“Un estado fallido es aquel cuyo gobierno no es suficientemente efectivo o legítimo para mantener el estado de derecho, su protección, la de sus ciudadanos y fronteras, o proveer servicios básicos. Un estado frágil es aquél en el cual dichos problemas muy probablemente surgirán” (Reino Unido)
A pesar de que la Ley de Seguridad Nacional es de 2005, el concepto de seguridad nacional en ésta es anacrónica con una visión primordialmente de protección frente a otros países. En cambio en Reino Unido consideran que la seguridad nacional comprende riesgos, amenazas y factores tales como la inequidad, la deficiente gestión gubernamental, los desastres por condiciones climáticas, así como los Estados fallidos y frágiles. Bajo el pretexto de la seguridad nacional se han cometido un sinnúmero de abusos y pareciera que cuando el gobierno mexicano dice que un tema es de “seguridad nacional” entonces los ciudadanos debiéramos creer como dogma de fe que el Presidente Felipe Calderón está haciendo lo correcto y renunciar a tener información. Pero ello no debe ser así como lo ilustra el caso de la infraestructura crítica.
La infraestructura crítica es aquella esencial para funciones sociales vitales, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico, y para un gobierno efectivo, que su perturbación/destrucción afectaría gravemente a un país en lo económico, en la pérdida de confianza o con pérdida de vidas. La infraestructura crítica puede ser propiedad de particulares o del gobierno. La única información pública que encontramos los mexicanos al respecto es que conforme a la ley, el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional debe tener un inventario de la infraestructura estratégica. Por el contrario, Canadá cuenta con una estrategia nacional y un plan de acción para infraestructura crítica, dentro de ésta están comprendidas las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). En EUA una directiva presidencial estableció 17 sectores de infraestructura crítica incluyendo el de TIC. Dentro de éste está el programa NS/EP Priority Communications que busca asegurar la prioridad en el acceso a servicios de telecomunicaciones para usuarios de seguridad nacional o de emergencia. Si siguiéramos la experiencia comparada, la infraestructura crítica en México no incluiría sólo las redes dorsales de telecomunicaciones sino también la Basílica de Guadalupe, por ejemplo.
En septiembre pasado el Gobierno del Distrito Federal inauguró el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Inteligencia, Integración, Información e Investigación de la Ciudad de México (C4) como el “sistema más avanzado del mundo”. ¿De qué sirve un C4 sin un plan de protección de infraestructura crítica? Asumamos que el DF si cuenta con un plan de ese tipo, ¿qué hay del resto del país? ¿Está siquiera en la agenda de alguien en la Cámara de Diputados o en el Senado? ¿Cuándo habrá un CERT además del de la UNAM? De acuerdo con la OCDE, la protección de infraestructura crítica exige que a nivel nacional el gobierno demuestre un liderazgo y compromiso. ¿Alguien lo ha hecho en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Cofetel o en la Secretaría de Seguridad Pública? Si lo hubieran hecho, tendríamos derecho a saber los mexicanos. Si no lo han hecho, debiéramos exigir que lo hicieran.
Comunicaciones en emergencias. Las situaciones de emergencia pueden agravarse por falta de comunicaciones adecuadas debido a la destrucción, indisponibilidad o saturación de las redes de telecomunicaciones. Cuando existe una emergencia, las redes de telecom que permanecen operando se saturan fácilmente. Por lo tanto es vital que se cuente con el programa de prioridad en servicios móviles, a través del cual el personal de equipos de emergencia puede acceder al servicio móvil con prioridad. En México los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones tienen dentro de sus títulos la obligación general de contar con un plan de acciones para prevenir la interrupción de los servicios y para proporcionar servicios de emergencia por caso fortuito o fuerza mayor, pero eso no es un plan de telecomunicaciones en situaciones de emergencia que debiera elaborarse con la participación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Segob, la SSP, Cofetel y entidades de la sociedad civil.
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