La falta de transparencia y los mensajes contradictorios que la ciudadanía recibimos la semana pasada por parte de los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones generan desconfianza e indignación. ¿A quién creerle? ¿Al Presidente Mony de Swaan o a los otros 4 comisionados o a ninguno? Durante meses la Cofetel ha generado expectativas de que realizará una licitación para concesiones de televisión abierta. Se anunció que el Pleno de Cofetel resolvería sobre la licitación y acto seguido recibimos un comunicado de Cofetel diciendo que contra el voto del Presidente de Swaan, se “resolvió aplazar la votación del proyecto y que el mismo no sea integrado en la agenda de futuras sesiones (…) no se definió una fecha para que el tema sea analizado nuevamente” y al día siguiente los comisionados Gil Elorduy, Martínez Pous, Milo Caraza y Peralta Higuera comunicaron que resultaba falso que congelaron o aplazaron en forma definitiva la resolución del concesionamiento de televisión abierta. ¿Qué puede hacer Cofetel para remediar la desacreditación generalizada que este incidente está ocasionando? Hacer públicas las versiones estenográficas de la sesión del Pleno de 25 de enero de 2012.
Primero. La Constitución es la Ley Suprema y ésta obliga a las autoridades a la máxima publicidad (artículo 6, fracción I), por lo que ninguna ley secundaria y mucho menos una interpretación subjetiva puede restringir el derecho a saber de los mexicanos.
Segundo. Si se considerara que dicha sesión es parte de un proceso deliberativo, la Cofetel puede aplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual se favorece el derecho a saber sobre la secrecía al señalar que “en aquellos supuestos en los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, debe hacerse una excepción a la regla general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva” (Jurisprudencia P./J. 45/2007).
Tercero. Asumiendo que se considerara un “proceso deliberativo”, a nadie perjudica el revelar la información para las licitaciones de televisión abierta, porque: (1) La información sobre la ocupación de las frecuencias por segmento y región, y por ende la disponibilidad de frecuencias son información pública del Registro de Telecomunicaciones (art. 64 fracciones II y VI de la Ley Federal de Telecomunicaciones); (2) en este caso no es un procedimiento seguido en forma de juicio (p. ej., un desacuerdo de interconexión), tampoco es un caso de seguridad nacional o de frecuencias de uso oficial para seguridad pública; y (3) el proyecto de bases de licitación y el proceso mediante el cual se seleccionará al ganador, tampoco tendrían por qué guardar secrecía, toda vez que no afecta los derechos adquiridos de persona alguna sino por el contrario busca fomentar la competencia que es un mandato del artículo 28 de la Constitución. Incluso la Cofetel debiera hacer público el proyecto de bases para recibir comentarios como lo hace la FCC de EUA.
Cuarto. Si realmente los comisionados no quisieron congelar el otorgamiento de frecuencias para TV abierta, que digan claramente qué acciones necesitan coordinar “con otros poderes de la unión e instancias gubernamentales”, porque la Ley Federal de Radio y Televisión establece que la Cofetel es quién debe expedir el programa de concesionamiento, la convocatoria y las bases, sin requerir la intervención de ninguna otra autoridad. ¿Qué es lo que requiere de otros entes gubernamentales y de los otros poderes de la unión? Si no lo pueden decir claramente y de cara a la ciudadanía, se confirma que la política y las presiones en tiempos electorales les ganó y que carecen de la independencia necesaria para ser comisionados por lo que entonces debieran renunciar.
Iusacell-Televisa. Si tuviéramos una verdadera democracia, los electores analizaríamos las respuestas dadas por los precandidatos a la presidencia en cuanto a su postura respecto a la alianza Iusacell-Televisa. Mientras que las respuestas de Peña Nieto, Vázquez Mota, Creel Miranda y Ernesto Cordero fueron evasivas y un insulto a la inteligencia de los que exigimos congruencia entre el discurso en contra de los monopolios y los casos concretos, López Obrador con valentía rechazó dicha alianza. Veremos si las televisoras castigan a los congruentes y premian a los que evitan dar sus posturas por temor a quedar mal con las televisoras.
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lunes, 30 de enero de 2012
lunes, 7 de diciembre de 2009
Cofetel: hacia la transparencia o la opacidad
La Comisión Federal de Telecomunicaciones está nuevamente en el ojo del huracán o, más bien, nunca ha dejado de estarlo desde que fue creada. Entre demandas de retirar a los actuales comisionados bajo apreciaciones subjetivas más que jurídicas, hoy Cofetel tiene una oportunidad única: elegir entre la transparencia o la opacidad. Si decidiera Cofetel optar por la transparencia, no sólo se fortalecería como institución, sino que también daría certeza al sector de telecomunicaciones. Imagínemos por un momento que Cofetel opta por la transparencia, ¿qué tendría que hacer?
§ Las sesiones del Pleno de Cofetel serían públicas al igual que lo son las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o las del Instituto Federal de Acceso a la Información. Cualquiera podría asistir en persona o seguir las discusiones vía Internet. ¿Habrá algún temor de los comisionados o de los concesionarios de telecomunicaciones de que fueran públicas las deliberaciones? Las suspicacias de favoritismos que hoy día reclaman la remoción de comisionados se verían diluidas, porque al ser públicas las sesiones, éstas estarían sujetas al escrutinio público y se conocerían las argumentaciones completas de cada actor. Hoy día la información de las sesiones del Pleno de Cofetel proviene de trascendidos. Además, lo que se plasma en las actas del Pleno muchas veces no recoge la integridad de los razonamientos o son clasificadas como información reservada.
§ La agenda del Pleno sería pública con suficiente antelación para que la ciudadanía sepa si le interesa o no algún tema que se tratará. Además, se evitaría que se introduzcan temas subrepticiamente o se retrasen aquellos que no sean del interés de sus integrantes.
§ Cuando hubiera una reunión de 3 o más comisionados para deliberar asuntos de Cofetel, entonces la junta sería pública y se convocaría con varios días de anticipación. Ésta es la práctica en EUA en la Federal Communications Commission conforme a la Sunshine Act, y esta comisión goza de prestigio y respeto por los agentes económicos.
§ De las reuniones de los servidores públicos de la Cofetel con concesionarios, permisionarios o peticionarios, se levantaría una minuta la cual resumiría el tema de la junta y se haría pública. Esta práctica blinda a los servidores públicos honestos y evita la tentanción de los particulares mal intencionados, de proponer algo contrario a la ley.
§ Las bases de licitación de las frecuencias que venderá la Cofetel cual si de una mercancía se tratara, serían públicas como en el resto de los países. ¿Por qué si las frecuencias son bienes de la Nación se limita el acceso a las bases a los que paguen $20,000 pesos? ¿Dónde está la Secretaría de la Función Pública para exigir transparencia en este proceso? ¿Cuál es la posición del IFAI? ¿Podemos al menos conocer los argumentos para que las bases sean privilegio exclusivo de unos cuantos?
§ El Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión sostendría reuniones públicas, en especial si está decidiendo el futuro de la radio digital en México que afectará a todos los habitantes del país.
Cofetel tiene la oportunidad de fortalecerse y ganar credibilidad, sin necesidad de reforma legislativa o reglamentaria. ¿Habrá la voluntad política? ¿Podrían los demás órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia volverse también transparentes?
Diplomado. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Bufete Quijano han organizado el Diplomado de Derecho de las Telecomunicaciones que iniciará el 18 de febrero próximo, contando con expositores de primer nivel provenientes del sector y de la academia (derechodetelecomunicaciones.blogspot.com). Es el primer diplomado en su tipo que abarcará temas de radio y televisión, telecomunicaciones e Internet, con puntos de vista técnico-jurídicos alejados de posiciones ideológicas.
§ Las sesiones del Pleno de Cofetel serían públicas al igual que lo son las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o las del Instituto Federal de Acceso a la Información. Cualquiera podría asistir en persona o seguir las discusiones vía Internet. ¿Habrá algún temor de los comisionados o de los concesionarios de telecomunicaciones de que fueran públicas las deliberaciones? Las suspicacias de favoritismos que hoy día reclaman la remoción de comisionados se verían diluidas, porque al ser públicas las sesiones, éstas estarían sujetas al escrutinio público y se conocerían las argumentaciones completas de cada actor. Hoy día la información de las sesiones del Pleno de Cofetel proviene de trascendidos. Además, lo que se plasma en las actas del Pleno muchas veces no recoge la integridad de los razonamientos o son clasificadas como información reservada.
§ La agenda del Pleno sería pública con suficiente antelación para que la ciudadanía sepa si le interesa o no algún tema que se tratará. Además, se evitaría que se introduzcan temas subrepticiamente o se retrasen aquellos que no sean del interés de sus integrantes.
§ Cuando hubiera una reunión de 3 o más comisionados para deliberar asuntos de Cofetel, entonces la junta sería pública y se convocaría con varios días de anticipación. Ésta es la práctica en EUA en la Federal Communications Commission conforme a la Sunshine Act, y esta comisión goza de prestigio y respeto por los agentes económicos.
§ De las reuniones de los servidores públicos de la Cofetel con concesionarios, permisionarios o peticionarios, se levantaría una minuta la cual resumiría el tema de la junta y se haría pública. Esta práctica blinda a los servidores públicos honestos y evita la tentanción de los particulares mal intencionados, de proponer algo contrario a la ley.
§ Las bases de licitación de las frecuencias que venderá la Cofetel cual si de una mercancía se tratara, serían públicas como en el resto de los países. ¿Por qué si las frecuencias son bienes de la Nación se limita el acceso a las bases a los que paguen $20,000 pesos? ¿Dónde está la Secretaría de la Función Pública para exigir transparencia en este proceso? ¿Cuál es la posición del IFAI? ¿Podemos al menos conocer los argumentos para que las bases sean privilegio exclusivo de unos cuantos?
§ El Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión sostendría reuniones públicas, en especial si está decidiendo el futuro de la radio digital en México que afectará a todos los habitantes del país.
Cofetel tiene la oportunidad de fortalecerse y ganar credibilidad, sin necesidad de reforma legislativa o reglamentaria. ¿Habrá la voluntad política? ¿Podrían los demás órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia volverse también transparentes?
Diplomado. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Bufete Quijano han organizado el Diplomado de Derecho de las Telecomunicaciones que iniciará el 18 de febrero próximo, contando con expositores de primer nivel provenientes del sector y de la academia (derechodetelecomunicaciones.blogspot.com). Es el primer diplomado en su tipo que abarcará temas de radio y televisión, telecomunicaciones e Internet, con puntos de vista técnico-jurídicos alejados de posiciones ideológicas.
domingo, 7 de diciembre de 2008
Desinformación y ocultamiento [Espectro y frecuencias en México]
[Este artículo fue publicado en la revista Transparencia y Corrupción de noviembre de 2008]
Si usted es propietario de un terreno extenso que está fraccionado para que cada lote se arriende, ¿le interesaría saber a quiénes les está rentando cada terreno? ¿Qué pasaría si no supiera quiénes están ocupando predios de su propiedad? ¿A quién le cobraría la renta? Si después los quisiera vender, ¿les diría a los interesados que los terrenos pueden estar invadidos y que habrá que desalojarlos antes de ocuparse? Ahora que si el interés como propietario es poder aprovechar el terreno al máximo teniendo muchos inquilinos, ¿anunciaría la disponibilidad de terrenos al público o se reservaría la información sólo para los cuates?
Aunque pareciera ajeno a nuestra vida cotidiana, desde que amanecemos estamos utilizando servicios que emplean espectro radioeléctrico. Éste es el medio de transmisión para la televisión y la radio abierta, el celular, el acceso inalámbrico a Internet, las comunicaciones de seguridad pública, la comunicación vía satélite, etcétera. La decisión de quién utiliza las frecuencias del espectro radioeléctrico es vital y, dependiendo del servicio, puede influir en nuestra vida democrática por la presencia o ausencia de pluralismo informativo y de concentraciones de bienes nacionales en ciertos grupos corporativos. El tema del espectro ha sido tradicionalmente relegado en México por las administraciones como si se tratase sólo de algo técnico y no de un asunto de prioridad nacional donde el Estado debe ejercer su rectoría.
El espectro es ese gran terreno y los lotes en los que está fraccionado son las frecuencias. El gobierno federal, como responsable del uso eficiente de ese bien nacional, debe tener toda la información de quién puede ocupar cada lote (frecuencias), en qué lugar (cobertura geográfica) y cuánto debe pagar (contraprestación). Debe también saber qué lotes están disponibles y poner a disposición del público esa información. Después de todo, el espectro es un bien de todos los mexicanos y el gobierno es simplemente el administrador.
El deber ser y la realidad en México suelen ser muy distintos, ¿por qué habría de ser diferente el espectro? El abismo entre lo que debe ser y lo que es, es producto histórico de la negligencia y la opacidad en beneficio de algunos y en perjuicio de la mayoría. Veamos.
A semejanza de la corte del rey Arturo donde sólo unos cuantos eran privilegiados para acceder a la información y conocer los asuntos de Estado, antaño el gobierno y los aliados al sistema sabían qué frecuencias estaban libres y en dónde, lo que les permitía negociar para recibir concesiones para estaciones de radio o televisión. En un Estado que se jacta de democrático y donde además la ley exige a la autoridad publicar la información relativa a los usuarios de cada segmento por región, ¿por qué nada ha cambiado? ¿Será que nuestra democracia fue sólo una cirugía cosmética del régimen anterior? ¿Por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones no revelan dicha información? Los beneficiarios son los grupos de poder establecidos que, ante la ausencia de información pública sobre la disponibilidad de espectro, impiden que puedan surgir competidores y subsistir, así como evitan que se reduzca la concentración.
El gobierno federal se dedicó a repartir concesiones y permisos para uso de frecuencias (lotes), sin elaborar una base de datos que le dijera quién era su inquilino, en qué lote estaba, por cuánto tiempo era el contrato de arrendamiento y cuánto le debía pagar de renta. Por tanto, es imposible administrar eficientemente el terreno sin la información adecuada y mucho menos hacer una planeación para la evolución tecnológica, para las necesidades de radiocomunicación para servicios de seguridad pública, nacional y de inteligencia, por ejemplo. Asimismo, cada vez que lanza una licitación para nuevos arrendamientos de frecuencias, se evidencia que algunas porciones del lote están ocupadas legalmente por personas con permisos o concesiones, algunos de ellos de vigencia indefinida.
La administración de las frecuencias del espectro demanda atención y acción urgente si es que se pretende dejar atrás el Estado del compadrazgo y fortalecer el de las instituciones. No es una tarea fácil, pero si el camino está en 20,000 kilómetros se tiene que empezar con el primer paso.
Si usted es propietario de un terreno extenso que está fraccionado para que cada lote se arriende, ¿le interesaría saber a quiénes les está rentando cada terreno? ¿Qué pasaría si no supiera quiénes están ocupando predios de su propiedad? ¿A quién le cobraría la renta? Si después los quisiera vender, ¿les diría a los interesados que los terrenos pueden estar invadidos y que habrá que desalojarlos antes de ocuparse? Ahora que si el interés como propietario es poder aprovechar el terreno al máximo teniendo muchos inquilinos, ¿anunciaría la disponibilidad de terrenos al público o se reservaría la información sólo para los cuates?
Aunque pareciera ajeno a nuestra vida cotidiana, desde que amanecemos estamos utilizando servicios que emplean espectro radioeléctrico. Éste es el medio de transmisión para la televisión y la radio abierta, el celular, el acceso inalámbrico a Internet, las comunicaciones de seguridad pública, la comunicación vía satélite, etcétera. La decisión de quién utiliza las frecuencias del espectro radioeléctrico es vital y, dependiendo del servicio, puede influir en nuestra vida democrática por la presencia o ausencia de pluralismo informativo y de concentraciones de bienes nacionales en ciertos grupos corporativos. El tema del espectro ha sido tradicionalmente relegado en México por las administraciones como si se tratase sólo de algo técnico y no de un asunto de prioridad nacional donde el Estado debe ejercer su rectoría.
El espectro es ese gran terreno y los lotes en los que está fraccionado son las frecuencias. El gobierno federal, como responsable del uso eficiente de ese bien nacional, debe tener toda la información de quién puede ocupar cada lote (frecuencias), en qué lugar (cobertura geográfica) y cuánto debe pagar (contraprestación). Debe también saber qué lotes están disponibles y poner a disposición del público esa información. Después de todo, el espectro es un bien de todos los mexicanos y el gobierno es simplemente el administrador.
El deber ser y la realidad en México suelen ser muy distintos, ¿por qué habría de ser diferente el espectro? El abismo entre lo que debe ser y lo que es, es producto histórico de la negligencia y la opacidad en beneficio de algunos y en perjuicio de la mayoría. Veamos.
A semejanza de la corte del rey Arturo donde sólo unos cuantos eran privilegiados para acceder a la información y conocer los asuntos de Estado, antaño el gobierno y los aliados al sistema sabían qué frecuencias estaban libres y en dónde, lo que les permitía negociar para recibir concesiones para estaciones de radio o televisión. En un Estado que se jacta de democrático y donde además la ley exige a la autoridad publicar la información relativa a los usuarios de cada segmento por región, ¿por qué nada ha cambiado? ¿Será que nuestra democracia fue sólo una cirugía cosmética del régimen anterior? ¿Por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones no revelan dicha información? Los beneficiarios son los grupos de poder establecidos que, ante la ausencia de información pública sobre la disponibilidad de espectro, impiden que puedan surgir competidores y subsistir, así como evitan que se reduzca la concentración.
El gobierno federal se dedicó a repartir concesiones y permisos para uso de frecuencias (lotes), sin elaborar una base de datos que le dijera quién era su inquilino, en qué lote estaba, por cuánto tiempo era el contrato de arrendamiento y cuánto le debía pagar de renta. Por tanto, es imposible administrar eficientemente el terreno sin la información adecuada y mucho menos hacer una planeación para la evolución tecnológica, para las necesidades de radiocomunicación para servicios de seguridad pública, nacional y de inteligencia, por ejemplo. Asimismo, cada vez que lanza una licitación para nuevos arrendamientos de frecuencias, se evidencia que algunas porciones del lote están ocupadas legalmente por personas con permisos o concesiones, algunos de ellos de vigencia indefinida.
La administración de las frecuencias del espectro demanda atención y acción urgente si es que se pretende dejar atrás el Estado del compadrazgo y fortalecer el de las instituciones. No es una tarea fácil, pero si el camino está en 20,000 kilómetros se tiene que empezar con el primer paso.
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