Seguramente el Presidente Felipe Calderón y el Consejero Jurídico Miguel Alessio estarán de manteles largos festejando que no se alcanzaron los votos necesarios para declarar la invalidez del Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre (DOF 2 de septiembre de 2010). Sin embargo, la discusión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso de relieve las divisiones tajantes de pensamiento en cuanto a los órganos reguladores en México. “(…) validar este Decreto sería un serio retroceso en la autonomía de los órganos reguladores con los perjuicios sociales, políticos y constitucionales que esto generaría (…)” Min. Zaldívar Lelo de Larrea. “(…) cuando se dice ahora que Cofetel desarrolla de manera exclusiva las competencias que tenía el Secretario, lo tiene que hacer bajo las mismas condiciones en que lo hacía el Secretario, si no, es mutilar una atribución constitucional importantísima al Presidente de la República (…)”. Min. Ortiz Mayagoitia. ¿Dónde queda México con esta decisión de la Corte?
La preocupación del Presidente Calderón era que por medio de la creación de órganos reguladores la Cámara de Diputados y de Senadores fueran reduciendo el campo de acción y decisión del Ejecutivo Federal. Con la decisión de la Corte se abre la posibilidad de que en lugar que la ley limite el campo de acción del Ejecutivo Federal, éste pueda por medio de “Decretos” limitar la competencia exclusiva de ciertas autoridades como lo hizo con la Cofetel. Ojalá que en un par de años el Presidente Calderón no se arrepienta de este triunfo, por aquello de que “nadie sabe para quien trabaja”.
Parece una contradicción que la Corte en 2009 haya establecido en la acción de inconstitucionalidad 7/2009 que Cofetel era la autoridad suprema con autonomía en radio y televisión abierta, y ahora tuviera que desestimar las controversias constitucionales interpuestas por el Senado y la Cámara de Diputados. Lo cierto es que la mayoría de 7 ministros estuvieron a favor de invalidar el Decreto y 4 en contra, pero para que hubiera procedido la invalidez del Decreto se necesitaban 8 votos a favor. Es decir, tenemos una Corte dividida en cuanto al resultado y en cuanto a la argumentación.
Que quede claro que estoy de acuerdo en que el apagón analógico sea una fecha cierta y próxima como lo establece el Decreto de Calderón, con lo que no coincido es que hayan pasado por alto que la Cofetel es quien debió determinar eso. Los ministros en sus discusiones parecían mezclar si estaba bien o no el adelantar el apagón analógico y la litis de si el Presidente era o no competente para expedir el Decreto. Me pregunto, ¿habría sido el mismo sentido de la votación si la fecha del apagón analógico hubiera sido el año 2035? Recuérdese que la inquietud en su caso de TV Azteca y Televisa era que el Decreto establece como fecha para el apagón analógico el 31 de diciembre de 2015 y con ello la obligación de éstas de devolver el canal espejo que recibieron.
Si los órganos reguladores han de institucionalizarse y fortalecerse, el Ejecutivo Federal debe evitar la tentación de invadir facultades bajo el disfraz de política pública o de coordinación de las dependencias de la Administración Pública Federal. México precisa de órganos reguladores autónomos que no es lo mismo que órganos constitucionales autónomos como tanto se discutió en la sesión de la Corte. La Cofetel, la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Reguladora de Energía requieren evolucionar para alejarse en la medida de lo posible de las decisiones políticas y centrarse en lo técnico.
Las intervenciones de los ministros Cossío Díaz, Aguilar Morales, Franco González Salas, Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Sánchez Cordero y Zaldívar Lelo de Larrea, dan esperanza de que los órganos reguladores lejos de tenerse que ceñir por lo que tradicionalmente son los órganos desconcentrados, puedan tener características distintivas que puedan dar a México las instituciones reguladoras de sectores clave como el de telecomunicaciones. Pero los debates y las argumentaciones en contra del Decreto seguramente serán materia de las impugnaciones que las televisoras en su momento promuevan contra el Decreto y, en ese caso, ¿sobrevivirá el Decreto al escrutinio puntual de los tribunales vía amparo?
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