La
Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión advirtió del “enorme riesgo que
significa la competencia desleal a la que se enfrentaría la industria si se
permite comercializar a las estaciones públicas y sociales”. Este añejo
discurso, ¿es válido en un país democrático? No. En el México del siglo pasado
con un régimen autoritario y con una falta absoluta de respeto a los derechos
humanos hablar de “competencia desleal” era parte de la negación a la libertad
de expresión y del derecho a la información de la sociedad, pero hoy en pleno
siglo XXI es inaceptable. Veamos por qué.
La Organización de Estados Americanos a través de la Relatoría de Libertad
de Expresión en los Estándares para una Radiodifusión Libre e Incluyente (2010)
refiriéndose a los medios de comunicación comunitarios reiteró que “la
legislación debería: (1) prever procedimientos sencillos para la obtención de
licencias; (2) la no exigencia de requisitos tecnológicos severos que les
impida acceder a ellas; y (3) la posibilidad de que utilicen distintas fuentes
de financiación, como la publicidad, como medio para financiarse”. ¿Estará en
contra la CIRT de lo que ha señalado la OEA para que se cumpla con los derechos
humanos? De ser afirmativa su respuesta, ¿se pronunciará la Comisión Nacional
de Derechos Humanos?
La CIRT pretende equiparar la labor única e insustituible de verdaderos
medios públicos y de los medios de uso social (p. ej. radios comunitarias, medios
indígenas) con una “competencia desleal”. Eso es falso, porque no puede haber
competencia desleal cuando en primer lugar no son competidores. Como referencia
la Ley sobre Competencia Desleal de España refiere que la competencia desleal
son actos de engaño,
prácticas agresivas, omisiones engañosas, actos denigratorios, imitaciones,
explotación de la reputación ajena. Pero no es aplicable al caso. Por ejemplo,
¿qué agremiados de la CIRT transmiten en lenguas indígenas como sí lo hace el
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía? ¿Difundirá sin cobrar
los agremiados de la CIRT los mensajes a la comunidad de San Pedro del Pacífico en la sierra de Oaxaca
que el viernes vendrá la CFE para el pago de cuotas de electricidad? O hablando
de medios de servicio público, ¿será competencia el programa de Laura Bozzo de
Televisa con el de Espiral de Ricardo Raphael de Canal Once? ¿Será competencia
el noticiero de Javier Alatorre de Canal 13 con el noticiero cultural de Canal
22 de Laura Barrera y Huemanzin Rodríguez? No.
¿Cuál es la justificación razonable y no discriminatoria de privar a los
medios públicos y de uso social de ingresos por publicidad? La CIRT dice que la
comercialización implica un lucro y que la venta de espacios para anuncios es
una actividad esencialmente mercantil. Falso. La obtención de ingresos
legítimos como pueden ser por publicidad no es equivalente al lucro. Ingresos y
lucro no son sinónimos, basta con leer un diccionario. Lucro es igual a
ganancia. Ingreso para el caso de los medios públicos y de uso social es igual
al insumo necesario para que adquieran tecnología digital, paguen la
electricidad, inviertan en producir contenidos, etc. Si percibir ingresos es
una práctica desleal, ¿por qué
el Nacional Monte de Piedad no es etiquetado como competencia desleal por los
bancos? ¿Por qué la defensoría de oficio no es
considerada competencia desleal de los despachos de abogados? ¿Por qué Gamesa
no considera que es práctica desleal que la fundación de las hermanas de la
caridad vendan galletas? Si el percibir ingresos se convierte en una
“especulación mercantil”, entonces un médico por cobrar sus honorarios se convertiría en un comerciante, lo
cual es falso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en septiembre de 2013 que
los derechos humanos están a la par de la Constitución, que todas las
autoridades deben interpretar los derechos en lo más favorable a la persona y
que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son
vinculantes aun cuando el Estado mexicano no sea parte (CT 293/2011). Esperemos que el Senado y las
comisiones dictaminadoras a cargo de los senadores Javier Lozano Alarcón,
Alejandra Barrales y Graciela Ortiz vean por la promoción y el respeto a los
derechos humanos y que no se confundan y no caigan en el falso discurso de la
CIRT.
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