La experiencia mexicana en combatir monopolios de telecomunicaciones no ha sido efectiva. Casi 10 años después de que se declarara a Telmex como agente económico con poder sustancial en 5 mercados y tras un laberinto de juicios, se tuvo que dar carpetazo al proceso. ¿Y la competencia? Sobreviviendo. ¿Y los usuarios? Pagando tarifas elevadas.
Renueva la esperanza por un país “libre de monopolios” el que la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) haya iniciado procedimientos tanto por denuncias por prácticas monopólicas (p. ej., acceso a Internet de banda ancha para clientes residenciales y sobre el mercado comercial de canales de televisión para concesionarios de televisión restringida) como por investigaciones para determinar si algún agente tiene poder sustancial en ciertos mercados (p. ej., terminación de tarifas por el que llama paga).
Sin embargo, sería ingenuo pensar que serán suficientes esas acciones, porque el marco jurídico es ineficaz y las autoridades carecen de medios efectivos de coacción. Las leyes señalan que primero Cofeco declara a un agente con poder sustancial en cierto mercado, y después la Comisión Federal de Telecomunicaciones inicia otro procedimiento para fijar obligaciones específicas para evitar que el dominante abuse de su posición de mercado. Así, en el mejor de los casos en 2009 se podrían tener resultados preliminares en los procesos de dominancia y mientras tanto, ¿quién se queda con las ganancias monopólicas?
Al tiempo de que Telmex fuera privatizada en 1990, la Unión Europea (UE) inició el proceso de apertura gradual a la competencia en telecomunicaciones. Se emitieron directivas (un tipo de leyes marco que obligan a los Estados de la UE a modificar su legislación) para que: (1) las condiciones de interconexión fueran equitativas, (2) los operadores permitieran el acceso a sus redes, (3) se aplicaran los principios de oferta de red abierta, y (4) se determinara como dominantes a los operadores que tuvieran más de 25% en un mercado. Esto último demostró ser muy efectivo, porque por el tener una participación determinada de mercado, el operador estaba sujeto a ciertas obligaciones. Es decir, contrario a lo que sucede hoy en México, no se requería que la autoridad de competencia declarara a una empresa dominante, ni que hubiera realizado prácticas anticompetitivas. Tampoco se requería un proceso de la autoridad de telecomunicaciones para fijar obligaciones específicas.
En gran medida gracias a esa disposición de dominancia, los años pasaron y en la UE floreció la competencia con todos los beneficios que ello trae. En 2002 la UE determinó que al ya existir competencia efectiva, procedía eliminar el porcentaje de 25% como criterio para determinar a un operador dominante. En adelante, se declararía dominante a un agente que conforme a la normatividad de competencia económica pudiera emprender medidas contrarias a la competencia (p. ej., precios por debajo de costos), sin que los competidores pudieran contrarrestarlas. Además, incluyeron dos figuras para reconocer la dominancia: (1) cuando varias empresas puedan actuar conjuntamente, sin importar las fuerzas del mercado, y (2) en dos mercados independientes, pero relacionados, que le dan un poder sustancial a una empresa con lo cual la dominancia es integral.
En México muchos se han opuesto a la dominancia determinada por un 25% e incluso alegan que si eso se eliminó en la UE, por algo será. Olvidan que: (1) ese porcentaje es un dato objetivo que determinaba quiénes eran dominantes y se evitaron innumerables litigios, (2) las obligaciones específicas para los dominantes estaban previstas en el marco jurídico, es decir, había certeza jurídica para éstos, y (3) gracias a este esquema existe competencia efectiva en la UE. México empezó al revés y las consecuencias son visibles por todos, la competencia sigue batallando por sobrevivir debido a un nivel disparejo de juego fruto del marco jurídico. ¿Hasta cuándo se legislará efectivamente?
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