El
Presidente Enrique Peña Nieto, el Secretario de Educación Pública Emilio Chuayffet,
los gobernadores Manuel Velasco (Chis.), Ángel Aguirre (Gro.), Jesús Reyna
(Mich.), Gabino Cué (Oax.), y Arturo Núñez (Tab.), están violando el derecho a
la educación de los niños que no están recibiendo clases. Independientemente
del conflicto de maestros-legisladores, de las pérdidas económicas y personales
por los bloqueos, nada justifica que los niños se queden sin instrucción
escolar. ¿Tienen derecho los maestros, la CNTE y el SNTE a manifestarse? Sí
siempre que sea pacíficamente y sin violentar los derechos de los demás, pero
por más que se quiera echar la culpa al magisterio, lo cierto es que los
obligados a hacer efectivo el derecho a la educación son los gobernantes.
“La
obligación de proteger exige que los Estados partes tomen las medidas que
eviten que terceros interfieran en el disfrute del derecho a la educación”
(ONU). Entonces, México viola el derecho a la educación porque ha sido omiso en
adoptar ese tipo de medidas.
Si
los maestros de la CNTE y el SNTE no quieren dar clases, que reciban las
consecuencias que en derecho proceda (¡si hubiera Estado de Derecho en
México!). Pero los gobiernos federal y estatales, la Cámara de Diputados y el
Senado tienen una obligación de hacer cumplir la Constitución y los tratados de
los que México es parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación a propósito
del caso de Radilla Pacheco sentenció que todas las autoridades y no sólo los
jueces, están obligados a siempre respetar y hacer efectivos los derechos
humanos. Y ¿qué creen ilustres gobernantes, diputados y senadores? El derecho a
la educación es un derecho humano reconocido por México y entraña una
obligación de los gobernantes de adoptar acciones positivas para hacerlo
efectivo. ¿Han hecho algo?
En
un país con la mayoría viviendo en pobreza que no se nos olvide que la
educación “es el principal vehículo por el cual adultos y niños económica y
socialmente marginados pueden levantarse por si mismos de la pobreza” (ONU).
Los maestros podrán o no tener pretensiones legítimas de sus demandas, pero el
gobierno no puede excusarse en problemas laborales, sindicales, ni en manifestaciones
para rehuir de su obligación de satisfacer el derecho a la educación de los
niños. ¿Para qué el Presidente Peña Nieto, la Lic. Alejandra Lagunes, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los del Pacto por México y el
Congreso de la Unión establecieron un derecho de acceso a las tecnologías de la
información y comunicaciones, al internet y a la banda ancha si en estos
momentos no hacen uso de esos instrumentos habilitadores?
Las
TIC pueden convertirse en un aliado de los que queremos educación de calidad,
de los que no estamos dispuestos a condenar a la niñez por los conflictos entre
maestros y gobierno. ¿Qué es mejor un niño sin escuela o uno viendo una clase
de ciencias naturales por un video? ¿Qué es mejor un niño sin escuela o uno
aprendiendo clases de español a través de una computadora? ¿Qué es mejor un
niño sin escuela o uno que escucha una clase de historia en la radio en un
salón de clase? ¿Qué es mejor un niño sin escuela o uno que sigue los
ejercicios de educación física a través de la televisión? No subestimemos a los
niños mexicanos, ellos pueden seguir estudiando aún sin que los maestros estén
físicamente con ellos, porque las tecnologías permitirían que ellos puedan
continuar a pesar de la falta de voluntad de los adultos en la contienda. La
reforma educativa y las disputas entre tiros y troyanos pueden seguir, la
ausencia de instrucción escolar no.
Y
mientras al Presidente Peña Nieto y a los gobernadores les tiene sin cuidado el
derecho a la educación de los niños en México, en otro extremo tenemos al
defensor de los derechos humanos de los que menos tienen, el Mtro. Enrique
Carpizo. Él ha puesto sus conocimientos altruistamente al servicio de los menos
favorecidos para que judicialmente se obligue al Estado a cumplir el derecho de
todo ser humano a una vida digna. Enrique Carpizo también está representando gratuitamente
a los que viven en el Bordo de Xochiaca para exigir se respete el derecho a la
salud de estas personas que viven en la marginación. Probablemente, exigir el
cumplimiento del derecho a la educación de la niñez mexicana, sea su próxima
cruzada.
1 comentario:
Si, viola la constitución y el derecho internacional en materia de menores, pero en nuestro país, en realidad no existe una autoridad ni los mecanismos suficientes para afirmar que existe una tutela verdadera de este sector vulnerable, habría que buscar una responsabilidad internacional, vía derechos humanos, sin dejar a un lado la valiosa participación de las redes sociales. ¿Operaría un juicio de amparo por omisión?
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