Ley de Geolocalización y muerte del Renaut

Se firmó finalmente el acta de defunción del Renaut (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil). El Renaut “fue desde siempre un niño muerto” habría dicho Mario Benedetti, pero la Cámara de Diputados y el Senado en su afán por aprobar medidas inútiles para la lucha hasta ahora perdida en contra del crimen, implementaron el Renaut con elevados costos para las empresas de telecomunicaciones y riesgos reales para todas las personas por el mal uso que puede existir de nuestros datos personales. Veamos que informan la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de Telecomunicaciones sobre las medidas para resguardar y cancelar los datos, porque su plazo vence el 2 de mayo próximo. Junto con la formal muerte del Renaut se reformaron diversas leyes incluyendo la de telecomunicaciones, con lo que se conoce como la Ley de Geolocalización. Ésta tiene claroscuros. Veamos. Geolocalización en tiempo real. La obligación para ubicar geográficamente un equipo móvil existe en ley desde 2010. Sin embargo, la Ley de Geolocalización incorpora una nueva sección a la LFT respecto a las obligaciones de los concesionarios de telecomunicaciones. Éstos deben colaborar con la Procuraduría General de la República y procuradurías estatales para ubicar geográficamente y en tiempo real a equipos de comunicación móvil que estén vinculados con investigaciones de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas. Sistema Nacional de Atención a Emergencias. Se habla de un sistema nacional de atención de emergencias el cual recibirá señales de auxilio de los teléfonos móviles. ¿Esto sustituirá al número de emergencia 066 o será complementario? ¿Buscan que los ciudadanos aprendamos todos los números de emergencia como el 066, el 065 de la Cruz Roja, el 074 de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), el 078 de la Secretaría de Turismo y el número que ahora Cofetel cree para este Sistema? ¿No habría sido mejor que las señales de auxilio se canalizaran también al 066? El éxito del 9-1-1 de EUA es que es un número único para cualquier tipo de emergencia, por eso la población del vecino del norte se sabe de memoria el 9-1-1. Aquí pretenden que tengamos memoria privilegiada para que en situaciones de emergencia, nos preguntemos ¿qué número procederá para la tragedia que estoy viviendo? ¡Si es una emergencia difícilmente tendremos la claridad para dilucidar qué número marcar! En lugar de buscar la homologación al 066, esta LXI Legislatura apuesta a la complejidad e incremento de la burocracia. Investigación con cargo a la ciudadanía. Después del elevado costo del estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico sobre el diagnóstico del sector de telecom, los legisladores seguramente consideraron mejor que los concesionarios sean los obligados a realizar investigaciones de medidas tecnológicas para combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones en la comisión de delitos. La Ley de Geolocalización en realidad traslada la responsabilidad del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública a los concesionarios de telecomunicaciones. Éstos deberán investigar y elaborar cada año un informe para el Congreso de la Unión y la Cofetel sobre los resultados de las investigaciones, ¿con cargo a quién serán los costos de esas investigaciones? ¡De usted lector y de todos los que usamos servicios de telecomunicaciones! Bloqueadores en cárceles. En cuanto a inhibidores de señales de telecomunicaciones dentro de las cárceles, esta reforma es positiva en cuanto a que (1) establece que una autoridad distinta a la penitenciaria será la encargada de operar los bloqueadores, (2) si se interrumpe el funcionamiento de éstos, se lanzará una señal de alarma, y (3) habrá colaboración entre esta autoridad distinta (no dice la reforma cuál autoridad), los concesionarios de telecom y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo que faltó agregar es la participación de la sociedad civil en el monitoreo de la operación de estos inhibidores. Para apagar un bloqueador debiera intervenir la autoridad distinta y la sociedad civil, por ejemplo. Ojalá que la autoridad distinta incluya la intervención de la sociedad en la vigilancia y que se rinda un informe sobre la utilización de los bloqueadores. Si las normas prohíben la entrada de teléfonos y equipos de comunicación, así como se instalan bloqueadores, pero no se combate a la corrupción, ni se implementan medidas de supervisión ciudadana, entonces ninguna cantidad de equipos, ni leyes, serán suficientes para realizar el Estado de Derecho.