Corrupción, ausencia de transparencia e impacto negativo en el desarrollo de una sana competencia, son las características de los derechos de vía en México. Los concesionarios de telecomunicaciones están obligados a solicitar permisos y licencias a los municipios donde necesitan tender cable o instalar radiobases, antenas u otros equipos para poder proveer la cobertura y calidad de servicios de telecomunicaciones que exigen sus concesiones. Sin embargo, cada municipio tiene sus propios requisitos, algunos escritos, otros de capricho del funcionario que atiende la solicitud y otros más que exigen dádivas y donativos en efectivo o en especie. El despliegue de infraestructura de telecomunicaciones está limitado por “i) el gran número de procedimientos, permisos y requisitos necesarios previos a la instalación de infraestructura en un lugar dado; ii) las enormes diferencias entre las reglas escritas y no escritas de un municipio a otro en este tema, y iii) la extorsión o la corrupción para la obtención de derechos de vía” (OCDE, 2012).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en estos temas de derechos de vía en telecomunicaciones en el que pareciera haber un conflicto entre las facultades de los municipios en cuanto a desarrollo urbano y ecología y aquellas de la Federación para regular las vías generales de comunicación. Una vez más ante la falta de acciones de la Cámara de Diputados y el Senado, ante la retórica sin avances concretos del Presidente Felipe Calderón, la Corte estaría supliendo dentro de su ámbito de competencia las omisiones para que el sector pueda avanzar.
Empresas del Grupo Nextel en cumplimiento a lo exigido por su concesión pretendieron instalar diversas antenas en Culiacán. Tenían los contratos de arrendamiento de los predios, los equipos listos para instalarse y de esa manera cerrar los circuitos necesarios para prestar servicios de telecomunicaciones de calidad en Culiacán. Sin embargo, dentro del Plan Director de Desarrollo Urbano de Culiacán se incluyó una tabla que esencialmente prohibía instalar antenas dentro de la zona metropolitana de Culiacán y por tanto negaron el permiso a Nextel de poner sus antenas. Las consecuencias prácticas serían que Nextel no pudiera prestar el servicio en la cobertura exigida por la concesión. Nextel estaba contra la espada y la pared. El municipio justificaba su postura en que el uso de suelo y el desarrollo urbano es una facultad municipal. El amparo llegó a la Corte quien resolvió básicamente que las autoridades municipales no pueden bajo el rubro de desarrollo urbano impedir la instalación de antenas porque ello sería invadir la competencia federal en vías generales de comunicación (681/2011).
Los derechos de vía como están actualmente son un grave obstáculo a la competencia digno de ser revisado por la Comisión Federal de Competencia. Si México cumpliera con los compromisos de la Organización Mundial de Comercio, tendría que hacer que los procedimientos para la atribución y uso de los derechos de vía sean “llevado[s] a cabo de manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria” (Documento de Referencia OMC). No basta que el Secretario de Comunicaciones y Transportes ofrezca hacer disponibles para antenas y equipos 6,000 inmuebles y tender ductos en tramos carreteros (además, ¡falta ver el detalle de esta oferta gubernamental!), ni que la Agenda Digital Nacional (2011) señale que se debe asegurar “expeditar y simplificar los permisos de construcción para el tendido de redes”, ni que el Plan Técnico Fundamental de Interconexión refiera a la compartición de infraestructura, para que las empresas de telecomunicaciones puedan desplegar infraestructura.
El Congreso de la Unión debería establecer los criterios que deben cumplirse en materia de derechos de vía para que los municipios autoricen la instalación de cableados, postes, radiobases y demás equipos de telecomunicaciones. Esto reduciría la discrecionalidad/arbitrariedad ejercida por autoridades municipales y favorecería el tan necesitado despliegue de redes de telecomunicaciones dejando a salvo la facultad de los municipios de regular en cuanto a usos de suelo. Pero como van las cosas no parece que en esta LXI legislatura pueda haber progreso en telecomunicaciones. México tendrá que esperar para resolver el añejo problema de los derechos de vía hoy plagados de opacidad y corrupción.
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