“El poder es la posibilidad de imponer la voluntad propia sobre la ajena”, Max Weber. El poder y el control son sin duda de lo más apetecido para un político. ¿Por qué habría ser diferente el caso del Presidente Felipe Calderón? El reciente nombramiento del Dr. Alexis Milo ha puesto de relieve una vez más si la Comisión Federal de Telecomunicaciones cumple con las características esenciales de los reguladores de telecomunicaciones en el mundo: independencia y autonomía. La experiencia internacional nos aporta aquélla son elementos fundamentales para garantizar que el regulador operará para el desarrollo de las telecomunicaciones y beneficio de los usuarios, proveyendo un nivel parejo de juego entre los agentes económicos, y con el blindaje suficiente para resistir las injerencias gubernamentales y políticas y los intentos de captura de la industria. ¿Dónde está México en todo esto?
Antecedentes. El formalismo del Derecho mexicano se enfrentó a un desafío cuando México decidió seguir la corriente mundial de crear órganos reguladores de telecomunicaciones en la década de 1990, siguiendo la experiencia de EUA en donde la FCC es un equivalente a un órgano constitucional autónomo que no depende del Ejecutivo y rinde cuentas ante el Congreso, ¿cómo se trasladaría esa figura a nuestro país? Antes de la Ley Federal de Telecomunicaciones (1995) era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien decidía con todas las connotaciones políticas, de sumisión jerárquica al Presidente y conforme a las órdenes de éste. Los reguladores buscaban en primer lugar deshacerse de esa influencia política que tanto daño hace a un sector que puede impulsar (o inhibir) el crecimiento de un país. Sin embargo, las discusiones legislativas se centraron en las figuras utilizadas en esa entonces: órgano desconcentrado y organismo descentralizado. Perder el poder aun cuando sea en aras del bien común, resulta difícil para los políticos, por lo cual CFT quedó como órgano desconcentrado, sin personalidad, ni patrimonio propio. Los comisionados eran nombrados y removidos libremente a voluntad del Presidente.
Reformas 2006. Estas reformas sin pretender fortalecer a CFT en cuanto a sus facultades, sí establecieron mecanismos para buscar la independencia de decisión de los comisionados frente al Ejecutivo como nombramientos con plazos de 7 años y sólo removibles por causas graves. En radio y televisión abierta, la CFT es la autoridad sin sujeción a la SCT (salvo el rescate de frecuencias), después de una controversia constitucional resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Reglamento Interior de la SCT expedido por el Presidente Calderón en la cual se decidía hacer caso omiso de la ley y regresar facultades a la SCT en una especie de búsqueda del pasado tipo Echeverría o López Portillo.
Acuerdo TDT 2010. En 2010 el Presidente Calderón, con buena intención por fijar fecha para el apagón digital, pero con evidente añoranza del nocivo presidencialismo priista, expidió un acuerdo que ignora lo resuelto por la Corte en cuanto a que Cofetel es la autoridad de radiodifusión y resuelve en estos temas. En contra de este acuerdo, el Congreso de la Unión presentó una controversia constitucional a resolverse próximamente. En ésta, el Consejero Jurídico Miguel Alessio busca reafirmar la sumisión jerárquica de CFT y sentar precedente de ello para otros sectores. Lo que se pierde de vista es el interés general, la razón de ser de los reguladores.
La mirada al pasado priista en nada favorece al país, si buscamos mejorar, el Presidente deberá asumir que ya no tendrá el poder que solía tener, pero eso no es símbolo de debilidad, sino de compromiso con el país. El argumentar que la autonomía de CFT es sólo respecto a los agentes regulados, refleja ausencia de conocimiento del deber ser de los reguladores, porque tanto daño es la captura del regulador por las empresas como por los gobernantes y políticos. Esperemos que a pesar de los graves cuestionamientos al Dr. Milo, éste sepa distinguir entre el agradecimiento a quien lo nombró y el deber de actuar con independencia de la voluntad del Presidente Calderón. Éste además debiera revisar lo que pasa, no en la CFT que funciona, sino en la SCT en la que el sector privado debe estar casi dos meses en espera de que el Secretario Pérez Jácome firme concesiones y autorizaciones de telecom, ¿así contribuye el calderonismo a la competencia y cobertura?
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