prohibición de la difusión de estereotipos de género, violencia e incitación al odio en los medios de comunicación presentada por la diputada Malú Micher.
¿Qué sigue? El Senado tiene la oportunidad de reflexionar sobre la pertinencia de algunas reservas que sí beneficien directamente a la sociedad, de reivindicar al Congreso de la Unión y demostrar que la sociedad también importa y que se debatirá lo que es mejor para México. ¿Lo hará?
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