Las Naciones Unidas declara los días internacionales con la finalidad de generar conciencia de un tema (p. ej., erradicación de la pobreza) o de un grupo (p. ej., refugiados). El Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información se celebra el 17 de mayo de cada año. En esa fecha en 1865, se firmó el primer Convenio Telegráfico Internacional para resolver la falta de interconexión de las líneas telegráficas en los países europeos, y se creó la Unión Telegráfica Internacional.
Para que el 17 de mayo no se quede con sólo el festejo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) lo dedica cada año a “la sensibilización respecto de las posibilidades que la utilización de Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden aportar a las sociedades y economías, y también a la reducción de la brecha digital”.
Este 2008 fue para “Conectar a las personas con discapacidades: las oportunidades de las TIC para todos”. La UIT invita a los Estados a festejar ese día con programas para el debate, la reflexión y a fin de elaborar un informe con las discusiones nacionales. ¿Qué hizo México? Nada. ¿Será realmente importante la accesibilidad a las telecomunicaciones por personas con discapacidad? O más bien ¿será que el tema no está en la agenda pública, ni en la privada?
La Organización Mundial de la Salud estima que el 10% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad y, aplicando dicho porcentaje al último conteo de población del INEGI, se tendría que aproximadamente 10.3 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad en México, aun cuando esta cifra no se refleje en estadísticas oficiales. Ahora que la sociedad depende de las telecomunicaciones para casi cualquier aspecto de la vida, ¿por qué la falta de políticas públicas para proveer acceso a las TIC? ¿Dónde está el Congreso de la Unión? ¿Dónde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Dónde la Cofetel? ¿Dónde la Secretaría de Educación Pública? ¿Dónde el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad?
El Presidente Calderón publicó el decreto promulgatorio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 2 de mayo de 2008, lo que implica que es parte de la Ley Suprema de nuestro país. La Convención obliga a México a adoptar las medidas que:
aseguren el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones a las TIC, incluido el Internet. Si soy sorda, ¿puedo comunicarme por teléfono con una persona oyente? En México no, en otros países como Colombia sí.
eliminen las barreras a los servicios de emergencia. Si tengo una discapacidad de lenguaje, ¿cómo informo al teléfono 066 de una emergencia? En México no podría, en EUA sí.
promuevan el diseño y producción de equipos y sistemas accesibles y al menor costo. Si soy ciega, ¿existe algún fondo para subsidiar software que traduzca el texto que está en páginas de Internet a voz? En México no.
Además, México se comprometió a establecer disposiciones que permitan a las personas con discapacidad ejercer su libertad de expresión. Para lo cual México debe:
facilitar información pública en formatos accesibles. Las páginas de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Congreso de la Unión o del Ejecutivo Federal, ¿son accesibles a las distintas discapacidades? ¿Alguien se ha preocupado para que lo sean?
alentar a los medios de comunicación a que sean accesibles. ¿Por qué en México no existe el subtitulaje que permitiría a aquellos con discapacidad auditiva enterarse de lo que informan los noticieros televisivos?
El peor escenario para México sería continuar sin poner en la agenda pública el tema de la accesibilidad a las TIC por personas con discapacidad. México asumió compromisos con la comunidad internacional, ahora toca al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal cumplir ante nosotros los ciudadanos. De otra manera, se tendrá que recurrir a los tribunales nacionales e internacionales.
lunes, 19 de mayo de 2008
Otra faceta de la tiranía …[El otro lado de las telecom e Internet]
Las tiranías no tienen límite como lo está demostrando la actitud de la Junta Militar de Myanmar después de la tragedia que inició con el ciclón Nargis y que sigue cobrando víctimas en ese país asiático. De haber utilizado ciertos sistemas de telecomunicaciones, se podría haber alertado a la población de la inminencia del ciclón para que encontraran refugio. Pero ni la alerta de emergencia, ni hoy día la ayuda humanitaria internacional ha podido llegar a las personas en necesidad.
El Internet hizo posible que en la década de 1990, se dieran a conocer las violaciones generalizadas a los derechos humanos en Myanmar, antes Birmania o Burma en inglés. Myanmar es un país que fuera colonia inglesa y que es vecino de China, Laos, Tailandia, Bangladesh e India. Después de su independencia en 1948 y tras un breve periodo de régimen democrático, desde 1962 está sujeta a un régimen militar. En 1990 se convocaron a elecciones en las que ganó por una inmensa mayoría el partido a favor de la democracia. La junta militar –como era de esperarse- anuló las elecciones y decidió que mejor se iniciara la formación de una nueva constitución.
La nueva constitución no se ha publicado, ni ha sido sujeta a discusión pública. Ahora, en medio de la tragedia y la negativa del gobierno de Myanmar a permitir el auxilio humanitario por miedo a que se sepa más de sus atrocidades, la nueva constitución será votada. El gobierno de Myanmar seguramente teme a la información, tanto la que pueda recibir su población como la que se difunda en el mundo y evidencie una vez más, las brutalidades de uno de los regímenes más opresores de la actualidad.
El Internet es un desafío para los gobiernos que pretenden ocultar o disfrazar información. Recordemos que en 1994, la información directa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se difundían en el Internet y las cartas del Subcomandante Marcos –escritas en un inglés perfecto- se recibían a través de listas de distribución de correo electrónico. De ahí que la simpatía por el movimiento del EZLN fuera en muchas ocasiones mayor en Francia, por ejemplo, que en nuestro país.
Por su parte, en Cuba estaba prohibido que los cubanos compraran computadoras y las que adquirían era en el mercado negro. El uso de celulares estaba limitado a extranjeros y a cubanos que por razón de su trabajo lo requirieran. En marzo de este año, el gobierno cubano a cargo de Raúl Castro anunció que se pondrían a la venta computadoras y los cubanos podrían tener servicio de celular. Esto no implica que se esté dando un respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión, pues una cosa es tener computadora y otra acceso a Internet. Como bien lo expresaron cibernautas cubanos “no nos vamos a conformar con el dedo de la novia. Queremos la luna de miel completa” (www.desdecuba.com/potro). Para acceder a Internet en un cibercafé en Cuba, se requiere dar el nombre y mostrar el carné de identidad. Además, existen diversos controles y bloqueos a páginas e Internet. De ahí que un grupo de cibernautas denominados Potro Salvaje ofrezcan instrucciones de cómo evadir los censores y dan sugerencias para evitar el monitoreo oficial.
China es otro caso emblemático de temor al Internet. En China las páginas de agencias de noticias internacionales, los blogs y la Wikipedia están bloqueadas. Además, China condenó a 10 años de prisión a dos disidentes por crímenes contra el Estado utilizando como pruebas los registros de correo electrónico que Yahoo le entregara al gobierno chino. ¿Servirán las Olimpiadas para cambiar esta situación?
El Internet es el medio democrático por excelencia, porque está sujeto a menor control que la radio y televisión, y está disponible de manera más generalizada para que los ciudadanos de a pie expresen sus opiniones. Sin embargo, el Internet no es un antídoto contra los regímenes autoritarios que buscan coartar sus beneficios. El Internet es un medio que ayuda, pero no suple a la sociedad para construir democracia.
El Internet hizo posible que en la década de 1990, se dieran a conocer las violaciones generalizadas a los derechos humanos en Myanmar, antes Birmania o Burma en inglés. Myanmar es un país que fuera colonia inglesa y que es vecino de China, Laos, Tailandia, Bangladesh e India. Después de su independencia en 1948 y tras un breve periodo de régimen democrático, desde 1962 está sujeta a un régimen militar. En 1990 se convocaron a elecciones en las que ganó por una inmensa mayoría el partido a favor de la democracia. La junta militar –como era de esperarse- anuló las elecciones y decidió que mejor se iniciara la formación de una nueva constitución.
La nueva constitución no se ha publicado, ni ha sido sujeta a discusión pública. Ahora, en medio de la tragedia y la negativa del gobierno de Myanmar a permitir el auxilio humanitario por miedo a que se sepa más de sus atrocidades, la nueva constitución será votada. El gobierno de Myanmar seguramente teme a la información, tanto la que pueda recibir su población como la que se difunda en el mundo y evidencie una vez más, las brutalidades de uno de los regímenes más opresores de la actualidad.
El Internet es un desafío para los gobiernos que pretenden ocultar o disfrazar información. Recordemos que en 1994, la información directa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se difundían en el Internet y las cartas del Subcomandante Marcos –escritas en un inglés perfecto- se recibían a través de listas de distribución de correo electrónico. De ahí que la simpatía por el movimiento del EZLN fuera en muchas ocasiones mayor en Francia, por ejemplo, que en nuestro país.
Por su parte, en Cuba estaba prohibido que los cubanos compraran computadoras y las que adquirían era en el mercado negro. El uso de celulares estaba limitado a extranjeros y a cubanos que por razón de su trabajo lo requirieran. En marzo de este año, el gobierno cubano a cargo de Raúl Castro anunció que se pondrían a la venta computadoras y los cubanos podrían tener servicio de celular. Esto no implica que se esté dando un respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión, pues una cosa es tener computadora y otra acceso a Internet. Como bien lo expresaron cibernautas cubanos “no nos vamos a conformar con el dedo de la novia. Queremos la luna de miel completa” (www.desdecuba.com/potro). Para acceder a Internet en un cibercafé en Cuba, se requiere dar el nombre y mostrar el carné de identidad. Además, existen diversos controles y bloqueos a páginas e Internet. De ahí que un grupo de cibernautas denominados Potro Salvaje ofrezcan instrucciones de cómo evadir los censores y dan sugerencias para evitar el monitoreo oficial.
China es otro caso emblemático de temor al Internet. En China las páginas de agencias de noticias internacionales, los blogs y la Wikipedia están bloqueadas. Además, China condenó a 10 años de prisión a dos disidentes por crímenes contra el Estado utilizando como pruebas los registros de correo electrónico que Yahoo le entregara al gobierno chino. ¿Servirán las Olimpiadas para cambiar esta situación?
El Internet es el medio democrático por excelencia, porque está sujeto a menor control que la radio y televisión, y está disponible de manera más generalizada para que los ciudadanos de a pie expresen sus opiniones. Sin embargo, el Internet no es un antídoto contra los regímenes autoritarios que buscan coartar sus beneficios. El Internet es un medio que ayuda, pero no suple a la sociedad para construir democracia.
martes, 6 de mayo de 2008
¿Eficiencia o concentración? (Reglamento Interior de la SCT)
El tan esperado proyecto de Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encuentra finalmente en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. No dejarán de sorprender algunas propuestas de modificaciones a facultades del Secretario o del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ¿se busca una organización eficiente o la concentración de facultades tiene que ver con preocupaciones de la actual integración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones?
En cuanto al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), el proyecto propone que el Secretario tenga la facultad indelegable de aprobarlo. Pero, ésta es la función por excelencia de un regulador de telecomunicaciones. Además, la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) le da a Cofetel la función de “elaborar y mantener actualizado” el CNAF. ¿Dónde sujeta la LFT a la aprobación del Secretario? La actualización del CNAF tiene suficientes pesos y contrapesos, porque es reflejo de las actas de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicación firmadas por representantes del Ejecutivo Federal y ratificadas por el Senado. ¿Por qué quitar esta facultad a Cofetel?
El proyecto añade a las facultades indelegables del Secretario, cualquier modificación a las concesiones. El problema es que gran parte de las modificaciones de concesiones de telecomunicaciones son cuestiones técnicas o de cobertura, ¿se justifica que sea una facultad indelegable?
Tanto el Reglamento vigente como el proyecto reflejan la facultad indelegable del Secretario de otorgar y prorrogar concesiones. Lo interesante es que el proyecto incluye una facultad expresa sobre radiodifusión, ¿por qué la preocupación de distinguir precisamente radiodifusión del resto de las concesiones que otorga la Secretaría en materias tan diversas? ¿Será que Cofetel ha refrendado concesiones de televisión sin pasar por el Secretario?
Para la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, el proyecto le da facultades para opinar previamente sobre el nombramiento y contratación de los titulares de las áreas jurídicas de la SCT (incluyendo a Cofetel) y solicitar su remoción, así como supervisar y coordinar al personal técnico de las áreas jurídicas de la SCT. ¡Increíble! Estas facultades hacen del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos el jefe máximo de los abogados de toda la SCT. De aprobarse el proyecto, ¿para qué tener el servicio profesional de carrera si ya se tendría la opinión del titular de Asuntos Jurídicos? Si se pretende tener uniformidad en las opiniones jurídicas, pues que se transfieran las áreas jurídicas de todas las unidades administrativas a la de Asuntos Jurídicos, aunque eso atentará más con la supuesta autonomía de la Cofetel.
Se ha dicho que el proyecto refuerza la doble ventanilla e incluso que crea una triple ventanilla. La fragmentación de procesos y la redundancia de actividades entre la Subsecretaría de Comunicaciones y la Cofetel que existen desde la creación de ésta, fueron causadas por la rebatinga entre personajes que han ocupado la Subsecretaría y la Presidencia de Cofetel. El problema fue que con las reformas a la LFT de 2006, esa ineficiente distribución de facultades fue elevada al rango de ley. Así que esa doble ventilla se plasmó en piedra con la Ley Televisa y el proyecto de Reglamento simplemente las refleja.
El proyecto omite referir expresamente a las facultades de la Cofetel, lo cual ha sido visto por algunos como un menoscabo a la Cofetel. No comparto esta opinión, porque el proyecto refiere a que Cofetel tendrá las facultades que le otorgan la LFT, la Ley Federal de Radio y Televisión, y su Reglamento Interior. Esto facilita que la Cofetel expida su Reglamento Interior y evita que se generen confusiones. No se sabe en qué quedará la tan necesitada reforma al Reglamento Interior de la SCT, ni cuándo saldrá el de la Cofetel. Ojalá que los que finalmente queden, no sean producto de las rencillas personales, sino que respondan a la racionalidad e institucionalidad necesaria.
En cuanto al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), el proyecto propone que el Secretario tenga la facultad indelegable de aprobarlo. Pero, ésta es la función por excelencia de un regulador de telecomunicaciones. Además, la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) le da a Cofetel la función de “elaborar y mantener actualizado” el CNAF. ¿Dónde sujeta la LFT a la aprobación del Secretario? La actualización del CNAF tiene suficientes pesos y contrapesos, porque es reflejo de las actas de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicación firmadas por representantes del Ejecutivo Federal y ratificadas por el Senado. ¿Por qué quitar esta facultad a Cofetel?
El proyecto añade a las facultades indelegables del Secretario, cualquier modificación a las concesiones. El problema es que gran parte de las modificaciones de concesiones de telecomunicaciones son cuestiones técnicas o de cobertura, ¿se justifica que sea una facultad indelegable?
Tanto el Reglamento vigente como el proyecto reflejan la facultad indelegable del Secretario de otorgar y prorrogar concesiones. Lo interesante es que el proyecto incluye una facultad expresa sobre radiodifusión, ¿por qué la preocupación de distinguir precisamente radiodifusión del resto de las concesiones que otorga la Secretaría en materias tan diversas? ¿Será que Cofetel ha refrendado concesiones de televisión sin pasar por el Secretario?
Para la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, el proyecto le da facultades para opinar previamente sobre el nombramiento y contratación de los titulares de las áreas jurídicas de la SCT (incluyendo a Cofetel) y solicitar su remoción, así como supervisar y coordinar al personal técnico de las áreas jurídicas de la SCT. ¡Increíble! Estas facultades hacen del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos el jefe máximo de los abogados de toda la SCT. De aprobarse el proyecto, ¿para qué tener el servicio profesional de carrera si ya se tendría la opinión del titular de Asuntos Jurídicos? Si se pretende tener uniformidad en las opiniones jurídicas, pues que se transfieran las áreas jurídicas de todas las unidades administrativas a la de Asuntos Jurídicos, aunque eso atentará más con la supuesta autonomía de la Cofetel.
Se ha dicho que el proyecto refuerza la doble ventanilla e incluso que crea una triple ventanilla. La fragmentación de procesos y la redundancia de actividades entre la Subsecretaría de Comunicaciones y la Cofetel que existen desde la creación de ésta, fueron causadas por la rebatinga entre personajes que han ocupado la Subsecretaría y la Presidencia de Cofetel. El problema fue que con las reformas a la LFT de 2006, esa ineficiente distribución de facultades fue elevada al rango de ley. Así que esa doble ventilla se plasmó en piedra con la Ley Televisa y el proyecto de Reglamento simplemente las refleja.
El proyecto omite referir expresamente a las facultades de la Cofetel, lo cual ha sido visto por algunos como un menoscabo a la Cofetel. No comparto esta opinión, porque el proyecto refiere a que Cofetel tendrá las facultades que le otorgan la LFT, la Ley Federal de Radio y Televisión, y su Reglamento Interior. Esto facilita que la Cofetel expida su Reglamento Interior y evita que se generen confusiones. No se sabe en qué quedará la tan necesitada reforma al Reglamento Interior de la SCT, ni cuándo saldrá el de la Cofetel. Ojalá que los que finalmente queden, no sean producto de las rencillas personales, sino que respondan a la racionalidad e institucionalidad necesaria.
El que esté libre de culpa...
Si en el sector de las telecomunicaciones en México se diera el pasaje bíblico de “El que esté libre de culpa que arroje la primera piedra”, lo más seguro es que ningún concesionario podría lanzarla. En estas últimas semanas hemos visto la beligerancia de muchos concesionarios unos contra otros [¡Ojalá hubiera tal activismo para dar servicios de mejor calidad!]. Algunos puntos son verdad, pero omiten dar el panorama completo. Así que, en medio del fuego cruzado, proponemos un análisis objetivo para ver si alguno puede lanzar la primera piedra.
Telmex dirige la publicidad de “Inviértanle” a sus competidores, infiriendo que Telmex llega a donde los demás no. Desde que recibió su concesión, Telmex tiene obligaciones de cobertura social. Además, recibe recursos del Fondo de Cobertura Social para llegar a zonas alejadas. Así que su labor no es altruista, sino parte de su negocio.
Telmex, a través de su Director de Regulación, Javier Mondragón, dijo que “el gobierno mexicano está decidido “a proteger totalmente” a la firma española Telefónica Movistar” (El Financiero). Si quisiera el gobierno proteger a Movistar, a la competencia y a los usuarios (¿se acordarán de nosotros?), entonces fortalecería a las instituciones y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, o al menos le daría facultad de sancionar. Telmex no puede arrojar la piedra.
Telefónica Movistar a través de su Presidente en México, Francisco Gil, refirió a que “Telmex realiza una “extorsión” a través de los precios, pues al cobrar tarifas tan altas por su servicio, la demanda es menor, y los más perjudicados son los usuarios de bajos recursos” (El Universal). ¿Qué hay de las tarifas por terminación de llamada en la red de Movistar? ¿Está orientada a costos? ¿No es muy parecida a la que cobra Telcel? Si la Comisión Federal de Competencia determina -como pasó en la Unión Europea-, que todos los concesionarios móviles son dominantes para la terminación de llamadas, entonces constataremos que Movistar también cobra tarifas elevadas.
Respecto a los mensajes de texto (SMS), todos los móviles cobran tarifas excesivas respecto al costo real de cada SMS, por lo que podrían reducir la tarifa de 70 centavos a 30 centavos, por ejemplo. Movistar tampoco puede lanzar la piedra.
Los concesionarios de televisión por cable han denunciado reiteradamente que Telmex es un monopolio, lo que sorprende porque históricamente fueron los cableros monopolios regionales y, bajo un supuesto “pacto de caballeros”, buscaban seguir así aún con la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) que impulsaba la competencia. Al negarse a tener competencia con las mal llamadas dobles concesiones, el asunto tuvo que resolverse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2004.
Ahora, la CANITEC en voz de su presidente, Alejandro Puente, pide al Presidente Calderón “Que por primera vez se haga cumplir la ley, y ese título de concesión que se otorgó [a Telmex], que firmaron, pues simplemente que llegue a su término y es el 2021” (Fórmula Financiera). Además de que este argumento busca que a Telmex no se le modifique su concesión para que preste video, la racionalidad subyacente es que si el Gobierno Federal otorgó una concesión, entonces no procede cambiarla. Si esa es la racionalidad, ¿por qué los cableros transformaron sus concesiones previas a la LFT en redes públicas de telecomunicaciones o por qué las cambiaron para que transmitieran datos en 2003? Así que los cableros se retiran junto con Telmex y Movistar, todos impedidos a aventar la primera piedra.
Recordemos que de aplicarse el ojo por ojo, todos estaríamos al menos tuertos. Así que si todos tienen sus pecados, ¿por qué no cambiar la estrategia? Bajen la mirada a ver de cerca a los usuarios actuales y potenciales. ¿Realmente les interesan? Porque de ser así, cada minuto que pierden en desprestigiarse, lo podrían invertir en mejorar sus servicios y reducir sus costos. Claro, se necesita compromiso, pero eso sí lo agradecería nuestro México.
Telmex dirige la publicidad de “Inviértanle” a sus competidores, infiriendo que Telmex llega a donde los demás no. Desde que recibió su concesión, Telmex tiene obligaciones de cobertura social. Además, recibe recursos del Fondo de Cobertura Social para llegar a zonas alejadas. Así que su labor no es altruista, sino parte de su negocio.
Telmex, a través de su Director de Regulación, Javier Mondragón, dijo que “el gobierno mexicano está decidido “a proteger totalmente” a la firma española Telefónica Movistar” (El Financiero). Si quisiera el gobierno proteger a Movistar, a la competencia y a los usuarios (¿se acordarán de nosotros?), entonces fortalecería a las instituciones y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, o al menos le daría facultad de sancionar. Telmex no puede arrojar la piedra.
Telefónica Movistar a través de su Presidente en México, Francisco Gil, refirió a que “Telmex realiza una “extorsión” a través de los precios, pues al cobrar tarifas tan altas por su servicio, la demanda es menor, y los más perjudicados son los usuarios de bajos recursos” (El Universal). ¿Qué hay de las tarifas por terminación de llamada en la red de Movistar? ¿Está orientada a costos? ¿No es muy parecida a la que cobra Telcel? Si la Comisión Federal de Competencia determina -como pasó en la Unión Europea-, que todos los concesionarios móviles son dominantes para la terminación de llamadas, entonces constataremos que Movistar también cobra tarifas elevadas.
Respecto a los mensajes de texto (SMS), todos los móviles cobran tarifas excesivas respecto al costo real de cada SMS, por lo que podrían reducir la tarifa de 70 centavos a 30 centavos, por ejemplo. Movistar tampoco puede lanzar la piedra.
Los concesionarios de televisión por cable han denunciado reiteradamente que Telmex es un monopolio, lo que sorprende porque históricamente fueron los cableros monopolios regionales y, bajo un supuesto “pacto de caballeros”, buscaban seguir así aún con la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) que impulsaba la competencia. Al negarse a tener competencia con las mal llamadas dobles concesiones, el asunto tuvo que resolverse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2004.
Ahora, la CANITEC en voz de su presidente, Alejandro Puente, pide al Presidente Calderón “Que por primera vez se haga cumplir la ley, y ese título de concesión que se otorgó [a Telmex], que firmaron, pues simplemente que llegue a su término y es el 2021” (Fórmula Financiera). Además de que este argumento busca que a Telmex no se le modifique su concesión para que preste video, la racionalidad subyacente es que si el Gobierno Federal otorgó una concesión, entonces no procede cambiarla. Si esa es la racionalidad, ¿por qué los cableros transformaron sus concesiones previas a la LFT en redes públicas de telecomunicaciones o por qué las cambiaron para que transmitieran datos en 2003? Así que los cableros se retiran junto con Telmex y Movistar, todos impedidos a aventar la primera piedra.
Recordemos que de aplicarse el ojo por ojo, todos estaríamos al menos tuertos. Así que si todos tienen sus pecados, ¿por qué no cambiar la estrategia? Bajen la mirada a ver de cerca a los usuarios actuales y potenciales. ¿Realmente les interesan? Porque de ser así, cada minuto que pierden en desprestigiarse, lo podrían invertir en mejorar sus servicios y reducir sus costos. Claro, se necesita compromiso, pero eso sí lo agradecería nuestro México.
México, ¿cómo está comparativamente? (World Economic Forum y UIT)
La mirada del exterior, ¿acaso puede ser más objetiva que la propia? Muy probablemente, porque libres de prejuicios y contextos políticos, ciertos organismos internacionales desarrollan índices que pueden ser una radiografía para la toma de decisiones de políticas públicas mexicanas. Con diferentes propósitos y metodologías, tanto el World Economic Forum (WEF) como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) elaboran periódicamente índices en materias de tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) que trascienden a éstas.
Dentro del reporte de Global Information Technology, el WEF genera un índice de disponibilidad de red (Networked Readiness, “NRI”) a fin de medir la capacidad que tiene cada país para aprovechar las TICs para la competitividad y desarrollo. El NRI toma como referencia 127 países, evaluando el ambiente de mercado, regulatorio y de infraestructura, así como la disponibilidad, capacidad y uso de TICs por los individuos, los negocios y el gobierno. La WEF obtiene la información tanto de datos estadísticos (p. ej., de la UIT, Banco Mundial) como de una encuesta de opinión de altos directivos.
El NRI no es sólo un indicador aislado sobre TICs, sino un reflejo de la situación de nuestro país. En general, México retrocedió respecto del NRI de 2006 y hoy tiene el lugar 58, mientras que Chile tiene el 34 y Jamaica el 46, por ejemplo. Donde destaca positivamente México en el 7° lugar es en e-participación que valora la calidad de la información de los sitios web gubernamentales y de los mecanismos de participación pública. En gran medida esto es gracias al derecho de acceso a la información que desde 1977 se consagró en la Constitución y, tras permanecer hibernando, en 2002 comenzó a realizarse a nivel federal. Sin embargo, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública elaboró una iniciativa de reformas legales que se ha dicho pudiera tener un efecto regresivo.
En cuanto a cargas gubernamentales derivadas de regulación México está en el lugar 109, superado incluso por países como Libia y Etiopía. ¡Menudo reto para la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y sus correlativos en cada entidad federativa! En respuesta a la pregunta de qué tan efectivo es el Congreso de la Unión para emitir leyes, México estuvo en el “top 20”, ¡pero de los peores ocupando el lugar 108! Sin palabras. Así se percibe al Poder Legislativo de acuerdo con este documento del WEF. La efectividad del marco legal no corrió con mucha mejor suerte quedando en el lugar 93.
La calidad educativa general se situó en el 89, mientras que aquella en matemáticas y ciencia quedó en 110. ¿Nos sorprende? ¡Claro que no! Lo que sería impresionante sería ver que la Secretaría de Educación Pública realizara una buena reforma educativa en México para superar el atraso, ya no nada más digital, sino de la instrucción básica y secundaria. O qué, ¿pedimos mucho los mexicanos?
La UIT genera el Índice de Oportunidad Digital (DOI) en base a información de 181 economías con la finalidad de identificar si toda la población de un país tiene acceso fácil y a precios asequibles a TICs, si los hogares tienen equipos (p. ej., teléfonos, computadoras, celulares), y cuál es la disponibilidad de banda ancha. En el DOI de 2005-2006, todos los países de la OCDE están en el estrato más elevado, excepto México que ocupa el lugar 66 que no es “malo” si lo comparamos con Grenada (84), Líbano (93) o Senegal (106). Pero, ¿tienen esos países una economía comparable a la de México? Entonces, ¿por qué México con tanta riqueza humana y de recursos naturales se relega? ¿Existe un determinismo que nos condena a los mexicanos a tener todo y a la vez nada? No creo en el determinismo. Creo en el esfuerzo inteligente y el compromiso de todos para avanzar. Las TICs son el instrumento idóneo para el desarrollo, siempre y cuando se cuente con infraestructura suficiente, precios asequibles y alfabetización digital. ¿Lo lograremos?
Dentro del reporte de Global Information Technology, el WEF genera un índice de disponibilidad de red (Networked Readiness, “NRI”) a fin de medir la capacidad que tiene cada país para aprovechar las TICs para la competitividad y desarrollo. El NRI toma como referencia 127 países, evaluando el ambiente de mercado, regulatorio y de infraestructura, así como la disponibilidad, capacidad y uso de TICs por los individuos, los negocios y el gobierno. La WEF obtiene la información tanto de datos estadísticos (p. ej., de la UIT, Banco Mundial) como de una encuesta de opinión de altos directivos.
El NRI no es sólo un indicador aislado sobre TICs, sino un reflejo de la situación de nuestro país. En general, México retrocedió respecto del NRI de 2006 y hoy tiene el lugar 58, mientras que Chile tiene el 34 y Jamaica el 46, por ejemplo. Donde destaca positivamente México en el 7° lugar es en e-participación que valora la calidad de la información de los sitios web gubernamentales y de los mecanismos de participación pública. En gran medida esto es gracias al derecho de acceso a la información que desde 1977 se consagró en la Constitución y, tras permanecer hibernando, en 2002 comenzó a realizarse a nivel federal. Sin embargo, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública elaboró una iniciativa de reformas legales que se ha dicho pudiera tener un efecto regresivo.
En cuanto a cargas gubernamentales derivadas de regulación México está en el lugar 109, superado incluso por países como Libia y Etiopía. ¡Menudo reto para la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y sus correlativos en cada entidad federativa! En respuesta a la pregunta de qué tan efectivo es el Congreso de la Unión para emitir leyes, México estuvo en el “top 20”, ¡pero de los peores ocupando el lugar 108! Sin palabras. Así se percibe al Poder Legislativo de acuerdo con este documento del WEF. La efectividad del marco legal no corrió con mucha mejor suerte quedando en el lugar 93.
La calidad educativa general se situó en el 89, mientras que aquella en matemáticas y ciencia quedó en 110. ¿Nos sorprende? ¡Claro que no! Lo que sería impresionante sería ver que la Secretaría de Educación Pública realizara una buena reforma educativa en México para superar el atraso, ya no nada más digital, sino de la instrucción básica y secundaria. O qué, ¿pedimos mucho los mexicanos?
La UIT genera el Índice de Oportunidad Digital (DOI) en base a información de 181 economías con la finalidad de identificar si toda la población de un país tiene acceso fácil y a precios asequibles a TICs, si los hogares tienen equipos (p. ej., teléfonos, computadoras, celulares), y cuál es la disponibilidad de banda ancha. En el DOI de 2005-2006, todos los países de la OCDE están en el estrato más elevado, excepto México que ocupa el lugar 66 que no es “malo” si lo comparamos con Grenada (84), Líbano (93) o Senegal (106). Pero, ¿tienen esos países una economía comparable a la de México? Entonces, ¿por qué México con tanta riqueza humana y de recursos naturales se relega? ¿Existe un determinismo que nos condena a los mexicanos a tener todo y a la vez nada? No creo en el determinismo. Creo en el esfuerzo inteligente y el compromiso de todos para avanzar. Las TICs son el instrumento idóneo para el desarrollo, siempre y cuando se cuente con infraestructura suficiente, precios asequibles y alfabetización digital. ¿Lo lograremos?
¿Modificar la concesión de Telmex?
Telmex lleva ya decenas de meses pidiendo que se le modifique su concesión para que pueda prestar servicio de video. ¿Procede dicho cambio a su concesión? ¡Por supuesto! Pero lo fundamental es en qué términos. A fines del sexenio pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió un Acuerdo de Convergencia. En éste –sin mencionar por supuesto a Telmex-, se estableció un esquema complicadísimo para que se le autorizara el servicio de video a “los concesionarios con restricciones”. El destinatario era obvio: Telmex. Si los servidores públicos que impulsaron el Acuerdo de Convergencia quisieron hacerle el favor a Telmex, éste les debiera reclamar, porque el Acuerdo “fue desde siempre un niño muerto” en palabras de Mario Benedetti. Entonces, ¿qué se debe modificarse de la concesión de Telmex?
1. Se debe autorizar que preste video, pero de ninguna manera se le debe imponer una contraprestación por ello. O, ¿se quiere que Cofetel repita el Unefon-azo de Lozano Alarcón? El Acuerdo de Convergencia refiere a que “en caso de que la Cofetel considere procedente el establecimiento de la contraprestación por la prestación del servicio adicional de televisión y/o audio restringidos y fijado el monto de la misma por parte de la SHCP, la COFETEL, … deberá notificar a la Secretaría el monto de dicha contraprestación, para que sea establecida en la modificación de los títulos de concesión”.
Recordemos que bajo el principio constitucional de reserva de ley, el único que puede establecer contribuciones (p. ej., contraprestaciones) o sanciones es el Congreso de la Unión. ¿A quién se le ocurrió investir a Cofetel de facultades que son sólo del Poder Legislativo? Si Cofetel o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impusieran una contraprestación, seguro que Telmex la pagaría, recibiría su concesión y, después, ganaría el amparo. Idéntico a lo que pasó con Unefon cuando en 1999 Cofetel -en vez de descalificarlo de la licitación-, le obligó al pago de intereses y hoy el monto que se estima terminará devolviéndole el Gobierno Federal [con nuestros impuestos] será de alrededor de 3,653 millones de pesos.
2. También se debe establecer expresamente la obligación de Telmex de publicar una oferta de interconexión que sea la suficientemente detallada en cuanto a las condiciones, tiempos, calidad y tarifas, incluyendo la desagregación del bucle local de manera parcial para datos o completa para voz y datos. La Cofetel debe autorizar las tarifas de Telmex para verificar que no sean tan bajas que maten a la competencia y que al mismo tiempo no excedan el precio tope que la propia Cofetel le fija cada 4 años. ¿Sigue haciendo esta labor Cofetel? Los paquetes son la forma más fácil de eludir la regulación tarifaria. ¿Autorizó Cofetel el Paquete Telmex Negocio sin Límites?
Las tarifas de larga distancia se han reducido por la competencia, por lo que deben quedar fuera de regulación tarifaria. Mientras que las tarifas de los diferentes tipos de interconexión debieran estar incluidos al igual que el acceso local y, quizá también, el nuevo servicio de video.
3. La calidad de los servicios previstos en la concesión responden a una red del siglo pasado. Por ejemplo, si se interrumpe el servicio por más de 72 horas, Telmex debe bonificar a los usuarios. ¡Ese plazo es el mismo desde la Ley de Vías Generales de Comunicación de 1940! Además el título refiere que la SCT (Cofetel) hará “muestreos independientes, aleatorios y permanentes de las calidades”. ¿Cuándo fue la última vez que la autoridad hizo esos muestreos? El capítulo de calidad debiera ajustarse.
4. La facultad de Cofetel para revisar los libros de Telmex (y de cualquier otro concesionario) para verificar el cumplimiento de la ley en cuanto a la prohibición de subsidios cruzados, de trato discriminatorio a competidores, etc., debe incluirse en las concesiones.
Sin embargo, no perdamos de vista que ninguna cantidad de medidas regulatorias será suficiente para compensar la debilidad institucional.
1. Se debe autorizar que preste video, pero de ninguna manera se le debe imponer una contraprestación por ello. O, ¿se quiere que Cofetel repita el Unefon-azo de Lozano Alarcón? El Acuerdo de Convergencia refiere a que “en caso de que la Cofetel considere procedente el establecimiento de la contraprestación por la prestación del servicio adicional de televisión y/o audio restringidos y fijado el monto de la misma por parte de la SHCP, la COFETEL, … deberá notificar a la Secretaría el monto de dicha contraprestación, para que sea establecida en la modificación de los títulos de concesión”.
Recordemos que bajo el principio constitucional de reserva de ley, el único que puede establecer contribuciones (p. ej., contraprestaciones) o sanciones es el Congreso de la Unión. ¿A quién se le ocurrió investir a Cofetel de facultades que son sólo del Poder Legislativo? Si Cofetel o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impusieran una contraprestación, seguro que Telmex la pagaría, recibiría su concesión y, después, ganaría el amparo. Idéntico a lo que pasó con Unefon cuando en 1999 Cofetel -en vez de descalificarlo de la licitación-, le obligó al pago de intereses y hoy el monto que se estima terminará devolviéndole el Gobierno Federal [con nuestros impuestos] será de alrededor de 3,653 millones de pesos.
2. También se debe establecer expresamente la obligación de Telmex de publicar una oferta de interconexión que sea la suficientemente detallada en cuanto a las condiciones, tiempos, calidad y tarifas, incluyendo la desagregación del bucle local de manera parcial para datos o completa para voz y datos. La Cofetel debe autorizar las tarifas de Telmex para verificar que no sean tan bajas que maten a la competencia y que al mismo tiempo no excedan el precio tope que la propia Cofetel le fija cada 4 años. ¿Sigue haciendo esta labor Cofetel? Los paquetes son la forma más fácil de eludir la regulación tarifaria. ¿Autorizó Cofetel el Paquete Telmex Negocio sin Límites?
Las tarifas de larga distancia se han reducido por la competencia, por lo que deben quedar fuera de regulación tarifaria. Mientras que las tarifas de los diferentes tipos de interconexión debieran estar incluidos al igual que el acceso local y, quizá también, el nuevo servicio de video.
3. La calidad de los servicios previstos en la concesión responden a una red del siglo pasado. Por ejemplo, si se interrumpe el servicio por más de 72 horas, Telmex debe bonificar a los usuarios. ¡Ese plazo es el mismo desde la Ley de Vías Generales de Comunicación de 1940! Además el título refiere que la SCT (Cofetel) hará “muestreos independientes, aleatorios y permanentes de las calidades”. ¿Cuándo fue la última vez que la autoridad hizo esos muestreos? El capítulo de calidad debiera ajustarse.
4. La facultad de Cofetel para revisar los libros de Telmex (y de cualquier otro concesionario) para verificar el cumplimiento de la ley en cuanto a la prohibición de subsidios cruzados, de trato discriminatorio a competidores, etc., debe incluirse en las concesiones.
Sin embargo, no perdamos de vista que ninguna cantidad de medidas regulatorias será suficiente para compensar la debilidad institucional.
Renacimiento ejemplar del 22
A punto de cumplir 15 años de existencia, después de que en 1993 la comunidad artística y cultural de México exigiera al gobierno una televisora pública de carácter cultural, el Canal 22 está en una etapa de redefinición en beneficio de los mexicanos. El renacimiento de Canal 22 bajo el liderazgo de Jorge Volpi está sentando las pautas de un medio de comunicación ejemplar. Volpi ha esbozado la idea de la República de los Medios donde éstos están sujetos a pesos y contrapesos democráticos, reciben retroalimentación de la ciudadanía, proveen información veraz y equilibrada a fin de ser un medio para la toma de decisiones.
Los medios públicos deben contar con ciertas características que los distinguen radicalmente de los medios de gobierno. Los medios públicos son de todos, los de gobierno son un instrumento de difusión de la ideología y que carecen de imparcialidad. Veamos los distintivos de los medios públicos que debieran estar plasmados en la ley, agenda pendiente del Congreso de la Unión.
1. Autonomía presupuestal. El medio público debe poder allegarse de diversas fuentes de financiamiento y no depender únicamente de lo que se le tenga a bien asignar cada año, sujeto a los vaivenes políticos. Además, debe poder ejercer su presupuesto libremente, sin estar sujeto a una dependencia (p. ej., Secretaría de Educación Pública).
2. Independencia editorial. Los noticieros y programas requieren tener órganos colegiados de decisión, para que la dirección general (y, en su caso, el Ejecutivo Federal) eviten la tentación de omitir/desviar información.
3. Rendición de cuentas. Los medios deben contar con Códigos de Ética que doten a la audiencia del derecho de ejercitarlos a través de defensor de la audiencia. Canal 11 y Canal 22 ambos dieron el ejemplo de autorregulación el año pasado, difundiendo su Códigos de Ética y creando la figura de defensores del televidente. ¿Tienen las televisoras comerciales Códigos de Ética disponibles públicamente y defensores del televidente?
4. Bidireccionalidad. Los televidentes no deben ser sólo receptores, sino que deben tener los mecanismos para participar activamente y enviar su retroalimentación de manera sencilla. El 22, por ejemplo, abre Box pópuli para que los jóvenes mexicanos discutan sobre los problemas del país y temas de cultura. ¿Dónde encuentra nuestra juventud espacios similares?
5. Acceso de la sociedad. Los medios públicos deben dar acceso a la sociedad. En este caso, deben de ser quienes impulsen a la producción independiente. Canal 22 ha realizado convocatorias para fomentar la producción independiente, dando apoyos para la realización de guiones y del material televisivo. ¿Qué porcentaje de los medios comerciales se destina a la producción independiente?
6. Diversidad. Considerando “la multiplicidad de conductas, modos de vida y visiones del mundo forman parte de la condición humana y son fuentes de intercambio, transformación y creatividad… Nuestras emisiones tomarán en cuenta la diversidad política, religiosa, biosocial, étnica, de género, sexual y cultural de la humanidad.” (Código de Ética del Canal 22). La programación del Canal 22 incluye la Zona D que presenta contenidos que resaltan la diversidad sexual. Ésta le “costó” al Canal 22 perder la publicidad que tenía contratada Alpura. Éstos son los “costos” de luchar por un verdadero medio público.
El 22 extiende su vocación de medio de servicio público quebrantando, si acaso, el principio de los medios de gobierno que supeditan la libertad de expresión a la decisión presidencial. Los logros que está teniendo Canal 22 con este desafío de transformar la idea (errónea) de que la cultura es aburrida o sólo para un segmento de la población, refuerzan que la Tercera Cadena nacional de televisión debiera ser para un medio público. Si existe disponibilidad de espectro ¿por qué el Congreso de la Unión toma la decisión de darnos a los mexicanos espacios en la televisión y de recibir programación de calidad con una Tercera Cadena pública?
Los medios públicos deben contar con ciertas características que los distinguen radicalmente de los medios de gobierno. Los medios públicos son de todos, los de gobierno son un instrumento de difusión de la ideología y que carecen de imparcialidad. Veamos los distintivos de los medios públicos que debieran estar plasmados en la ley, agenda pendiente del Congreso de la Unión.
1. Autonomía presupuestal. El medio público debe poder allegarse de diversas fuentes de financiamiento y no depender únicamente de lo que se le tenga a bien asignar cada año, sujeto a los vaivenes políticos. Además, debe poder ejercer su presupuesto libremente, sin estar sujeto a una dependencia (p. ej., Secretaría de Educación Pública).
2. Independencia editorial. Los noticieros y programas requieren tener órganos colegiados de decisión, para que la dirección general (y, en su caso, el Ejecutivo Federal) eviten la tentación de omitir/desviar información.
3. Rendición de cuentas. Los medios deben contar con Códigos de Ética que doten a la audiencia del derecho de ejercitarlos a través de defensor de la audiencia. Canal 11 y Canal 22 ambos dieron el ejemplo de autorregulación el año pasado, difundiendo su Códigos de Ética y creando la figura de defensores del televidente. ¿Tienen las televisoras comerciales Códigos de Ética disponibles públicamente y defensores del televidente?
4. Bidireccionalidad. Los televidentes no deben ser sólo receptores, sino que deben tener los mecanismos para participar activamente y enviar su retroalimentación de manera sencilla. El 22, por ejemplo, abre Box pópuli para que los jóvenes mexicanos discutan sobre los problemas del país y temas de cultura. ¿Dónde encuentra nuestra juventud espacios similares?
5. Acceso de la sociedad. Los medios públicos deben dar acceso a la sociedad. En este caso, deben de ser quienes impulsen a la producción independiente. Canal 22 ha realizado convocatorias para fomentar la producción independiente, dando apoyos para la realización de guiones y del material televisivo. ¿Qué porcentaje de los medios comerciales se destina a la producción independiente?
6. Diversidad. Considerando “la multiplicidad de conductas, modos de vida y visiones del mundo forman parte de la condición humana y son fuentes de intercambio, transformación y creatividad… Nuestras emisiones tomarán en cuenta la diversidad política, religiosa, biosocial, étnica, de género, sexual y cultural de la humanidad.” (Código de Ética del Canal 22). La programación del Canal 22 incluye la Zona D que presenta contenidos que resaltan la diversidad sexual. Ésta le “costó” al Canal 22 perder la publicidad que tenía contratada Alpura. Éstos son los “costos” de luchar por un verdadero medio público.
El 22 extiende su vocación de medio de servicio público quebrantando, si acaso, el principio de los medios de gobierno que supeditan la libertad de expresión a la decisión presidencial. Los logros que está teniendo Canal 22 con este desafío de transformar la idea (errónea) de que la cultura es aburrida o sólo para un segmento de la población, refuerzan que la Tercera Cadena nacional de televisión debiera ser para un medio público. Si existe disponibilidad de espectro ¿por qué el Congreso de la Unión toma la decisión de darnos a los mexicanos espacios en la televisión y de recibir programación de calidad con una Tercera Cadena pública?
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