Las licitaciones de concesiones para el uso de frecuencias para servicios móviles de banda ancha se espera sean un éxito de acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Independientemente de los escándalos como aquel de las prórrogas a Unefon autorizadas por el actual Secretario del Trabajo, Javier Lozano, cuando era presidente de Cofetel y que al finalizar los litigios le pueden costar a todos los mexicanos más de 3,000 millones de pesos (Revista etcetera), la historia de las licitaciones ha mostrado el camino tortuoso que éstas son por los litigios de los que buscan evitar tener más competencia y también de aquellos que han ofrecido pagar cierta contraprestación al gobierno federal y después la impugnan judicialmente.
Para poder participar en la licitación es requisito adquirir las bases de licitación. La Cofetel anunció que 49 personas habían adquirido las bases de la frecuencia 1.7 GHz y 44 la de 1.9 GHz. Cofetel explicó “que espera que el proceso sea exitoso debido a que el alto precio de las bases (20 mil pesos) garantiza que los interesados que las han adquirido tienen una meta firme de poder participar en el proceso” (Excélsior). Sin contar que dicha explicación refleja que el derecho a saber de los mexicanos de los términos en que se licitará un bien de dominio de la Nación sólo estaría limitado a aquellos que tengan recursos económicos, el número de adquirentes de las bases más que una garantía de participación en el proceso como lo expone Cofetel, puede ser el primer paso para justificar el interés jurídico en los litigios que se avecinan.
¿Por qué un grupo corporativo adquirió 12 bases de licitación a través de sus diferentes empresas? ¿Les sobra el dinero y/o no existe coordinación entre ellas o participarán algunas de esas empresas y otras litigarán? No deja de llamar la atención que Grupo Salinas haya adquirido de ambas licitaciones 12 bases a través de empresas que conforme a la Comisión Federal de Competencia deben considerarse como un solo agente económico como es el caso de Iusacell PCS de México, Iusacell PCS, Comunicaciones Celulares de Occidente, Operadora Unefón, Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, Portatel del Sureste, Telecomunicaciones del Golfo y SOS de Telecomunicaciones. Recuérdese que en las últimas licitaciones de este tipo que iniciaron en 2004, entre otras empresas, Iusacell PCS, Comunicaciones Celulares de Occidente y Operadora Unefón promovieron amparos en contra del programa de licitación.
En las anteriores licitaciones el mecanismo para seleccionar al ganador de la licitación fue el de seguir una subasta simultánea ascendente como se ha hecho en EUA. El principio subyacente es que aquél que estuviera dispuesto a pagar el precio más alto, sería aquél que pretendiera darle un mejor uso al espectro. Sin embargo, en la práctica se ha dado que algunos operadores adquieren más espectro no por una necesidad en cuanto al número de usuarios o de los servicios de banda ancha que están proveyendo, sino como una manera de limitar la entrada de nuevos competidores y de artificialmente hacer escaso el espectro como una práctica anticompetitiva.
En estas licitaciones los criterios para seleccionar a los ganadores serán ecónmicos y no económicos. El establecer criterios no económicos ha sido realizado en otros países. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿cómo se realizará la evaluación de los criterios no económicos y cuánto margen de discrecionalidad habrá? Este asunto es delicado porque cuando el criterio para seleccionar al ganador es económico, es fácil determinar quién fue el que ofreció la puja más alta. En cambio, en un proceso de licitación excluido del escrutinio público mientras se lleva a cabo el mismo, ¿cómo garantizar a la ciudadanía que el proceso es íntegro, transparente y que el ganador fue aquél que lo merecía?
Con todos los pormenores y cuestionamientos que puedan haber, las licitaciones han comenzado lo cual es una excelente noticia. El éxito de éstas podrá beneficiar al país con más competencia, mejores servicios, mayor cobertura y –esperemos- menores precios.
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viernes, 2 de abril de 2010
lunes, 14 de septiembre de 2009
Prorrogar o cancelar concesiones, ¿qué hacer?
¿Por qué tarda tanto la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en prorrogar concesiones? Parecería que es un caso más de lentitud burocrática, porque los requisitos de ley son simples: solicitar la prórroga en un plazo determinado, haber cumplido con sus obligaciones y aceptar las nuevas condiciones que se le impongan. Sin embargo, las prórrogas son un tema incluso más complejo que las licitaciones de frecuencias y su impacto en el sector es de magnitudes equiparables. En otros países la importancia de prorrogar y la de licitar es exactamente igual.
Pago al Estado. La discusión de las prórrogas muchas veces se centra en cuánto tienen que pagar, como si lo más importante fuera el dinero al Erario en vez de la derrama económica si México tuviera más servicios de telecomunicaciones, de mejor calidad y a menores precios. Además, recuérdese que el gobierno ha perdido muchos litigios en tema de pagos por uso de frecuencias, teniendo que devolver los montos con actualizaciones e intereses. Para cobrar una contraprestación o un derecho, éstos deben estar establecidos en la ley por mandato constitucional. El detalle es que si las prórrogas se fundamentan en la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), simplemente será inconstitucional la contraprestación porque la ley no lo contempla. Si el fundamento es la Ley Federal de Derechos, de todos modos estará sujeta a litigio. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre un pago justo por usar un bien de dominio de la Nación y el principio de legalidad?
No al acaparamiento de espectro. Existen empresas en México que han obtenido mucho espectro y no lo utilizan, o lo “revenden” a otros. ¿Por qué sucede y por qué se ha permitido? Sucede porque las licitaciones bajo subasta ascendente asumen que aquél que esté dispuesto a pagar más por obtener la concesión, es porque pretende hacer un uso más eficiente de las frecuencias. Esta suposición ha resultado falsa. En la realidad algunos pagan más porque saben que es un recurso escaso y que la autoridad tardará muchos años en volver a licitar. Es como si en un estadio de futbol al inicio del partido una persona compra todas las aguas y refrescos, no es porque tenga mucha sed, sino porque sabe que a medio partido los espectadores pagarán lo que sea por un refrescante. En estos casos lógico es que la autoridad decida no prorrogar o prorrogar parcialmente sólo respecto a la parte que sí utiliza el concesionario. Pero la lógica no siempre es la que prevalece.
Los suertudos. Algunos recibieron concesiones con mucho ancho de banda (capacidad), quizá fue por favoritismo o porque la tecnología en esa entonces precisaba de ese ancho de banda. El avance tecnológico generalmente implica utilizar menos ancho de banda para prestar los mismos servicios. Adicionalmente, algunas frecuencias se benefician por nueva tecnología para servicios de tercera y cuarta generación. En estos casos se puede prorrogar parcialmente para un uso más eficiente o para introducir nuevos competidores.
Obsolescencia y nuevas tecnologías. Si las frecuencias son para prestar un servicio cuya tecnología se ha convertido en obsoleta –como podría ser el paging- y se requiere esa banda de frecuencias para introducir nuevas tecnologías, se puede negar la prórroga.
Las fáciles. Si un concesionario no cumplió con sus obligaciones, no solicitó en tiempo o no acepta las condiciones, se niega la prórroga.
Se están venciendo las concesiones de frecuencias otorgadas conforme a la LFT, las cuales se están acumulando con las concesiones que fueron discrecionalmente otorgadas antes de la ley. Las decisiones que debe tomar la Cofetel y la SCT no son fáciles, más aún porque se enfrentan a grupos de poder económico importantes. Aun cuando justifiquen debidamente las negativas de prórroga o las prórrogas parciales, los litigios serán inevitables. El reto más grande será que funden y motiven rigurosamente su actuar, de otra manera incluso podrá invocarse responsabilidad patrimonial del Estado y sus servidores públicos.
Pago al Estado. La discusión de las prórrogas muchas veces se centra en cuánto tienen que pagar, como si lo más importante fuera el dinero al Erario en vez de la derrama económica si México tuviera más servicios de telecomunicaciones, de mejor calidad y a menores precios. Además, recuérdese que el gobierno ha perdido muchos litigios en tema de pagos por uso de frecuencias, teniendo que devolver los montos con actualizaciones e intereses. Para cobrar una contraprestación o un derecho, éstos deben estar establecidos en la ley por mandato constitucional. El detalle es que si las prórrogas se fundamentan en la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), simplemente será inconstitucional la contraprestación porque la ley no lo contempla. Si el fundamento es la Ley Federal de Derechos, de todos modos estará sujeta a litigio. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre un pago justo por usar un bien de dominio de la Nación y el principio de legalidad?
No al acaparamiento de espectro. Existen empresas en México que han obtenido mucho espectro y no lo utilizan, o lo “revenden” a otros. ¿Por qué sucede y por qué se ha permitido? Sucede porque las licitaciones bajo subasta ascendente asumen que aquél que esté dispuesto a pagar más por obtener la concesión, es porque pretende hacer un uso más eficiente de las frecuencias. Esta suposición ha resultado falsa. En la realidad algunos pagan más porque saben que es un recurso escaso y que la autoridad tardará muchos años en volver a licitar. Es como si en un estadio de futbol al inicio del partido una persona compra todas las aguas y refrescos, no es porque tenga mucha sed, sino porque sabe que a medio partido los espectadores pagarán lo que sea por un refrescante. En estos casos lógico es que la autoridad decida no prorrogar o prorrogar parcialmente sólo respecto a la parte que sí utiliza el concesionario. Pero la lógica no siempre es la que prevalece.
Los suertudos. Algunos recibieron concesiones con mucho ancho de banda (capacidad), quizá fue por favoritismo o porque la tecnología en esa entonces precisaba de ese ancho de banda. El avance tecnológico generalmente implica utilizar menos ancho de banda para prestar los mismos servicios. Adicionalmente, algunas frecuencias se benefician por nueva tecnología para servicios de tercera y cuarta generación. En estos casos se puede prorrogar parcialmente para un uso más eficiente o para introducir nuevos competidores.
Obsolescencia y nuevas tecnologías. Si las frecuencias son para prestar un servicio cuya tecnología se ha convertido en obsoleta –como podría ser el paging- y se requiere esa banda de frecuencias para introducir nuevas tecnologías, se puede negar la prórroga.
Las fáciles. Si un concesionario no cumplió con sus obligaciones, no solicitó en tiempo o no acepta las condiciones, se niega la prórroga.
Se están venciendo las concesiones de frecuencias otorgadas conforme a la LFT, las cuales se están acumulando con las concesiones que fueron discrecionalmente otorgadas antes de la ley. Las decisiones que debe tomar la Cofetel y la SCT no son fáciles, más aún porque se enfrentan a grupos de poder económico importantes. Aun cuando justifiquen debidamente las negativas de prórroga o las prórrogas parciales, los litigios serán inevitables. El reto más grande será que funden y motiven rigurosamente su actuar, de otra manera incluso podrá invocarse responsabilidad patrimonial del Estado y sus servidores públicos.
sábado, 28 de junio de 2008
¿Suspendamos las licitaciones de frecuencias?
Los senadores Carlos Lozano (PRI) y Arturo Escobar (PVEM) han presentado un punto de acuerdo donde exhortan a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que suspenda el procedimiento de licitación respecto a frecuencias del espectro radioeléctrico para telecomunicaciones, porque a su parecer existen irregularidades. Para interrumpir una licitación de frecuencias existen 3 razones y sólo 1 legítima.
1. Reducción del valor de la concesión. Existen ciertos concesionarios de frecuencias para servicios de telecomunicaciones que se dieron cuenta que mientras que el Gobierno Federal no hiciera licitaciones o las postergara, podrían vender sus concesiones a un precio elevado. Así que en cuanto se anuncia que se licitarán frecuencias, el valor de venta de su concesión se reduce significativamente porque a los potenciales compradores les saldrá infinitamente más barato comprarle al Gobierno que a ellos. Entonces el juicio de amparo se convierte en un instrumento para que no se desplome el precio de las concesiones, en perjuicio del interés general.
2. No querer competencia. Ha sido práctica constante que algunos concesionarios de frecuencias no deseen tener competencia. Ésta suena bien, pero les implica mejorar la calidad y reducir las tarifas a los usuarios. Así que para obstaculizar la entrada de competencia, estas empresas promueven amparos y buscan el apoyo mediático de periodistas afines. Pero, ¿podrían ahora actores públicos también contribuir con esta misma finalidad?
3. Licitar frecuencias ya asignadas a otros. Ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni la Cofetel cuentan –o al menos eso dicen-, con una base de datos actualizada que identifique a todas las personas que tengan un derecho legítimo de uso de las frecuencias. Por lo cual cuando dichas autoridades lanzan una licitación, siempre incluyen una que otra frecuencia que previamente ya ha sido asignada a otra persona. En breve, la autoridad quiere “vender” lo que ya es “propiedad” de otro. El amparo en estos casos es legítimo y de interés general en aras de la seguridad jurídica.
Analicemos ahora lo expuesto por el senador Lozano al presentar el punto de acuerdo.
El programa de licitación debió de haber pasado por el procedimiento ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria por ser un acto de carácter general. ¿Es el programa de licitación un acto de carácter general o más bien una invitación a participar? Porque si es un acto sujeto a mejora regulatoria, entonces todas las licitaciones de cualquier naturaleza debieran de pasar por la Cofemer. En vez de ello, lo más indicado es que la Cofetel realizara una consulta no sobre el programa de licitaciones, sino de las bases de licitación como sucede en EUA. Las bases son donde se ejerce la discrecionalidad y donde están los puntos finos.
A decir del legislador, el Subsecretario Rafael del Villar tiene un conflicto de interés que “violenta el principio de imparcialidad” porque quiere formar parte de Cofetel. Primero, Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous fueron designados por el Presidente de la República para ser comisionados de la Cofetel y, en base a un artículo declarado inconstitucional por la Suprema Corte, fueron objetados por la Comisión Permanente. Si se les llegan a respetar sus garantías constitucionales, tendrán que ser reconocidos como comisionados. Segundo, conflicto de interés es cuando existen intereses que interfieren o están en oposición con los de la sociedad. Si la Cofetel y la SCT tienen esencialmente la misma pretensión de licitar frecuencias del espectro radioeléctrico, ¿existe este tipo de conflicto?
¿Cuál es el móvil de este punto de acuerdo? Sorprende que a pesar de la amplia experiencia de los senadores Lozano y Escobar en diversas áreas, la información del Senado no refleja ninguna en el sector de telecomunicaciones y tampoco pertenecen ni a la comisión de comunicaciones y transportes, ni a la de radio, televisión y cinematografía. ¿Se estará buscando retardar las licitaciones desde el Congreso?
1. Reducción del valor de la concesión. Existen ciertos concesionarios de frecuencias para servicios de telecomunicaciones que se dieron cuenta que mientras que el Gobierno Federal no hiciera licitaciones o las postergara, podrían vender sus concesiones a un precio elevado. Así que en cuanto se anuncia que se licitarán frecuencias, el valor de venta de su concesión se reduce significativamente porque a los potenciales compradores les saldrá infinitamente más barato comprarle al Gobierno que a ellos. Entonces el juicio de amparo se convierte en un instrumento para que no se desplome el precio de las concesiones, en perjuicio del interés general.
2. No querer competencia. Ha sido práctica constante que algunos concesionarios de frecuencias no deseen tener competencia. Ésta suena bien, pero les implica mejorar la calidad y reducir las tarifas a los usuarios. Así que para obstaculizar la entrada de competencia, estas empresas promueven amparos y buscan el apoyo mediático de periodistas afines. Pero, ¿podrían ahora actores públicos también contribuir con esta misma finalidad?
3. Licitar frecuencias ya asignadas a otros. Ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni la Cofetel cuentan –o al menos eso dicen-, con una base de datos actualizada que identifique a todas las personas que tengan un derecho legítimo de uso de las frecuencias. Por lo cual cuando dichas autoridades lanzan una licitación, siempre incluyen una que otra frecuencia que previamente ya ha sido asignada a otra persona. En breve, la autoridad quiere “vender” lo que ya es “propiedad” de otro. El amparo en estos casos es legítimo y de interés general en aras de la seguridad jurídica.
Analicemos ahora lo expuesto por el senador Lozano al presentar el punto de acuerdo.
El programa de licitación debió de haber pasado por el procedimiento ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria por ser un acto de carácter general. ¿Es el programa de licitación un acto de carácter general o más bien una invitación a participar? Porque si es un acto sujeto a mejora regulatoria, entonces todas las licitaciones de cualquier naturaleza debieran de pasar por la Cofemer. En vez de ello, lo más indicado es que la Cofetel realizara una consulta no sobre el programa de licitaciones, sino de las bases de licitación como sucede en EUA. Las bases son donde se ejerce la discrecionalidad y donde están los puntos finos.
A decir del legislador, el Subsecretario Rafael del Villar tiene un conflicto de interés que “violenta el principio de imparcialidad” porque quiere formar parte de Cofetel. Primero, Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous fueron designados por el Presidente de la República para ser comisionados de la Cofetel y, en base a un artículo declarado inconstitucional por la Suprema Corte, fueron objetados por la Comisión Permanente. Si se les llegan a respetar sus garantías constitucionales, tendrán que ser reconocidos como comisionados. Segundo, conflicto de interés es cuando existen intereses que interfieren o están en oposición con los de la sociedad. Si la Cofetel y la SCT tienen esencialmente la misma pretensión de licitar frecuencias del espectro radioeléctrico, ¿existe este tipo de conflicto?
¿Cuál es el móvil de este punto de acuerdo? Sorprende que a pesar de la amplia experiencia de los senadores Lozano y Escobar en diversas áreas, la información del Senado no refleja ninguna en el sector de telecomunicaciones y tampoco pertenecen ni a la comisión de comunicaciones y transportes, ni a la de radio, televisión y cinematografía. ¿Se estará buscando retardar las licitaciones desde el Congreso?
viernes, 16 de noviembre de 2007
Cuando las licitaciones nos alcancen
La publicación del programa de licitaciones de bandas de frecuencias tiene dos innovaciones positivas: (1) se abre la posibilidad de que un municipio participe para obtener frecuencias a fin de contar con su propia red de telecomunicaciones, y (2) todas las bandas son para acceso inalámbrico que implica que pueden prestar todos los servicios de telecomunicaciones, excepto radiodifusión. El primer paso se ha dado, pero el camino es largo e históricamente nunca ha sido fácil, siempre han existido litigios de los operadores existentes que pretenden suspender el proceso para evitar mayor competencia. Caso célebre es la licitación de trunking convocada en 1998 que se tuvo que suspender permanentemente, hasta que en el 2004 se lanzó un nuevo procedimiento que también fue objeto de un sinfín de juicios que buscaban detenerlo.
Las bandas que se van a licitar son de lo más valioso del espectro radioeléctrico: 1.9 GHz para servicios de PCS (celular, acceso a Internet, servicios de tercera generación 3G), 3.4-3.7 GHz y 1.7-2.1 GHz ambas para servicios de banda ancha (voz, datos y video), y 71-76/81-86 GHz para transporte de señales a alta velocidad. Las áreas de cobertura son por región, áreas básicas de servicios o municipios/delegaciones.
Lo novedoso es que los municipios pueden obtener una concesión en la banda de 3.6-3.7 GHz que utiliza tecnología WiMax para tener su propia red con innumerables beneficios económicos y sociales. Por ejemplo, con esta banda se puede lanzar el proyecto “Mérida Digital” con una red que reduciría los costos de telecomunicaciones del municipio de Mérida, se ocuparía para seguridad pública, se daría acceso gratuito a Internet a la ciudadanía en lugares públicos y ésta podría acceder a servicios gubernamentales las 24 horas del día sin tener que ir a las oficinas gubernamentales. Es una oportunidad única para las autoridades locales, esperemos que se dé suficiente difusión y veamos a municipios y delegaciones haciendo uso del espectro radioeléctrico sin intermediarios.
Mucho se ha dicho que las licitaciones eliminan la discrecionalidad de la autoridad, sin embargo, al establecer las bases de licitación la Comisión Federal de Telecomunicaciones estará ejerciendo una enorme discrecionalidad en diversos aspectos, sin que ello implique que actuará arbitrariamente. Lo importante será que esas bases se presenten a consulta pública como se hace en otros países como en EUA. ¿Lo hará Cofetel?
Los puntos más relevantes a definir por Cofetel son: (1) ¿Cuánto tiempo darán entre la convocatoria, la adquisición de bases y la presentación de documentos? Esto es importante, porque entre más tiempo se dé, más oportunidad de que existan nuevas empresas participantes; (2) ¿Cuál será el plazo de las concesiones y su justificación?; (3) ¿Cuál será la restricción de acumulación de espectro de Cofetel? Esta restricción es independiente de los límites que la Comisión Federal de Competencia imponga, en su caso, a ciertos participantes; (4) ¿Se permitirá en algunas bandas el uso libre a título secundario para dispositivos de baja potencia?; (5) ¿Qué medidas establecerá para garantizar el acceso abierto y la neutralidad de la red? Estas medidas permitirán que los operadores no bloqueen servicios y programas de otros operadores, ni obliguen al usuario a adquirir equipos que sólo sirven para sus redes; (6) ¿Se dará un “crédito para el nuevo entrante” para fomentar la entrada de nuevas empresas a fin de incrementar la competencia?; y (7) ¿Cuál será la modalidad de la licitación? ¿Cómo interpretará Cofetel la resolución de la Corte respecto a la subasta?
Finalmente, si antes de las licitaciones se elimina el límite de inversión extranjera que está en discusión en el Congreso, sin duda abrirá la posibilidad de que existan más competidores. Además, ¿por qué oponerse a la inversión extranjera en telecomunicaciones si hoy día se pueden contratar servicios local y de larga distancia para México desde el extranjero?
Las bandas que se van a licitar son de lo más valioso del espectro radioeléctrico: 1.9 GHz para servicios de PCS (celular, acceso a Internet, servicios de tercera generación 3G), 3.4-3.7 GHz y 1.7-2.1 GHz ambas para servicios de banda ancha (voz, datos y video), y 71-76/81-86 GHz para transporte de señales a alta velocidad. Las áreas de cobertura son por región, áreas básicas de servicios o municipios/delegaciones.
Lo novedoso es que los municipios pueden obtener una concesión en la banda de 3.6-3.7 GHz que utiliza tecnología WiMax para tener su propia red con innumerables beneficios económicos y sociales. Por ejemplo, con esta banda se puede lanzar el proyecto “Mérida Digital” con una red que reduciría los costos de telecomunicaciones del municipio de Mérida, se ocuparía para seguridad pública, se daría acceso gratuito a Internet a la ciudadanía en lugares públicos y ésta podría acceder a servicios gubernamentales las 24 horas del día sin tener que ir a las oficinas gubernamentales. Es una oportunidad única para las autoridades locales, esperemos que se dé suficiente difusión y veamos a municipios y delegaciones haciendo uso del espectro radioeléctrico sin intermediarios.
Mucho se ha dicho que las licitaciones eliminan la discrecionalidad de la autoridad, sin embargo, al establecer las bases de licitación la Comisión Federal de Telecomunicaciones estará ejerciendo una enorme discrecionalidad en diversos aspectos, sin que ello implique que actuará arbitrariamente. Lo importante será que esas bases se presenten a consulta pública como se hace en otros países como en EUA. ¿Lo hará Cofetel?
Los puntos más relevantes a definir por Cofetel son: (1) ¿Cuánto tiempo darán entre la convocatoria, la adquisición de bases y la presentación de documentos? Esto es importante, porque entre más tiempo se dé, más oportunidad de que existan nuevas empresas participantes; (2) ¿Cuál será el plazo de las concesiones y su justificación?; (3) ¿Cuál será la restricción de acumulación de espectro de Cofetel? Esta restricción es independiente de los límites que la Comisión Federal de Competencia imponga, en su caso, a ciertos participantes; (4) ¿Se permitirá en algunas bandas el uso libre a título secundario para dispositivos de baja potencia?; (5) ¿Qué medidas establecerá para garantizar el acceso abierto y la neutralidad de la red? Estas medidas permitirán que los operadores no bloqueen servicios y programas de otros operadores, ni obliguen al usuario a adquirir equipos que sólo sirven para sus redes; (6) ¿Se dará un “crédito para el nuevo entrante” para fomentar la entrada de nuevas empresas a fin de incrementar la competencia?; y (7) ¿Cuál será la modalidad de la licitación? ¿Cómo interpretará Cofetel la resolución de la Corte respecto a la subasta?
Finalmente, si antes de las licitaciones se elimina el límite de inversión extranjera que está en discusión en el Congreso, sin duda abrirá la posibilidad de que existan más competidores. Además, ¿por qué oponerse a la inversión extranjera en telecomunicaciones si hoy día se pueden contratar servicios local y de larga distancia para México desde el extranjero?
sábado, 7 de julio de 2007
Política Pública en Licitaciones
La Comisión Federal de Telecomunicaciones anunció que ha enviado a la Secretaría de Comunicaciones su propuesta de licitaciones para otorgar concesiones para el uso de diversas bandas de frecuencias. Más que un asunto técnico, es uno de política pública porque el decidir si un bien de dominio público será de uso libre (uso gratuito y por el público en general) o si se otorgarán concesiones (uso exclusivo por un particular), tiene consecuencias económicas y sociales. Históricamente se ha administrado el espectro por medio de concesiones y parámetros técnicos para evitar interferencias. Hoy la evolución tecnológica posibilita que se presten múltiples servicios, incluso de manera simultánea a título primario y secundario.
La Unión Europea está revisando sus políticas para una mayor eficiencia en el uso del espectro, dentro de las cuales prevé extender el uso libre (licence-exempt) a más bandas de frecuencias, y desarrollar tecnologías inteligentes (smart o cognitive radio) que permitan mayor flexibilidad. Por eso continúa la discusión de si “Los derechos concesionados o propietarios sobre el espectro limitan la libertad creativa de los procesos productivos de una sociedad, y por ende, su desarrollo” (Adriana Camarena, Reforma).
Llama la atención que Cofetel pretenda licitar la banda de 1.9 GHz (acceso inalámbrico por la cual se presta el servicio de celular) si hace menos de 2 años se realizó la anterior licitación. Antes de licitar nuevamente, Cofetel debe verificar si los actuales concesionarios están utilizando el espectro en todo el país y, si alguno aún no ha iniciado la prestación de servicios en cierta región, debe revocar esa concesión. ¿Ya realizó Cofetel esa supervisión? ¿Cuál es la utilización efectiva de dicha banda? ¿Existe necesidad de otorgar más espectro a los actuales concesionarios o se tiene certeza de que ingresarán nuevas empresas a desplegar red y competir? Recuérdese que (1) las concesiones representan una barrera de entrada, y (2) el sector de telecomunicaciones está en una etapa de fusiones y formación de alianzas estratégicas, más que en una de ingreso de nuevos competidores.
Existe la creencia de que las licitaciones eliminan la discrecionalidad de la autoridad administrativa. Si bien las licitaciones son mecanismos transparentes que reducen la discrecionalidad, ésta se ejerce por la autoridad al diseñar las bases de licitación y dichas decisiones tienen un fuerte impacto, por ejemplo, cuál será el plazo de la concesión y el área de cobertura, existirá uso a título secundario, se incluirán derechos del consumidor y un plan de medidas para personas con discapacidad (¿o lo suprimirán?).
En cuanto a la contraprestación a que tiene derecho el Gobierno Federal conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones, éste no ha logrado recaudar lo que debiera debido a las impugnaciones de los concesionarios. En la licitación de la banda 1.9 GHz de 2005, las autoridades hacendarias y de comunicaciones establecieron el pago de la contraprestación a plazos con la finalidad de que los concesionarios la fueran pagando a lo largo de la vida de la concesión y evitar que se descapitalizaran de tal suerte que tuvieran recursos para desplegar su red lo más rápido posible. Telcel, Movistar y Iusacell aceptaron expresamente ese tipo de contraprestación durante el proceso de licitación, sin embargo, una vez que recibieron su concesión, presentaron sendos amparos contra la misma. El resultado puede llegar a ser que después de años de litigios, se les tenga que devolver lo que han pagado como contraprestación con intereses y actualizaciones en detrimento del Erario y de todos los mexicanos. En conclusión, se les habrían otorgado concesiones para el uso de bienes públicos que, tras los litigios, se convertirían en exclusividades a dichas empresas de manera gratuita. Por eso, ¿es adecuada la decisión de otorgar concesiones o mejor debieran declararse bandas de uso libre?
La Unión Europea está revisando sus políticas para una mayor eficiencia en el uso del espectro, dentro de las cuales prevé extender el uso libre (licence-exempt) a más bandas de frecuencias, y desarrollar tecnologías inteligentes (smart o cognitive radio) que permitan mayor flexibilidad. Por eso continúa la discusión de si “Los derechos concesionados o propietarios sobre el espectro limitan la libertad creativa de los procesos productivos de una sociedad, y por ende, su desarrollo” (Adriana Camarena, Reforma).
Llama la atención que Cofetel pretenda licitar la banda de 1.9 GHz (acceso inalámbrico por la cual se presta el servicio de celular) si hace menos de 2 años se realizó la anterior licitación. Antes de licitar nuevamente, Cofetel debe verificar si los actuales concesionarios están utilizando el espectro en todo el país y, si alguno aún no ha iniciado la prestación de servicios en cierta región, debe revocar esa concesión. ¿Ya realizó Cofetel esa supervisión? ¿Cuál es la utilización efectiva de dicha banda? ¿Existe necesidad de otorgar más espectro a los actuales concesionarios o se tiene certeza de que ingresarán nuevas empresas a desplegar red y competir? Recuérdese que (1) las concesiones representan una barrera de entrada, y (2) el sector de telecomunicaciones está en una etapa de fusiones y formación de alianzas estratégicas, más que en una de ingreso de nuevos competidores.
Existe la creencia de que las licitaciones eliminan la discrecionalidad de la autoridad administrativa. Si bien las licitaciones son mecanismos transparentes que reducen la discrecionalidad, ésta se ejerce por la autoridad al diseñar las bases de licitación y dichas decisiones tienen un fuerte impacto, por ejemplo, cuál será el plazo de la concesión y el área de cobertura, existirá uso a título secundario, se incluirán derechos del consumidor y un plan de medidas para personas con discapacidad (¿o lo suprimirán?).
En cuanto a la contraprestación a que tiene derecho el Gobierno Federal conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones, éste no ha logrado recaudar lo que debiera debido a las impugnaciones de los concesionarios. En la licitación de la banda 1.9 GHz de 2005, las autoridades hacendarias y de comunicaciones establecieron el pago de la contraprestación a plazos con la finalidad de que los concesionarios la fueran pagando a lo largo de la vida de la concesión y evitar que se descapitalizaran de tal suerte que tuvieran recursos para desplegar su red lo más rápido posible. Telcel, Movistar y Iusacell aceptaron expresamente ese tipo de contraprestación durante el proceso de licitación, sin embargo, una vez que recibieron su concesión, presentaron sendos amparos contra la misma. El resultado puede llegar a ser que después de años de litigios, se les tenga que devolver lo que han pagado como contraprestación con intereses y actualizaciones en detrimento del Erario y de todos los mexicanos. En conclusión, se les habrían otorgado concesiones para el uso de bienes públicos que, tras los litigios, se convertirían en exclusividades a dichas empresas de manera gratuita. Por eso, ¿es adecuada la decisión de otorgar concesiones o mejor debieran declararse bandas de uso libre?
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