La tecnología no deja de proporcionarnos nuevos medios de comunicación y de instrumentos para una mejor persecución de los delitos. Sin embargo, la tecnología no es una solución mágica y por sí sola no cambiará la situación de inseguridad, ni la corrupción, ni la impunidad. El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad señaló que se debe regular el “acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos involucrados en actividades delictivas”. Esto es fundamental para la ubicación de víctimas de secuestro. Pero, no perdamos de vista que si existe corrupción dentro de las fuerzas de seguridad e impunidad en la aplicación de las leyes, de nada servirá esta medida o servirá al propio crimen.
Técnicamente pueden existir diversas soluciones para la ubicación de los equipos móviles tales como celulares. La Comisión Federal de Telecomunicaciones anunció que se podría incorporar en todos los teléfonos un sistema GPS (Global Positioning System) para identificar desde dónde se realizan las llamadas. El servicio de GPS, a través de satélites, puede determinar la ubicación del equipo que tenga este dispositivo o de la persona que se lo haya puesto debajo de su piel. ¿Quién pagará por los servicios satelitales? ¿El usuario, los concesionarios o el Erario? Otra alternativa es que con las radiobases existentes de telefonía móvil se pueda determinar –sin tanta exactitud como con el GPS- la localización del equipo que está realizando llamadas móviles. Esta opción es factible sin instalar dispositivo alguno a los teléfonos.
Pero las opciones tecnológicas no cambian a las personas, no reducen la corrupción, ni la impunidad. En nuestro país, desafortunadamente, existen los impuestos formales y los informales. Los impuestos formales son los que están establecidos en las leyes. En el supuesto de no pagar los impuestos formales, la persona se enfrentará con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o con las haciendas estatales, existiendo además tribunales establecidos para defenderse. Los impuestos informales son los que cobran grupos por dar “protección” en diferentes ciudades de la República. Para los impuestos informales, no existe más que pagarlos, arriesgarse a que el grupo cumpla su amenaza o contratar seguridad personal. ¿Servirá denunciar al grupo a las autoridades si quizá están coludidos?
Una persona fue secuestrada, se pagó su rescate, se le liberó y el grupo exigió el pago mensual del impuesto informal por “protección”. Esta persona se colocó un dispositivo bajo su piel GPS para que si lo volvían a secuestrar, pudieran localizarlo. Durante varios meses pagó la “protección” hasta que se preguntó, ¿por qué tengo que pagar los impuestos informales al grupo, si pago los impuestos formales y el Estado debe proporcionarme seguridad? Dejó de pagar y el grupo lo secuestró nuevamente. Su familia a través del sistema GPS supo dónde se encontraba y avisó a la procuraduría. La policía “se preparó para el operativo”, y en cuanto llegaron al lugar estaba recién desocupado. Al día siguiente apareció el cuerpo de la víctima.
¿De qué sirvió la tecnología GPS? ¿Para que la policía le avisara al grupo “ya vamos para allá”? O ¿la familia debió hacerse justicia por sí misma y armar su propio operativo? ¿Qué va a pasar cuando los ciudadanos desesperados por la corrupción e ineficacia de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia o de sus homólogos estatales, prefiramos la justicia por propia mano? ¿Cómo nos juzgará el Poder Judicial Federal si el Estado nos niega la protección y la justicia mínima, y tenemos que tomar acciones en defensa propia? O ¿se nos puede pedir a la ciudadanía que confiemos en las autoridades? O quizá en un futuro el Congreso de la Unión haga deducible del ISR los pagos hechos por impuestos informales a los grupos. México ha salido adelante en otras ocasiones y saldrá esta vez también, la pregunta es ¿hasta cuándo?
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