La radio ha sido el subsector de telecomunicaciones más olvidado a nivel regulatorio y de políticas públicas en México según lo manifestaron diversos ponentes en la 8ª Bienal Internacional de Radio. Sin embargo, dos grandes noticias se dieron la semana pasada, una en cuanto a refrendos de concesiones de estaciones de radiodifusión y la otra respecto a la autorización de cambio de frecuencias de AM a FM de 133 concesionarios.
Refrendos. Las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión de 2006 afectó negativa y significativamente a los concesionarios de radio. A diferencia de los concesionarios de televisión que desde 2004 habían refrendado sus concesiones, los empresarios de la radio no contaban (ni cuentan a la fecha) con una política de transición a la radio digital en la que se contemplara la prórroga de sus concesiones.
Las reformas establecieron la licitación pública como el mecanismo para obtener una concesión de radio o televisión abierta y previeron que para el refrendo no se necesitaría pasar por licitación. Esta última disposición fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerarla contraria a la Constitución General de la República. En su sentencia la Corte estableció que: “… el refrendo de las concesiones [de radio o televisión abierta], salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento de licitación, lo que resulta inconstitucional pues implica un privilegio para los concesionarios, que no tendrán que licitar para renovar el beneficio del título de concesión, relevándoseles de competir en igualdad de circunstancias con los demás interesados, sin que exista razón objetiva y razonable que lo justifique...”.
Por tanto, aquellos concesionarios de radio que hubieren presentado su solicitud de refrendo a más tardar el día en que se publicaron las reformas (11.04.2006), pudieron seguir el proceso de refrendo sin licitación, aquellos que no lo hicieron han estado padeciendo la incertidumbre total. La Comisión Federal de Telecomunicaciones comunicó que expidió el “Criterio para resolver las solicitudes de refrendo de los títulos de concesión en materia de radiodifusión”. ¿Cuáles son los fundamentos y motivos de ese Criterio? No se sabe, porque a este momento el Criterio no está en su sitio web. Lo que sí se conoce es que están aplicando supletoriamente el artículo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, pero ¿qué hay de lo resuelto por la Corte? ¿Cómo lo interpretaron? ¿La supletoriedad está por encima de la sentencia de la Corte? Hasta que no sea público el Criterio no podremos saber si lo resuelto por Cofetel es o no lo correcto y lo legal.
Cambios de AM a FM. El tan cuestionado Acuerdo del entonces Secretario Luis Téllez por la manera sigilosa en que se publicó, estableció el “cambio” de frecuencias de AM a FM a aquellos concesionarios que sólo contaran con estaciones de AM. El “cambio” es más bien el otorgamiento de frecuencias de FM a concesionarios de AM, para que éstos dejen de ocupar la frecuencia de AM en un año. La Cofetel anunció el “cambio” de 133 frecuencias de radio FM a concesionarios de radio AM en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Tampoco son públicas estas resoluciones de Cofetel, por lo cual el público –aunque tenga derecho-, no puede saber cuáles son los términos de esos “cambios” y, en el caso de las poblaciones que se quedarán sin servicios de radio, cuándo serán las licitaciones para cubrir el servicio.
¿Dónde quedó la transparencia? La falta de transparencia de las resoluciones de Cofetel afectan su credibilidad. La transparencia exige que la información sea pública de manera oportuna, es decir, si meses después el Criterio o las resoluciones de “cambio” de frecuencias se vuelven públicas, no cumplen con el principio de oportunidad porque la ciudadanía no recibió en tiempo la información. Esperemos que la transparencia permee en Cofetel, por el bien de la propia institución y del público en general.
viernes, 22 de abril de 2011
jueves, 21 de abril de 2011
Pleni Pot y las elecciones que vienen
Entre la polarización de posturas e impugnaciones de las licitaciones de frecuencias, las denuncias penales contra el Secretario de Comunicaciones y Transportes Juan Molinar y otros servidores públicos, y otros asuntos domésticos, se nos olvida que el sector de telecomunicaciones tiene una perspectiva internacional con implicaciones significativas en lo nacional. La próxima semana iniciará en Guadalajara, Jalisco, la Conferencia de Plenipotenciarios que es la autoridad más alta de política de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En esta conferencia mejor conocida como Plenipot participan los secretarios de estado y presidentes de los reguladores de telecomunicaciones de todos los países.
En la Plenipot de Guadalajara se estarán eligiendo al Secretario General de la UIT, a los Directores de los sectores de Desarrollo, Radiocomunicación y Normalización, y al Consejo de la UIT. Después de un distanciamiento de México en su participación internacional de telecomunicaciones, México será no sólo el anfitrión, sino que está retomando la agenda internacional con la candidatura del Mtro. Héctor Olavarría, Director General de Política de Telecomunicaciones de la SCT, para encabezar por los próximos 4 años el Buró de Desarrollo de Telecomunicaciones.
¿Cuál es la importancia de la UIT para México? Veamos algunos antecedentes. La UIT fue creada en el siglo XIX para resolver un problema de interconexión internacional entre redes telegráficas de países europeos. Su mandato inicial fue adicionando funciones según la evolución tecnológica iba imponiendo nuevos desafíos a las comunicaciones, tal es el caso de la comunicación vía satélite. Fue precisamente en el seno de la UIT en donde se acordó que cada país –independientemente de su grado de desarrollo tecnológico- tendría derecho a al menos una posición en la órbita geoestacionaria.
Después de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la UIT se convierte en una agencia especializada de ésta en 1947. La UIT está formada por Estados Miembros (administraciones de países) y por Miembros de Sector como por ejemplo organizaciones científicas, asociaciones industriales, empresas y cámaras de telecomunicaciones, instituciones académicas, de financiamiento y de desarrollo. De parte de México están inscritos como Miembros de Sector Marcatel, Satmex, Telecomunicaciones de México y Telmex.
En las Conferencias Mundiales de Radiocomunicación los países acuerdan el Cuadro Internacional de Atribuciones de Frecuencias, que tiene una repercusión total en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. Si México un día decidiera ignorar lo acordado en las Actas de dichas Conferencias, las implicaciones serían devastadoras, porque seguramente no encontraría equipo para operar en las bandas que México caprichosamente decidiera, generaría interferencia a otros países, las comunicaciones de México no podrían llevarse de manera eficiente con otros países o no existirían, etcétera.
En las Conferencias Mundiales de Normalización de la UIT se adoptan recomendaciones con estándares tecnológicos para la compatibilidad de equipos y sistemas, así como para la interconectividad de redes. Si México pretendiera ignorar estas recomendaciones, simplemente se convertiría en una isla incomunicada del resto del mundo.
El Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D) ocupa una función central en la UIT porque es el encargado de promover y brindar asistencia técnica para el desarrollo de servicios y redes de telecomunicaciones. UIT-D está a cargo del ICT Eye, sitio web de acceso gratuito con indicadores y estadísticas de tecnologías de la información y comunicaciones. UIT-D es responsable de temas como ciberseguridad, telecomunicaciones en situaciones de emergencia, entrenamiento y desarrollo de capacidades, accesibilidad de personas con discapacidad, así como de la elaboración de políticas y programas que lleven a reducir la brecha digital. El que México regrese a la escena internacional con Héctor Olavarría encabezando la UIT-D sería, por una parte, el reconocimiento a su amplia trayectoria en el sector, y por otra parte, un gran logro de la administración del Presidente Felipe Calderón y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En la Plenipot de Guadalajara se estarán eligiendo al Secretario General de la UIT, a los Directores de los sectores de Desarrollo, Radiocomunicación y Normalización, y al Consejo de la UIT. Después de un distanciamiento de México en su participación internacional de telecomunicaciones, México será no sólo el anfitrión, sino que está retomando la agenda internacional con la candidatura del Mtro. Héctor Olavarría, Director General de Política de Telecomunicaciones de la SCT, para encabezar por los próximos 4 años el Buró de Desarrollo de Telecomunicaciones.
¿Cuál es la importancia de la UIT para México? Veamos algunos antecedentes. La UIT fue creada en el siglo XIX para resolver un problema de interconexión internacional entre redes telegráficas de países europeos. Su mandato inicial fue adicionando funciones según la evolución tecnológica iba imponiendo nuevos desafíos a las comunicaciones, tal es el caso de la comunicación vía satélite. Fue precisamente en el seno de la UIT en donde se acordó que cada país –independientemente de su grado de desarrollo tecnológico- tendría derecho a al menos una posición en la órbita geoestacionaria.
Después de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la UIT se convierte en una agencia especializada de ésta en 1947. La UIT está formada por Estados Miembros (administraciones de países) y por Miembros de Sector como por ejemplo organizaciones científicas, asociaciones industriales, empresas y cámaras de telecomunicaciones, instituciones académicas, de financiamiento y de desarrollo. De parte de México están inscritos como Miembros de Sector Marcatel, Satmex, Telecomunicaciones de México y Telmex.
En las Conferencias Mundiales de Radiocomunicación los países acuerdan el Cuadro Internacional de Atribuciones de Frecuencias, que tiene una repercusión total en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. Si México un día decidiera ignorar lo acordado en las Actas de dichas Conferencias, las implicaciones serían devastadoras, porque seguramente no encontraría equipo para operar en las bandas que México caprichosamente decidiera, generaría interferencia a otros países, las comunicaciones de México no podrían llevarse de manera eficiente con otros países o no existirían, etcétera.
En las Conferencias Mundiales de Normalización de la UIT se adoptan recomendaciones con estándares tecnológicos para la compatibilidad de equipos y sistemas, así como para la interconectividad de redes. Si México pretendiera ignorar estas recomendaciones, simplemente se convertiría en una isla incomunicada del resto del mundo.
El Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D) ocupa una función central en la UIT porque es el encargado de promover y brindar asistencia técnica para el desarrollo de servicios y redes de telecomunicaciones. UIT-D está a cargo del ICT Eye, sitio web de acceso gratuito con indicadores y estadísticas de tecnologías de la información y comunicaciones. UIT-D es responsable de temas como ciberseguridad, telecomunicaciones en situaciones de emergencia, entrenamiento y desarrollo de capacidades, accesibilidad de personas con discapacidad, así como de la elaboración de políticas y programas que lleven a reducir la brecha digital. El que México regrese a la escena internacional con Héctor Olavarría encabezando la UIT-D sería, por una parte, el reconocimiento a su amplia trayectoria en el sector, y por otra parte, un gran logro de la administración del Presidente Felipe Calderón y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Violación a la Constitución
“En el Estado de México un gran equipo cumple”, refiriéndose al 5º Informe de Gobierno, donde aparece Enrique Peña Nieto y al fondo un hermoso paisaje con un tractor. Esto fue en el sitio web de Diccionarios www.wordreference.com. ¿Dónde quedó el cumplimiento a la Constitución que señala que en ningún caso se podrán incluir nombres o imágenes que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público? Si queremos que la democracia crezca, los mexicanos debemos tomar en cuenta para la decisión de nuestro voto el cumplimiento o la violación a las leyes por parte de los servidores públicos. Además, este caso ejemplifica un reto adicional para el Instituto Federal Electoral, ¿cómo monitorear este tipo de campañas y los recursos que las financian? El Internet no debe ser un territorio para la anarquía de las normas electorales, el desafío es el cumplimiento de la ley, lo cual parece un imposible en México en casi todas las áreas.
TV digital, ¿para qué?
La transición a la televisión digital volvió a escena con el decreto del Presidente Felipe Calderón en el que estableció como fecha para el apagón analógico el 31 de diciembre de 2015. En esta fecha -en principio-, los televidentes requeriremos de un televisor digital o de instalar un convertidor en nuestras televisiones (analógicas) para captar los canales de televisión abierta. El Decreto tiene aspectos positivos, otros retóricos. Entonces, ¿para qué la transición a la TV digital? Veamos.
1. Para dar una fecha cierta del apagón analógico. Sí, pero puede ser que no se cumpla. Recuérdese que el esfuerzo de que los habitantes de un país tengan televisiones digitales o sus convertidores llevó a los Estados Unidos de América a postergar 2 veces el apagón analógico. ¿Podrá México concluir la transición sin ampliar el plazo?
2. Para que exista una mayor pluralidad. No. La pluralidad no se generará en México con la transición a la TV digital. Bien señaló Sosa Plata que sin estímulos a la producción nacional independiente, eso no se logrará. Incluso el Decreto nunca habla de pluralidad, sino que refiere a que el beneficio es para que la sociedad en general goce “de más opciones de canales de televisión y servicios”. La existencia de más canales en nada garantiza la pluralidad, por el contrario, se corre el riesgo de que sea más de lo mismo.
3. Para que exista más competencia. No. Con o sin transición a la televisión digital, una mayor competencia se logrará sólo con el otorgamiento de nuevas concesiones y permisos de radiodifusión. El Decreto jamás manifiesta que esto se vaya a realizar, únicamente se ordena a la Cofetel “determinar la viabilidad de asignar… nuevas concesiones y permisos”. Si hubiera habido compromiso del Presidente Calderón a la competencia, hubiera establecido en un transitorio que la Cofetel convocaría a licitaciones en un plazo que no excediera de 60 días, ¿por qué no lo hizo?
4. Para que se use más eficientemente el espectro. Es cierto.
5. Para estar a la par de otros países. Si esta fuera la intención del Decreto, reflejaría una pobreza de visión de Estado. En cambio si en vez de TV digital, estuviéramos hablando del despliegue de redes de banda ancha estilo Corea, entonces sí habría una voluntad de contribuir al desarrollo de los mexicanos y de la democracia, pero no es el caso.
6. Para que se presten nuevos servicios de telecomunicaciones. Sí, pero cuándo iniciarán. La historia muestra que cada licitación de frecuencias está sujeta a litigios interminables, así que si quisiéramos tener nuevos servicios las licitaciones debieran comenzar ya, para que en un par de años pudiéramos contar con ellos.
7. Para ver tener mayor nitidez en el video y mejor audio. Sí, pero si esta fuera la racionalidad, ¡qué limitada visión!
La TV digital es importante, pero no es de la trascendencia de las redes de banda ancha. Adriana Labardini de Alconsumidor destacó el tema ante el Senado, porque un país que apuesta a la TV digital y que subsidiará equipos en lugar de proveer banda ancha a la población, es como aquel gobierno que prefiere al pueblo pan y circo. Por el contrario, la banda ancha potenciaría la educación, la salud y la autonomía de los mexicanos. Esto sí habría podido ser un festejo del Bicentenario, pero para esto los mexicanos tendremos que esperar.
1. Para dar una fecha cierta del apagón analógico. Sí, pero puede ser que no se cumpla. Recuérdese que el esfuerzo de que los habitantes de un país tengan televisiones digitales o sus convertidores llevó a los Estados Unidos de América a postergar 2 veces el apagón analógico. ¿Podrá México concluir la transición sin ampliar el plazo?
2. Para que exista una mayor pluralidad. No. La pluralidad no se generará en México con la transición a la TV digital. Bien señaló Sosa Plata que sin estímulos a la producción nacional independiente, eso no se logrará. Incluso el Decreto nunca habla de pluralidad, sino que refiere a que el beneficio es para que la sociedad en general goce “de más opciones de canales de televisión y servicios”. La existencia de más canales en nada garantiza la pluralidad, por el contrario, se corre el riesgo de que sea más de lo mismo.
3. Para que exista más competencia. No. Con o sin transición a la televisión digital, una mayor competencia se logrará sólo con el otorgamiento de nuevas concesiones y permisos de radiodifusión. El Decreto jamás manifiesta que esto se vaya a realizar, únicamente se ordena a la Cofetel “determinar la viabilidad de asignar… nuevas concesiones y permisos”. Si hubiera habido compromiso del Presidente Calderón a la competencia, hubiera establecido en un transitorio que la Cofetel convocaría a licitaciones en un plazo que no excediera de 60 días, ¿por qué no lo hizo?
4. Para que se use más eficientemente el espectro. Es cierto.
5. Para estar a la par de otros países. Si esta fuera la intención del Decreto, reflejaría una pobreza de visión de Estado. En cambio si en vez de TV digital, estuviéramos hablando del despliegue de redes de banda ancha estilo Corea, entonces sí habría una voluntad de contribuir al desarrollo de los mexicanos y de la democracia, pero no es el caso.
6. Para que se presten nuevos servicios de telecomunicaciones. Sí, pero cuándo iniciarán. La historia muestra que cada licitación de frecuencias está sujeta a litigios interminables, así que si quisiéramos tener nuevos servicios las licitaciones debieran comenzar ya, para que en un par de años pudiéramos contar con ellos.
7. Para ver tener mayor nitidez en el video y mejor audio. Sí, pero si esta fuera la racionalidad, ¡qué limitada visión!
La TV digital es importante, pero no es de la trascendencia de las redes de banda ancha. Adriana Labardini de Alconsumidor destacó el tema ante el Senado, porque un país que apuesta a la TV digital y que subsidiará equipos en lugar de proveer banda ancha a la población, es como aquel gobierno que prefiere al pueblo pan y circo. Por el contrario, la banda ancha potenciaría la educación, la salud y la autonomía de los mexicanos. Esto sí habría podido ser un festejo del Bicentenario, pero para esto los mexicanos tendremos que esperar.
Twitter y la plaza pública
Los debates entre el Presidente de Cofetel, Mony de Swaan, y los legisladores han sido más intensos y abiertos en Twitter que lo que pudiera ser en tribuna. Estos intercambios han incluido al senador Carlos Sotelo y a los diputados Javier Corral, Andrés Massieu, David Penchyna y Luis Videgaray. Los temas han ido desde las reformas necesarias para el sector, los cuestionamientos sobre la experiencia en telecom del Presidente de Cofetel hasta imputaciones personales sobre si éste está vinculado con Televisa o el diputado Corral con sus competidores.
Este tipo de discusiones puede pensarse que son una manera de transparentar el quehacer y parecer de los funcionarios públicos y representantes populares. Sin embargo, en el sector de telecom con tantos pendientes que resolver y ahora con una controversia constitucional en la Corte, la primera pregunta es, si realmente es Mony de Swaan personalmente quien responde. Si así es, entonces estaría distrayendo tiempo de sus funciones para responder en Twitter a temas que no son de interés público y nos preguntaríamos ¿a qué hora trabaja para avanzar en los asuntos de Cofetel? El caso de los legisladores es distinto en tanto representantes populares que precisan un medio de comunicación más directo con sus electores. Ahora bien, si de Swaan (o los legisladores) no es personalmente quien contesta y lo realiza alguno de sus colaboradores, entonces se estaría engañando al público y se estarían utilizando recursos públicos para fines personales.
Las redes sociales son sin duda un mecanismo que sirve para entablar un diálogo con la ciudadanía, pero ello no debe ser un espacio para mentirle a la ciudadanía, ni para distraer recursos. Veamos un ejemplo. Es bien sabido que el hoy presidente de EUA, Barack Obama, utilizó como instrumento de difusión de sus actividades y mensajes el Twitter. Primera vez en la historia que se empleaba ese medio para una elección presidencial. Sin embargo, la cuenta de Twitter de Barack Obama jamás pretendió que se pensara que era él mismo quien respondía. En twitter.com/BARACKOBAMA aparece una manifestación en la que se informa que esa cuenta de Twitter la realiza una organización denominada Organizing for America y que ésta es un proyecto especial del Comité Nacional Demócrata. Por tanto, no se engaña a la ciudadanía que pudiera pensar que su presidente les está respondiendo personalmente, ni tampoco se utilizan recursos públicos.
En el caso del Presidente Felipe Calderón, está la cuenta twitter.com/FELIPECALDERON en la cual informa de los eventos a los que asiste, sin que esté (o aparente estar) el Presidente Calderón respondiendo a la ciudadanía. Nada habría de malo con que el Presidente o un servidor público en determinado momento contestara directamente, siempre que trate asuntos de su competencia y de interés general. Las redes sociales también se prestan para burla, como el caso de twitter.com/calderon en la cual dice que es de “Felipe Calderón”, que se ubica en “Los Pinos”, su biografía es “Abogado, pianista, guapo y sencillo” e incluye una foto del Presidente Calderón. Los textos son de broma y muy sexistas.
Las redes sociales y otras aplicaciones de medios electrónicos hacen posible un acercamiento entre gobernantes y gobernados. Esto debiera de favorecer a una mayor participación en los procesos de decisión, siempre y cuando existiera acceso generalizado a Internet y se contara con la alfabetización digital necesaria para aprovecharlo. Por eso, hacemos votos para que funcionen el Programa de Habilidades Digitales y Tecnológicas, al igual que el Programa Integral de Conectividad Escolar Aula Digital del Gobierno de Marcelo Ebrard. Sólo faltaría que la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, generen programas para adultos y adultos mayores, de otra manera los beneficios para la democracia en la era digital sería para unos cuantos.
Acciones colectivas. La Constitución General fue reformada y ahora incluye expresamente la posibilidad de acciones colectivas. Éstas serán reguladas a nivel federal y esperemos sean un avance para la justicia. El riesgo es que sólo queden como un precepto constitucional sin aplicación hasta que el Congreso no legisle como pasó con el derecho a la información que hibernó muchos lustros antes de materializarse.
Este tipo de discusiones puede pensarse que son una manera de transparentar el quehacer y parecer de los funcionarios públicos y representantes populares. Sin embargo, en el sector de telecom con tantos pendientes que resolver y ahora con una controversia constitucional en la Corte, la primera pregunta es, si realmente es Mony de Swaan personalmente quien responde. Si así es, entonces estaría distrayendo tiempo de sus funciones para responder en Twitter a temas que no son de interés público y nos preguntaríamos ¿a qué hora trabaja para avanzar en los asuntos de Cofetel? El caso de los legisladores es distinto en tanto representantes populares que precisan un medio de comunicación más directo con sus electores. Ahora bien, si de Swaan (o los legisladores) no es personalmente quien contesta y lo realiza alguno de sus colaboradores, entonces se estaría engañando al público y se estarían utilizando recursos públicos para fines personales.
Las redes sociales son sin duda un mecanismo que sirve para entablar un diálogo con la ciudadanía, pero ello no debe ser un espacio para mentirle a la ciudadanía, ni para distraer recursos. Veamos un ejemplo. Es bien sabido que el hoy presidente de EUA, Barack Obama, utilizó como instrumento de difusión de sus actividades y mensajes el Twitter. Primera vez en la historia que se empleaba ese medio para una elección presidencial. Sin embargo, la cuenta de Twitter de Barack Obama jamás pretendió que se pensara que era él mismo quien respondía. En twitter.com/BARACKOBAMA aparece una manifestación en la que se informa que esa cuenta de Twitter la realiza una organización denominada Organizing for America y que ésta es un proyecto especial del Comité Nacional Demócrata. Por tanto, no se engaña a la ciudadanía que pudiera pensar que su presidente les está respondiendo personalmente, ni tampoco se utilizan recursos públicos.
En el caso del Presidente Felipe Calderón, está la cuenta twitter.com/FELIPECALDERON en la cual informa de los eventos a los que asiste, sin que esté (o aparente estar) el Presidente Calderón respondiendo a la ciudadanía. Nada habría de malo con que el Presidente o un servidor público en determinado momento contestara directamente, siempre que trate asuntos de su competencia y de interés general. Las redes sociales también se prestan para burla, como el caso de twitter.com/calderon en la cual dice que es de “Felipe Calderón”, que se ubica en “Los Pinos”, su biografía es “Abogado, pianista, guapo y sencillo” e incluye una foto del Presidente Calderón. Los textos son de broma y muy sexistas.
Las redes sociales y otras aplicaciones de medios electrónicos hacen posible un acercamiento entre gobernantes y gobernados. Esto debiera de favorecer a una mayor participación en los procesos de decisión, siempre y cuando existiera acceso generalizado a Internet y se contara con la alfabetización digital necesaria para aprovecharlo. Por eso, hacemos votos para que funcionen el Programa de Habilidades Digitales y Tecnológicas, al igual que el Programa Integral de Conectividad Escolar Aula Digital del Gobierno de Marcelo Ebrard. Sólo faltaría que la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, generen programas para adultos y adultos mayores, de otra manera los beneficios para la democracia en la era digital sería para unos cuantos.
Acciones colectivas. La Constitución General fue reformada y ahora incluye expresamente la posibilidad de acciones colectivas. Éstas serán reguladas a nivel federal y esperemos sean un avance para la justicia. El riesgo es que sólo queden como un precepto constitucional sin aplicación hasta que el Congreso no legisle como pasó con el derecho a la información que hibernó muchos lustros antes de materializarse.
La Corte, la última palabra [Controversia constitucional vs. nombramiento de Swaan]
En un sector convulsionado por la inseguridad jurídica, por constantes cambios de subsecretarios y comisionados, por la ausencia de una política de sector, pareciera que lo único que faltaba era una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para enrarecer el ambiente. Pero, quizá la intervención de la Corte muestre una vez más que en telecomunicaciones, sus sentencias pueden dar certeza en un mar de incertidumbre.
La Corte reconoció en 2003 la existencia jurídica de Cofetel y de sus facultades para expedir regulación. Después, en 2004 la Corte resolvió la contradicción de tesis que puso fin al debate de si para otorgar una concesión se necesitaba o no dar audiencia al concesionario establecido, resolviendo la Corte a favor de la competencia. En 2007 la acción de inconstitucionalidad en contra de diversas reformas conocidas como Ley Televisa se concluyó con una histórica sentencia que ha marcado el antes y después. El año pasado la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad en contra del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que pretendió suprimir ciertas facultades de Cofetel.
En un régimen en el que los pesos y contrapesos entre los Poderes por muchísimas décadas sólo era retórica, ahora toma otro matiz. Esta vez, la Corte tendrá en sus manos una controversia constitucional entre el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal. Sin pecar de ingenuidad pensando que todos los actores en escena buscan el interés general, la Corte estaría decidiendo un tema medular: si Mony de Swaan cumple o no con los requisitos establecidos en la ley para ser comisionado de Cofetel. Este tema no es uno fácil, porque de admitir la controversia, la Corte tendría frente a sí la decisión de definir ciertos conceptos como qué es “haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones” y si el haber sido Coordinador de Asesores del Secretario de Comunicaciones y Transportes es suficiente para cumplir ese requisito.
Será interesante el desenlace de esta controversia, en la que la Corte marcará si opta por la deferencia administrativa o si resuelve el caso particular analizando los méritos del hoy Presidente de Cofetel para ser comisionado. La controversia constitucional no quita la posibilidad de que con cada acto del Pleno de Cofetel, los particulares promuevan amparos aduciendo en alguno de sus conceptos de violación que el Presidente no cumple con los requisitos para serlo.
La Comisión Permanente pretende citar al Secretario Molinar para que explique su intervención en la designación de Mony de Swaan. ¿Cuál es el objeto jurídico de ello? Ninguno. El Secretario Molinar pudo haber influido hasta el final con el Presidente Calderón para que fuera designado de Swaan, ¿qué norma violó? Ninguna. Entonces, ¿para qué perder tiempo de los servidores públicos en un sector con rezagos administrativos permanentes? También la Comisión pretende que los comisionados de Cofetel se reúnan con ellos para explicar por qué designaron a de Swaan como Presidente de Cofetel. Si la ley sólo exige el voto de los comisionados, ¿por qué tienen que justificarlo ante la Comisión? Lo que sí es inadmisible es que el voto para elegir al Presidente de Cofetel haya sido secreto, olvidaron que la secrecía del voto en las elecciones populares es para evitar la intimidación y la represión. Esperemos que el IFAI obligue a dar a conocer el sentido del voto y sea la última vez que en secreto se elija a cualquier Presidente de Cofetel.
Finalmente, el Congreso de la Unión sí debiera ocuparse en obligar a que las pujas y postores de todas y cada una de las rondas de las licitaciones de frecuencias sea pública. Concluida la subasta, la ciudadanía tiene derecho a saber por cada ronda quiénes fueron los postores y por cuánto, y sujetar al escrutinio legal y público si alguna empresa participó con la única finalidad de elevar la contraprestación de sus competidores. En esto debieran avocarse el Congreso de la Unión, la Comisión Federal de Competencia, la Cofetel y la Secretaría de la Función Pública. Éste no es un tema menor, porque la afectación al mercado sería elevada y a los consumidores más.
La Corte reconoció en 2003 la existencia jurídica de Cofetel y de sus facultades para expedir regulación. Después, en 2004 la Corte resolvió la contradicción de tesis que puso fin al debate de si para otorgar una concesión se necesitaba o no dar audiencia al concesionario establecido, resolviendo la Corte a favor de la competencia. En 2007 la acción de inconstitucionalidad en contra de diversas reformas conocidas como Ley Televisa se concluyó con una histórica sentencia que ha marcado el antes y después. El año pasado la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad en contra del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que pretendió suprimir ciertas facultades de Cofetel.
En un régimen en el que los pesos y contrapesos entre los Poderes por muchísimas décadas sólo era retórica, ahora toma otro matiz. Esta vez, la Corte tendrá en sus manos una controversia constitucional entre el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal. Sin pecar de ingenuidad pensando que todos los actores en escena buscan el interés general, la Corte estaría decidiendo un tema medular: si Mony de Swaan cumple o no con los requisitos establecidos en la ley para ser comisionado de Cofetel. Este tema no es uno fácil, porque de admitir la controversia, la Corte tendría frente a sí la decisión de definir ciertos conceptos como qué es “haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones” y si el haber sido Coordinador de Asesores del Secretario de Comunicaciones y Transportes es suficiente para cumplir ese requisito.
Será interesante el desenlace de esta controversia, en la que la Corte marcará si opta por la deferencia administrativa o si resuelve el caso particular analizando los méritos del hoy Presidente de Cofetel para ser comisionado. La controversia constitucional no quita la posibilidad de que con cada acto del Pleno de Cofetel, los particulares promuevan amparos aduciendo en alguno de sus conceptos de violación que el Presidente no cumple con los requisitos para serlo.
La Comisión Permanente pretende citar al Secretario Molinar para que explique su intervención en la designación de Mony de Swaan. ¿Cuál es el objeto jurídico de ello? Ninguno. El Secretario Molinar pudo haber influido hasta el final con el Presidente Calderón para que fuera designado de Swaan, ¿qué norma violó? Ninguna. Entonces, ¿para qué perder tiempo de los servidores públicos en un sector con rezagos administrativos permanentes? También la Comisión pretende que los comisionados de Cofetel se reúnan con ellos para explicar por qué designaron a de Swaan como Presidente de Cofetel. Si la ley sólo exige el voto de los comisionados, ¿por qué tienen que justificarlo ante la Comisión? Lo que sí es inadmisible es que el voto para elegir al Presidente de Cofetel haya sido secreto, olvidaron que la secrecía del voto en las elecciones populares es para evitar la intimidación y la represión. Esperemos que el IFAI obligue a dar a conocer el sentido del voto y sea la última vez que en secreto se elija a cualquier Presidente de Cofetel.
Finalmente, el Congreso de la Unión sí debiera ocuparse en obligar a que las pujas y postores de todas y cada una de las rondas de las licitaciones de frecuencias sea pública. Concluida la subasta, la ciudadanía tiene derecho a saber por cada ronda quiénes fueron los postores y por cuánto, y sujetar al escrutinio legal y público si alguna empresa participó con la única finalidad de elevar la contraprestación de sus competidores. En esto debieran avocarse el Congreso de la Unión, la Comisión Federal de Competencia, la Cofetel y la Secretaría de la Función Pública. Éste no es un tema menor, porque la afectación al mercado sería elevada y a los consumidores más.
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