México generalmente destaca por ser “el único” en el mundo en muchos temas y el Acuerdo relativo a estaciones de radio AM no fue la excepción. La propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes reconoció que no se conoce que en otros países hayan emitido acuerdos similares para radiodifusión. Es más, ni siquiera pudo referir a algún otro documento o fuentes de información consultados para la elaboración o justificación del Acuerdo de AM en su manifestación de impacto regulatorio. Pero dejando atrás esas “pequeñeces”, veamos algunas de las deficiencias del Acuerdo.
1. Contraprestación. La Constitución señala que toda contribución debe estar establecida en ley, si no, es inconstitucional. El Acuerdo AM le otorga facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar una contraprestación por el cambio de frecuencia de radio AM a una para FM. ¿No es eso una contribución? ¿Será este camino similar al de Unefon en el que la Cofetel y la SCT de 1998 le impusieron “intereses”? Recordemos que este caso Unefon puede costarnos a los mexicanos alrededor de 3,653 millones de pesos. ¿Cuánto nos costaría el Acuerdo AM si los que cambien frecuencias ganan sus amparos por ser inconstitucional esta contraprestación?
2. Acta de defunción. Es incongruente el Acuerdo. Primero reconoce que la radio AM logra “coberturas amplias del territorio, con pocas limitaciones por la orografía del territorio, lo que permite … llegar a comunidades alejadas de los centros urbanos”. Después -en breve- dice que las poblaciones que se queden sin servicio por el cambio de las estaciones AM a FM, se esperen a que existan nuevos radiodifusores. Con esto el Acuerdo no sólo está firmando el acta de defunción de la radio AM (hecho inédito en el mundo), sino que también está garantizando que habrán poblaciones alejadas [quizá éstas no le interesan a la SCT] sin servicio de radio. ¿No que la radio tiene una función social? O será que en este país de desigualdades, ¡qué importa una más avalada por el Ejecutivo Federal! Ya que se queden sin servicio esas comunidades alejadas y se desocupen las frecuencias de AM, ¿qué hará el Presidente Calderón con las frecuencias de AM? Si se busca hacer un uso eficiente del espectro y que la radiodifusión cumpla su papel en la vida democrática, difícilmente este Acuerdo lo logrará.
3. Regresión. La discrecionalidad para el cambio de las frecuencias fue plasmado en el Acuerdo como si estuviéramos en el México de 1960. Aunque el solicitante del cambio cumpla con todo, la Secretaría de Gobernación puede no dar opinión favorable. ¿Con base en qué criterios? No se sabe. ¿No es esto lo que se buscaba erradicar en un México democrático? Si hoy un concesionario tiene una frecuencia, ¿por qué se requiere la participación de Gobernación? No está por demás dar un consejo a los concesionarios de AM: pórtense bien con el gobierno o les podrán negar su cambio a FM.
4. Suprema Corte. El Acuerdo hizo una referencia selectiva de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Televisa. Así, mencionó lo ya sabido, que las frecuencias son bienes de dominio público. Pero, ¿por qué no mencionó que al hablar de refrendos la Corte dijo que “al no someterse a licitación a los concesionarios … no se asegura la economía, eficiencia, eficacia y honradez en la administración del espectro radioeléctrico, ni se aseguran al Estado las mejores condiciones disponibles”?
5. Licitación a conveniencia. El Acuerdo –sin considerar la ley-, decide cuándo sí se licitará. Si la licitación es un camino en algunos casos, ¿por qué evitar licitar en los demás casos? Esto abona a la idea que el Acuerdo responde a los tiempos políticos y el pretexto es la “digitalización de la radio”.
Lo que empieza mal, termina mal. ¿Cómo terminará el Acuerdo AM? ¿Qué repercusiones tendrá para el país? La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y sus miembros parecen estar conformes con el Acuerdo, pero ¿cuál es la opinión de las poblaciones que se quedarían sin radio?
Las telecomunicaciones y tecnologías de información tienen un alto impacto en la sociedad. Este es un espacio para la difusión de información objetiva y para el intercambio de opiniones en dichos temas. Por favor escriba su email cuando deje un comentario para poder responderle.
martes, 30 de septiembre de 2008
lunes, 22 de septiembre de 2008
¿Hacia leyes secretas? (Radio AM y Acuerdo Secretarial)
¿Estará nuestro país encaminándose a las leyes secretas como aquellas de la dictadura del General Videla de Argentina? Esperemos que no, pero el Acuerdo relativo a estaciones de radio AM del Secretario Luis Téllez del pasado 15 de septiembre, preocupa profundamente por la manera en que fue expedido. Ello, independientemente de todos los cuestionamientos legales de fondo que existen.
Cuando México decidió transitar hacia la democracia y cuando optó por un sistema de libre mercado, se tuvieron que cambiar las típicas prácticas de los regímenes autoritarios. Una de ellas era la de sacar sorpresivamente regulación, porque esto, por una parte, elimina la posibilidad de que la ciudadanía se exprese y, por otra, genera incertidumbre en el mercado que nunca sabe si a la mañana siguiente amanecerá con un acuerdo secretarial. México estableció el proceso de mejora regulatoria que obliga a realizar una consulta pública a toda autoridad que pretenda expedir una disposición de carácter general como el Acuerdo AM (Ley Federal de Procedimiento Administrativo). Además, debe darse publicidad a los anteproyectos de este tipo de acuerdos con 20 días hábiles de anticipación a que se expidan (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental).
¿Por qué el Acuerdo AM nunca siguió el proceso de ley y salió de la noche a la mañana? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes sí presentó el Acuerdo AM a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el 11 de septiembre solicitando que no fuera publicado el anteproyecto, ni tampoco su manifestación de impacto regulatorio “ya que su difusión podría comprometer los efectos que se pretenden lograr con el instrumento normativo, en el sentido de generar un entorno adverso para su oportuna aplicación y en los hechos, podría generarse un entorno de presión de diversa índole para detener su publicación al considerar erróneamente que los derechos de los concesionarios se afectarían, aunado a que se evitaría obtener la eficacia en su aplicación”. Así lo dijo el Director General Adjunto Normativo, Gerardo Sánchez Henkel, y la Oficial Mayor, María Fernanda Casanueva.
¿Era justificación suficiente la de la SCT para restringir el derecho a la información consagrado en la Constitución? La ley prevé como excepción a la publicidad previa, cuando la Cofemer determine que dicha publicidad “pudiera comprometer los efectos que se pretendan lograr con la disposición”. Con lo argumentado por la SCT, ¿se demostró que podría darse ello? El actuar de las autoridades siempre está sujeto a situaciones adversas y a presiones diversas, ¿cuál es la diferencia entre el actuar cotidiano y el Acuerdo AM? Al día siguiente de la solicitud de la SCT, la Cofemer en un acto insólito de rapidez, autorizó la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo AM.
¿Existía una situación extraordinaria para justificar la opacidad y la celeridad con que se expidió el Acuerdo AM? ¿No dice el dicho no hagas cosas buenas que parezcan malas? ¿Era ésta una situación de emergencia? Recordemos que el Senador Manlio Fabio Beltrones había presentado hace meses una iniciativa con los mismos efectos de este Acuerdo AM. ¿Existió algún estallido social? ¿Hubieron manifestaciones o bloqueos al Congreso de la Unión por esa iniciativa? ¿Fueron amenazados los legisladores por el atrevimiento de ser transparentes y presentar la iniciativa públicamente? No.
Las críticas al Acuerdo de AM han estado más enfocadas a por qué se “colgó la medalla” él (Ejecutivo Federal) y no yo (Congreso de la Unión). Pero existen dos problemas mayores de fondo. El primero es el procedimiento fast track sin transparencia que en nada contribuye a tener confianza en las instituciones. El segundo es si lo apropiado es otorgar frecuencias FM a las estaciones de AM, en vez de licitar conforme a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nadie resta importancia a las estaciones AM, pero ¿es éste el camino? El Acuerdo de AM nació torcido, ¿logrará enderezarse?
Cuando México decidió transitar hacia la democracia y cuando optó por un sistema de libre mercado, se tuvieron que cambiar las típicas prácticas de los regímenes autoritarios. Una de ellas era la de sacar sorpresivamente regulación, porque esto, por una parte, elimina la posibilidad de que la ciudadanía se exprese y, por otra, genera incertidumbre en el mercado que nunca sabe si a la mañana siguiente amanecerá con un acuerdo secretarial. México estableció el proceso de mejora regulatoria que obliga a realizar una consulta pública a toda autoridad que pretenda expedir una disposición de carácter general como el Acuerdo AM (Ley Federal de Procedimiento Administrativo). Además, debe darse publicidad a los anteproyectos de este tipo de acuerdos con 20 días hábiles de anticipación a que se expidan (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental).
¿Por qué el Acuerdo AM nunca siguió el proceso de ley y salió de la noche a la mañana? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes sí presentó el Acuerdo AM a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el 11 de septiembre solicitando que no fuera publicado el anteproyecto, ni tampoco su manifestación de impacto regulatorio “ya que su difusión podría comprometer los efectos que se pretenden lograr con el instrumento normativo, en el sentido de generar un entorno adverso para su oportuna aplicación y en los hechos, podría generarse un entorno de presión de diversa índole para detener su publicación al considerar erróneamente que los derechos de los concesionarios se afectarían, aunado a que se evitaría obtener la eficacia en su aplicación”. Así lo dijo el Director General Adjunto Normativo, Gerardo Sánchez Henkel, y la Oficial Mayor, María Fernanda Casanueva.
¿Era justificación suficiente la de la SCT para restringir el derecho a la información consagrado en la Constitución? La ley prevé como excepción a la publicidad previa, cuando la Cofemer determine que dicha publicidad “pudiera comprometer los efectos que se pretendan lograr con la disposición”. Con lo argumentado por la SCT, ¿se demostró que podría darse ello? El actuar de las autoridades siempre está sujeto a situaciones adversas y a presiones diversas, ¿cuál es la diferencia entre el actuar cotidiano y el Acuerdo AM? Al día siguiente de la solicitud de la SCT, la Cofemer en un acto insólito de rapidez, autorizó la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo AM.
¿Existía una situación extraordinaria para justificar la opacidad y la celeridad con que se expidió el Acuerdo AM? ¿No dice el dicho no hagas cosas buenas que parezcan malas? ¿Era ésta una situación de emergencia? Recordemos que el Senador Manlio Fabio Beltrones había presentado hace meses una iniciativa con los mismos efectos de este Acuerdo AM. ¿Existió algún estallido social? ¿Hubieron manifestaciones o bloqueos al Congreso de la Unión por esa iniciativa? ¿Fueron amenazados los legisladores por el atrevimiento de ser transparentes y presentar la iniciativa públicamente? No.
Las críticas al Acuerdo de AM han estado más enfocadas a por qué se “colgó la medalla” él (Ejecutivo Federal) y no yo (Congreso de la Unión). Pero existen dos problemas mayores de fondo. El primero es el procedimiento fast track sin transparencia que en nada contribuye a tener confianza en las instituciones. El segundo es si lo apropiado es otorgar frecuencias FM a las estaciones de AM, en vez de licitar conforme a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nadie resta importancia a las estaciones AM, pero ¿es éste el camino? El Acuerdo de AM nació torcido, ¿logrará enderezarse?
Telecom y discapacidad, ¿algo que hacer?
¡Cómo me gustaría hablar sólo de las oportunidades y del futuro equitativo que nos espera gracias a la evolución de las tecnologías de la información y comunicaciones! Sin embargo, los retos para eliminar diferencias de oportunidades entre nuestra población para lograr igualdad y justicia siempre estarán presentes. Toda rosa tiene espinas. Los avances tecnológicos y las promesas de un futuro mejor, no deben nublar nuestra vista.
Si no se toman en consideración las necesidades de toda la población, incluyendo la de personas de edad avanzada, de las con discapacidad, de población indígena que requieren contenido en su propia lengua, entonces la tecnología se volverá en nuestra contra y fragmentará aún más a la sociedad. Esto es incluso más grave en México con una población profundamente estratificada, con fuertes diferencias económicas (1 de cada 6 mexicanos (sobre)vive en extrema pobreza), con muchas oportunidades para pocos y con escasas para la mayoría.
Pero hoy veamos qué soluciones tecnológicas tenemos a la mano.
- Padezco esclerosis y ya no puedo ocupar el mouse, ni la computadora. Solución: las aplicaciones “eye-aware” permiten que con mis ojos mueva el cursor de la computadora, me desplace en su pantalla y haga clicks para seguir navegando por Internet.
- Soy sorda, pero como ciudadana mexicana e igual que los mexicanos oyentes, tengo derecho a saber lo que están discutiendo en la Cámara de Diputados cuando asisto a una sesión. Solución: utilizar sistemas de subtitulaje en tiempo real o intérprete de lengua de señas.
- Perdí la vista y quiero seguir estudiando. Solución: emplear un lector de pantalla que es un software que traduce a voz, el texto que aparece en la computadora. Con eso, puedo saber lo que hay en Internet, leer libros y escribir mis trabajos de la escuela.
- Tengo una discapacidad mental y no puedo expresarme con el lenguaje de los demás. Pero sí reconozco dibujos y con éstos les puedo decir a los que me rodean lo que necesito y cómo me siento. Mi familia tiene que trabajar y no pueden estar todo el día cuidándome. Solución: con un software con dibujos (íconos), puedo oprimir lo que quiero expresar y automáticamente le manda un mensaje de correo electrónico a mi familia, quienes me pueden cuidar sin dejar su trabajo.
- Tengo Alzheimer y cada vez más, me pierdo en la ciudad. Mi familia y yo estamos preocupados. Solución: utilizar los celulares para que cuando me pierda, mi familia me pueda localizar con el sistema GPS.
- Con la edad ya casi no escucho cuando me llaman por teléfono. Quiero seguir hablando con mis familiares y amigos. Solución: usar teléfonos de texto en el cual puedo escribir lo que quiero decir, y eso se traduce a voz con un software para que mi hijo me escuche lo que tengo que decirle. Él habla y, con el servicio de retransmisión, puedo leer todo lo que me dice. [Disponible en muchos países como Colombia y España, en tanto que en México estamos en espera de que algún día se implemente].
La sociedad nunca terminará de evolucionar. La tecnología crea más servicios y equipos de telecomunicaciones, nuevos medios de comunicación, mejor calidad en los servicios, reducción de precios, etc., todo en beneficio de la humanidad, pero ¿por qué en México no hay cambios a favor de la población con discapacidad? ¿Por qué en países con economías menos fuertes que México sí lo tienen? ¿Por qué regiones sin estabilidad política sí hacen accesibles las telecomunicaciones a personas con discapacidad?
¿Qué requerimos? Acción del gobierno, de la sociedad y del sector privado. Hoy día la constante es la ausencia de políticas públicas específicas de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, falta de acción del Congreso de la Unión y del Poder Judicial Federal. Existen iniciativas aisladas de la sociedad civil. Se requiere que los interesados dejemos de ser cada uno voz que grita en el desierto y unir esfuerzos, se precisa compromiso y liderazgo. ¿Quién se suma?
Si no se toman en consideración las necesidades de toda la población, incluyendo la de personas de edad avanzada, de las con discapacidad, de población indígena que requieren contenido en su propia lengua, entonces la tecnología se volverá en nuestra contra y fragmentará aún más a la sociedad. Esto es incluso más grave en México con una población profundamente estratificada, con fuertes diferencias económicas (1 de cada 6 mexicanos (sobre)vive en extrema pobreza), con muchas oportunidades para pocos y con escasas para la mayoría.
Pero hoy veamos qué soluciones tecnológicas tenemos a la mano.
- Padezco esclerosis y ya no puedo ocupar el mouse, ni la computadora. Solución: las aplicaciones “eye-aware” permiten que con mis ojos mueva el cursor de la computadora, me desplace en su pantalla y haga clicks para seguir navegando por Internet.
- Soy sorda, pero como ciudadana mexicana e igual que los mexicanos oyentes, tengo derecho a saber lo que están discutiendo en la Cámara de Diputados cuando asisto a una sesión. Solución: utilizar sistemas de subtitulaje en tiempo real o intérprete de lengua de señas.
- Perdí la vista y quiero seguir estudiando. Solución: emplear un lector de pantalla que es un software que traduce a voz, el texto que aparece en la computadora. Con eso, puedo saber lo que hay en Internet, leer libros y escribir mis trabajos de la escuela.
- Tengo una discapacidad mental y no puedo expresarme con el lenguaje de los demás. Pero sí reconozco dibujos y con éstos les puedo decir a los que me rodean lo que necesito y cómo me siento. Mi familia tiene que trabajar y no pueden estar todo el día cuidándome. Solución: con un software con dibujos (íconos), puedo oprimir lo que quiero expresar y automáticamente le manda un mensaje de correo electrónico a mi familia, quienes me pueden cuidar sin dejar su trabajo.
- Tengo Alzheimer y cada vez más, me pierdo en la ciudad. Mi familia y yo estamos preocupados. Solución: utilizar los celulares para que cuando me pierda, mi familia me pueda localizar con el sistema GPS.
- Con la edad ya casi no escucho cuando me llaman por teléfono. Quiero seguir hablando con mis familiares y amigos. Solución: usar teléfonos de texto en el cual puedo escribir lo que quiero decir, y eso se traduce a voz con un software para que mi hijo me escuche lo que tengo que decirle. Él habla y, con el servicio de retransmisión, puedo leer todo lo que me dice. [Disponible en muchos países como Colombia y España, en tanto que en México estamos en espera de que algún día se implemente].
La sociedad nunca terminará de evolucionar. La tecnología crea más servicios y equipos de telecomunicaciones, nuevos medios de comunicación, mejor calidad en los servicios, reducción de precios, etc., todo en beneficio de la humanidad, pero ¿por qué en México no hay cambios a favor de la población con discapacidad? ¿Por qué en países con economías menos fuertes que México sí lo tienen? ¿Por qué regiones sin estabilidad política sí hacen accesibles las telecomunicaciones a personas con discapacidad?
¿Qué requerimos? Acción del gobierno, de la sociedad y del sector privado. Hoy día la constante es la ausencia de políticas públicas específicas de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, falta de acción del Congreso de la Unión y del Poder Judicial Federal. Existen iniciativas aisladas de la sociedad civil. Se requiere que los interesados dejemos de ser cada uno voz que grita en el desierto y unir esfuerzos, se precisa compromiso y liderazgo. ¿Quién se suma?
domingo, 14 de septiembre de 2008
Cofetel, no más pretextos
Nadie duda que el sector de las telecomunicaciones es fundamental para cualquier país y que las autoridades son responsables de imprimir dinamismo o de la lentitud en su desarrollo. Desde su creación la Comisión Federal de Telecomunicaciones ha vivido y sobrevivido a pesar de los diversos enfrentamientos –unas veces declarados, otras disfrazados- desde la Subsecretaría de Comunicaciones y otras instancias. En vez de haberle otorgado desde sus inicios facultades plenas a Cofetel para actuar como regulador de telecomunicaciones, se le vio con recelo y se creó una especie de órgano especializado, pero cuyas acciones deben revisarse por la Subsecretaría. La “práctica de supervisión ministerial ha ensombrecido generalmente el rol de los reguladores” en México (OCDE).
Por si fuera poco, las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2006 se encargaron de grabar en piedra las debilidades de la Cofetel como el sólo poder opinar que alguien debe ser sancionado, pero sin poder sancionar, que un solicitante puede recibir una concesión, pero sin que su opinión sea determinante porque el interesado tiene que ser evaluado nuevamente en la Subsecretaría, etc. La OCDE ha señalado que el que Cofetel no pueda sancionar “debilita al regulador de una manera que sus significativos recursos humanos y técnicos no pueden compensar”.
Esas reformas dieron lugar a un litigio que finalizó con la toma de protesta de Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous como comisionados de la Cofetel, en sustitución de los anteriores comisionados Gerardo González Abarca y Eduardo Ruiz Vega. A la incertidumbre de este litigio, el Presidente de Cofetel, Héctor Osuna, atribuyó el retraso en resolver temas cruciales para las telecomunicaciones como el plan de interconexión y las licitaciones de espectro. Dicen que después de la tormenta, siempre viene la calma, la interrogante que queda es ¿ya pasó la tormenta?
Rafael del Villar dejó la Subsecretaría de Comunicaciones después de una intensa labor buscando el interés público. Sus actos no buscaban quedar bien con los grupos de poder, sino con nuestro país en cumplimiento de la ley. Sin duda, Del Villar ahora como comisionado continuará contribuyendo para que algún día exista un mercado de competencia efectiva. Y como la transparencia y la disponibilidad de información es clave para ello, sería bueno que Cofetel por vez primera realice una consulta pública de las bases de licitación de frecuencias del espectro radioeléctrico.
Gonzalo Martínez regresa a Cofetel, esta vez como Comisionado, lo que debe fortalecer las resoluciones del Pleno con su experiencia de muchos años en telecomunicaciones y en el sector público. Confío en que esta nueva integración del Pleno de Cofetel rendirá muchos frutos y podrá sentar la base para el fortalecimiento del regulador de telecomunicaciones.
Purificación Carpinteyro fue nombrada Subsecretaria de Comunicaciones. La primera mujer que ocupa ese puesto despierta esperanza en muchos y suspicacia en otros. Mujer polémica, a la que aún sus detractores le reconocen gran capacidad, tiene grandes retos. Quizá ella pueda dejar atrás la tradicional disputa por el “poder” entre la Cofetel y la Subsecretaría. Los pendientes no son pocos ni menores. La ausencia de una política de banda ancha está relegando a México frente a muchos países, los efectos perniciosos de esto no los veremos sino dentro de muchos años. Es como una enfermedad asintomática, como no nos duele, no nos cuidamos y cuando ya le prestamos atención puede ser demasiado tarde.
In memoriam. Don Gilberto Rincón Gallardo fue un luchador incansable, persona congruente y de solvencia moral intachable. Don Gilberto fue el impulsor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel mundial y en México, él y su equipo han colaborado para que las telecomunicaciones sean accesibles a personas con discapacidad. Su ejemplo nos deja con la responsabilidad de seguir luchando contra la discriminación y la igualdad de oportunidades para todos.
Por si fuera poco, las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2006 se encargaron de grabar en piedra las debilidades de la Cofetel como el sólo poder opinar que alguien debe ser sancionado, pero sin poder sancionar, que un solicitante puede recibir una concesión, pero sin que su opinión sea determinante porque el interesado tiene que ser evaluado nuevamente en la Subsecretaría, etc. La OCDE ha señalado que el que Cofetel no pueda sancionar “debilita al regulador de una manera que sus significativos recursos humanos y técnicos no pueden compensar”.
Esas reformas dieron lugar a un litigio que finalizó con la toma de protesta de Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous como comisionados de la Cofetel, en sustitución de los anteriores comisionados Gerardo González Abarca y Eduardo Ruiz Vega. A la incertidumbre de este litigio, el Presidente de Cofetel, Héctor Osuna, atribuyó el retraso en resolver temas cruciales para las telecomunicaciones como el plan de interconexión y las licitaciones de espectro. Dicen que después de la tormenta, siempre viene la calma, la interrogante que queda es ¿ya pasó la tormenta?
Rafael del Villar dejó la Subsecretaría de Comunicaciones después de una intensa labor buscando el interés público. Sus actos no buscaban quedar bien con los grupos de poder, sino con nuestro país en cumplimiento de la ley. Sin duda, Del Villar ahora como comisionado continuará contribuyendo para que algún día exista un mercado de competencia efectiva. Y como la transparencia y la disponibilidad de información es clave para ello, sería bueno que Cofetel por vez primera realice una consulta pública de las bases de licitación de frecuencias del espectro radioeléctrico.
Gonzalo Martínez regresa a Cofetel, esta vez como Comisionado, lo que debe fortalecer las resoluciones del Pleno con su experiencia de muchos años en telecomunicaciones y en el sector público. Confío en que esta nueva integración del Pleno de Cofetel rendirá muchos frutos y podrá sentar la base para el fortalecimiento del regulador de telecomunicaciones.
Purificación Carpinteyro fue nombrada Subsecretaria de Comunicaciones. La primera mujer que ocupa ese puesto despierta esperanza en muchos y suspicacia en otros. Mujer polémica, a la que aún sus detractores le reconocen gran capacidad, tiene grandes retos. Quizá ella pueda dejar atrás la tradicional disputa por el “poder” entre la Cofetel y la Subsecretaría. Los pendientes no son pocos ni menores. La ausencia de una política de banda ancha está relegando a México frente a muchos países, los efectos perniciosos de esto no los veremos sino dentro de muchos años. Es como una enfermedad asintomática, como no nos duele, no nos cuidamos y cuando ya le prestamos atención puede ser demasiado tarde.
In memoriam. Don Gilberto Rincón Gallardo fue un luchador incansable, persona congruente y de solvencia moral intachable. Don Gilberto fue el impulsor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel mundial y en México, él y su equipo han colaborado para que las telecomunicaciones sean accesibles a personas con discapacidad. Su ejemplo nos deja con la responsabilidad de seguir luchando contra la discriminación y la igualdad de oportunidades para todos.
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lunes, 1 de septiembre de 2008
Más sobre seguridad y tecnología [Seguridad y Tecnología 2/2]
La tecnología no deja de proporcionarnos nuevos medios de comunicación y de instrumentos para una mejor persecución de los delitos. Sin embargo, la tecnología no es una solución mágica y por sí sola no cambiará la situación de inseguridad, ni la corrupción, ni la impunidad. El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad señaló que se debe regular el “acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos involucrados en actividades delictivas”. Esto es fundamental para la ubicación de víctimas de secuestro. Pero, no perdamos de vista que si existe corrupción dentro de las fuerzas de seguridad e impunidad en la aplicación de las leyes, de nada servirá esta medida o servirá al propio crimen.
Técnicamente pueden existir diversas soluciones para la ubicación de los equipos móviles tales como celulares. La Comisión Federal de Telecomunicaciones anunció que se podría incorporar en todos los teléfonos un sistema GPS (Global Positioning System) para identificar desde dónde se realizan las llamadas. El servicio de GPS, a través de satélites, puede determinar la ubicación del equipo que tenga este dispositivo o de la persona que se lo haya puesto debajo de su piel. ¿Quién pagará por los servicios satelitales? ¿El usuario, los concesionarios o el Erario? Otra alternativa es que con las radiobases existentes de telefonía móvil se pueda determinar –sin tanta exactitud como con el GPS- la localización del equipo que está realizando llamadas móviles. Esta opción es factible sin instalar dispositivo alguno a los teléfonos.
Pero las opciones tecnológicas no cambian a las personas, no reducen la corrupción, ni la impunidad. En nuestro país, desafortunadamente, existen los impuestos formales y los informales. Los impuestos formales son los que están establecidos en las leyes. En el supuesto de no pagar los impuestos formales, la persona se enfrentará con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o con las haciendas estatales, existiendo además tribunales establecidos para defenderse. Los impuestos informales son los que cobran grupos por dar “protección” en diferentes ciudades de la República. Para los impuestos informales, no existe más que pagarlos, arriesgarse a que el grupo cumpla su amenaza o contratar seguridad personal. ¿Servirá denunciar al grupo a las autoridades si quizá están coludidos?
Una persona fue secuestrada, se pagó su rescate, se le liberó y el grupo exigió el pago mensual del impuesto informal por “protección”. Esta persona se colocó un dispositivo bajo su piel GPS para que si lo volvían a secuestrar, pudieran localizarlo. Durante varios meses pagó la “protección” hasta que se preguntó, ¿por qué tengo que pagar los impuestos informales al grupo, si pago los impuestos formales y el Estado debe proporcionarme seguridad? Dejó de pagar y el grupo lo secuestró nuevamente. Su familia a través del sistema GPS supo dónde se encontraba y avisó a la procuraduría. La policía “se preparó para el operativo”, y en cuanto llegaron al lugar estaba recién desocupado. Al día siguiente apareció el cuerpo de la víctima.
¿De qué sirvió la tecnología GPS? ¿Para que la policía le avisara al grupo “ya vamos para allá”? O ¿la familia debió hacerse justicia por sí misma y armar su propio operativo? ¿Qué va a pasar cuando los ciudadanos desesperados por la corrupción e ineficacia de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia o de sus homólogos estatales, prefiramos la justicia por propia mano? ¿Cómo nos juzgará el Poder Judicial Federal si el Estado nos niega la protección y la justicia mínima, y tenemos que tomar acciones en defensa propia? O ¿se nos puede pedir a la ciudadanía que confiemos en las autoridades? O quizá en un futuro el Congreso de la Unión haga deducible del ISR los pagos hechos por impuestos informales a los grupos. México ha salido adelante en otras ocasiones y saldrá esta vez también, la pregunta es ¿hasta cuándo?
Técnicamente pueden existir diversas soluciones para la ubicación de los equipos móviles tales como celulares. La Comisión Federal de Telecomunicaciones anunció que se podría incorporar en todos los teléfonos un sistema GPS (Global Positioning System) para identificar desde dónde se realizan las llamadas. El servicio de GPS, a través de satélites, puede determinar la ubicación del equipo que tenga este dispositivo o de la persona que se lo haya puesto debajo de su piel. ¿Quién pagará por los servicios satelitales? ¿El usuario, los concesionarios o el Erario? Otra alternativa es que con las radiobases existentes de telefonía móvil se pueda determinar –sin tanta exactitud como con el GPS- la localización del equipo que está realizando llamadas móviles. Esta opción es factible sin instalar dispositivo alguno a los teléfonos.
Pero las opciones tecnológicas no cambian a las personas, no reducen la corrupción, ni la impunidad. En nuestro país, desafortunadamente, existen los impuestos formales y los informales. Los impuestos formales son los que están establecidos en las leyes. En el supuesto de no pagar los impuestos formales, la persona se enfrentará con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o con las haciendas estatales, existiendo además tribunales establecidos para defenderse. Los impuestos informales son los que cobran grupos por dar “protección” en diferentes ciudades de la República. Para los impuestos informales, no existe más que pagarlos, arriesgarse a que el grupo cumpla su amenaza o contratar seguridad personal. ¿Servirá denunciar al grupo a las autoridades si quizá están coludidos?
Una persona fue secuestrada, se pagó su rescate, se le liberó y el grupo exigió el pago mensual del impuesto informal por “protección”. Esta persona se colocó un dispositivo bajo su piel GPS para que si lo volvían a secuestrar, pudieran localizarlo. Durante varios meses pagó la “protección” hasta que se preguntó, ¿por qué tengo que pagar los impuestos informales al grupo, si pago los impuestos formales y el Estado debe proporcionarme seguridad? Dejó de pagar y el grupo lo secuestró nuevamente. Su familia a través del sistema GPS supo dónde se encontraba y avisó a la procuraduría. La policía “se preparó para el operativo”, y en cuanto llegaron al lugar estaba recién desocupado. Al día siguiente apareció el cuerpo de la víctima.
¿De qué sirvió la tecnología GPS? ¿Para que la policía le avisara al grupo “ya vamos para allá”? O ¿la familia debió hacerse justicia por sí misma y armar su propio operativo? ¿Qué va a pasar cuando los ciudadanos desesperados por la corrupción e ineficacia de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia o de sus homólogos estatales, prefiramos la justicia por propia mano? ¿Cómo nos juzgará el Poder Judicial Federal si el Estado nos niega la protección y la justicia mínima, y tenemos que tomar acciones en defensa propia? O ¿se nos puede pedir a la ciudadanía que confiemos en las autoridades? O quizá en un futuro el Congreso de la Unión haga deducible del ISR los pagos hechos por impuestos informales a los grupos. México ha salido adelante en otras ocasiones y saldrá esta vez también, la pregunta es ¿hasta cuándo?
A quién sirven, ¿a la sociedad o al crimen? [Seguridad y tecnología 1/2]
Las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y el Internet por sí mismos no son buenos, ni malos, sino que el ser humano es quien los pone al servicio de la sociedad o del crimen. El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que el Presidente Felipe Calderón presentó la semana pasada tiene aspectos positivos, otros parecieran más un elemento simbólico en el combate a la delincuencia como el “registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y fija” (punto VII).
Los problemas permanentes y sistémicos en México son la corrupción y la impunidad. Muchas veces estos términos se emplean conjuntamente como si fueran uno mismo, pero la diferenciación es importante. La corrupción implica que los servidores públicos no cumplen con sus obligaciones y violan las leyes, aprovechando el cargo para su beneficio ya sea recibiendo un soborno en efectivo, en especie o en espera de favores futuros. Para que esto se dé, del otro lado está un particular que otorga el soborno al servidor público. Tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. El ser humano es susceptible de ser corrupto y en todos los países existe corrupción en mayor o menor medida.
La impunidad se refiere a la actuación ilegal sin consecuencia alguna. Es decir, cuando una conducta a pesar de ser sancionada por las leyes, no recibe castigo o el castigo sólo es para algunos, entonces hay impunidad y no hay Estado de Derecho. Si en México no existiera impunidad, la corrupción automáticamente se reduciría. Pero en México, país sin consecuencias, la impunidad aviva el fuego de la corrupción que está asfixiando a nuestra sociedad. Si no se elimina la impunidad, ningún sistema, ninguna tecnología, podrá reducir la inseguridad en la que vivimos.
La Comisión Federal de Telecomunicaciones propuso un registro de usuarios de telefonía que “permitiría identificar en todo momento a cada uno de los adquirientes del servicio y su dirección física”. Cuando hay un secuestro, ¿llamarán los delincuentes con su celular? ¡Por supuesto que no! Hoy día, sin el Registro de Usuarios de Telefonía, los secuestradores ocupan el celular de la víctima o uno robado, entonces ¿para qué el Registro? Quizá lo quieran para saber el domicilio de la víctima del secuestro o de la víctima dueña del celular robado. ¿Este Registro combatirá a la delincuencia? No.
El Registro sería para las líneas telefónicas, fijas y móviles, que tienen números como las de los concesionarios Telmex, Maxcom, Telcel, Movistar, Axtel, Iusacell, etc. Pero en la actualidad se pueden realizar llamadas a través de Internet sin necesidad de número telefónico. ¿No se han dado cuenta de esto las autoridades? ¿O estarán pensando en un futuro implementar también un registro para los usuarios de Internet, los proveedores de servicios de Internet, los cafés Internet, etcétera? El Registro equivale a una aspirina cuando nuestro país sufre de pulmonía avanzada. México requiere que se combata la corrupción y la impunidad. El Registro no sirve para eso. Entonces, ¿será que la creación del Registro es sólo para dar una sensación de confort a la sociedad?
Los concesionarios de telefonía estarían obligados a recabar la información de sus usuarios nuevos. Cofetel propone que a los usuarios existentes de los cuales las empresas carezcan de información, se les conceda un plazo para ir a dar su nombre, domicilio, etcétera, “en la inteligencia de que, vencido el plazo sin que se les hubiere proporcionado la información, deberán suspender el servicio”. ¿Es proporcional esta medida? ¿Se justifica privar de un servicio básico de telecomunicaciones a los usuarios por no ir a dar sus datos a un Registro cuya utilidad es cuestionable? Además, ¿cuáles serán las medidas para proteger el derecho a la privacidad de los usuarios? No sabemos. Lo que sí es que el Registro de Usuarios de Telefonía podrá servir para otras cosas, pero no es eficaz para combatir la delincuencia.
Los problemas permanentes y sistémicos en México son la corrupción y la impunidad. Muchas veces estos términos se emplean conjuntamente como si fueran uno mismo, pero la diferenciación es importante. La corrupción implica que los servidores públicos no cumplen con sus obligaciones y violan las leyes, aprovechando el cargo para su beneficio ya sea recibiendo un soborno en efectivo, en especie o en espera de favores futuros. Para que esto se dé, del otro lado está un particular que otorga el soborno al servidor público. Tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. El ser humano es susceptible de ser corrupto y en todos los países existe corrupción en mayor o menor medida.
La impunidad se refiere a la actuación ilegal sin consecuencia alguna. Es decir, cuando una conducta a pesar de ser sancionada por las leyes, no recibe castigo o el castigo sólo es para algunos, entonces hay impunidad y no hay Estado de Derecho. Si en México no existiera impunidad, la corrupción automáticamente se reduciría. Pero en México, país sin consecuencias, la impunidad aviva el fuego de la corrupción que está asfixiando a nuestra sociedad. Si no se elimina la impunidad, ningún sistema, ninguna tecnología, podrá reducir la inseguridad en la que vivimos.
La Comisión Federal de Telecomunicaciones propuso un registro de usuarios de telefonía que “permitiría identificar en todo momento a cada uno de los adquirientes del servicio y su dirección física”. Cuando hay un secuestro, ¿llamarán los delincuentes con su celular? ¡Por supuesto que no! Hoy día, sin el Registro de Usuarios de Telefonía, los secuestradores ocupan el celular de la víctima o uno robado, entonces ¿para qué el Registro? Quizá lo quieran para saber el domicilio de la víctima del secuestro o de la víctima dueña del celular robado. ¿Este Registro combatirá a la delincuencia? No.
El Registro sería para las líneas telefónicas, fijas y móviles, que tienen números como las de los concesionarios Telmex, Maxcom, Telcel, Movistar, Axtel, Iusacell, etc. Pero en la actualidad se pueden realizar llamadas a través de Internet sin necesidad de número telefónico. ¿No se han dado cuenta de esto las autoridades? ¿O estarán pensando en un futuro implementar también un registro para los usuarios de Internet, los proveedores de servicios de Internet, los cafés Internet, etcétera? El Registro equivale a una aspirina cuando nuestro país sufre de pulmonía avanzada. México requiere que se combata la corrupción y la impunidad. El Registro no sirve para eso. Entonces, ¿será que la creación del Registro es sólo para dar una sensación de confort a la sociedad?
Los concesionarios de telefonía estarían obligados a recabar la información de sus usuarios nuevos. Cofetel propone que a los usuarios existentes de los cuales las empresas carezcan de información, se les conceda un plazo para ir a dar su nombre, domicilio, etcétera, “en la inteligencia de que, vencido el plazo sin que se les hubiere proporcionado la información, deberán suspender el servicio”. ¿Es proporcional esta medida? ¿Se justifica privar de un servicio básico de telecomunicaciones a los usuarios por no ir a dar sus datos a un Registro cuya utilidad es cuestionable? Además, ¿cuáles serán las medidas para proteger el derecho a la privacidad de los usuarios? No sabemos. Lo que sí es que el Registro de Usuarios de Telefonía podrá servir para otras cosas, pero no es eficaz para combatir la delincuencia.
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¿Responsabilidad administrativa de Cofetel?
Todo servidor público está obligado a “cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio”, pudiendo ser suspendido de su cargo, destituido del puesto o inhabilitado si no lo realizare (artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos). ¿Se estará infringiendo esta ley por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones?
El Pleno de Cofetel está formado por 5 comisionados. La regla general es que las decisiones del Pleno sean en sesión en la que estén presentes los 5, pero el propio legislador previó que existirían circunstancias que impidieran que estuvieran todos. Por tanto, la Ley Federal de Telecomunicaciones estableció que con al menos 3 comisionados el Pleno podría discutir y resolver los temas de la regulación de las telecomunicaciones, de la radio y la televisión, estableciendo además que los comisionados pueden ser removidos por causa grave (arts. 9-B y 9-D de la LFT).
De las secuelas que dejaron las reformas conocidas como Ley Televisa, estuvo la integración del Pleno de Cofetel. La Suprema Corte resolvió en junio pasado que 2 de los comisionados actuales deberían dejar sus lugares para que aquellos que habían sido nombrados originalmente, Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, pudieran ocupar sus cargos. Ésta es una razón, según Osuna, del rezago en la realización de la licitación de frecuencias del espectro radioeléctrico y del “impasse” en el que están porque aunque “los tres que nos quedamos somos suficientes para emitir un dictamen; sin embargo, también decidimos esperar” (Milenio). ¿Puede un servidor público negarse a actuar? La respuesta es no. De otra manera, incurre en responsabilidad administrativa. ¿Es suficiente decir que “no tuvimos la culpa, por lo que estamos con una mano cuidándonos y con la otra avanzando” (Milenio)? Eso lo deberá decidir la Secretaría de la Función Pública.
¿Para qué previó el legislador que con 3 comisionados podrían actuar si cuando está ese quórum los que están prefieren esperar a que “estemos todos juntos”? Además, recuérdese que 2 de los 3 comisionados que ahora están “esperando” eran senadores precisamente cuando el Congreso de la Unión estableció ese quórum mínimo. ¿Qué hubiera pasado en la Corte si cuando el Ministro Gudiño Pelayo estuvo de incapacidad los demás Ministros hubieran seguido la lógica de Cofetel? Simplemente habría un rezago de varios meses en perjuicio de la justicia. ¿Qué sucedería si la Junta de Gobierno de Banxico -con el argumento Cofetel- dejara de sesionar mientras algún subgobernador estuviera de comisión en otro país por algunos días? Estaría en riesgo la estabilidad financiera del país.
Los afectados con la omisión del Pleno de Cofetel son directamente los concesionarios de telecomunicaciones, pero también todos los ciudadanos mexicanos. La última sesión del Pleno de Cofetel en su página de Internet es de 9 de julio pasado, están pendientes temas vitales como la expedición del Plan de Interconexión y, siguiendo la lógica de que mientras no estén todos los comisionados, no actuarán, ¿qué va a pasar, quién pagará por el tiempo perdido y por los platos rotos?
En otros temas, en estos últimos días y resultado de la implementación de la portabilidad, empresas como Telcel y Telefónica Movistar han estado ofertando paquetes dirigidos a atraer clientes de sus competidores. Sus paquetes darán, al que se pase con ellos, ciertos regalos como minutos gratis de llamadas y mensajes de texto. Los concesionarios de telecomunicaciones tienen prohibido adoptar prácticas discriminatorias en la aplicación de tarifas (art. 61 de la LFT). Esos paquetes sólo para clientes nuevos, ¿son prácticas discriminatorias contra los usuarios que ya son cliente de estas empresas o es mercadotecnia permisible? Las ofertas están revelando que prefieren atraer clientes de la competencia que dar mejores tarifas a los que ya tienen. ¿Hará algo Cofetel?
El Pleno de Cofetel está formado por 5 comisionados. La regla general es que las decisiones del Pleno sean en sesión en la que estén presentes los 5, pero el propio legislador previó que existirían circunstancias que impidieran que estuvieran todos. Por tanto, la Ley Federal de Telecomunicaciones estableció que con al menos 3 comisionados el Pleno podría discutir y resolver los temas de la regulación de las telecomunicaciones, de la radio y la televisión, estableciendo además que los comisionados pueden ser removidos por causa grave (arts. 9-B y 9-D de la LFT).
De las secuelas que dejaron las reformas conocidas como Ley Televisa, estuvo la integración del Pleno de Cofetel. La Suprema Corte resolvió en junio pasado que 2 de los comisionados actuales deberían dejar sus lugares para que aquellos que habían sido nombrados originalmente, Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, pudieran ocupar sus cargos. Ésta es una razón, según Osuna, del rezago en la realización de la licitación de frecuencias del espectro radioeléctrico y del “impasse” en el que están porque aunque “los tres que nos quedamos somos suficientes para emitir un dictamen; sin embargo, también decidimos esperar” (Milenio). ¿Puede un servidor público negarse a actuar? La respuesta es no. De otra manera, incurre en responsabilidad administrativa. ¿Es suficiente decir que “no tuvimos la culpa, por lo que estamos con una mano cuidándonos y con la otra avanzando” (Milenio)? Eso lo deberá decidir la Secretaría de la Función Pública.
¿Para qué previó el legislador que con 3 comisionados podrían actuar si cuando está ese quórum los que están prefieren esperar a que “estemos todos juntos”? Además, recuérdese que 2 de los 3 comisionados que ahora están “esperando” eran senadores precisamente cuando el Congreso de la Unión estableció ese quórum mínimo. ¿Qué hubiera pasado en la Corte si cuando el Ministro Gudiño Pelayo estuvo de incapacidad los demás Ministros hubieran seguido la lógica de Cofetel? Simplemente habría un rezago de varios meses en perjuicio de la justicia. ¿Qué sucedería si la Junta de Gobierno de Banxico -con el argumento Cofetel- dejara de sesionar mientras algún subgobernador estuviera de comisión en otro país por algunos días? Estaría en riesgo la estabilidad financiera del país.
Los afectados con la omisión del Pleno de Cofetel son directamente los concesionarios de telecomunicaciones, pero también todos los ciudadanos mexicanos. La última sesión del Pleno de Cofetel en su página de Internet es de 9 de julio pasado, están pendientes temas vitales como la expedición del Plan de Interconexión y, siguiendo la lógica de que mientras no estén todos los comisionados, no actuarán, ¿qué va a pasar, quién pagará por el tiempo perdido y por los platos rotos?
En otros temas, en estos últimos días y resultado de la implementación de la portabilidad, empresas como Telcel y Telefónica Movistar han estado ofertando paquetes dirigidos a atraer clientes de sus competidores. Sus paquetes darán, al que se pase con ellos, ciertos regalos como minutos gratis de llamadas y mensajes de texto. Los concesionarios de telecomunicaciones tienen prohibido adoptar prácticas discriminatorias en la aplicación de tarifas (art. 61 de la LFT). Esos paquetes sólo para clientes nuevos, ¿son prácticas discriminatorias contra los usuarios que ya son cliente de estas empresas o es mercadotecnia permisible? Las ofertas están revelando que prefieren atraer clientes de la competencia que dar mejores tarifas a los que ya tienen. ¿Hará algo Cofetel?
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