El Fondo de Cobertura Social en Telecomunicaciones (Focosote) fue creado con $750 millones de pesos por la Cámara de Diputados en 2002. Su objeto es el servicio universal, es decir, que toda la población tenga acceso a los servicios de telecomunicaciones desde su domicilio o en lugares públicos. Consciente el legislador de que existirían áreas del territorio nacional en las cuales no sería atractivo, ni rentable para el sector privado, incluyó una sección para atender a población de escasos recursos, de zonas rurales o a personas con discapacidad. Sin embargo, un diseño inapropiado del servicio universal afecta a la competencia y puede favorecer al dominante.
El fideicomiso del Focosote resolvió destinar sus recursos mediante licitaciones para la prestación de servicio local, larga distancia y acceso a Internet de al menos 33 kbps. Estos 33 kbps, ¿son una velocidad de Internet aceptable? No, porque es extremadamente baja. Si se pretende que las telecomunicaciones sean un medio para incrementar las oportunidades de las poblaciones beneficiarias, deberían exigir una velocidad que permitiera un Internet funcional y no uno decorativo. Imagínese que si las concesiones son por 20 años y hoy esa velocidad de Internet es pobrísima, ¿servirá para algo en 5 años? Además, el prestador de servicios que recibe ingresos del Focosote, podría después vender mayores velocidades por un costo adicional.
El Focosote se ha enfocado a la población rural de escasos recursos de entre 400 y 5000 habitantes, sin que exista programa alguno para atender a las personas con discapacidad. En cuanto a la determinación del área geográfica del Focosote, se debió prestar cuidado porque el operador histórico o el dominante tienen muchas veces más información que la autoridad y sus competidores, y pueden beneficiarse indebidamente de aquella. En las dos licitaciones del Focosote ganó Teléfonos de México, por lo cual surgen las preguntas de si se hizo un diseño apropiado de las áreas beneficiarias o si se descuidó el aspecto de la competencia.
Las dos licitaciones previeron una aportación no recuperable del Gobierno Federal para la instalación de infraestructura y el derecho de uso de frecuencias. La aportación no recuperable de la licitación de 2004 es por 274.5 millones de pesos y la de 2006 es por 377.5 millones de pesos. Los servicios a los usuarios no son gratuitos, sino que tienen tarifas preferenciales.
Respecto a las bandas de frecuencias otorgadas a Telmex, se ha polemizado de si están ocupadas por otros y si ello imposibilita que Telmex las utilice. Falta la respuesta de si se ha verificado que los recursos sean destinados para las localidades del Focosote. Recuérdese que Telmex tiene en su concesión otras obligaciones de servicio universal en los programas de telefonía rural y casetas públicas. La autoridad de comunicaciones debe asegurarse que no se financien estos programas con recursos del Focosote. La Comisión Federal de Telecomunicaciones en su momento solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tomara medidas para asegurarse de que eso no se realizará, pero ahora esa responsabilidad la tiene Cofetel, ¿ha realizado alguna revisión?
La rendición de cuentas del servicio universal es fundamental cuando existe un mercado en competencia. El operador debe informar sobre la calidad y demostrar que los usuarios no están pagando por servicios no necesarios para el servicio primario (p. ej., identificador de llamada), de otra manera puede estar incluyendo estos servicios de valor agregado dentro del costo del servicio básico. ¿Se ha confirmado que esto no suceda?
En definitiva, el servicio universal requiere una reestructura y debe, al menos: (1) contemplar velocidades de Internet mínimo de 256 kbps, (2) diseñar áreas de cobertura que consideren un mercado en competencia, (3) tener programas para personas con discapacidad, (4) proveer equipos de cómputo, y (5) acompañarse de instrucción en uso de computadoras e internet.
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