AMLO, ¿tiene razón en telecom?

Hablar en contra de la reforma constitucional en telecomunicaciones es convertirse casi en enemigo “del progreso”, “del combate a monopolios” y del “beneficio social”. Pero, ¿se pensó en el interés general y en la sociedad en primer término? ¿Logra la tan de moda democratización de los medios? ¿A quién beneficia realmente el último proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en el penoso teatro que los mexicanos vimos el 21 y 22 de marzo donde la mayoría de los diputados -con la ligereza de quienes no tienen opinión que formarse porque la línea está dada-, ni siquiera escucharon las propuestas de sus pares? Tanto se ha dicho de los beneficios de la reforma, que uno buscaría con ojos ávidos las mejoras tangibles a la sociedad en la reforma de telecomunicaciones para llegar al final y darse cuenta que la finalidad de la modificación a la Carta Magna no éramos los ciudadanos. Veamos.


Primera evidencia. La inversión extranjera será al 100% en telecomunicaciones (léase en los terrenos de Telmex/Telcel), y 49% en radio y televisión abierta (territorio de Televisa y TV Azteca). En las adiciones finales, agregan al texto de reforma que sólo para radio y televisión abierta además se requerirá que exista reciprocidad. Estoy en contra de la reciprocidad en estas materias, pero ¿por qué sólo incluir la reciprocidad en radiodifusión? Para hacer que la inversión extranjera en el mercado principal de Televisa sea inviable. Lo peor es que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados insultando la inteligencia ciudadana pensó que argumentando aspectos de comercio internacional podía justificar la reciprocidad únicamente en radiodifusión aun cuando podrían ser igualmente aplicables a telecomunicaciones. ¿Pensaron en el beneficio a la sociedad? No.


Segunda evidencia. De último momento incluyeron que es causa de revocación de una concesión si un dominante (que de acuerdo a la reforma sólo podrían ser Telmex o Telcel) se beneficia “directa o indirectamente de la regla de gratuidad” de las señales que transmiten los concesionarios de televisión abierta como las de Televisa o TV Azteca. A primera vista no suena mal, pero realmente esto se trata de una disputa entre particulares, es decir, entre Televisa y Telmex/Telcel, ¿eso es materia de un texto constitucional? ¿Qué no deberían ellos defender sus intereses comerciales con sus propios recursos? Qué es más importante a nivel interés público, ¿que Televisa cobre por sus programas o que la sociedad reciba servicios de calidad? ¿Qué Televisa reciba ingresos o que los programas de televisión no generen estereotipos de género o que se respete el derecho de las audiencias? Evidentemente es más importante la calidad de los servicios, la no discriminación y el derecho de las audiencias, pero los diputados prefirieron ignorar estos derechos ciudadanos y dejarlos indefensos, en tanto se erigieron como paladines de Televisa señalando expresamente como causal de revocación que no le paguen a Televisa por sus programas. ¿Pensaron en el interés público? Jamás.


Tercera evidencia. El silencio también es información. Si tanta tinta desperdiciaron los del Pacto por México y los diputados de línea en las cosas que eran importantes para Televisa, ¿por qué fueron escuetos en algunos puntos importantes para la sociedad y omisos en otros? Se dice que habrán concesiones de uso social y que los actuales permisionarios de radio y televisión abierta serán por fin “concesionarios”. Pero nunca aclaran si estas concesiones se obtendrán después de un tortuoso y largo camino, si se les continuará negando la posibilidad de tener viabilidad financiera. En cuanto a producciones independientes señalan que se legislará para promoverlas, sin establecer las grandes líneas para que estas producciones contribuyan a la pluralidad como lo podrían confirmar la CANACINE, la Asociación de Productores Independientes o la propia IMCINE. Tampoco se recogió la obligación pendiente del Estado mexicano para que las telecomunicaciones sean accesibles a personas con discapacidad que se supone que la Conadis o el Conapred debieran impulsar. Algunos dirán “Esos temas son materia de la ley secundaria”. De ninguna manera. Si realmente les hubiera importado la sociedad, habrían incluido lo necesario para evitar que en la discusión de la ley pase lo mismo que ahora: los intereses particulares sobre los intereses generales.
Así que después de un escrutinio de la reforma que puede tener otros méritos, bajo un análisis del beneficio directo a la sociedad, Andrés Manuel López Obrador tiene razón.