Abismo entre la ley y la realidad

, La contratación de personal en el sector público históricamente ha sido instrumento para asegurar un régimen de lealtades de los servidores públicos. Lealtad al grupo y no a México, ni a las instituciones. “Si perteneces al grupo, estarás con nosotros estemos donde estemos”. No era extraño que el grupo estuviera un día en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro día en la Secretaría del Trabajo y después en la Secretaría de Turismo, ¿por qué no? “¡Qué importa la materia si lo importante es mantenernos unidos!”.

En 1934 se expidió el Acuerdo sobre Organización y Funcionamiento del Servicio Civil y en 1983 se creó la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, pero no fue sino hasta el 2003 con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal cuando se instaura un sistema que pretende garantizar el “ingreso, desarrollo y permanencia en la Administración Pública Federal a través del mérito y la igualdad de oportunidades; en un marco de transparencia y legalidad”. Empero, este sistema ha dejado mucho que desear. En algunos casos ha provocado la parálisis en la contratación de recursos humanos, en muchos otros los concursos tienen destinatario con nombre y apellido. Mucho queda por hacer a nivel federal y no se diga en las entidades federativas en las que el compadrazgo y la pertenencia al grupo son los criterios de selección.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones ha iniciado concursos para muchas plazas que van desde direcciones generales hasta auxiliares de analistas. Está pendiente que se emita el Reglamento Interior de la Comisión que por ley debió de haberse realizado hace casi 20 meses. ¿Cuándo saldrá el Reglamento? ¿Qué pasará con el personal que ahora se contrate con la estructura vieja? ¿Serán concursos objetivos y transparentes o ya se sabe quiénes quedarán en esas plazas? Porque el servicio profesional ofreció a los servidores públicos que no serían removidos si venían nuevos jefes o por no pertenecer al grupo. Se les hizo presentar exámenes para obtener la titularidad, pero cuando la nueva administración quiso ocupar sus plazas, ¿sirvió el servicio profesional? No. Al viejo estilo se pidieron renuncias y como dicen “antes se sabía que llegaba nuevo grupo y uno presentaba su renuncia, pero con el servicio profesional nos convencieron que ya no sucedería y no fue así”. La ley cambió, la antigua práctica persiste.

Otra práctica que se resiste a desaparecer es el respeto a lo prometido a los consumidores. Sky ofreció a sus suscriptores del paquete Fun (o paquetes superiores) en agosto de 2007 que transmitiría en exclusiva la Liga Española de Futbol, lo cual implicaría que cada fin de semana sus clientes podrían ver alrededor de 10 partidos de futbol español. En la fecha de inicio, sólo se transmitieron 3 partidos. Sky anunció esencialmente que problemas de las transmisoras españolas impidieron pasar todos los partidos.

La Procuraduría Federal del Consumidor, tras una denuncia telefónica de la asociación de consumidores Alconsumidor, A.C., investigó si Sky había realizado publicidad engañosa, toda vez que por algunos días siguió ofertando en su programación la Liga Española a pesar de haber reconocido que temporalmente no se podría llevar cabo cabalmente. El 31 de enero pasado, la Profeco sancionó a Sky por publicidad engañosa.

Paralelamente, 3 ciudadanos entre ellos Adriana Labardini de dicha asociación civil, presentaron quejas ante Profeco por considerar que Sky (Corporación Novavisión) no había cumplido con lo ofrecido respecto a la Liga Española. En la etapa de conciliación, se llegó a un acuerdo por el que Sky les dará 2 meses de servicio gratis. Alconsumidor en www.alconsumidor.org.mx está ofreciendo a los suscriptores de Sky que hayan padecido lo mismo que estos ciudadanos, a realizar por ellos los trámites para que se les compense por la oferta incumplida. Ante la inexistencia de acciones colectivas, Alconsumidor está buscando remedios como éste en beneficio de los consumidores.

Acciones colectivas en telecomunicaciones

El nivel de competencia en telecomunicaciones en México ha sido ineficaz para proveer a los usuarios con mejores servicios y a menores precios. El usuario está en indefensión ante los proveedores de telecomunicaciones porque, ante la Procuraduría Federal del Consumidor, el procedimiento de conciliación puede convertirse en un despilfarro del tiempo del consumidor en tanto que para los abogados de las empresas entre más tiempo dure el proceso, mayores son sus honorarios. La Comisión Federal de Telecomunicaciones carece de facultades para sancionar a los concesionarios que incumplen con el marco jurídico. Así que, en el mundo de la impunidad siempre ganará el más poderoso que nunca seremos los consumidores ordinarios a menos que se cambie la balanza con acciones colectivas.

En telecomunicaciones como en otros muchos sectores, los consumidores no exigen sus derechos no porque estén de acuerdo con su prestador de servicios, sino porque los procedimientos son tardados y el gasto de la persona puede ser mayor al monto reclamado. Una acción colectiva permitiría que muchos usuarios cuya reclamación sea de poca monta, pudieran defenderse conjuntamente. Por eso, la ausencia de acciones colectivas de consumidores equivale a negar el acceso a la justicia. Es cierto que en México desde 1992 la Ley Federal de Protección al Consumidor estableció la figura de acción colectiva, pero -en una actitud limitada, parternalista y sin razón-, le confirió a la Profeco el monopolio para ejercitar dicha acción.

Casos para demandas colectivas a favor de los consumidores sobran. Sin embargo, Profeco nunca presentó acción colectiva alguna sino hasta este año en que el Procurador Antonio Morales de la Peña inició acciones contra Air Madrid y Líneas Aztecas. Estas acciones están en el juzgado de primera instancia y habremos de ver cómo se resuelven, porque –dicho sea de paso- no existe un procedimiento ad hoc, ni se sabe cuáles serán los efectos de la sentencia. Sin menospreciar estas acciones contra esas aerolíneas que no representan a ningún grupo de poder, ¿dónde están las acciones colectivas contra monopolios públicos y privados, y contra las empresas que tienen el mayor número de quejas? Si existieran acciones colectivas en telecomunicaciones que pudieran presentarse por los consumidores, la calidad en el servicio mejoraría y los reembolsos por parte de las empresas de telecomunicaciones serían espontáneos cuando se interrumpe el servicio.

“México, no obstante ser la segunda economía de América Latina y décimo cuarta a nivel mundial, carece de un reconocimiento de los intereses y derechos colectivos de sus ciudadanos y de su legitimación activa para hacerlos valer” es lo que señala Alconsumidor, A.C. Alconsumidor es una asociación civil independiente del sector público y del privado, que informa y faculta al consumidor para que éste defienda sus derechos. Alconsumidor asesora a los consumidores en casos de abuso, incompetencia o negligencia comercial en casos de telefonía (fija y celular, local y larga distancia), televisión de paga, energía eléctrica e Internet.

Este 15 y 16 de noviembre, Alconsumidor, A.C. con el copatrocinio de Profeco y otras autoridades e instituciones académicas, realizará en el auditorio del ITAM de Santa Teresa en el Distrito Federal, un congreso sobre acciones colectivas de consumidores. El programa y los expositores son de primer nivel, de diversos países y de los tres poderes del Estado mexicano (www.alconsumidor.org). Por ejemplo, estará Matthew Piers, el abogado que a través de una acción colectiva logró que miles de migrantes latinoamericanos fueran indemnizados por $400 millones de dólares por prácticas fraudulentas de la industria de las remesas internacionales. La entrada es libre y será un espacio de discusión y análisis para realizar propuestas que cambien la situación del consumidor mexicano de la indefensión a la debida defensa de sus intereses.