Autoritarismo disfrazado

No me preocupa que lleguemos al 9 de diciembre sin leyes secundarias de telecomunicaciones, pero sí me preocupa que se expidan unas al vapor por lo siguiente:

1.    Si el Presidente Enrique Peña Nieto y los del Pacto por México pretenden presentar nuevamente una iniciativa para que se apruebe sin un genuino debate legislativo, reflejaría el regreso del ancien régime con nuevas tonalidades.

2.    La sociedad ha sido privada del derecho a conocer el contenido de los proyectos de iniciativas de leyes secundarias que el Secretario de Comunicaciones y Transportes Ruiz Esparza había dicho que saldrían en este mes. Ese autoritarismo disfrazado de paternalismo de “es mejor para todos”, “se puede avanzar más sin participación de la sociedad”, es idéntico a lo que pensaron Augusto Pinochet y Francisco Franco durante sus dictaduras. ¿Pues no se suponía que en México había democracia?

3.    Que si se supone que son reformas de “gran calado” y habrán de escuchar las voces de ciudadanos como dijo EPN en la reunión de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), ¿no debería ser transparente el proceso? ¿Cuándo piensan escuchar y atender las voces de la ciudadanía? ¿No creen que ya están sobre el tiempo? ¿O sólo harán foros para cumplir con el requisito?

No me preocupa que la CIRT pida las combos de AM/FM, pero sí me preocupa el discurso de Peña Nieto en cuanto a ello por lo siguiente:

1.    Si EPN reconoce que es facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ¿por qué instruye a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que oficiosamente apoye? Por más que diga que será “con pleno respeto a las facultades” del IFT, su propio discurso lo contradice y preocupa profundamente porque refleja la voluntad del Ejecutivo Federal de intrometerse indebidamente en un ámbito exclusivo del recién nacido órgano constitucional autónomo, ¿o buscará EPN el maximato en el IFT tipo Calles?

2.    Que se hable de “migración” de radios AM a FM en lugar de iniciar procesos de licitación para que en igualdad de condiciones cualquiera pueda aspirar a tener una radio FM y con ello cumplir con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AI 26/2007). ¿Por qué beneficiar a los radiodifusores establecidos sin justificación? ¿O pretenderá EPN la migración también de los concesionarios de trunking (AMCOT) para otorgarles frecuencias de la 2.1 GHz?

3.    Que EPN confiese que “es un aliado permanente” de la industria de la radio y televisión quizá no debería sorprendernos, pero quienes necesitan de aliado permanente son los ciudadanos de a pie, las personas sin voz, aquellos que no pueden tener ese nivel de interlocución. EPN, al tener que decidir entre sus aliados y la sociedad, ¿qué podemos esperar?

No me preocupa que la consulta del IFT del must carry/must offer llegue tarde, me preocupa que se alcen voces en contra de ello por lo siguiente:

1.    El must carry/must offer se ha querido traducir en una guerra entre concesionarios, cuando la discusión trasciende a un tema de mercado y se trata antes que nada de un derecho fundamental, el de las audiencias.

2.    Que TV Azteca y Televisa defiendan sus pretensiones con base en los derechos de autor es su prerrogativa, pero que legisladores expresen casi un exceso de interpretación del IFT es grave. El IFT es el órgano constitucional autónomo como la Cámara de Diputados y el Senado lo determinó. Si ahora pretenden privar al IFT de la materialización del must carry/must offer huele a que se están haciendo acuerdos entre televisoras y políticos en los que la sociedad es la sacrificada.

México país sin rumbo

“Un político que decide un plan de desarrollo sin tener información suficiente sobre la situación de la sociedad no es más que un payaso, cuando no un criminal”, Umberto Eco. Jamás pensamos que el espectro radioeléctrico reflejara tantas faltas de la clase política mexicana. Veamos. Falta de congruencia. Nada dijo la iniciativa de Ley Federal de Derechos del Presidente Enrique Peña Nieto de la razón para reducir el porcentaje para el Instituto Federal de Telecomunicaciones del 35% al 3.5%. ¿Habrá sido un error de dedo? Pero aunque lo hubiera sido, la Cámara de Diputados y el Senado ni cuenta se dieron, ni lo mencionaron en sus dictámenes. ¿A poco en unos cuantos meses se les olvidó que para que funcione la autonomía constitucional que le dieron al IFT requería presupuesto? ¿Buscarán el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión debilitar y capturar sutilmente al IFT desde sus ingresos? Falta de transparencia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Sistema de Administración Tributaria jamás han sido transparentes, ni proporcionado información suficiente respecto a cuánto es lo efectivamente recaudado por el Erario después de los litigios de los concesionarios. De qué sirve que la Ley Federal de Derechos establezca cifras y cifras de lo que se anhela recaudar por el uso del espectro, si es impugnado con éxito y después de años se tiene que devolver lo pagado, más intereses y actualizaciones con dinero de los mexicanos. ¿Por qué ningún diputado o senador ha pedido un balance de los últimos 10 años de lo efectivamente recaudado después de litigio menos lo que se tuvo que devolver? Falta de visión. En México lo que se recauda por el uso del espectro de telecomunicaciones jamás beneficia directamente a la sociedad, ni se utiliza para llevar telecomunicaciones a todos los habitantes de este país. Igual servirá para financiar viajes en primera clase de servidores públicos que para comprar bolsas de basura. Que no nos sorprenda por qué países como Colombia nos llevan años luz en el sector de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). Ahí tienen el Fondo de las TIC y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos cuyos patrimonios se forman con las contraprestaciones por la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y por el uso del espectro teniendo como finalidad el servicio universal en sentido amplio. México país sin rumbo, no es algo lejano en las telecomunicaciones. Falta de respeto. Todos dicen respetar los mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque ni el Ejecutivo Federal, ni el Congreso de la Unión los respete. A pesar de que la Corte fue enfática en que el criterio económico no puede ser el preponderante para determinar quién usa el espectro, la Ley Federal de Derechos pone de manifiesto que sí lo es. ¿Habrá algún régimen de excepción para los concesionarios de uso social y medios comunitarios en las leyes secundarias? Falta de memoria. ¿Alguien recuerda el caso de las prórrogas a Unefon cuando el hoy Senador Javier Lozano Alarcón era presidente de la Cofetel? Yo sí y las consecuencias de esas decisiones sin estar apegadas a derecho, ni a las bases de licitación, han generado grandes costos para todos los mexicanos. La revista etcétera había cuantificado en 2008 que la devolución a Unefon por el cobro inconstitucional de intereses ascendía a más de 3,653 millones de pesos lo cual era superior al prespuesto del Senado para ese año. Así, México requiere que las decisiones sobre espectro sean analizadas, fiscalizadas y en su caso sancionadas. Falta de certeza. Si un concesionario usa frecuencias, probablemente pague una contraprestación, derechos y aprovechamientos. Ejemplo: las últimas licitaciones de espectro señalaron que la contraprestación estaría formada de dos partes, la primera lo ofrecido en la subasta y la segunda lo que señalara la Ley Federal de Derechos, pero si se modificaba la concesión entonces el Gobierno Federal podría fijar un aprovechamiento adicional. ¿Hay certeza para el gobernado, doble tributación o sólo es un juego de conceptos para la confusión y litigios?