“Ningún
Estado responsable puede permitir que la configuración cultural de su pueblo
quede en manos de monopolios u oligopolios” Zaffaroni
Limitar el poder de Televisa es
más difícil que hacerlo respecto a Telmex y América Móvil. En su versión
argentina, la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad de la ley de medios
que básicamente ordenó la desinversión de Grupo Clarín y éste tiene ahora que
vender activos y licencias a otros grupos. Veamos por qué este caso sin
precedente puede ser incómodo para muchos legisladores y Televisa.
Grupo Clarín es un grupo
mediático argentino que tiene diarios impresos, opera canales de TV abierta y
de cable, emisoras de radio, entre otros. Se dice que fue beneficiario del
régimen gubernamental hasta antes de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner. Sus licencias habían sido renovadas por el propio gobierno y aún no
vencían. En 2009 entró en vigor la ley de medios que establece: (1) límites a
la acumulación de licencias, tanto si usan o no espectro radioeléctrico, (2)
aquellos que rebasaran estos límites tendrían 1 año para vender lo necesario
para ajustarse a dichos límites, (3) que la multiplicidad de licencias no es un
derecho adquirido, (4) la intransferibilidad de las licencias como regla
general, y (5) una reserva del 33% de las frecuencias para radio y televisión
abierta para personas sin fines de lucro (p. ej. radios comunitarias). Esta ley
y ahora la decisión de la Corte Suprema argentina han polarizado las opiniones.
Algunos consideran que los límites a las licencias fue realizado para
restringir la libertad de expresión de Grupo Clarín que ha sido crítico del
régimen de Kirchner, otros estiman que es la mejor ley para alcanzar la
pluralidad.
Grupo Clarín argumentó que las
licencias representaban derechos adquiridos, eran de su propiedad y que la
aplicación de la ley de medios implicaría que se violentara el prinicipio de
irretroactividad de la ley en perjuicio del gobernado. Aun cuando la ley sólo
afecta a Grupo Clarín la Corte opinó que no era discriminatoria porque los
límites eran para todos iguales. Los 7 jueces de la Corte Suprema por
unanimidad resolvieron que las licencias de radiodifusión integran la propiedad
privada, pero sólo por mayoría confirmaron la constitucionalidad de la ley de
medios.
La opinión de la mayoría fue que
para fomentar la libertad de expresión y preservar el derecho a la información,
es idóneo el limitar la acumulación de frecuencias para permitir la pluralidad
de voces y evitar la concentración. Nótese que los argumentos no fueron de
competencia económica pura y dura, sino del fomento y preservación de derechos
humanos. Dicho de otra manera, la Corte Suprema jamás habría avalado una
concentración del estilo Televisa/Iusacell-TV Azteca como lo hizo la Comisión
Federal de Competencia.
La mayoría sentenció que la orden
de desinvertir no era una expropiación, ni revocación, ni rescate, y que lo que
daría lugar sería a un derecho a ser indemnizado. Asimismo confirmó que no hay
derechos adquiridos porque el interés privado no puede estar por encima del de
la comunidad. Los jueces de la minoría votaron en contra por considerar que las
licencias debieran respetarse hasta su vencimiento, porque de lo contrario
podría afectarse la libertad de expresión o verse como un castigo a ciertas
líneas editoriales.
El Instituto Federal de
Telecomunicaciones ha iniciado sendos procedimientos para determinar si
Televisa es un agente preponderante y en un caso extremo debiera ordenarse la
desinversión. No sé si la desinversión es la medida apropiada, porque lo que México
requiere no es que muera Televisa, sino que florezcan medios comunitarios,
productores independientes y verdaderos medios públicos. Pero no debe pasarse
por alto el caso argentino, fue el Congreso y no el órgano regulador quien
estableció los límites para la desinversión, ¿habría resuelto de la misma
manera la Corte Suprema si la decisión hubiera sido del regulador? El Senado y
la Cámara de Diputados, ¿tendrán el valor de establecer los límites a la
propiedad cruzada de medios o dejarán al IFT que sea una voz en el desierto? En
última instancia quien resolverá será la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ¿a dónde inclinará la balanza?
telecomysociedad.blogspot.mx
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