Clara Luz Álvarez*
Si
en México hubiera capacidad de reconocer errores y asumir responsabilidades, evolucionaríamos.
¡Imagínese que el presidente Enrique Peña Nieto renunciara para ser congruente
con su discurso de combate a la corrupción y la señora Angélica Rivera pidiera
disculpas por tratar de ofender la inteligencia de los mexicanos y se inscribiera
en un curso de Ética!
El
Congreso de la Unión reconocería su error de haber incluido en la Constitución
la ocurrencia del expresidente Felipe Calderón de que el apagón analógico fuera
el 31 de diciembre de 2015 con el costo al dinero público de entre 26 y 33 mil
millones de pesos por regalar televisores y en pleno proceso electoral. También
el Congreso aceptaría que incluir en la Carta Magna que se licitaran
concesiones de TV abierta con cobertura nacional, privó de alternativas locales
y regionales, así como incumplió con lo resuelto por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en cuanto a que el criterio económico no debe ser el que
defina a los ganadores.
Los
senadores que condenaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones por cumplir
con el mandato de ley de expedir las Reglas de Portabilidad y establecer, como
en cualquier implementación un periodo de ajuste de sistemas y procesos, les
pedirían disculpas a los comisionados que hasta los amenazaron con que podría
ser causa de remoción. Además, ¿fue casualidad que los legisladores se
pronunciaran justo 2 días después de que Televisa lanzó su marca izzi y con la
que pretende atraer clientes de América Móvil? O sólo apoyan a izzi que mandó al
IFT a su Vicepresidente Adolfo Lagos para hacer el show, perdón, para presentar
un escrito contra Telmex que normalmente cualquier pasante entregaría.
Y
mientras México resurge o se hunde más, el IFT sometió a consulta pública un
anteproyecto de Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y
“Justicia” (comillas de la autora). El proyecto se consultó con autoridades y
empresas, pero nunca con las organizaciones de derechos humanos. ¿Por qué?
El
punto más álgido para la sociedad en el proceso de reforma de ley fue
precisamente el capítulo de Colaboración con la “justicia” que prevé la
geolocalización y la conservación de datos de nuestras comunicaciones, lo cual
debe equipararse a la intervención de comunicaciones, porque fácilmente
reflejan nuestras costumbres, estado de salud, preferencias sexuales, afiliación
política o sindical, etc.
La
propuesta presidencial definía como instancias de seguridad al CISEN, Policía
Federal, Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, y las facultaba para
pedir la geolocalización de equipos móviles y los datos de nuestras
comunicaciones para producción de “inteligencia”. Esta es “el conocimiento
obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación
de información, para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional”
(Ley de Seguridad Nacional), por lo que cualquier cosa puede avalar la
geolocalización y ni siquiera tienen que estar persiguiendo un delito, ni tener
evidencia de riesgos a la seguridad nacional. El proyecto del IFT dice que son
instancias de seguridad: la PF, CISEN “y las demás instancias”. ¿Regresamos a
la discusión inicial?
En
geolocalización la SCJN avaló una versión light
en comparación a lo que quedó en la nueva ley. Uno de sus argumentos fue que la
geolocalización era sólo en tiempo real. Ahora debieran ver el monstruo en el
proyecto: la geolocalización durará el tiempo que especifique la autoridad. ¿Y
los derechos ciudadanos? Negados.
Si ni
el Congreso, ni el IFT pueden identificar un catálogo de leyes, autoridades y
supuestos en los que geolocalizarán nuestros equipos móviles, ¿por qué esperan
que los ciudadanos lo podamos hacer? ¿O es deliberado dejar en indefensión a la
sociedad? No se sorprenda si en una ley cualquiera de repente el SAT tiene
facultades para pedir sus datos de comunicaciones o geolocalizar su celular,
para cualquier razón sin que sea por delito grave.
En
países democráticos para una rendición de cuentas y para combatir abusos de
autoridad, se debe informar a las personas cuando fueron objeto de
geolocalización o cuando fueron proporcionados sus datos de a quién llaman,
quién les llama, duración, fecha y hora de sus comunicaciones. ¿Existe algo
similar en el proyecto IFT? No y además permite que se borren nuestros datos
personales “una vez cumplido el fin” y esto lo decide la propia autoridad. El
IFT puede evitar cometer errores si al emitir los Lineamientos finales pone los
derechos humanos como su objetivo, mas aún cuando México está en una crisis de
credibilidad y respeto a derechos humanos. ¿Se pronunciará al respecto la
Comisión Nacional de Derechos Humanos?
telecomysociedad.blogspot.mx
Este artículo fue publicado en Reforma el 26 de Noviembre de 2014
