Diplomado. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Bufete Quijano han organizado el Diplomado de Derecho de las Telecomunicaciones que iniciará el 18 de febrero próximo, contando con expositores de primer nivel provenientes del sector y de la academia. Es el primer diplomado en su tipo que abarcará temas de radio y televisión, telecomunicaciones e Internet, con puntos de vista técnico-jurídicos alejados de posiciones ideológicas.
Para mayor información visitar derechodetelecomunicaciones.blogspot.com.
lunes, 7 de diciembre de 2009
Cofetel: hacia la transparencia o la opacidad
La Comisión Federal de Telecomunicaciones está nuevamente en el ojo del huracán o, más bien, nunca ha dejado de estarlo desde que fue creada. Entre demandas de retirar a los actuales comisionados bajo apreciaciones subjetivas más que jurídicas, hoy Cofetel tiene una oportunidad única: elegir entre la transparencia o la opacidad. Si decidiera Cofetel optar por la transparencia, no sólo se fortalecería como institución, sino que también daría certeza al sector de telecomunicaciones. Imagínemos por un momento que Cofetel opta por la transparencia, ¿qué tendría que hacer?
§ Las sesiones del Pleno de Cofetel serían públicas al igual que lo son las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o las del Instituto Federal de Acceso a la Información. Cualquiera podría asistir en persona o seguir las discusiones vía Internet. ¿Habrá algún temor de los comisionados o de los concesionarios de telecomunicaciones de que fueran públicas las deliberaciones? Las suspicacias de favoritismos que hoy día reclaman la remoción de comisionados se verían diluidas, porque al ser públicas las sesiones, éstas estarían sujetas al escrutinio público y se conocerían las argumentaciones completas de cada actor. Hoy día la información de las sesiones del Pleno de Cofetel proviene de trascendidos. Además, lo que se plasma en las actas del Pleno muchas veces no recoge la integridad de los razonamientos o son clasificadas como información reservada.
§ La agenda del Pleno sería pública con suficiente antelación para que la ciudadanía sepa si le interesa o no algún tema que se tratará. Además, se evitaría que se introduzcan temas subrepticiamente o se retrasen aquellos que no sean del interés de sus integrantes.
§ Cuando hubiera una reunión de 3 o más comisionados para deliberar asuntos de Cofetel, entonces la junta sería pública y se convocaría con varios días de anticipación. Ésta es la práctica en EUA en la Federal Communications Commission conforme a la Sunshine Act, y esta comisión goza de prestigio y respeto por los agentes económicos.
§ De las reuniones de los servidores públicos de la Cofetel con concesionarios, permisionarios o peticionarios, se levantaría una minuta la cual resumiría el tema de la junta y se haría pública. Esta práctica blinda a los servidores públicos honestos y evita la tentanción de los particulares mal intencionados, de proponer algo contrario a la ley.
§ Las bases de licitación de las frecuencias que venderá la Cofetel cual si de una mercancía se tratara, serían públicas como en el resto de los países. ¿Por qué si las frecuencias son bienes de la Nación se limita el acceso a las bases a los que paguen $20,000 pesos? ¿Dónde está la Secretaría de la Función Pública para exigir transparencia en este proceso? ¿Cuál es la posición del IFAI? ¿Podemos al menos conocer los argumentos para que las bases sean privilegio exclusivo de unos cuantos?
§ El Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión sostendría reuniones públicas, en especial si está decidiendo el futuro de la radio digital en México que afectará a todos los habitantes del país.
Cofetel tiene la oportunidad de fortalecerse y ganar credibilidad, sin necesidad de reforma legislativa o reglamentaria. ¿Habrá la voluntad política? ¿Podrían los demás órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia volverse también transparentes?
Diplomado. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Bufete Quijano han organizado el Diplomado de Derecho de las Telecomunicaciones que iniciará el 18 de febrero próximo, contando con expositores de primer nivel provenientes del sector y de la academia (derechodetelecomunicaciones.blogspot.com). Es el primer diplomado en su tipo que abarcará temas de radio y televisión, telecomunicaciones e Internet, con puntos de vista técnico-jurídicos alejados de posiciones ideológicas.
§ Las sesiones del Pleno de Cofetel serían públicas al igual que lo son las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o las del Instituto Federal de Acceso a la Información. Cualquiera podría asistir en persona o seguir las discusiones vía Internet. ¿Habrá algún temor de los comisionados o de los concesionarios de telecomunicaciones de que fueran públicas las deliberaciones? Las suspicacias de favoritismos que hoy día reclaman la remoción de comisionados se verían diluidas, porque al ser públicas las sesiones, éstas estarían sujetas al escrutinio público y se conocerían las argumentaciones completas de cada actor. Hoy día la información de las sesiones del Pleno de Cofetel proviene de trascendidos. Además, lo que se plasma en las actas del Pleno muchas veces no recoge la integridad de los razonamientos o son clasificadas como información reservada.
§ La agenda del Pleno sería pública con suficiente antelación para que la ciudadanía sepa si le interesa o no algún tema que se tratará. Además, se evitaría que se introduzcan temas subrepticiamente o se retrasen aquellos que no sean del interés de sus integrantes.
§ Cuando hubiera una reunión de 3 o más comisionados para deliberar asuntos de Cofetel, entonces la junta sería pública y se convocaría con varios días de anticipación. Ésta es la práctica en EUA en la Federal Communications Commission conforme a la Sunshine Act, y esta comisión goza de prestigio y respeto por los agentes económicos.
§ De las reuniones de los servidores públicos de la Cofetel con concesionarios, permisionarios o peticionarios, se levantaría una minuta la cual resumiría el tema de la junta y se haría pública. Esta práctica blinda a los servidores públicos honestos y evita la tentanción de los particulares mal intencionados, de proponer algo contrario a la ley.
§ Las bases de licitación de las frecuencias que venderá la Cofetel cual si de una mercancía se tratara, serían públicas como en el resto de los países. ¿Por qué si las frecuencias son bienes de la Nación se limita el acceso a las bases a los que paguen $20,000 pesos? ¿Dónde está la Secretaría de la Función Pública para exigir transparencia en este proceso? ¿Cuál es la posición del IFAI? ¿Podemos al menos conocer los argumentos para que las bases sean privilegio exclusivo de unos cuantos?
§ El Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión sostendría reuniones públicas, en especial si está decidiendo el futuro de la radio digital en México que afectará a todos los habitantes del país.
Cofetel tiene la oportunidad de fortalecerse y ganar credibilidad, sin necesidad de reforma legislativa o reglamentaria. ¿Habrá la voluntad política? ¿Podrían los demás órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia volverse también transparentes?
Diplomado. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Bufete Quijano han organizado el Diplomado de Derecho de las Telecomunicaciones que iniciará el 18 de febrero próximo, contando con expositores de primer nivel provenientes del sector y de la academia (derechodetelecomunicaciones.blogspot.com). Es el primer diplomado en su tipo que abarcará temas de radio y televisión, telecomunicaciones e Internet, con puntos de vista técnico-jurídicos alejados de posiciones ideológicas.
Cofetel: ¿reprobada? [Sitio web y análisis Lirne]
La Comisión Federal de Telecomunicaciones como regulador del sector debiera ser ejemplo en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para proveer información y prestar servicios. Sin embargo, una investigación sobre los sitios web de los reguladores en Latinoamérica sitúa a la Cofetel por debajo del promedio y señala que en comparación con la evaluación del 2005 México retrocedió “notablemente”. De hecho el sitio web de Cofetel está en el nivel de evolución más bajo, el “emergente”, lo cual refiere que sólo cuenta con información básica y principalmente estática. Los sitios web son mucho más que suministradores de información, son también medios para reducir el riesgo regulatorio y atraer la inversión.
Las categorías analizadas por la red de investigación y entrenamiento Lirne.net son:
§ Información para el usuario que comprende tener un proceso para presentar quejas, dar información sobre audiencias públicas, así como las estadísticas sobre resolución de quejas. Cofetel está arriba del promedio, aun cuando esto no debe ser un motivo de festejo. Recuérdese que nuestra región es una de contrastes. Brasil tiene el mejor sitio web de acuerdo a este estudio porque es interactivo, los usuarios pueden presentar solicitudes y la información está vinculada con las leyes aplicables, mientras que Guatemala ni siquiera obtuvo puntuación.
Un elemento analizado fue el de audiencias públicas. Mientras que en Brasil, Chile, Colombia y Perú son procesos comunes, en México nunca han existido para las telecomunicaciones. Por el contrario, todas las sesiones del Pleno de Cofetel son a puerta cerrada. ¿Por qué en otros países las deliberaciones son públicas y en México no?
§ Información para negocios tal como para la homologación de equipos, los requisitos para obtener una concesión, información sobre interconexión y lo relativo a recursos escasos como el espectro. Cofetel está peleándose los últimos lugares.
Para la licitación de la fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo públicas las pre-bases de licitación y las sometió a consulta pública. El Secretario Juan Molinar ha anunciado que en este año se iniciará la licitación de concesiones para el uso de frecuencias, ¿por qué no son públicas las pre-bases de licitación? ¿Serán públicas las bases finales? Si las frecuencias son bienes de la Nación, ¿tendríamos derecho de saber los términos en los cuales se licitará un recurso que nos pertenece?
En interconexión, Perú es un ejemplo, porque en su sitio tiene la información sobre los contratos de interconexión y su texto, las ofertas básicas y condiciones económicas, entre otros. ¿Y en México? Nada.
§ Información general como la misión de la institución y la facilidad de usar el sitio web. Cofetel está en el antepenúltimo lugar.
§ Información fáctica y noticias que incluye información sobre leyes, estadística e indicadores. Cofetel está por arriba del promedio.
§ Servicio universal sobre información de políticas, reportes y planes de lo que en México se llama cobertura social. Cofetel en los últimos lugares y no debiera sorprendernos si consideramos que en este sexenio no ha habido proyectos derivados del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones. En cambio República Dominicana informa en su sitio web el detalle de los proyectos existentes y con herramienta para ubicar los proyectos por localidad.
En descargo de Cofetel, ésta tiene que seguir los criterios que fija Presidencia de la República a toda la Administración Pública Federal. Lo preocupante es que si se hiciera una evaluación de criterios de disponibilidad de información relevante, actualizada y localizable de manera sencilla, quizá todas las dependencias reprobarían. Para muestras basta un botón. Encontrar documentos en el sitio de la Comisión Federal de Competencia puede consumir innecesariamente tiempo. “Los sitios deben por tanto estar diseñados para ser funcionales y accesibles al público en general y deben tomar en consideración factores como las necesidades de los usuarios, los niveles educativos, así como las discapacidades físicas que son barreras que limitan el acceso” (Lirne.net). ¿Sucederá algún día en México?
Satélites gubernamentales: ¿para qué?
Una inversión de 1,000 millones de dólares para dos satélites para el gobierno mexicano, ¿está justificada o es un exceso en esta época de crisis? Refiriéndose a seguridad nacional el Almirante Jorge Alberto Burguete de la Secretaría de la Defensa Nacional declaró que en México “no tenemos comunicaciones seguras en este momento, dependemos de un sistema satelital extranjero”. Además, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mencionó que 25 millones de mexicanos no tienen acceso a telecomunicaciones por lo que si el gobierno mexicano tuviera satélites propios podría atender su obligación de dar cobertura social de telecomunicaciones a dichas personas. La presentación a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados del “Proyecto Sistema Satelital para Seguridad Nacional y Conectividad México” puede venir a remediar la ausencia de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo para este tipo de temas. Más vale tarde que nunca.
La comunicación vía satélite fue considerada a nivel constitucional un área estratégica hasta 1995 en que se comenzaron a sentar las bases para la privatización en 1997 de la entonces empresa pública Satélites Mexicanos (Satmex) que contaba con las concesiones para ocupar las posiciones en la órbita geoestacionaria del Estado Mexicano. Antes de la privatización de Satmex se expidió el Reglamento de Comunicación vía Satélite en el cual se establece que “Los operadores satelitales deberán reservar una porción de su capacidad en cada banda de frecuencias, la que será utilizada por el Estado en forma gratuita, exclusivamente para las redes de seguridad nacional y para servicios de carácter social” (artículo 29). Con base en esta disposición, todos aquellos que tienen una concesión satelital en México están obligados a tener la reserva de Estado que es esencialmente una contribución en especie.
Por otra parte, el satélite Solidaridad 2 fue lanzado al espacio en 1994, estimándose una vida de operación de 14 años, es decir, su vida útil estaba prevista a noviembre de 2008. En el Solidaridad 2 existe un transpondedor en la banda L que se utiliza para comunicaciones de seguridad nacional. Para extender su vida util, se inclinó el satélite Solidaridad 2 dejando sólo las comunicaciones de seguridad nacional y migrando a los demás usuarios a otros satélites.
Satmex ha informado al público inversionista que “estamos obligados a operar un transpondedor de la banda L propiedad del gobierno de México … en el Solidaridad 2. … Ni el Satmex 6, ni el Satmex 5 tienen transpondedores en la banda L. Como nuestro Solidaridad 2 es nuestro único satélite con capacidades en banda L, nuestro sistema en banda L dejaría de existir el 30 de septiembre de 2008, cuando el satélite alcance el final de su vida operativa en una órbita geoestacionaria. .. El Solidaridad 2 ha estado operando en órbita inclinada desde el 1 de marzo de 2008 con la finalidad de ampliar la vida del transpondedor de la banda L…. A esta fecha el Gobierno mexicano no ha hecho las gestiones para reemplazar el satélite…”. Más aún, el Solidaridad 2 tuvo en 2007 fallas que afectaron sus servicios, lo cual se consideró resultado del “comportamiento típico de un propulsor en su etapa tardía de vida”. En 2008 volvió a presentar una anomalía. En breve, el Solidaridad 2 –y sus comunicaciones de seguridad nacional- están viviendo horas extras.
El que el Estado Mexicano cuente con sus propios satélites de ninguna manera puede considerarse como el regreso del estado empresario, sino la respuesta a una necesidad permanente. Incluso, si el Estado Mexicano tiene satélites propios, ¿se justificaría continuar con el impuesto de reserva de capacidad satelital? Se estima que se gastan 120 millones de dólares al año para comunicaciones para operativos de seguridad, hoy el Ejecutivo Federal pide 4,500 millones de pesos para este proyecto en 2010. En tiempos de crisis económica –que hemos vivido recurrentemente al menos en las últimas 4 décadas-, las decisiones presupuestales resultan complejas, ¿la seguridad nacional y cobertura social serán favorecidas?
La comunicación vía satélite fue considerada a nivel constitucional un área estratégica hasta 1995 en que se comenzaron a sentar las bases para la privatización en 1997 de la entonces empresa pública Satélites Mexicanos (Satmex) que contaba con las concesiones para ocupar las posiciones en la órbita geoestacionaria del Estado Mexicano. Antes de la privatización de Satmex se expidió el Reglamento de Comunicación vía Satélite en el cual se establece que “Los operadores satelitales deberán reservar una porción de su capacidad en cada banda de frecuencias, la que será utilizada por el Estado en forma gratuita, exclusivamente para las redes de seguridad nacional y para servicios de carácter social” (artículo 29). Con base en esta disposición, todos aquellos que tienen una concesión satelital en México están obligados a tener la reserva de Estado que es esencialmente una contribución en especie.
Por otra parte, el satélite Solidaridad 2 fue lanzado al espacio en 1994, estimándose una vida de operación de 14 años, es decir, su vida útil estaba prevista a noviembre de 2008. En el Solidaridad 2 existe un transpondedor en la banda L que se utiliza para comunicaciones de seguridad nacional. Para extender su vida util, se inclinó el satélite Solidaridad 2 dejando sólo las comunicaciones de seguridad nacional y migrando a los demás usuarios a otros satélites.
Satmex ha informado al público inversionista que “estamos obligados a operar un transpondedor de la banda L propiedad del gobierno de México … en el Solidaridad 2. … Ni el Satmex 6, ni el Satmex 5 tienen transpondedores en la banda L. Como nuestro Solidaridad 2 es nuestro único satélite con capacidades en banda L, nuestro sistema en banda L dejaría de existir el 30 de septiembre de 2008, cuando el satélite alcance el final de su vida operativa en una órbita geoestacionaria. .. El Solidaridad 2 ha estado operando en órbita inclinada desde el 1 de marzo de 2008 con la finalidad de ampliar la vida del transpondedor de la banda L…. A esta fecha el Gobierno mexicano no ha hecho las gestiones para reemplazar el satélite…”. Más aún, el Solidaridad 2 tuvo en 2007 fallas que afectaron sus servicios, lo cual se consideró resultado del “comportamiento típico de un propulsor en su etapa tardía de vida”. En 2008 volvió a presentar una anomalía. En breve, el Solidaridad 2 –y sus comunicaciones de seguridad nacional- están viviendo horas extras.
El que el Estado Mexicano cuente con sus propios satélites de ninguna manera puede considerarse como el regreso del estado empresario, sino la respuesta a una necesidad permanente. Incluso, si el Estado Mexicano tiene satélites propios, ¿se justificaría continuar con el impuesto de reserva de capacidad satelital? Se estima que se gastan 120 millones de dólares al año para comunicaciones para operativos de seguridad, hoy el Ejecutivo Federal pide 4,500 millones de pesos para este proyecto en 2010. En tiempos de crisis económica –que hemos vivido recurrentemente al menos en las últimas 4 décadas-, las decisiones presupuestales resultan complejas, ¿la seguridad nacional y cobertura social serán favorecidas?
Incentivos fiscales o favores personales [Licitaciones de frecuencias]
La necesidad de recursos para cubrir el presupuesto de egresos de la Federación llevó al Presidente Felipe Calderón a proponer un impuesto especial a servicios de telecomunicaciones. La Cámara de Diputados aprobó dicho impuesto en un 3%, pero –afortunadamente- el Senado se opuso al mismo. Sin embargo, apareció en la Ley Federal de Derechos una singular exención en el pago de derechos por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico (artículos 244-E en relación con el Primero transitorio) en la banda de 1.7-2.1 GHz. La banda de 1.7-2.1 GHz está asignada para prestar servicios de banda ancha y de tercera generación (3G), y la Comisión Federal de Telecomunicaciones ha anunciado que iniciará la licitación en este año. Esta exención ha creado un debate en los que unos denuncian que se pretende beneficiar a una empresa en particular y otros apoyan la medida como un incentivo para el desarrollo de servicios.
Lo cierto es que en EUA en muchas licitaciones de frecuencias se ha concedido créditos de nuevo entrante en la subasta (new entrant bidding credit). Veamos un ejemplo y sus particularidades.
En la licitación de frecuencias para radio FM la Federal Communications Commission justificó el crédito de nuevo entrante como un mecanismo para continuar con su compromiso de diversificar la propiedad de las instalaciones de radiodifusión. En EUA existe una serie de disposiciones que restrinjen la posibilidad de que un grupo de interés adquiera cierto número de estaciones de radio y de televisión, así como límites de propiedad cruzada entre periódicos o diarios impresos y estaciones de radio y televisión.
El crédito de nuevo entrante de EUA –que pudiera equipararse con la exención del pago de derechos referida- está destinado a aquellos participantes en la licitación de frecuencias que no sean propietarios de otros medios de comunicación masiva o que formen parte de un grupo de interés con poca presencia en otros medios de comunicación. De esta manera, los que sean suceptibles del crédito podrán recibir un 25 ó 35% de descuento. Los solicitantes deben declarar bajo protesta de decir verdad cuáles son sus ingresos acumulados. Además, les serán aplicables disposiciones de enriquecimiento injusto a los solicitantes que utilicen un crédito de nuevo entrante y después cedan o transfieran el control de la concesión a otra entidad.
El incentivo fiscal de dar un descuento o bien de exentar el pago de derechos por el uso de frecuencias por los primeros años puede ser positivo, siempre y cuando tenga los candados suficientes para que el incentivo se traduzca en beneficios a la sociedad. En teoría estos incentivos permitirían que las empresas destinaran sus recursos a desplegar red e instalar infrestructura. Para garantizar ello, la disposición fiscal debe preveerlo en lugar de dejarlo a la buena voluntad. Si el incentivo fiscal se otorga sólo para los nuevos entrantes –estilo el crédito de nuevo entrante de EUA-, se supone que habrá interés de empresas que se dedican a otros sectores, para convertirse en competidores de los concesionarios establecidos. En este caso, la ley debe especificar los requisitos a cumplir para considerarse un nuevo entrante. Pero esto no es tarea fácil. En el caso de la banda de 1.7 GHz, empresas como Telcel, Movistar y Iusacell que utilizan la banda de 800 MHz y de 1.9 GHz pudieran ser nuevos entrantes por carecer de una red para explotar específicamente la banda de 1.7 GHz.
Los incentivos fiscales que distingan entre concesionarios de telecomunicaciones en razón a la frecuencia que empleen, serán objeto de amparos y de análisis sobre su constitucionalidad. Por lo cual las exposiciones de motivos y los dictámenes de las comisiones del Congreso deben ser explícitas en la justificación de exenciones multimillonarias por el uso de un bien de dominio de la Nación como lo son las frecuencias, más aún en un año en el cual todo es visto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como susceptible de ser gravado con un impuesto y la ciudadanía padece los efectos de la crisis económica.
Lo cierto es que en EUA en muchas licitaciones de frecuencias se ha concedido créditos de nuevo entrante en la subasta (new entrant bidding credit). Veamos un ejemplo y sus particularidades.
En la licitación de frecuencias para radio FM la Federal Communications Commission justificó el crédito de nuevo entrante como un mecanismo para continuar con su compromiso de diversificar la propiedad de las instalaciones de radiodifusión. En EUA existe una serie de disposiciones que restrinjen la posibilidad de que un grupo de interés adquiera cierto número de estaciones de radio y de televisión, así como límites de propiedad cruzada entre periódicos o diarios impresos y estaciones de radio y televisión.
El crédito de nuevo entrante de EUA –que pudiera equipararse con la exención del pago de derechos referida- está destinado a aquellos participantes en la licitación de frecuencias que no sean propietarios de otros medios de comunicación masiva o que formen parte de un grupo de interés con poca presencia en otros medios de comunicación. De esta manera, los que sean suceptibles del crédito podrán recibir un 25 ó 35% de descuento. Los solicitantes deben declarar bajo protesta de decir verdad cuáles son sus ingresos acumulados. Además, les serán aplicables disposiciones de enriquecimiento injusto a los solicitantes que utilicen un crédito de nuevo entrante y después cedan o transfieran el control de la concesión a otra entidad.
El incentivo fiscal de dar un descuento o bien de exentar el pago de derechos por el uso de frecuencias por los primeros años puede ser positivo, siempre y cuando tenga los candados suficientes para que el incentivo se traduzca en beneficios a la sociedad. En teoría estos incentivos permitirían que las empresas destinaran sus recursos a desplegar red e instalar infrestructura. Para garantizar ello, la disposición fiscal debe preveerlo en lugar de dejarlo a la buena voluntad. Si el incentivo fiscal se otorga sólo para los nuevos entrantes –estilo el crédito de nuevo entrante de EUA-, se supone que habrá interés de empresas que se dedican a otros sectores, para convertirse en competidores de los concesionarios establecidos. En este caso, la ley debe especificar los requisitos a cumplir para considerarse un nuevo entrante. Pero esto no es tarea fácil. En el caso de la banda de 1.7 GHz, empresas como Telcel, Movistar y Iusacell que utilizan la banda de 800 MHz y de 1.9 GHz pudieran ser nuevos entrantes por carecer de una red para explotar específicamente la banda de 1.7 GHz.
Los incentivos fiscales que distingan entre concesionarios de telecomunicaciones en razón a la frecuencia que empleen, serán objeto de amparos y de análisis sobre su constitucionalidad. Por lo cual las exposiciones de motivos y los dictámenes de las comisiones del Congreso deben ser explícitas en la justificación de exenciones multimillonarias por el uso de un bien de dominio de la Nación como lo son las frecuencias, más aún en un año en el cual todo es visto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como susceptible de ser gravado con un impuesto y la ciudadanía padece los efectos de la crisis económica.
Comunicaciones en desastres
En México no existe un plan o programa para proveer servicios de telecomunicaciones en situaciones de emergencia. La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respondieron a solicitud de acceso a la información que no era competencia de dichas secretarías la existencia de un plan o programa de esa naturaleza. El Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Comisión Federal de Telecomunicaciones declararon que simplemente no existía. ¿Debiera existir? ¡Claro que sí! En Asia se han estado realizando foros y programas para emplear las comunicaciones en situaciones de emergencia.
Parece que las autoridades en México piensan que nunca nos podría pasar o quizá están esperando a que se ahogue el niño para tapar el pozo. México debiera tener un plan de comunicaciones para situaciones de emergencia y prever para la protección de infraestructura crítica como pueden ser aquellas del sistema eléctrico. Hasta ahora en las situaciones de emergencia los concesionarios han respondido más por compromiso con la ciudadanía que por una obligación. Pero la labor que de muto propio puedan hacer Telmex, Televisa, Iusacell o cualquier otra empresa, dista mucho de un plan nacional.
Aunque el asunto de la influenza no fue un desastre natural, sirva el ejemplo para ilustrar la importancia de tener un plan nacional que considere a todos los mexicanos. Una persona sorda que vivía sola durante la contingencia del AH1N1 de abril-mayo pasado, si veía la televisión o visitaba el sitio web de Presidencia de la República para ver el video, no se enteraba de la situación imperante, ni de las medidas que debía tomar, porque no se proveyeron subtítulos, ni intérprete en lengua de señas. Si la sugerencia era no salir a la calle, ¿cómo comprar algún periódico para estar informado? En Asia desde 2007 se han hecho foros y declaraciones como la Declaración de Phuket para la preparación en caso de desastres para personas con discapacidad. ¿Algún día cumplirá el Estado mexicano con las obligaciones constitucionales y de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad?
El Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales será el miércoles 14 de octubre y su finalidad es difundir cómo reducir, prevenir, mitigar y estar preparados para los desastres naturales. Además, a raíz de los tsunamis de los últimos años, entró en vigor el Convenio de Tampere sobre el suministro de recursos de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y las operaciones de socorro en caso de catástrofe. Este Convenio buscar facilitar el uso de las telecomunicaciones en casos de desastres, previendo el despliegue de equipos terrestres y satelitales, la instalación de sistemas para la asistencia humanitaria, así como para compartir información sobre riesgos a la salud. México no ha suscrito el Convenio de Tampere, pero esperemos que este Día Internacional sirva para recordar que se requiere un plan de comunicaciones en casos de desastre.
Cofetel en la mira. En poco menos de mes y medio que lleva esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, existen dos iniciativas de ley que pretenden reformar la naturaleza jurídica de Cofetel. La iniciativa del Senador Carlos Sotelo propone que Cofetel sea un organismo constitucional autónomo, en tanto que la iniciativa del Senador Ángel Aguirre prevé una Cofetel que sea un organismo descentralizado no sectorizado. Las implicaciones jurídicas, institucionales y políticas de cada iniciativa son diversas y pueden ser profundas. ¿Debe Cofetel ser regulador de radio, televisión y otras telecomunicaciones o también debiera decidir sobre contenidos de radiodifusión? ¿Quién designará a los comisionados? ¿Se busca la eficiencia o la conveniencia? ¿Realmente se está fortaleciendo a la Cofetel o será un botín político?
Parece que las autoridades en México piensan que nunca nos podría pasar o quizá están esperando a que se ahogue el niño para tapar el pozo. México debiera tener un plan de comunicaciones para situaciones de emergencia y prever para la protección de infraestructura crítica como pueden ser aquellas del sistema eléctrico. Hasta ahora en las situaciones de emergencia los concesionarios han respondido más por compromiso con la ciudadanía que por una obligación. Pero la labor que de muto propio puedan hacer Telmex, Televisa, Iusacell o cualquier otra empresa, dista mucho de un plan nacional.
Aunque el asunto de la influenza no fue un desastre natural, sirva el ejemplo para ilustrar la importancia de tener un plan nacional que considere a todos los mexicanos. Una persona sorda que vivía sola durante la contingencia del AH1N1 de abril-mayo pasado, si veía la televisión o visitaba el sitio web de Presidencia de la República para ver el video, no se enteraba de la situación imperante, ni de las medidas que debía tomar, porque no se proveyeron subtítulos, ni intérprete en lengua de señas. Si la sugerencia era no salir a la calle, ¿cómo comprar algún periódico para estar informado? En Asia desde 2007 se han hecho foros y declaraciones como la Declaración de Phuket para la preparación en caso de desastres para personas con discapacidad. ¿Algún día cumplirá el Estado mexicano con las obligaciones constitucionales y de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad?
El Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales será el miércoles 14 de octubre y su finalidad es difundir cómo reducir, prevenir, mitigar y estar preparados para los desastres naturales. Además, a raíz de los tsunamis de los últimos años, entró en vigor el Convenio de Tampere sobre el suministro de recursos de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y las operaciones de socorro en caso de catástrofe. Este Convenio buscar facilitar el uso de las telecomunicaciones en casos de desastres, previendo el despliegue de equipos terrestres y satelitales, la instalación de sistemas para la asistencia humanitaria, así como para compartir información sobre riesgos a la salud. México no ha suscrito el Convenio de Tampere, pero esperemos que este Día Internacional sirva para recordar que se requiere un plan de comunicaciones en casos de desastre.
Cofetel en la mira. En poco menos de mes y medio que lleva esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, existen dos iniciativas de ley que pretenden reformar la naturaleza jurídica de Cofetel. La iniciativa del Senador Carlos Sotelo propone que Cofetel sea un organismo constitucional autónomo, en tanto que la iniciativa del Senador Ángel Aguirre prevé una Cofetel que sea un organismo descentralizado no sectorizado. Las implicaciones jurídicas, institucionales y políticas de cada iniciativa son diversas y pueden ser profundas. ¿Debe Cofetel ser regulador de radio, televisión y otras telecomunicaciones o también debiera decidir sobre contenidos de radiodifusión? ¿Quién designará a los comisionados? ¿Se busca la eficiencia o la conveniencia? ¿Realmente se está fortaleciendo a la Cofetel o será un botín político?
IEPS Telecom: incoherencias e incongruencias
Las incoherencias del impuesto especial sobre servicios de telecomunicaciones propuesto por Presidencia de la República del 4% son evidentes en la exposición de motivos enviada a la Cámara de Diputados. Los criterios generales de Política Económica para el Programa Económico 2010 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo confirman las incongruencias. Para convencernos de pagar más impuestos especiales no basta con spots publicitarios “conmovedores” que, además, son pagados con nuestros impuestos, sino que éstos deben estar justificados y tener lógica. Veamos.
§ Por una parte, la SHCP señala que para reducir los costos en la economía, generar empleos y contribuir a la inversión se van a llevar acciones en 5 sectores, uno de ellos el de telecomunicaciones. Reconoce la SHCP que éstas inciden “en la competitivdad y en la productividad del país”. Pero, el Ejecutivo Federal argumenta que la afectación del IEPS de telecom en actividades productivas es reducida. Si las telecom inciden en la productividad y es importante reducir los costos de insumos en telecomunicaciones, ¿por qué establecer un impuesto del 4% a estos servicios?
§ Existió un IEPS de telecom en 2002-2003, pero la telefonía y el internet estaban exentos. La iniciativa cita tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte como tratando de convalidar su existencia. Claro que omiten referir a una jurisprudencia incómoda para su “justificación” que es la número 2a./J. 112/2004 en la que textualmente se dice que: “los servicios de internet, telefonía e interconexión son considerados como básicos para el desarrollo del país, característica de la que no goza el de televisión por cable”.
§ La justificación para el IEPS en telecom es que otros países lo tienen como EUA. Lo que no dicen es que ese impuesto está etiquetado para proveer servicio universal (incluyendo para telecom a personas con discapacidad y de bajos ingresos), por ejemplo. Tampoco informan que esos cargos las empresas lo trasladan directamente a los consumidores como lo señala de manera transparente Verizon en sus facturas. Contrario a lo argumentado por el Ejecutivo Federal, este tipo de impuestos afecta a ricos y pobres.
§ El artículo 18-A de la iniciativa de reformas al IEPS dice que se considera que los servicios de telecom se prestan en el país cuando “total o parcialmente” se realicen a través de una red pública de telecomunicaciones. ¿Estarán gravadas las llamadas de larga distancia internacional? ¿Quién recabará ese impuesto? ¿Será el operador extranjero o surgirá un nuevo cargo que cobrarán las empresas mexicanas por entregar la llamada en México?
§ La iniciativa cita estadísticas de servicios de telecom en hogares, pero la telefonía y el acceso a Internet se utilizan también en las escuelas, en las empresas pequeñas y grandes por igual. ¿Por qué se ignoraron las estadísticas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones sobre el número de usuarios de los servicios? ¿Estarán los funcionarios de Cofetel y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realmente de acuerdo con el impuesto que desincentiva el uso de servicios de telecom?
§ No todos los servicios de telecom usan frecuencias. Sin embargo, en una explicación en la cual se confunde lo que es el uso de frecuencias y los servicios de telecom, la SHCP trata de justificarse diciendo que los concesionarios deben pagar por los ingresos que perciben. ¡Error! Los que pagaremos ese IEPS seremos los consumidores. Además, por más desesperado que esté el Erario por recursos, el uso de las frecuencias no debe tener una finalidad recaudatoria, porque las telecom tienen efectos positivos en la economía. Se deben fomentar, no relegar.
En el mismo mes en que el Presidente Calderón señaló que se requería reformar el sector de telecomunicaciones para garantizar la cobertura de servicios de telecomunicaciones, propone gravar éstos como si fuere un artículo de lujo o nocivo para la salud. Los servicios de telecomunicaciones estarían gravados de la mano con el tabaco, la cerveza, los juegos y sorteos, y las bebidas alcohólicas. ¿Encuentra alguna relación? Ante la ineficiencia para recaudar, se está optando por gravar a los sectores cautivos. Quizá logren recaudar los 13,000 millones que esperan, pero las consecuencias nocivas de aprobar este IEPS de telecom se harán presentes y desafortunadamente perdurarán.
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