La ventaja de
tener periodos presidenciales máximos de 6 años, es que con el cambio de
sexenio se renuevan las esperanzas que a lo largo de cada sexenio –y sin
importar el partido en el poder- se van extinguiendo. El sexenio del Presidente
Felipe Calderón en telecomunicaciones pasó sin pena ni gloria, y “sólo” logró
aumentar la brecha digital para rezagar aún más a la población en desventaja
económica y social. El Presidente Enrique Peña Nieto no tuvo que perder tiempo
en legitimar su triunfo como sí lo hizo el expresidente Calderón cuando la
ciudadanía no estuvimos convencidos de que ganara la elección frente a Andrés
Manuel López Obrador. Peña Nieto entra con el pie derecho y aunque así no lo
fuera, al menos en telecomunicaciones en unos cuantos días hemos visto más
política pública que durante el desfile de Secretarios de Comunicaciones y
Transportes de 2006-2012 y cuando en el ocaso del sexenio anterior Dionisio
Pérez Jácome hizo lo que se debió haber hecho desde el 2007 con Luis Téllez.
Leer el Pacto por México lleva a cualquiera a pensar que “ahora sí ya la
hicimos”. Si se cumpliera con dicho Pacto, México sería otro. Ojalá que el
Presidente Peña Nieto y su equipo lo logren, si no, será otro sexenio más de
ilusiones iniciales y desprecio ciudadano al final.
El Pacto por
México en telecomunicaciones trae los lugares comunes que se requieren para
mejorar el sector, lo cual no es poca cosa considerando que antes ni siquiera
había esa definición por parte del Ejecutivo Federal, ni del Senado, ni de la
Cámara de Diputados, ni mucho menos de los partidos de María Cristina Díaz, de
Jesús Zambrano y de Gustavo Madero. El desafío es, ¿cómo hacerlos realidad?
¿Qué hay de los lugares no comunes
como la accesibilidad a las TIC por personas con discapacidad que está ausente
o de la existencia de medios públicos en México? Veamos.
Se propone que
la Constitución reconozca el derecho de acceso a la banda ancha (Compromiso 39).
¡Qué alegría! Pensarán los ingenuos. ¡Otra vez! Pensaremos los que vemos la
realidad y recordamos que el derecho a la educación está en la Constitución
desde 1917 y está en muchos tratados internacionales que obligan a México, sin
que a la fecha se cumpla en términos de igualdad y calidad ese derecho. ¿Para
qué sirve otro derecho junto al de la educación y la salud que sólo se
convierten en retórica? Los mexicanos no queremos ya más derechos en papel,
queremos acciones concretas para gozar de ellos aunque no se cataloguen como
derechos. Además sorprende que el Pacto por México diga que quiere “garantizar
acceso equitativo a
telecomunicaciones de clase mundial”, si en lo más fácil que es un sitio web,
Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados tienen páginas
de internet inaccesible a las personas con discapacidad, ¿podemos creerle a
estos compromisos?
“Se licitarán
más cadenas nacionales de televisión abierta” (Compromiso 43), lo cual está
bien, pero no debió de haber olvidado el Pacto por México la necesidad de
fomentar la producción de contenidos independientes que incentiven la
innovación y contribuyan a la pluralidad.
“México es el
único país miembro de la OCDE que no cuenta con un servicio de televisión
pública” (Cumbre Ciudadana), pero tampoco menciona este Pacto la siempre
postergada creación de medios públicos. Porque el Canal Once, el Canal 22,
Radioeducación, el IMER y demás, son medios de interés público, pero no reúnen
los requisitos indispensables para que fueran considerados medios públicos de
un Estado democrático. Ni qué decir de los canales de televisión de los Estados
que la mayoría de las veces son medios de propaganda del gobierno en turno.
El compromiso 44
refiere a reordenar la legislación de telecomunicaciones en una sola ley, lo
cual es deseable siempre y cuando se haga bien. Los intentos de reforma
legislativa que pretendían reformar y/o unificar las leyes de
telecomunicaciones y radio y televisión, fueron infructuosos y deficientes. En las
iniciativas se leía entre líneas las negociaciones entre los regulados y los
políticos o las concertacesiones entre legisladores y la SCT/Presidencia. La
nota común era la falta de un análisis serio e integral que tuviera como
premisa fundamental el buscar el interés general y aprovechar a las TIC como
instrumento habilitador de la población. Después de leer muchas iniciativas, en
el sector preferíamos vivir con leyes obsoletas antes de la “actualización”
pretendida. ¿Cómo será esta vez?
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