La
Academia de Ingeniería ha pedido al Presidente Enrique Peña Nieto que suspenda
el proceso de selección de comisionados al Instituto Federal de
Telecomunicaciones, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
ha señalado “Las listas de aspirantes ya tienen muchos defectos,
resultan de un proceso opaco y están definidas por una inquietante parcialidad”,
destacados académicos han expresado su preocupación por el proceso. La pregunta
es, ¿por qué hasta ahora que se saben los nombres de los candidatos finales a
la integración del IFT? ¿Por qué hasta ahora si desde que se publicó la reforma
a la Constitución en junio pasado se sabía que los finalistas serían los que
presentaran las más altas calificaciones del examen de conocimientos? ¿Por qué
hasta ahora si las reglas del juego estuvieron fijadas desde que se publicó la
convocatoria hace más de 2 meses?
¿Habrían alzado la voz si sus
integrantes o ellos mismos hubieran estado en la lista de los favorecidos? Porque
en todo el proceso anterior a que se supieran los nombres que integran las
listas, sólo G. Sosa (Carta Abierta, El Universal), E. Villanueva (Graves
Regresiones, Proceso) y en este espacio se destacaron deficiencias del proceso.
Coincido con la Academia de Ingeniería que es lamentable que casi no haya
ingenieros en la recta final del proceso de selección, porque los ingenieros son
la piedra angular para un regulador de telecomunicaciones; coincido con la
AMEDI en que habría sido importante que hubieran más especialistas en derecho a
la información; el problema es que la Constitución señala que se hará un examen
de conocimientos y aquellos con las calificaciones más altas serán los que
integren las listas. Esto es, no importa si hay o no pluralidad, no importa si
los candidatos son éticos o no, así está la Constitución que no garantiza la
pluralidad.
¿Es grave que haya muchos que son o
fueron servidores públicos? No. Pero sí hubiera sido deseable tener más
personas de la calidad y respetabilidad de Adriana Labardini e Irene Levy como
representantes de la sociedad civil organizada.
Contradictorio con la Constitución
es que no se den a conocer los nombres de los que presentaron examen y sus
calificaciones. Eso quebranta el principio de máxima publicidad, nos niega el
derecho a saber de los mexicanos y nos impide verificar si el procedimiento ha
sido apegado o no a Derecho. El Comité de Evaluación dice que la integración de
las listas no fue arbitraria, sino que las 35 calificaciones más altas las
fueron distribuyendo en orden (las 7 calificaciones más altas estuvieron una en
cada lista, las calificaciones 8-14 más altas fueron una a cada lista, etc.), y
después se pusieron en orden alfabético. El grave problema es que esto es un
dogma de fe, ¿cómo saber si efectivamente hicieron eso si la ciudadanía carece
de las calificaciones y los nombres de todos los examinados? Esa información
debe ser pública para dejar de violar nuestro derecho humano a la información.
Pero el caso de los comisionados es pecata minuta en comparación a lo que se
está cocinando en la Cámara de Diputados para complicar el ejercicio de nuestro
derecho a la información, tan importante para construir un país democrático. El
PRI pretende que ahora los entes públicos puedan combatir jurisdiccionalmente las
resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos que hasta hoy son inatacables, para hacer más cansado al
ciudadano el acceder a la información y negarle en última instancia este
derecho. ¿Someter a la transparencia a sindicatos y partidos políticos? El PRI
se opone como en el ancien regime,
PAN y PRD sí lo quieren, veremos si lo logran o si sacrifican su postura por
otros temas. En está vorágine de
iniciativas energética y fiscal, la transparencia en perjuicio de la ciudadanía
están en riesgo. Estemos atentos.
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