La noticia de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes negaba a Telmex la incursión a televisión, hizo que casi pasara por alto un evento en el sector de la más alta relevancia: el gobierno federal dejaba el último bastión como empresario de telecomunicaciones con la reestructura de Satmex. Satmex que desde su desventurada privatización en 1997 con la SCT entonces comandada por Carlos Ruiz Sacristán, ha vivido en terapia intensiva. Satmex quien por muchos años fue el único en contar con posiciones de México en la órbita geoestacionaria (hoy Quetzsat también cuenta con una), ha sobrevivido a pesar de todo y con el cierre de la última operación en mayo pasado, salió avante de su segundo procedimiento de reestructura conforme al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de EUA.
El gobierno federal al privatizar Satmex en 1997 conservó el 25% de sus acciones. Pocos meses después, el hoy Secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón suscribió un convenio y recibió un “pagaré” por $125 millones de dólares por el menoscabo que había sufrido el gobierno en su participación accionaria por endeudamientos irrazonables de Satmex contraídos con el beneplácito de la SCT. Ese menoscabo carecía de garantías de pago y el pagaré jamás cumplió con los requisitos de ley (¡mas hubiera valido que comprara el Lic. Lozano Alarcón un pagaré de papelería que aceptar un papel sin valor alguno, según lo determinó el Juzgado Primero de Distrito en materia Civil en el DF). Así que el gobierno tenía una posición accionaria con valor disminuido y un papel que cuando lo quiso cobrar en 2004 le dijeron “perdón, esto no es un pagaré”. Desde la privatización el gobierno federal había reducido su participación en Satmex a 23.6% (1999) y tras el proceso de concurso mercantil de 2006, aceptó una reducción al 4% de su tenencia accionaria preservando 20% de los derechos económicos, resignándose a no recuperar directamente los $125 mdd del seudo “pagaré”.
La salida del gobierno federal de Satmex es una buena noticia para el erario y los agentes del mercado, primero porque no tendrá que invertir, ni perder más de lo ya perdido, y segundo porque el ser regulador y regulado nunca ha sido sencillo, ni benéfico para el sector. Ahora que el Presidente Felipe Calderón está impulsando la creación de una red satelital gubernamental para servicios de seguridad nacional y sociales inicialmente por medio del satélite Mexsat-3, bien hará en mantenerse fuera de la tentación de vender servicios y competir con los actuales concesionarios satelitales. De otra manera, además del cuestionable impuesto conocido como “reserva de Estado” que exige un porcentaje de la capacidad satelital disponible gratuitamente para el gobierno, éste estaría desbalanceando la competencia y regresando al pasado.
¿Dónde está Satmex hoy? Satmex tiene los satélites: (a) Solidaridad 2 en la posición 114.9°O que está viviendo horas extras en órbita inclinada, proveyendo sólo servicios de seguridad nacional y de interés social en la banda L, y que será sustituido por el Satmex 5 interinamente y posteriormente por el Satmex 8 cuya construcción ya inició, (b) Satmex 5 en la posición 116.8°O cuyo sistema de propulsión falló y está utilizando su sistema de respaldo, y que opera la banda C y Ku, y (c) Satmex 6 en la posición 113°O con operación en las bandas C y Ku. Las concesiones de dichos satélites fueron prorrogadas por la SCT hace algunos meses y vencerán en 2037. El Satmex 7 todavía no se manda a construir.
Satmex ha reportado a la Securities Exchange Commission de EUA que no cree obtener recursos suficientes de su operación para financiar el Satmex 7, que requiere sustituir el Satmex 5 con el Satmex 8 para retener a sus clientes y que el 50% de sus ingresos provienen de sus 10 principales clientes lo cual lo coloca en una situación de dependencia a éstos. ¿Por qué entonces invertir en Satmex? Muchas pueden ser las razones, pero el que Satmex viviera en terapia intensiva en gran medida fue por su excesivo endeudamiento y no porque fuera una mala empresa. De hecho, los contratos con sus clientes cubren casi la totalidad de la capacidad de los Satmex 5 y 6, obteniendo la mayor parte de sus ingresos de EUA. Esta nueva era con Holdsat México como inversionista mexicano con el 51% del voto aunque con el 5.1% de los derechos económicos, puede levantar a Satmex como esperamos lo ocurra.
martes, 28 de junio de 2011
Control sobre Cofetel
“El poder es la posibilidad de imponer la voluntad propia sobre la ajena”, Max Weber. El poder y el control son sin duda de lo más apetecido para un político. ¿Por qué habría ser diferente el caso del Presidente Felipe Calderón? El reciente nombramiento del Dr. Alexis Milo ha puesto de relieve una vez más si la Comisión Federal de Telecomunicaciones cumple con las características esenciales de los reguladores de telecomunicaciones en el mundo: independencia y autonomía. La experiencia internacional nos aporta aquélla son elementos fundamentales para garantizar que el regulador operará para el desarrollo de las telecomunicaciones y beneficio de los usuarios, proveyendo un nivel parejo de juego entre los agentes económicos, y con el blindaje suficiente para resistir las injerencias gubernamentales y políticas y los intentos de captura de la industria. ¿Dónde está México en todo esto?
Antecedentes. El formalismo del Derecho mexicano se enfrentó a un desafío cuando México decidió seguir la corriente mundial de crear órganos reguladores de telecomunicaciones en la década de 1990, siguiendo la experiencia de EUA en donde la FCC es un equivalente a un órgano constitucional autónomo que no depende del Ejecutivo y rinde cuentas ante el Congreso, ¿cómo se trasladaría esa figura a nuestro país? Antes de la Ley Federal de Telecomunicaciones (1995) era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien decidía con todas las connotaciones políticas, de sumisión jerárquica al Presidente y conforme a las órdenes de éste. Los reguladores buscaban en primer lugar deshacerse de esa influencia política que tanto daño hace a un sector que puede impulsar (o inhibir) el crecimiento de un país. Sin embargo, las discusiones legislativas se centraron en las figuras utilizadas en esa entonces: órgano desconcentrado y organismo descentralizado. Perder el poder aun cuando sea en aras del bien común, resulta difícil para los políticos, por lo cual CFT quedó como órgano desconcentrado, sin personalidad, ni patrimonio propio. Los comisionados eran nombrados y removidos libremente a voluntad del Presidente.
Reformas 2006. Estas reformas sin pretender fortalecer a CFT en cuanto a sus facultades, sí establecieron mecanismos para buscar la independencia de decisión de los comisionados frente al Ejecutivo como nombramientos con plazos de 7 años y sólo removibles por causas graves. En radio y televisión abierta, la CFT es la autoridad sin sujeción a la SCT (salvo el rescate de frecuencias), después de una controversia constitucional resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Reglamento Interior de la SCT expedido por el Presidente Calderón en la cual se decidía hacer caso omiso de la ley y regresar facultades a la SCT en una especie de búsqueda del pasado tipo Echeverría o López Portillo.
Acuerdo TDT 2010. En 2010 el Presidente Calderón, con buena intención por fijar fecha para el apagón digital, pero con evidente añoranza del nocivo presidencialismo priista, expidió un acuerdo que ignora lo resuelto por la Corte en cuanto a que Cofetel es la autoridad de radiodifusión y resuelve en estos temas. En contra de este acuerdo, el Congreso de la Unión presentó una controversia constitucional a resolverse próximamente. En ésta, el Consejero Jurídico Miguel Alessio busca reafirmar la sumisión jerárquica de CFT y sentar precedente de ello para otros sectores. Lo que se pierde de vista es el interés general, la razón de ser de los reguladores.
La mirada al pasado priista en nada favorece al país, si buscamos mejorar, el Presidente deberá asumir que ya no tendrá el poder que solía tener, pero eso no es símbolo de debilidad, sino de compromiso con el país. El argumentar que la autonomía de CFT es sólo respecto a los agentes regulados, refleja ausencia de conocimiento del deber ser de los reguladores, porque tanto daño es la captura del regulador por las empresas como por los gobernantes y políticos. Esperemos que a pesar de los graves cuestionamientos al Dr. Milo, éste sepa distinguir entre el agradecimiento a quien lo nombró y el deber de actuar con independencia de la voluntad del Presidente Calderón. Éste además debiera revisar lo que pasa, no en la CFT que funciona, sino en la SCT en la que el sector privado debe estar casi dos meses en espera de que el Secretario Pérez Jácome firme concesiones y autorizaciones de telecom, ¿así contribuye el calderonismo a la competencia y cobertura?
Antecedentes. El formalismo del Derecho mexicano se enfrentó a un desafío cuando México decidió seguir la corriente mundial de crear órganos reguladores de telecomunicaciones en la década de 1990, siguiendo la experiencia de EUA en donde la FCC es un equivalente a un órgano constitucional autónomo que no depende del Ejecutivo y rinde cuentas ante el Congreso, ¿cómo se trasladaría esa figura a nuestro país? Antes de la Ley Federal de Telecomunicaciones (1995) era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien decidía con todas las connotaciones políticas, de sumisión jerárquica al Presidente y conforme a las órdenes de éste. Los reguladores buscaban en primer lugar deshacerse de esa influencia política que tanto daño hace a un sector que puede impulsar (o inhibir) el crecimiento de un país. Sin embargo, las discusiones legislativas se centraron en las figuras utilizadas en esa entonces: órgano desconcentrado y organismo descentralizado. Perder el poder aun cuando sea en aras del bien común, resulta difícil para los políticos, por lo cual CFT quedó como órgano desconcentrado, sin personalidad, ni patrimonio propio. Los comisionados eran nombrados y removidos libremente a voluntad del Presidente.
Reformas 2006. Estas reformas sin pretender fortalecer a CFT en cuanto a sus facultades, sí establecieron mecanismos para buscar la independencia de decisión de los comisionados frente al Ejecutivo como nombramientos con plazos de 7 años y sólo removibles por causas graves. En radio y televisión abierta, la CFT es la autoridad sin sujeción a la SCT (salvo el rescate de frecuencias), después de una controversia constitucional resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Reglamento Interior de la SCT expedido por el Presidente Calderón en la cual se decidía hacer caso omiso de la ley y regresar facultades a la SCT en una especie de búsqueda del pasado tipo Echeverría o López Portillo.
Acuerdo TDT 2010. En 2010 el Presidente Calderón, con buena intención por fijar fecha para el apagón digital, pero con evidente añoranza del nocivo presidencialismo priista, expidió un acuerdo que ignora lo resuelto por la Corte en cuanto a que Cofetel es la autoridad de radiodifusión y resuelve en estos temas. En contra de este acuerdo, el Congreso de la Unión presentó una controversia constitucional a resolverse próximamente. En ésta, el Consejero Jurídico Miguel Alessio busca reafirmar la sumisión jerárquica de CFT y sentar precedente de ello para otros sectores. Lo que se pierde de vista es el interés general, la razón de ser de los reguladores.
La mirada al pasado priista en nada favorece al país, si buscamos mejorar, el Presidente deberá asumir que ya no tendrá el poder que solía tener, pero eso no es símbolo de debilidad, sino de compromiso con el país. El argumentar que la autonomía de CFT es sólo respecto a los agentes regulados, refleja ausencia de conocimiento del deber ser de los reguladores, porque tanto daño es la captura del regulador por las empresas como por los gobernantes y políticos. Esperemos que a pesar de los graves cuestionamientos al Dr. Milo, éste sepa distinguir entre el agradecimiento a quien lo nombró y el deber de actuar con independencia de la voluntad del Presidente Calderón. Éste además debiera revisar lo que pasa, no en la CFT que funciona, sino en la SCT en la que el sector privado debe estar casi dos meses en espera de que el Secretario Pérez Jácome firme concesiones y autorizaciones de telecom, ¿así contribuye el calderonismo a la competencia y cobertura?
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