Si México fuera la UNAM…
La
UNAM tiene más de 300,000 estudiantes, casi 40,000 académicos y otros miles con
cargos administrativos. La UNAM es más grande en población que 2,388 municipios
y delegaciones del total de 2,440 que hay en la República Mexicana. A los
mexicanos se nos reconoció el derecho de acceder a las telecomunicaciones
dentro del capítulo de Derechos Humanos de la Constitución. Pero, ¿qué pasaría
si todo México estuviera a cargo de las autoridades de la UNAM? No habría servicio
de celular de manera generalizada, porque a los concesionarios de
telecomunicaciones se les impide el despliegue de infraestructura.
Si
se toma como ejemplo Ciudad Universitaria donde existen zonas que son verdaderos
hoyos negros, sin cobertura de celular lo que facilita la comisión de delitos
donde las víctimas quedan desprovistas de la comunicación móvil por una sola
razón: negligencia de las autoridades universitarias. Casos documentados han
sido puestos del conocimiento de la Oficina del Abogado General a cargo del
licenciado Luis Raúl González Pérez, hoy candidato a presidir la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, y ni con toda la amabilidad de su equipo, se ha
logrado que las empresas de telefonía móvil después de años de trámites,
instalen radiobases lo cual genera afectación a los derechos humanos en CU. Nos
encantaría a los usuarios poder reclamarle a nuestros proveedores de celular,
pero en este caso, no es su culpa. Por acción u omisión de las autoridades de
la UNAM se permite que CU sea tierra de nadie. Pero si en la UNAM que está a cerca
del Instituto Federal de Telecomunicaciones pasa eso, ¿qué podemos esperar del
resto del país?
La
Constitución señala que son facultades de los municipios “en los términos de
las leyes federales y estatales relativas”, expedir los planes de desarrollo
urbano municipal, autorizar los usos de suelo y otorgar licencias para
construcción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en un amparo entre Culiacán
y Nextel, estableció que aun cuando sea el municipio el facultado en planes de
desarrollo urbano, debe tomar en cuenta las necesidades de los operadores de
telefonía (AR 681/2011, 2ª Sala).
No
siempre los concesionarios son víctimas, está el caso de una empresa que a
pesar de carecer de la autorización de uso de suelo, instaló su radiobase y la
echó a andar. La delegación al ver eso, clausuró la radiobase y ordenó su
desmantelamiento. Inmediatamente el concesionario bajo el argumento de prestar
un servicio público, buscó el amparo. El tribunal negó la razón al
concesionario por “saltarse las trancas”. ¿Sería este asunto uno de los que
motivó el connato de iniciativa a presentarse en la Asamblea Legislativa del DF
que criminalizaba la instalación de antenas?
La
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en nada contribuyó a resolver
la problemática del despliegue de red por una redacción confusa:
“Se considera de interés y utilidad públicos la instalación, operación y
mantenimiento de infraestructura destinada al servicio de las redes públicas de
telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios,
las cuales estarán sujetas exclusivamente a los poderes federales, en sus
respectivos ámbitos de atribuciones, debiendo respetarse las disposiciones
estatales, municipales y del Distrito Federal que resulten aplicables en
materia de desarrollo urbano. (…) En ningún caso se podrá restringir la
instalación de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión para la
prestación de los servicios públicos que regula esta Ley”. Por fin, ¿puede o no
una autoridad municipal restringir la instalación de infraestructura cuando
violente un plan de desarrollo municipal, el uso de suelo u omitan obtener la
licencia de construcción?
En cambio
en Chile para atender las preocupaciones ciudadanas y dar certidumbre a las
empresas de telecomunicaciones, se expidió la Ley de Antenas exigiendo que
existan estudios previos a la instalación de torres/antenas, que se comparta infraestructura
y se reduzca el impacto visual, al tiempo de obligar a informar a los vecinos
antes de su construcción. Además en una página de internet cualquiera puede ver
qué antenas están en servicio y el nivel de saturación de la infraestructura. En
México el IFT debiera elaborar para referencia de municipios, un marco de
condiciones a exigir a los operadores, y así reducir el obstáculo al despliegue
de red por ignorancia, negligencia y/o corrupción.
Cajón de sastre. La mala noticia es que el Canal del
Congreso perdió a quien logró transformarlo positivamente, Leticia Salas Torres;
la buena es que como parte del IFT contribuirá con todo su talento en la Unidad
de Medios y Contenidos Audiovisuales. Enhorabuena.
Este artículo fue publicado en Reforma el 29 de Octubre de 2014
telecomysociedad.blogspot.mx
