Si se hiciera una evaluación de las acciones llevadas a cabo durante todo este siglo XXI por parte del Senado, de la Cámara de Diputados, de Presidencia de la República, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el resultado sería que usted y yo estamos en el último punto de prioridades en temas de telecomunicaciones, es decir, no les importamos. Pero ¿por qué si las autoridades están para buscar el interés general de millones de mexicanos y la Constitución señala que el Estado debe garantizar el desarrollo justo y equitativo? Una síntesis podría ser: (1) falta de compromiso para conocer, entender y resolver las problemáticas reales y enfocarse sólo en lo que es taquillero mediáticamente, y (2) lealtad a los intereses económicos de grupos corporativos. Veamos algunos ejemplos.