¿El antiguo régimen en telecom?

Ni en época de la dictadura priísta los dictámenes de la Cámara de Diputados y del Senado eran lo que hace unos días fue el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional en telecomunicaciones de la Comisión de Puntos Constitucionales presidida por el diputado Julio César Moreno. Al menos en el antiguo régimen se esforzaban en las formas para disfrazar el ejercicio democrático y argumentaban el por qué del apoyo irrestricto a las iniciativas del tlatoani en turno. En esta ocasión, Moreno ni eso, en una actitud servicial por decir lo menos. El dictamen es una relatoría de las iniciativas presentadas y un resumen de lo que decía la iniciativa, ¿eso es dictaminar? No. Pero lo peor no fue eso, sino que los otros 29 diputados integrantes de todos los partidos, no protestaron y se limitaron a decir con mayor o menor grado su beneplácito con la reforma. ¡Lo que jamás habría imaginado es escuchar a la izquierda en voz del diputado Fernando Zárate alabar de tal manera la iniciativa!

¿Cómo pudo la Comisión de Puntos Constitucionales pasar por alto una violación a la libertad de expresión en el propio artículo 6º que proclama su respeto? Efectivamente, ¡la propuesta de reforma propone regular contenidos cual si se tratara de un régimen dictatorial! Esto “abre la puerta a la intolerancia y a las restricciones de la libertad con el argumento de que se hacen por nuestro propio bien, de que un grupo de “expertos” con su mejor ánimo y buena fe suplirán nuestras falencias en la materia” (E. Villanueva, Proceso). Digno de llevarse con éxito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien resolvería que es una violación flagrante a los derechos humanos. Si se aprueba en sus términos la reforma constitucional, México estará penosamente en los libros de textos ilustrando cómo un país “democrático” pone la regulación de contenidos como parte de la libertad de expresión.

Es loable el acuerdo político y la iniciativa tiene méritos en diversos aspectos, pero ¿dejarán de debatir los diputados lo que se requiere cambiar o votarán en bloque sin cuestionar? Veamos algunos puntos.

Acceso a las TIC. Si prospera la iniciativa, todos los mexicanos tendríamos derecho de que el Estado mexicano estableciera “condiciones de competencia efectiva” para acceder a las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), incluyendo la banda ancha. ¿Y nuestro derecho de acceder a la banda ancha? No existe tal a pesar de que la exposición de motivos dice que “permitirá que … todas las personas tengan acceso a la sociedad de la información”. Una lectura integral de la iniciativa visualiza cómo este pretendido derecho de acceso a las TIC es más bien un mandato para que se establezcan políticas públicas que doten al 70% de los hogares y 85% de las PYMES con banda ancha a “precios competitivos internacionalmente”. Entonces si el precio es competitivo para Suecia, sería el que se dé en México a pesar de la disparidad en ingresos de la población sueca y la mexicana. En un país con la mayor parte de su población en pobreza, ¿lo propuesto es un derecho a acceder a las TIC o una ilusión más?

Dominancia y prácticas monopólicas. La actual Comisión Federal de Telecomunicaciones no debiera desaparecer para convertirse en un órgano constitucional autónomo, pero lo que sí es positivo es que tenga facultades para declarar a un concesionario como dominante, es decir, como aquel que tiene tal poder en el mercado que los consumidores y sus competidores nunca pueden contrarrestar. No es claro que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deba también ver los casos de prácticas monopólicas que son temas muy distintos en los que se investigan las acciones/omisiones para desplazar a otros competidores o dividirse el mercado en perjuicio de los consumidores. ¿Funcionará que regule las telecomunicaciones, determine la dominancia y también persiga las prácticas monopólicas?

Se buscan dios@s. Cuando el Banco de México, INEGI, el Presidente Peña Nieto y el Senado abran la convocatoria para l@s futur@s comisionad@s, incluirán que deben ser dioses o diosas, porque la iniciativa asume que jamás se equivocarán, ni cometerán arbitrariedades y por eso los gobernados nunca tendrán derecho a la suspensión del Poder Judicial Federal. ¿No existen las divinidades? ¡Qué pena que nunca se integren el Iftel y la nueva Cofeco! O la alternativa es que el Congreso de la Unión evite coartar de manera excesiva el acceso a la justicia y sólo prohiba el otorgamiento de la suspensión cuando sean actos relativos a interconexión, dominancia y bienes de la Nación, ¿rectificará el Congreso o aprobará sin reserva al viejo estilo?