Las discusiones en la Suprema Corte iniciaron con la solicitud del Ministro José Ramón Cossío para que se le declarara impedido para conocer sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Televisa en atención a que en el año 2002 había asesorado al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en relación con la constitucionalidad de un proyecto de nueva Ley Federal de Telecomunicaciones que no llegó a feliz término.
Aun cuando existió división en el Pleno de la Corte, porque algunos consideraban que si el Min. Cossío había sido asesor en el 2002 no guardaba relación con la Ley Televisa de 2006 (Min. Aguirre), que el debate es sobre la supremacía constitucional (Min. Azuela) y que en la acción de inconstitucionalidad no existen partes (Min. Valls), el resto de los Ministros consideraron que sí existía impedimento legal. Al declarar el impedimento y sin que se hubiesen querido esas consecuencias, lo cierto es que se sumó por omisión un voto a favor de la Ley Televisa.
La Corte citó a expertos de la UNAM y del IPN. Uno de los expertos enviados por el IPN, el Ing. Celestino Antonioli, es miembro del Comité de Nuevas Tecnologías de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, lo que generó cuestionamientos sobre su imparcialidad. Los expertos trataron de contestar a las interrogantes planteadas, en muchos casos incurriendo en contradicción entre unos y otros. Se evidenció que sí es factible prestar otros servicios sobre la misma banda de televisión abierta, incluso aquellos que son bidireccionales como el Internet que sólo requeriría habilitar un canal de retorno. Los Ministros reflejaron profundidad en el estudio en cuestiones técnicas.
En cuanto a la designación de comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la interrogante principal es si los actuales comisionados fueron nombrados con fundamento en un artículo inconstitucional y si continuarán en su cargo o no. El Min. Ortiz Mayagoitia expresó que se trataba de un acto consumado, porque en el momento que el Presidente Fox extendió los nombramientos, habían cesado los efectos. Sin embargo, el Min. Azuela refirió que si se declara inconstitucional el artículo respectivo, a partir de la resolución de la Corte, dejarían de tener efectos los nombramientos de los actuales comisionados. Si bien no tendría efectos retroactivos y todo lo resuelto desde su nombramiento seguiría en pie, el Presidente Calderón tendría que nombrar nuevamente comisionados, pudiendo ser los actuales u otras personas.
La parcialidad con que los medios de comunicación han tratado la discusión en torno a la Ley Televisa es alarmante. Si alguien quisiera formarse su opinión sobre el tema, mejor sería que no viera ni la televisión, ni la radio comercial (salvo honrosas excepciones). Esto pone de relieve lo que el Min. Góngora se refirió como la brújula que guiará sus pasos: la libertad de expresión. En efecto, el garantizar la libertad de expresión en nuestro país es actualmente de los retos más grandes. Por un lado, los crímenes contra comunicadores que permanecen impunes. Por otro lado, los escasos medios de comunicación en los que se dan espacios para expresarse libremente. Así, en estas semanas hemos escuchado los mensajes clave de los poderes mediáticos, la misma argumentación e información distorsionada. Comunicadores de prestigio, pero sin compromiso con la verdad, sin querer darse cuenta de los efectos de sus declaraciones y escritos. Comparto la preocupación de nuestro ilustre poeta Jaime Sabines: “Me preocupa el televisor. Da imágenes distorsionadas últimamente.”
Finalmente, es oportuno reconocer a las personas que silenciosamente están contribuyendo desde la Corte con el derecho al saber. Son las damas que incansablemente entran y salen de la sala del Pleno, para transcribir todo lo dicho por los Ministros y para que cualquiera tengamos acceso a las versiones textuales. Un especial agradecimiento a todas ellas.
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