La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto de manifiesto lo ya sabido: el origen de la devolución a Unefon de $596 millones de pesos más actualizaciones e intereses estimados en $3,057 millones de pesos fue durante la gestión de Javier Lozano Alarcón como Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en 1999.
En las licitaciones de espectro de 1997 se estableció un plazo para cubrir la contraprestación en dos fases y aquél que no pagara en tiempo sería descalificado. Sin embargo, Unefon solicitó que le ampliaran el plazo para pagar. Así, en vez de haber descalificado a Unefon, el Pleno de Cofetel presidido por Lozano Alarcón le hizo un favorzote (¿a cambio de qué?) y “autorizó indebidamente dicha prórroga pero condicionándola al pago de intereses… Antes del vencimiento de la prórroga concedida para el pago del 80.0% de la contraprestación, UNEFON solicitó directamente a la SCT [cuyo titular era Carlos Ruiz Sacristán] una segunda prórroga, la cual, nuevamente sin tener facultades, fue autorizada por dicha dependencia, condicionándola también al pago de intereses” concluye terminantemente el Informe de Resultados de la ASF de la Cuenta Pública del 2006.
Independientemente de la irregularidad en el otorgamiento de las concesiones de espectro a Unefon, el gran problema es que la Cofetel y la SCT de 1999 violentaron el principio de reserva de ley que exige que las contribuciones y sanciones estén establecidas en ley. Entonces, Cofetel y SCT sustituyeron al Poder Legislativo e impusieron intereses que carecían de fundamento legal. Era evidente que el acto que exigía intereses a Unefon iba a declararse nulo por los tribunales. ¿Alguien pudo haber previsto otra cosa?
El Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, informó que debido a que la ASF por el principio de anualidad está limitada para actuar sobre estos resultados, dará vista a la Secretaría de la Función Pública para que proceda a fincar responsabilidades. ¿Actuará la Secretaría de la Función Pública? Aun siendo optimista, no creo que actúe o invocará alguna causa de prescripción o algún otro pretexto. Pero eso no quita que los mexicanos se merezcan una explicación, al menos, una comisión de la verdad en éste y otros casos similares. La Cámara de Diputados no debería por omisión dejar este caso al olvido. Los actores siguen estando en la escena pública.
La segunda parte de la historia del caso Unefon es la devolución de $550 millones de pesos en los últimos días de la administración del Presidente Fox. Las interrogantes son muchas.
1. ¿Estaba obligada la SCT a iniciar la devolución o no? Unos argumentan que sí había obligación, porque el tribunal decretó la nulidad de la resolución que dio origen a los intereses cobrados a Unefon. Otros dicen que la SCT habría cumplido con declarar la nulidad de sus actos, mas no tuvo que haber devuelto a Unefon ni un peso. Para esto, Unefon tenía que haber promovido un nuevo juicio para que se le reembolsara su dinero.
2. ¿Por qué la SCT no exigió un finiquito a Unefon por esa cantidad? Unos afirman que Unefon no tenía por qué dar finiquito porque todavía se le adeudaban $46 millones de pesos. Otros aseguran que pudo haber sido un finquito parcial.
3. Si se debió de haber descalificado a Unefon en 1999 y no se le debieron de entregar sus concesiones de frecuencias, ¿por qué no le retiran éstas? Unos dicen que se les deben revocar sus concesiones. Otros argumentan que ya existen derechos adquiridos de Unefon y si les dieron concesiones de manera irregular, esa es culpa del gobierno.
Para que se dé una idea, lo que se le tendría que devolver a Unefon son alrededor de 3,653 millones de pesos que son más que el presupuesto para 2008 de la Cámara de Senadores, de la Secretaría de Turismo o de la Secretaría del Trabajo de la cual es Secretario precisamente Lozano Alarcón (Revista etcétera). ¿Es justo que con nuestros impuestos se paguen este tipo de conductas? ¿Éstas se deben a negligencia, corrupción o ambas?
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