lunes, 9 de marzo de 2009

Satélites e impunidad [Este artículo fue publicado en la revista Transparencia y Corrupción, accesible también en www.revistatransparencia.com]




Satmex, otrora empresa estatal, era motivo de orgullo, hoy se debate entre la vida y la muerte. Su proceso de privatización, sus endeudamientos y el menoscabo que ha sufrido el erario, están íntimamente vinculados con los servidores públicos de antes, que hoy siguen en la escena pública. Satmex es fundamental, porque sobre sus satélites se cursan comunicaciones de trascendencia para México como las de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y del Cisen.

Satmex fue privatizada en 1997 adjudicándose el 75% de las acciones de Satmex al consorcio formado por Telefónica Autrey/Loral Space & Communications. La oferta fue por 5,366 millones de pesos. El Gobierno Federal conservó el 25% de las acciones de Satmex y además el 7% de la capacidad satelital (reserva de Estado).

Para pagar el precio ofrecido, el consorcio ganador obtuvo un financiamiento a cargo de la empresa accionista del 75% de Satmex, llamada Corporativo Satélites Mexicanos (Corporativo), por 645 millones de dólares. A pesar de que Corporativo tenía este adeudo, el gobierno consintió que Corporativo se fusionara con Satmex que era 25% de todos los mexicanos. La fusión implicó que se redujera el valor de las acciones del gobierno en Satmex, porque la fusionada Corporativo cargaba con una deuda de nada menos que $645 millones de dólares. ¿Por qué el gobierno aceptó que se dañará el patrimonio público con la disminución de valor de sus acciones en Satmex?

La empresa Servicios Corporativos Satelitales (Servicios) fue la que se quedó con el 75% de las acciones de Satmex después de la fusión. Servicios era una empresa que carecía de operaciones, es decir, jamás generaría por si misma ingresos, ni tendría activos de valía. Sin embargo, eso no importó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 1997, porque aceptaron que -a manera de “compensación” por la pérdida de valor de las acciones de Satmex (mejor conocida como el “Menoscabo”)-, el gobierno firmara un convenio con Servicios, sin tener una garantía específica de Servicios. Por lo que el pago del Menoscabo estaba subordinado al resto de la deuda de Satmex. ¿Por qué aceptó el gobierno que una empresa que carecía de operaciones se comprometiera a pagarle por el Menoscabo?

El entonces Subsecretario de Comunicaciones, Javier Lozano Alarcón (hoy Secretario del Trabajo a nivel federal), suscribió con Servicios el convenio y recibió en garantía un “pagaré” por más de 125 millones de dólares. Este “pagaré” aceptado a nombre del gobierno por el licenciado en Derecho, Javier Lozano Alarcón, sería pagadero el 30 de diciembre de 2004. Pero, por increíble que parezca, nunca se pudo cobrar porque el papel que alguna vez pretendió ser un “pagaré”, simplemente carecía de los elementos esenciales de un pagaré. Esto fue resuelto por el Juzgado Primero de Distrito en materia Civil en el Distrito Federal. Un papel en vez de un pagaré por más de 125 millones de dólares, ¿fue negligencia o complicidad?

Al año de privatizada, Satmex cargaba con deudas insoportables y requería más capital para la expansión de su flota satelital. En 1999 Satmex aumentó su capital social y el gobierno diluyó su tenencia accionaria al 23.6%. La situación financiera de Satmex de cualquier manera no mejoró. Las razones por las cuales se deterioró Satmex se alega que fueron muchas, como que se perdió el satélite Solidaridad 1 en el año 2000, que ingresaron nuevos operadores satelitales, que se realizaron gastos exagerados por los ejecutivos de Satmex, etcétera. Lo cierto es que Satmex tenía un problema de raíz: excesivo apalancamiento desde su privatización, con tasas gravosas y sin contar con ingresos suficientes.

2004 fue el año crítico para Satmex porque tenía la obligación de pagar sus deudas, pero no tenía recursos. La empresa Servicios no operaba, ni tenía ingreso alguno –lo cual se sabía desde que el gobierno aceptó el convenio y el “pagaré”-, por lo que tampoco se le pagó al gobierno el Menoscabo. Para 2005 se presentaron en México y EUA demandas de concurso mercantil (antes conocidas como quiebra). Dentro del proceso de concurso mercantil mexicano la SCT designó conciliador a Thomas Heather quien logró para 2006 lo que parecía imposible: un acuerdo de reestructura entre las partes. Dicho acuerdo fue la base para el convenio concursal que puso fin a los procedimientos y que permitió que el gobierno pudiera recuperar algo del Menoscabo. ¿Qué habría pasado si no hubiera habido la reestructura del Convenio Concursal? Por el Menoscabo seguramente el gobierno no habría recibido cosa alguna, se hubiera decretado la quiebra en México o EUA, el gobierno habría tenido que revocar las concesiones de Satmex, etcétera.

Satmex se puso en venta y sólo recibió dos propuestas, una por el Grupo Alavisión que ofreció 419 millones de dólares y otra por el consorcio formado por Eutelsat, Grupo Alemán, y Medcom Sat que presentó propuesta por 420 millones de dólares. La diferencia entre las dos únicas ofertas es en extremo reducida, ¿será que el valor de mercado era ese o habrá habido colusión? Es pregunta, en este caso para la Comisión Federal de Competencia. Las propuestas no llegaron al mínimo requerido y se suspendió el proceso de venta. Pero Satmex, siendo una empresa con ingresos, sigue en terapia intensiva.

El caso Satmex es de relevancia nacional, porque los errores y negligencias de su administración y del gobierno han hecho que sobreviva en crisis permanente durante su corta vida. Los responsables de uno y otro lado jamás han sido llamados a rendir cuentas e incluso continúan como servidores públicos. ¿Es mejor olvidar el pasado o reconocer lo sucedido? Satmex tiene todas -excepto una- de las posiciones orbitales geoestacionarias asignadas a México, es responsable de comunicaciones de seguridad nacional y de programas sociales, por lo que al menos merecería una comisión de la verdad que nos diga a los mexicanos con valentía quiénes fueron responsables y por qué de la crisis en comunicación vía satélite y del menoscabo sufrido por el patrimonio nacional.

Presidente Calderón, ¡qué bonito sitio!

Presidente Felipe Calderón, felicidades por el magnífico sitio web de Presidencia de la República. ¡Lástima que olvidaran que dicho sitio debiera ser para todos los mexicanos y no únicamente para aquellos que carecen de alguna discapacidad y además que sean de los 4.28 de cada 100 mexicanos que tienen acceso a banda ancha (Cofetel)! El sitio priva al menos al 10% de los mexicanos con alguna discapacidad, al tiempo que México incumple con los compromisos asumidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo decreto promulgatorio usted mismo firmó el año pasado. ¿Por qué Presidencia en vez de dar ejemplo, sienta un precedente de lo que es un sitio web inaccesible a las personas con discapacidad y de edad avanzada?

México está obligado conforme a la Convención mencionada a: (1) asegurar el acceso de las personas con discapacidad a la información, a las tecnologías de la información y las comunicaciones, y (2) adoptar medidas para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información lo que incluye facilitar la información pública en formato accesible y con las tecnologías adecuadas. Por lo que el sitio web de Presidencia, al discriminar por motivos de discapacidad y restringir el acceso a la información que está en él, obstaculizando el goce de los derechos humanos de las personas con discapacidad, violenta al menos los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución, y los artículos 9 y 21 de la Convención.

Los siguientes ejemplos sirven para ilustrar la violación a derechos fundamentales.

 El portal está lleno de imágenes y videos, pero los videos carecen de subtitulaje y tampoco tienen la transcripción en texto del audio respectivo, por lo que las personas con discapacidad auditiva están privados de conocer su contenido.

 Los que ordenaron la creación del sitio ¿acaso pensaron que estábamos en Suiza donde su gobierno se comprometió a que toda su población tuviera acceso a conexiones de Internet de banda ancha para el año 2008? El propio portal de Presidencia señala “La calidad del servicio depende de las condiciones de acceso a la red que te proporciona tu proveedor de Internet”. ¿Cuántos mexicanos tienen acceso a una velocidad de Internet que permita ver sin interrupciones los videos del Presidente? Sólo una escueta minoría de la población total.

 No existe un ícono de accesibilidad. Así que el sitio está diseñado sólo para los que carecen de discapacidad. Por ejemplo, los lectores de pantalla que permiten a los débiles visuales y ciegos acceder directamente a formatos accesibles (no .pdf, por ejemplo) y evitarse pérdida de tiempo con tantas fotos y videos, simplemente nunca lo encontrarán. ¿Qué están haciendo al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y demás comisiones estatales?

 No existe un mapa de sitio, lo que dificulta a una persona con discapacidad visual acceder directamente a la información que requiere.

 Incluyeron en algunos textos una funcionalidad para aumentar o disminuir el tamaño de la letra. Sin embargo, el “aumento” es tan limitado, que difícilmente servirá para un débil visual o adulto mayor.

Presidencia anunció que mejoraba su portal, que su diseño era más amigable, que los mexicanos podríamos seguir en vivo los eventos del Presidente Calderón, pero lo que omitieron decir es que ello fue a costa de excluir a los mexicanos sin conexiones a Internet de alta velocidad y a aquellos con discapacidad. ¿Hasta cuando México tomará en cuenta a las personas con discapacidad? Desafortunadamente parece ser que hasta que los tribunales nacionales o internacionales lo obliguen a ello.

Comercializadoras. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó por primera vez permisos para comercializadoras de servicios locales y de transmisión de datos. Esta medida sin duda contribuirá al desarrollo de la competencia y a reducir precios en beneficio del usuario. En próxima colaboración abordaremos este tema.