¿Aspirina para terapia intensiva? [Nueva Ley de Amparo y suspensión en telecom]

Es un engaño decir que el proyecto de Ley de Amparo reducirá la litigiosidad del sector de telecomunicaciones. Tal como cuando el Senado y la Cámara de Diputados instauraron el hoy extinto Renaut diciendo que con éste se combatiría el secuestro y la extorsión, y que lo único que generó fue preocupación en los ciudadanos sobre sus datos personales y gastos para los concesionarios de telecomunicaciones. No. En esto no hay fórmulas mágicas y el que el proyecto de Ley de Amparo diga que sólo por razones excepcionales cuando pudiera haber mayor afectación al interés social, un tribunal del Poder Judicial Federal podrá otorgar la suspensión del amparo cuando “Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio directo”, en nada resuelve lo que según esto pretende resolver el Congreso de la Unión. Veamos por qué.

Es de todos sabido que en telecomunicaciones como en muchos otros sectores, recurrir al amparo es una estrategia para dilatar el cumplimiento de las resoluciones de las autoridades y la suspensión del acto reclamado es esencial. Se podría decir que sin la suspensión, se podría disminuir el número de amparos. Sí es cierto, como también lo es que se ocasionarían muchas injusticias y arbitrariedades que se tornarían irreparables. ¿De qué sirve que obtenga el amparo definitivo 3 ó 4 años después de la orden de demolición de mi vivienda, si ésta ha sido destruida por no haber recibido la suspensión? También es ampliamente conocida la estrategia de Grupo Salinas que a través de filiales buscaron suspender las licitaciones de frecuencias en 2004-2005 y en 2010. Lo único que no debe olvidarse es que en telecomunicaciones existen un sinfín de temas que nada tienen que ver con frecuencias que son los “bienes de dominio directo”.

Ejemplo. La decisión de la Comisión Federal de Competencia de declarar dominantes a Telmex y Telcel, y la imposición de obligaciones específicas por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, no estarían amparadas por la negativa de suspensión. ¿Pero qué no Telcel es concesionario de frecuencias? Sí, pero el tema de dominancia no estaría dentro de esta excepción a la suspensión porque no puede considerarse como un tema que “impida u obstaculice” al Estado la explotación de frecuencias.

La consolidación de las Áreas de Servicio Local para que ciudades vecinas en lugar de llamar como larga distancia, puedan comunicarse por como llamada local que ha sido una añeja demanda social, tampoco encuadraría dentro del uso de bienes de dominio de la Nación. La determinación de si un contrato de adhesión de un concesionario no cumple con los requisitos por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, tampoco estaría. Y así podríamos mencionar muchos casos en los cuales el sector necesita algo diferente a lo que hoy existe, pero que no se resuelve sólo con negar que se otorguen las suspensiones en aquellos casos en que se impida u obstaculice al Estado la explotación de frecuencias.

Además, pensar que los problemas en telecomunicaciones son sólo por el exceso de litigiosidad, es engañarse. ¿Cuánto tiempo se tarda la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en otorgar una concesión, la ampliación de cobertura o cualquier otro trámite por sencillo que fuere? Las dilaciones son inimaginables entre lo que tarda la Cofetel, el via crucis de pasar por la Dirección General de Política de Telecomunicaciones, la consulta innecesaria también a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para que después se haga fila en espera que el Subsecretario de Comunicaciones se lo pase a firma al Secretario quien –cuando tenga a bien-, los firmará. Pareciera como si estuviéramos en el México de 1970, rogando al gobierno para que haga lo que debe hacer. Pero no, es una historia actual y cotidiana, cuyas pérdidas económicas y sociales son infinitas. ¿Qué se está haciendo? ¿O también eso es culpa de Televisa, los poderes fácticos y sus litigantes?

¿Realmente quiere el Senado y la Cámara de Diputados ayudar? Entonces que se establezca un procedimiento sumario para los amparos de telecomunicaciones, en los que en primera y segunda instancia, no pueda excederse de 6-8 meses. Si los que abusan del amparo supieran que el retraso máximo es de 8 meses, es más probable que busquen cumplir o solucionar el conflicto. ¿Debe haber tribunales especializados? El Poder Judicial Federal para poder cumplir en tiempo con esos juicios rápidos, precisaría de tribunales especializados. Éstos pueden ser de regulación económica que incluya los de competencia económica (que ya están previstos en ley, pero que no se han creado) y de telecomunicaciones. ¿Se logrará un cambio positivo al sector o será un Renaut más?