Los indicadores y comentarios de entidades internacionales expresan lo ya sabido y difícilmente reconocido: México está retrasadísimo en aspectos cruciales para un desarrollo económico sostenido como son la educación, el Estado de Derecho y a nivel tecnológico. “México está relegándose tras otros países de la OCDE” (OCDE, Reynolds), y de acuerdo al índice de disponibilidad de red (Networked Readiness Index, el “NRI”) del World Economic Forum, México está en el lugar 67 de 134 países. Parecería no estar tan mala la situación mexicana, salvo cuando se observan detenidamente los componentes del NRI. Veamos.
Educación. México gasta en educación considerables recursos. Sin embargo, la calidad del sistema educativo en general es pobrísima. Si comparamos con los datos del NRI a México, la India y Etiopía, México es el país que –conforme al porcentaje del Ingreso Nacional Bruto destinado a educación- más gasta (lugar 31), seguido a lo lejos por Etiopía (75) y la India (77). Sin embargo, la calidad del sistema educativo para una economía competitiva en México está en el sitio 109, en tanto que la India está en el 37 y Etiopía en el 88. En calidad de educación en matemáticas y ciencia la situación es más trágica, la India está en el lugar 17 y México en el 127. En México, ¿dónde queda tanta inversión en educación? Lo peor es que la sociedad se ha vuelto indiferente, y se acepta que la educación sea mala o un privilegio para unos cuantos. ¿Habrá algún proyecto del nuevo Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, para revertir esta fatalidad?
Gobierno y leyes. Una cosa es aprobar leyes, otra que se cumplan y otra más que las disputas se resuelvan eficientemente. México en todos ocupa los últimos lugares. La efectividad del Congreso de la Unión en aprobar leyes está en el sitio 115 y la eficiencia en solucionar controversias en el 111, comparemos ahora con la India que tiene los lugares 25 y 42, respectivamente. ¿Dónde están las leyes que necesitamos? ¿Dónde las instituciones que las apliquen? Un escenario más sombrío es la carga regulatoria de los trámites administrativos en el cual México está en el penoso lugar 121. Con este escenario, ¿pretende la Secretaría de Economía atraer nueva inversión? ¿Qué estará haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para mejorar la regulación y facilitar la inversión? La competencia internacional no va a esperar a que pasen las elecciones, a que se estabilice el peso, a que haya seguridad, a que exista educación pública de calidad y para todos. La ecuación es: 1 día desperdiciado = menos inversión + empleos perdidos + pobreza + insatisfacción social.
Políticas públicas en TIC. Si busca las políticas públicas para las tecnologías de la información o para las telecomunicaciones en México, no pierda tiempo, porque no existen. Por lo que no es sorpresa que México esté mal posicionado en cuanto a si el gobierno da prioridad al uso de las TICs (89) y a cuál es la importancia en la visión de futuro de las TIC por parte del gobierno (86), mientras que la India da prioridad al uso de las TIC para mejorar su competitividad (24) y las tiene dentro de su visión a futuro (33). La Cámara de Diputados aprobó una ley que se llama “para el Desarrollo de la Sociedad de la Información” con enfoques limitadísimos y deficiencias preocupantes. Si a ello le agregamos que de acuerdo con el NRI el éxito de los programas de gobierno para el uso de TIC está nuevamente en los últimos lugares (104), ¿se está dando la debida atención a lo esencial de las TIC para el desarrollo de México? India, con todos sus problemas, es significativamente más exitoso en este terreno (23).
¿Por qué ellos sí y nosotros no? Por falta de voluntad y foco. India se decidió y está logrando ser una alternativa tecnológica, México sigue siendo importador e imitador de ésta. ¿Qué hace falta para transformar México? Decisión inmediata. ¿Quién es responsable? Todos, más aún el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
lunes, 13 de abril de 2009
¿País sin futuro?
¿Por qué la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado está fuera de control? ¿Por qué los precios de servicios de telecomunicaciones en México son de los más caros? ¿Por qué somos consumidores de tecnología y exportadores de cerebros creadores de tecnología? ¿Por qué la escasa pluralidad en los medios de comunicación televisiva? ¿Por qué la educación pública es –en general- tan deficiente que ha generado un mercado lucrativo de educación privada mucho más caro que países del llamado primer mundo? ¿Por qué la instrucción escolar y universitaria es un lujo? ¿Por qué el precio de las medicinas en México es significativamente más caro que en el resto de América Latina? ¿Por qué los servicios financieros son mucho más onerosos en nuestro país? ¿Por qué…?
Pueden existir un sinfín de respuestas a cada una de estas preguntas que, por una parte, serán negaciones o excusas del gobierno y, por otra, justificaciones del sector privado y de la ciudadanía. Sin embargo, el factor común de estos por qués está en la combinación de las decisiones de los actores políticos, la complicidad del sector privado y la pasividad de la sociedad civil. Nadie es el único culpable, pero todos somos responsables. En especial las decisiones del Congreso de la Unión, del Ejecutivo Federal y del Poder Judicial Federal, tienen repercusiones para varias generaciones de mexicanos. ¿Habrá conciencia de ello?
En la iniciativa de la Ley de Vías Generales de Comunicación de 1940 del Presidente Lázaro Cárdenas y las discusiones del Congreso de la Unión, la decisión fue contraria a la competencia. El Estado era el responsable originario de prestar los servicios y, por excepción, se otorgarían concesiones bajo la premisa de que sólo era necesaria una concesión por servicio y por área geográfica, léase, monopolios locales y regionales. Sólo en el supuesto de que el concesionario original no pudiera atender a toda la población (lo que sucedía frecuentemente), entonces se podrían otorgar segundas concesiones (lo que nunca sucedió). Este régimen sirvió por muchas décadas para prebendas, corrupción y favoritismo. Incluso, el pronunciamiento de un tribunal federal es reflejo de ese México cuyas consecuencias seguimos padeciendo: “el Estado debe buscar el beneficio del público evitando la libre competencia … en esta materia no tendría sentido aplicar los principios de lucha contra los monopolios, a que se contrae el artículo 28 constitucional”.
En la década de 1990 se crean la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, apostando a que la competencia sea la solución para tener más y mejores servicios, a menor precio. Entrados en el siglo XXI es preciso reconocer que sí se ha mejorado en competencia del sector telecomunicaciones, pero a un paso tortuoso y lentísimo. Los primeros acuerdos de interconexión en telefonía fueron difíciles de lograr, sin favorecer a los nuevos entrantes y sujetos a litigios que trascendieron el siglo. Cuando un empresario osó romper el pacto de los concesionarios de televisión por cable de “no entras en mi territorio, ni yo en el tuyo”, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó segundas concesiones de televisión por cable, los litigios administrativos y penales no esperaron y duraron años hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en definitiva que las segundas concesiones se podían otorgar sin dar garantía de audiencia al concesionario establecido. Las licitaciones de frecuencias siempre son objeto de amparos por las empresas que prestan servicios con la única finalidad de evitar la competencia.
Y así podríamos seguir con historias que en lo individual parecen ser de poco nocivas, pero que en su conjunto llevan a mantener al país con monopolios e impunidad, contentándose los actores en señalar la paja en el ojo ajeno, en vez de ver la viga en el propio. México necesita el compromiso de todos más allá de la retórica y las verdades a medias. No es suficiente tener esperanza que en el futuro alguien lo resuelva. El futuro empieza hoy y todos somos responsables.
Pueden existir un sinfín de respuestas a cada una de estas preguntas que, por una parte, serán negaciones o excusas del gobierno y, por otra, justificaciones del sector privado y de la ciudadanía. Sin embargo, el factor común de estos por qués está en la combinación de las decisiones de los actores políticos, la complicidad del sector privado y la pasividad de la sociedad civil. Nadie es el único culpable, pero todos somos responsables. En especial las decisiones del Congreso de la Unión, del Ejecutivo Federal y del Poder Judicial Federal, tienen repercusiones para varias generaciones de mexicanos. ¿Habrá conciencia de ello?
En la iniciativa de la Ley de Vías Generales de Comunicación de 1940 del Presidente Lázaro Cárdenas y las discusiones del Congreso de la Unión, la decisión fue contraria a la competencia. El Estado era el responsable originario de prestar los servicios y, por excepción, se otorgarían concesiones bajo la premisa de que sólo era necesaria una concesión por servicio y por área geográfica, léase, monopolios locales y regionales. Sólo en el supuesto de que el concesionario original no pudiera atender a toda la población (lo que sucedía frecuentemente), entonces se podrían otorgar segundas concesiones (lo que nunca sucedió). Este régimen sirvió por muchas décadas para prebendas, corrupción y favoritismo. Incluso, el pronunciamiento de un tribunal federal es reflejo de ese México cuyas consecuencias seguimos padeciendo: “el Estado debe buscar el beneficio del público evitando la libre competencia … en esta materia no tendría sentido aplicar los principios de lucha contra los monopolios, a que se contrae el artículo 28 constitucional”.
En la década de 1990 se crean la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, apostando a que la competencia sea la solución para tener más y mejores servicios, a menor precio. Entrados en el siglo XXI es preciso reconocer que sí se ha mejorado en competencia del sector telecomunicaciones, pero a un paso tortuoso y lentísimo. Los primeros acuerdos de interconexión en telefonía fueron difíciles de lograr, sin favorecer a los nuevos entrantes y sujetos a litigios que trascendieron el siglo. Cuando un empresario osó romper el pacto de los concesionarios de televisión por cable de “no entras en mi territorio, ni yo en el tuyo”, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó segundas concesiones de televisión por cable, los litigios administrativos y penales no esperaron y duraron años hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en definitiva que las segundas concesiones se podían otorgar sin dar garantía de audiencia al concesionario establecido. Las licitaciones de frecuencias siempre son objeto de amparos por las empresas que prestan servicios con la única finalidad de evitar la competencia.
Y así podríamos seguir con historias que en lo individual parecen ser de poco nocivas, pero que en su conjunto llevan a mantener al país con monopolios e impunidad, contentándose los actores en señalar la paja en el ojo ajeno, en vez de ver la viga en el propio. México necesita el compromiso de todos más allá de la retórica y las verdades a medias. No es suficiente tener esperanza que en el futuro alguien lo resuelva. El futuro empieza hoy y todos somos responsables.
domingo, 5 de abril de 2009
Sociedad de la Información, ¿existirá en México?
La ausencia de una política pública del Ejecutivo Federal sobre cómo convertir a México en una Sociedad de la Información y del Conocimiento, es probable que haya llevado al dictamen favorable en comisiones de la Cámara de Diputados a la iniciativa de Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Sin embargo, esta iniciativa tiene deficiencias de fondo y parece que sigue la ilusión común: pensar que la expedición de una ley resuelve el problema. ¡Lástima que no sea así!
A diferencia de la sociedad agrícola donde la tenencia de la tierra era factor fundamental, o en la sociedad industrial en la cual el ser humano dependía del proceso de manufactura, en la Sociedad de la Información se reconoce que con la evolución tecnológica y el acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones (TICs), incluyendo el Internet, la información es el insumo principal para casi todos los ámbitos de la vida como el laboral, económico, social y educativo. La información por sí misma no transforma al individuo, sino que es el conocimiento lo que en verdad le proporciona autonomía, por lo cual el término Sociedad de la Información ha progresado al de Sociedad del Conocimiento.
Veamos ahora la iniciativa de Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (la “Iniciativa”):
En primer lugar fue dictaminada por la Comisión de Función Pública, con opinión de las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto. Ello refleja que la “Sociedad de la Información” en esta iniciativa se concibe más cercano a la gestión pública que -lo que es más importante-, las comunicaciones, el desarrollo social y los derechos humanos. ¿Qué intervención tuvieron esas comisiones ordinarias de la Cámara?
La Iniciativa establece que las políticas, programas y acciones del Ejecutivo Federal en cuanto a Sociedad de la Información estarán orientados a: (1) el incremento de la calidad de vida por medio de infraestructura de TIC y a través de Internet de banda ancha, pero nunca refiere cómo se logrará esto. Además la Iniciativa dice que “no se requerirán recursos adicionales” y que las acciones a implementarse por la Administración Pública Federal deben cubrirse con lo que disponga el presupuesto de egresos. ¿Cómo incrementar sin recursos adicionales el acceso a banda ancha?, y (2) alfabetizar digitalmente a la población a través del Sistema Educativo Nacional, pero expresamente señala que no se aumentarán los programas que tienen por objeto la promoción del uso de las TICs entre la población. Entonces, ¿será por arte de magia que se multipliquen los recursos para la alfabetización digital de profesores y alumnos?
Se crea una Comisión Intersecretarial con todos los titulares de la Administración Pública Federal y será presidida por el encargo del gobierno electrónico, léase, la Secretaría de la Función Pública. ¿Es ese el enfoque que tienen los legisladores de la Sociedad de la Información? El gobierno electrónico es sólo una parte y sería una pena que se imprimiera ese carácter a la Sociedad de la Información en México.
Se crea un Consejo para la medición del impacto de la Política para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Así que aunque la Iniciativa dice que busca una participación plural, lo que destaca es la gubernamental en la Comisión Intersecretarial y, por invitación discrecional, la de la sociedad civil. En tanto que el Consejo lo limitaron a medir el impacto, sin poder proponer otros temas. ¿Cuál pluralismo?
La Iniciativa tiene graves lagunas. Jamás refiere a la ciberseguridad, ni a la promoción del software libre, ni a la accesibilidad de personas con discapacidad, ni al multiculturalismo, ni a cómo se fomentará el comercio electrónico, entre muchos otros temas. Esta Iniciativa quizá sirva –al menos- para recordar al Presidente Felipe Calderón que hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en colaboración con otras dependencias como la Secretaría de Economía y la de Educación Pública, pueden elaborar una Agenda Digital que lleve efectivamente a México a la Sociedad del Conocimiento.
A diferencia de la sociedad agrícola donde la tenencia de la tierra era factor fundamental, o en la sociedad industrial en la cual el ser humano dependía del proceso de manufactura, en la Sociedad de la Información se reconoce que con la evolución tecnológica y el acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones (TICs), incluyendo el Internet, la información es el insumo principal para casi todos los ámbitos de la vida como el laboral, económico, social y educativo. La información por sí misma no transforma al individuo, sino que es el conocimiento lo que en verdad le proporciona autonomía, por lo cual el término Sociedad de la Información ha progresado al de Sociedad del Conocimiento.
Veamos ahora la iniciativa de Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (la “Iniciativa”):
En primer lugar fue dictaminada por la Comisión de Función Pública, con opinión de las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto. Ello refleja que la “Sociedad de la Información” en esta iniciativa se concibe más cercano a la gestión pública que -lo que es más importante-, las comunicaciones, el desarrollo social y los derechos humanos. ¿Qué intervención tuvieron esas comisiones ordinarias de la Cámara?
La Iniciativa establece que las políticas, programas y acciones del Ejecutivo Federal en cuanto a Sociedad de la Información estarán orientados a: (1) el incremento de la calidad de vida por medio de infraestructura de TIC y a través de Internet de banda ancha, pero nunca refiere cómo se logrará esto. Además la Iniciativa dice que “no se requerirán recursos adicionales” y que las acciones a implementarse por la Administración Pública Federal deben cubrirse con lo que disponga el presupuesto de egresos. ¿Cómo incrementar sin recursos adicionales el acceso a banda ancha?, y (2) alfabetizar digitalmente a la población a través del Sistema Educativo Nacional, pero expresamente señala que no se aumentarán los programas que tienen por objeto la promoción del uso de las TICs entre la población. Entonces, ¿será por arte de magia que se multipliquen los recursos para la alfabetización digital de profesores y alumnos?
Se crea una Comisión Intersecretarial con todos los titulares de la Administración Pública Federal y será presidida por el encargo del gobierno electrónico, léase, la Secretaría de la Función Pública. ¿Es ese el enfoque que tienen los legisladores de la Sociedad de la Información? El gobierno electrónico es sólo una parte y sería una pena que se imprimiera ese carácter a la Sociedad de la Información en México.
Se crea un Consejo para la medición del impacto de la Política para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Así que aunque la Iniciativa dice que busca una participación plural, lo que destaca es la gubernamental en la Comisión Intersecretarial y, por invitación discrecional, la de la sociedad civil. En tanto que el Consejo lo limitaron a medir el impacto, sin poder proponer otros temas. ¿Cuál pluralismo?
La Iniciativa tiene graves lagunas. Jamás refiere a la ciberseguridad, ni a la promoción del software libre, ni a la accesibilidad de personas con discapacidad, ni al multiculturalismo, ni a cómo se fomentará el comercio electrónico, entre muchos otros temas. Esta Iniciativa quizá sirva –al menos- para recordar al Presidente Felipe Calderón que hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en colaboración con otras dependencias como la Secretaría de Economía y la de Educación Pública, pueden elaborar una Agenda Digital que lleve efectivamente a México a la Sociedad del Conocimiento.
¿País sin futuro?
¿Por qué la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado está fuera de control? ¿Por qué los precios de servicios de telecomunicaciones en México son de los más caros? ¿Por qué somos consumidores de tecnología y exportadores de cerebros creadores de tecnología? ¿Por qué la escasa pluralidad en los medios de comunicación televisiva? ¿Por qué la educación pública es –en general- tan deficiente que ha generado un mercado lucrativo de educación privada mucho más caro que países del llamado primer mundo? ¿Por qué la instrucción escolar y universitaria es un lujo? ¿Por qué el precio de las medicinas en México es significativamente más caro que en el resto de América Latina? ¿Por qué los servicios financieros son mucho más onerosos en nuestro país? ¿Por qué…?
Pueden existir un sinfín de respuestas a cada una de estas preguntas que, por una parte, serán negaciones o excusas del gobierno y, por otra, justificaciones del sector privado y de la ciudadanía. Sin embargo, el factor común de estos por qués está en la combinación de las decisiones de los actores políticos, la complicidad del sector privado y la pasividad de la sociedad civil. Nadie es el único culpable, pero todos somos responsables. En especial las decisiones del Congreso de la Unión, del Ejecutivo Federal y del Poder Judicial Federal, tienen repercusiones para varias generaciones de mexicanos. ¿Habrá conciencia de ello?
En la iniciativa de la Ley de Vías Generales de Comunicación de 1940 del Presidente Lázaro Cárdenas y las discusiones del Congreso de la Unión, la decisión fue contraria a la competencia. El Estado era el responsable originario de prestar los servicios y, por excepción, se otorgarían concesiones bajo la premisa de que sólo era necesaria una concesión por servicio y por área geográfica, léase, monopolios locales y regionales. Sólo en el supuesto de que el concesionario original no pudiera atender a toda la población (lo que sucedía frecuentemente), entonces se podrían otorgar segundas concesiones (lo que nunca sucedió). Este régimen sirvió por muchas décadas para prebendas, corrupción y favoritismo. Incluso, el pronunciamiento de un tribunal federal es reflejo de ese México cuyas consecuencias seguimos padeciendo: “el Estado debe buscar el beneficio del público evitando la libre competencia … en esta materia no tendría sentido aplicar los principios de lucha contra los monopolios, a que se contrae el artículo 28 constitucional”.
En la década de 1990 se crean la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, apostando a que la competencia sea la solución para tener más y mejores servicios, a menor precio. Entrados en el siglo XXI es preciso reconocer que sí se ha mejorado en competencia del sector telecomunicaciones, pero a un paso tortuoso y lentísimo. Los primeros acuerdos de interconexión en telefonía fueron difíciles de lograr, sin favorecer a los nuevos entrantes y sujetos a litigios que trascendieron el siglo. Cuando un empresario osó romper el pacto de los concesionarios de televisión por cable de “no entras en mi territorio, ni yo en el tuyo”, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó segundas concesiones de televisión por cable, los litigios administrativos y penales no esperaron y duraron años hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en definitiva que las segundas concesiones se podían otorgar sin dar garantía de audiencia al concesionario establecido. Las licitaciones de frecuencias siempre son objeto de amparos por las empresas que prestan servicios con la única finalidad de evitar la competencia.
Y así podríamos seguir con historias que en lo individual parecen ser de poco nocivas, pero que en su conjunto llevan a mantener al país con monopolios e impunidad, contentándose los actores en señalar la paja en el ojo ajeno, en vez de ver la viga en el propio. México necesita el compromiso de todos más allá de la retórica y las verdades a medias. No es suficiente tener esperanza que en el futuro alguien lo resuelva. El futuro empieza hoy y todos somos responsables.
Pueden existir un sinfín de respuestas a cada una de estas preguntas que, por una parte, serán negaciones o excusas del gobierno y, por otra, justificaciones del sector privado y de la ciudadanía. Sin embargo, el factor común de estos por qués está en la combinación de las decisiones de los actores políticos, la complicidad del sector privado y la pasividad de la sociedad civil. Nadie es el único culpable, pero todos somos responsables. En especial las decisiones del Congreso de la Unión, del Ejecutivo Federal y del Poder Judicial Federal, tienen repercusiones para varias generaciones de mexicanos. ¿Habrá conciencia de ello?
En la iniciativa de la Ley de Vías Generales de Comunicación de 1940 del Presidente Lázaro Cárdenas y las discusiones del Congreso de la Unión, la decisión fue contraria a la competencia. El Estado era el responsable originario de prestar los servicios y, por excepción, se otorgarían concesiones bajo la premisa de que sólo era necesaria una concesión por servicio y por área geográfica, léase, monopolios locales y regionales. Sólo en el supuesto de que el concesionario original no pudiera atender a toda la población (lo que sucedía frecuentemente), entonces se podrían otorgar segundas concesiones (lo que nunca sucedió). Este régimen sirvió por muchas décadas para prebendas, corrupción y favoritismo. Incluso, el pronunciamiento de un tribunal federal es reflejo de ese México cuyas consecuencias seguimos padeciendo: “el Estado debe buscar el beneficio del público evitando la libre competencia … en esta materia no tendría sentido aplicar los principios de lucha contra los monopolios, a que se contrae el artículo 28 constitucional”.
En la década de 1990 se crean la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, apostando a que la competencia sea la solución para tener más y mejores servicios, a menor precio. Entrados en el siglo XXI es preciso reconocer que sí se ha mejorado en competencia del sector telecomunicaciones, pero a un paso tortuoso y lentísimo. Los primeros acuerdos de interconexión en telefonía fueron difíciles de lograr, sin favorecer a los nuevos entrantes y sujetos a litigios que trascendieron el siglo. Cuando un empresario osó romper el pacto de los concesionarios de televisión por cable de “no entras en mi territorio, ni yo en el tuyo”, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó segundas concesiones de televisión por cable, los litigios administrativos y penales no esperaron y duraron años hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en definitiva que las segundas concesiones se podían otorgar sin dar garantía de audiencia al concesionario establecido. Las licitaciones de frecuencias siempre son objeto de amparos por las empresas que prestan servicios con la única finalidad de evitar la competencia.
Y así podríamos seguir con historias que en lo individual parecen ser de poco nocivas, pero que en su conjunto llevan a mantener al país con monopolios e impunidad, contentándose los actores en señalar la paja en el ojo ajeno, en vez de ver la viga en el propio. México necesita el compromiso de todos más allá de la retórica y las verdades a medias. No es suficiente tener esperanza que en el futuro alguien lo resuelva. El futuro empieza hoy y todos somos responsables.
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